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Mentir sin consecuencias… Jacinta, Alberta y Teresa
Nada describe mejor el estado de vulnerabilidad e indefensión que vivimos los mexicanos frente a cualquier autoridad judicial que el caso de las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes fueron encarceladas sustentándose el proceso en mentiras inverosímiles: ¿Cómo podrían tres indígenas otomíes haber secuestrado sin tener armamento a seis agentes de la AFI (agencia Federal de Investigaciones), seguramente armados.
Este acontecimiento sucedido en Querétaro en 2006 refleja una realidad cotidiana en México. Cuando la autoridad judicial se empeña en someter a proceso a alguien, por el motivo que fuere, aún siendo inocente, será encarcelado a partir de mentiras, porque en México mentir no tiene consecuencias, aunque sea en un proceso judicial. Esto nos habla de que estamos indefensos ante los caprichos e intereses de los funcionarios.
De nada sirve que el procurador general de la república Raúl Cervantes haya realizado un gran evento público de ofrecimiento de disculpas y exoneración, que no deja de ser una simulación, si esto no sirve para enfrentar este problema desde la raíz.
A la cárcel debieran entrar ahora los seis agentes de la AFI, que seguramente aún siguen trabajando en la PGR y son encubiertos por la institución que no ha dado a conocer sus nombres, pero mintieron para sustentar la acusación no sólo de secuestro, sino también de venta de droga, así como el agente del ministerio público que también mintió sabiendo que era insostenible la acusación y el juez que les aplicó una sentencia de 21 años de cárcel.
Si todos ellos no enfrentan un juicio por haber mentido de forma descarada, este evento público sigue siendo una simulación cursilona, con una dramática actitud simulada de arrepentimiento, que sólo sirve para que todo siga igual y miles de mexicanos sigan siendo llevados a las cárceles por no dejarse extorsionar por policías, agentes, personal del ministerio público e incluso jueces.
Debemos recordar que si ellas fueron liberadas fue porque los noticieros de televisión descubrieron lo absurdo de este proceso y lo hicieron público nacionalmente, lo que generó un fenómeno de opinión pública que motivó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse.
Si no hubiese participado la televisión, ellas aún estarían cumpliendo su condena de 21 años en un caso absurdo de impunidad, corrupción y mentiras y más mentiras.
Se reporta que ellas protestaban el 26 de marzo del 2006 porque los agentes de la AFI habían llegado a este municipio de Amenealco a extorsionar a los comerciantes del tianguis.
Por tanto, este montaje de la AFI en contra de estas tres mujeres líderes fue en venganza.
Una venganza que constituyó una aberración jurídica que hoy sigue en la impunidad aún con las disculpas del procurador Raúl Cervantes y el montaje teatral televisado.
Si el Congreso no legisla para convertir a las mentiras externadas durante una averiguación previa o un proceso judicial en un delito grave, todo nuestro sistema de justicia no tiene sustento. Seguirán encarcelados inocentes y libres verdaderos culpables.
¿Por qué no se han manifestado los legisladores para poner candados a los procesos y combatir la impunidad?.
El primer obstáculo para poder impartir justicia de verdad, es que mentir siendo funcionario público no tenga consecuencias. Seguramente en el mundo sólo los países subdesarrollados socialmente como lo es el nuestro, aunque seamos una potencia económica, permiten a sus funcionarios mentir en un proceso judicial, ser descubiertos y no ir a parar a la cárcel. Éste es el origen de la impunidad.
La mentira en México es parte de los códigos cotidianos de relacionamiento. Mentimos para esconder nuestras debilidades y errores. Mentimos para justificar llegar tarde a una cita o al trabajo, así como para evadir conflictos, e incluso, simplemente por hábito. Los mexicanos somos mentirosos crónicos y lo aceptamos como parte de nuestra cultura cotidiana.
Sin embargo, una mentira en el ámbito de nuestra vida privada es algo que atañe sólo a nuestro ámbito moral muy personal.
Una mentira en el ámbito jurídico deja de ser asunto personal para convertirse en público.
Mentir en un proceso judicial debe convertirse en un delito de graves consecuencias que debe castigarse con cárcel sin derecho a fianza.
El caso de Jacinta, Alberta y Teresa debe convertirse en un precedente para legislar y erradicar este grave vicio judicial.
Ricardo Homs
@homsricardo
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Milagro en Phoenix: nacimiento de cuatrillizas idénticas desafía las probabilidades
Phoenix.— En un quirófano del Banner – University Medical Center Phoenix, Estados Unidos el llanto de cuatro recién nacidas rompió el silencio. El nacimiento de cuatrillizas que desafió toda lógica médica.
Rachel y Marco Vargas, una pareja de Cranston, Rhode Island, recibieron a sus hijas en un parto que los expertos consideran una rareza extrema: la probabilidad de concebir espontáneamente cuatrillizas idénticas es de una en once millones, pero con las complicaciones médicas que enfrentaron, la cifra se elevó a una en 40 millones.
El embarazo de Rachel estuvo marcado por desafíos desde el inicio. Dos de las bebés compartían el mismo saco amniótico y presentaban inserción velamentosa del cordón umbilical, una condición de alto riesgo con una tasa de mortalidad de hasta el 40 %.
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Una de ellas nació con una malformación congénita que requerirá cirugía en las próximas semanas. Además, dos de las hermanas fueron diagnosticadas con síndrome de transfusión feto-fetal (TTTS), una condición que amenaza la vida de gemelos que comparten placenta al generar un flujo sanguíneo desigual. Frente a este panorama, la pareja buscó segundas opiniones y tomó una decisión crucial: trasladarse a Phoenix a las 21 semanas de embarazo para recibir atención especializada.
El Dr. John Elliott, un referente mundial en embarazos múltiples, asumió el desafío. Con más de 126 partos de cuatrillizos en su historial, nunca había presenciado un caso con tal nivel de complejidad.
Rachel fue ingresada a las 23 semanas debido a trabajo de parto prematuro y, tras semanas de monitoreo y cuidados intensivos, el 24 de enero, con 30 semanas y tres días de gestación, dio a luz por cesárea.
Sofía llegó al mundo a las 7:59 am con un peso de 3 libras y 7 onzas. Un minuto después nació Philomena, con 3 libras y 3 onzas. Verónica pesó 2 libras y 11 onzas, mientras que Isabel, la última en nacer, registró 3 libras y 1 onza. Las cuatro hermanas permanecen en la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde recibirán atención especializada hasta estar listas para ir a casa.
Para la familia Vargas, este viaje ha sido una prueba de resistencia y fe. Con dos hijos pequeños y ahora cuatro recién nacidas, la vida ha cambiado radicalmente. “Gran parte del embarazo estuvo lleno de incertidumbre, pero quiero que otras familias sepan que siempre hay esperanza. Es importante buscar múltiples opiniones y tomar decisiones informadas”, reflexionó Rachel, sosteniendo a una de sus hijas por primera vez.
Marco, por su parte, expresó su gratitud hacia el equipo médico. “No ha sido un camino fácil, pero el apoyo del Dr. Elliott y de todo el personal de Banner nos dio fuerzas para seguir adelante. Estamos ansiosos por regresar a casa y comenzar esta nueva etapa con nuestra creciente familia”.
ebv
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El Papa Francisco condena la violencia y explotación infantil en el mundo
Destacó que muchos niños sufren hambre, violencia y falta de educación. “No podemos permitir que esto se convierta en una nueva normalidad”.
El Vaticano.- El Papa Francisco hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para proteger a la infancia. Durante el Encuentro Mundial sobre los Derechos del Niño en el Vaticano, denunció las adversidades que enfrentan millones de niños en el mundo.
Bajo el lema “Amémoslos y protejámoslos”, el evento reunió a líderes religiosos y políticos para reflexionar sobre la situación de los menores en contextos de guerra, pobreza y migración.
Francisco destacó que muchos niños sufren hambre, violencia y falta de educación. “No podemos permitir que esto se convierta en una nueva normalidad”, expresó el Pontífice.
Advirtió sobre la insensibilidad social que permite que estas injusticias persistan.
En su discurso, señaló que la infancia es víctima de conflictos armados. “Niños mueren bajo las bombas, sacrificados por el poder y el fanatismo. Muchos son reclutados a la fuerza y obligados a luchar”, denunció. También lamentó la violencia de pandillas que afecta a menores en diversas regiones.
El Papa abordó la crisis migratoria, recordando que miles de niños mueren al intentar huir de la pobreza y la violencia.
“Perecen en el mar, en el desierto o en rutas de una esperanza desesperada”, indicó. Rechazó la indiferencia ante este drama y exhortó a tomar acciones urgentes.
No solo se refirió a los países en conflicto, sino también a naciones desarrolladas. “El individualismo extremo es perjudicial para los niños.
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Algunos sufren abandono, otros enfrentan violencia dentro de sus hogares”, afirmó. También alertó sobre la falta de atención médica y educación en diversas partes del mundo.
Durante su discurso, el Papa presentó cifras alarmantes. “Más de 40 millones de niños son desplazados por la guerra. Cien millones viven en las calles. Ciento sesenta millones sufren explotación laboral y abuso”, detalló. También denunció el drama de los menores migrantes no acompañados.
Francisco reiteró la necesidad de proteger la vida desde su concepción. “El aborto acaba con la esperanza de la sociedad”, afirmó. Además, recordó a niños víctimas de discriminación, como los Rohingya y los indocumentados en la frontera estadounidense. Finalizó su mensaje instando a la humanidad a no perder la compasión y a luchar por la dignidad de la infancia.
ARH
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Honduras recibe 500 migrantes deportados desde EU
Las medidas estadounidenses han complicado aún más la situación para quienes intentan cruzar la frontera de ese país centroamericano.
Tegucigalpa.- El Gobierno de Honduras confirmó la llegada de tres aviones con cerca de 500 migrantes deportados desde Estados Unidos. El arribo se realizará mañana como parte de las políticas migratorias implementadas por el expresidente Donald Trump.
El viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio García, informó a una televisora que un avión militar transportará a 130 hondureños.
Los otros dos vuelos chárter traerán aproximadamente 350 connacionales. Todos aterrizarán en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula.
García explicó que quienes lleguen en el vuelo militar fueron detenidos recientemente en la frontera. Estas deportaciones ocurren bajo estrictas órdenes del gobierno estadounidense, que ha endurecido las medidas contra ciudadanos latinoamericanos.
El funcionario aclaró que los hondureños no viajarán esposados. Este fue un acuerdo con las autoridades de EE.UU. para permitir la llegada de aviones militares al país.
A su llegada, los migrantes recibirán apoyo gubernamental. Los ministros de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, y de Desarrollo Social, José Cardona, estarán presentes para supervisar la recepción. Se les brindará alimentación, ayuda económica y un registro de datos.
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La Cancillería estima que al menos 250 mil hondureños enfrentan procesos de deportación en EE.UU. No todos se encuentran detenidos, pero están en riesgo de ser expulsados en cualquier momento.
El retorno masivo de migrantes representa un desafío para el país. Muchos llegan sin recursos ni empleo.
Las autoridades buscan alternativas para su reinserción social y laboral. Programas gubernamentales intentan brindar opciones de trabajo y capacitación para evitar que intenten migrar nuevamente.
El fenómeno migratorio sigue afectando a miles de familias hondureñas.
La falta de oportunidades y la violencia empujan a muchos a buscar un mejor futuro fuera del país. Las medidas estadounidenses han complicado aún más la situación para quienes intentan cruzar la frontera.
ARH
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Madres migrantes demandan por restricciones a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos
Georgetown.— El Instituto de Defensa y Protección Constitucional (ICAP) de la Facultad de Derecho de Georgetown, Estados Unidos, interpuso una demanda con el objetivo de bloquear la orden ejecutiva de la administración Trump, la cual suprime la ciudadanía por derecho de nacimiento en esa nación.
La medida presidencial, titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, establece que los niños nacidos en territorio estadounidense no recibirán documentación de ciudadanía si su madre se encontraba de manera ilegal o temporal en el país y su padre no era ciudadano ni residente permanente legal al momento del nacimiento.
ICAP presentó la querella en representación de cinco mujeres inmigrantes embarazadas y dos organizaciones dedicadas a la defensa de los inmigrantes. La acción legal argumenta que la orden ejecutiva vulnera la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
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Los demandantes expresan preocupación por el impacto que tendría la orden en sus hijos, quienes podrían enfrentar obstáculos para acceder a servicios de salud y educación. También temen la posibilidad de que se les niegue la ciudadanía, sean separados de sus familias y enfrenten la deportación sin sus padres.
Defensores de la ciudadanía por nacimiento argumentan que cualquier persona nacida en territorio estadounidense adquiere la ciudadanía sin importar el estatus legal de sus padres. No obstante, la orden ejecutiva de la administración Trump sostiene que la enmienda nunca otorgó ciudadanía universal y que su alcance excluye a aquellos que no estén plenamente sujetos a la jurisdicción estadounidense.
La Casa Blanca sostiene que la ciudadanía por nacimiento no se encuentra respaldada constitucionalmente. Karoline Leavitt, secretaria de prensa del gobierno, explicó que esta postura fundamenta la firma de la orden ejecutiva. Según sus declaraciones, los hijos de inmigrantes indocumentados no estarían sujetos a las leyes de la jurisdicción estadounidense, lo que excluiría su derecho automático a la ciudadanía.
ebv