Ciudad de México.- Legisladores  del Congreso de la Ciudad de México, han desatado un intenso debate al presentar una iniciativa que permitiría la interrupción del embarazo hasta los nueve meses de gestación. Esta iniciativa ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, especialmente entre los defensores de los derechos humanos y la salud materna.

La abogada especializada en derechos reproductivos, Ana Correa advierte que esta medida no solo pone en riesgo la vida de las mujeres, sino que también plantea serias implicaciones éticas y legales.

En entrevista con Siete24 noticias, la abogada y activista Ana Correa expuso su perspectiva sobre la controvertida iniciativa presentada por algunos legisladores de la Ciudad de México, que buscan permitir la práctica del aborto hasta los 9 meses de gestación.

Ante esto Correa planteó la siguiente interrogante: ¿Qué implica realmente esta propuesta para las mujeres, los no nacidos y la sociedad en general?

Correa recordó que de aprobarse esta iniciativa el aborto ya no sería considerado un delito en ninguna etapa de gestación en la Ciudad de México.

Este cambio representa un punto de inflexión en la legislación local, donde anteriormente existía un límite de hasta 12 semanas para la realización del aborto de manera legal y voluntaria.

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“La palabra ‘aborto’ ha desaparecido del código penal de la Ciudad de México. Esto no solo implica un cambio normativo; representa una alteración fundamental en la manera en que valoramos la vida humana”, subrayó.

Desde un enfoque constitucional, Correa argumentó que la Ciudad de México se está extralimitando en sus facultades.

“La constitución protege a todos los seres humanos, y esta iniciativa da un paso atrás en la protección de los derechos humanos al permitir que el no nacido no reciba protección ni hasta 15 minutos antes de nacer”, enfatizó.

Además, afirmó que esta medida no solo viola la Constitución, sino también los tratados internacionales que México ha ratificado, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos.

La abogada también advirtió sobre las posibles consecuencias penales de esta iniciativa.

“Si el argumento central es que se busca evitar la muerte de mujeres, esta propuesta podría tener el efecto contrario. Al despenalizar el aborto, se abre la puerta a prácticas clandestinas que ponen en riesgo la vida de las mujeres”, aseveró.

De acuerdo con su análisis, esta legislación podría empujar a las mujeres a buscar abortos en condiciones inseguras y peligrosas, dejando a quienes las asisten impunes ante la ley.

Correa subrayó la necesidad de abordar las causas que llevan a las mujeres a optar por el aborto.

“No se trata solo de la opción de abortar. Hay factores sociales, económicos y laborales que influyen en esta decisión. No podemos seguir ignorando que muchas mujeres enfrentan condiciones que las obligan a elegir entre ser madres y su desarrollo profesional”, destacó.

Identificándose como feminista, Correa argumentó que es posible defender la vida mientras se lucha por los derechos de las mujeres.

“El verdadero feminismo no debería reproducir el discurso opresor que hemos enfrentado durante siglos. El valor de un ser humano debe ser intrínseco, no condicionado a la voluntad de su madre”, concluyó.

Finalmente, la abogada hizo un llamado a la sociedad para reflexionar sobre la dignidad de cada vida y la responsabilidad colectiva de proteger tanto a las mujeres como a los no nacidos, subrayando la necesidad urgente de abordar las causas que llevan a decisiones tan difíciles para las madres.

ARH

Ciudad de México.— En días pasados el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para reformar el Código Penal local y despenalizar el aborto hasta los nueve meses de gestación.

Ante la iniciativa, una ola de rechazo se desató entre los capitalinos, quienes no tardaron en expresar sus posturas en un sondeo que realizó la organización Red Familia que reveló el descontento social.

La indignación en las calles

El debate sobre la iniciativa ya había salido de las cámaras legislativas y resonaba entre los ciudadanos. “¡Qué pendejada!”, exclamó un joven, visiblemente enojado, al escuchar la noticia. Su comentario encapsulaba el sentir de muchos que, como él, ven en la propuesta una amenaza a la vida.

“No es aborto, es asesinato”, añadió con firmeza una mujer de mediana edad que había detenido su camino para compartir su opinión. “Hasta los nueve meses… eso no es interrumpir un embarazo, eso es matar a un bebé que ya podría nacer”, concluyó mientras sacudía la cabeza.

Ilegal

Cerca del Congreso capitalino, un matrimonio también se mostró firme en su postura. “Es ilegal”, afirmó el esposo, mientras su pareja asentía con la cabeza. Para ellos, la ley debe proteger tanto a la madre como al hijo, y la posibilidad de despenalizar un aborto en etapas tan avanzadas parecía inconcebible. A su alrededor, otros transeúntes asentían en apoyo, mientras algunos murmuraban sobre la necesidad de leyes más justas, que no ignoren los derechos de los bebés por nacer.

Este punto fue subrayado por un grupo de jóvenes, quienes expresaron de manera clara y directa: “Los bebés tienen derecho a vivir”.

Las voces de los jóvenes, enérgicas y resueltas, reflejaban el sentir de una generación que, lejos de ser indiferente, se siente responsable de defender la vida desde el momento de la concepción.

Preocupación por la madre y el hijo

“Un aborto pone en riesgo la vida de la madre y de su hijo”, señaló una persona adulta que se encontraba en la fila de una tienda. En su opinión, la propuesta legislativa atenta contra la vida del bebé y de la madre. Sin importar las semanas de gestación, siempre existe un riesgo inherente en estos procedimientos que no debe ser minimizado, dijo.

“¿Por qué se acabaría con la vida de una persona?”, preguntó una señora mayor, quien, desde su experiencia, no podía entender cómo una propuesta de este tipo podía siquiera ser considerada. Para ella, el simple hecho de que un bebé llegue a las últimas etapas del embarazo ya es razón suficiente para que se le garantice el derecho a nacer, y veía la iniciativa como un ataque directo a los principios más básicos de la humanidad.

Responsabilidad legislativa

El sondeo también reveló un reclamo hacia los legisladores. “Que se preparen mejor”, fue la exigencia de varios ciudadanos que se sentían defraudados por la clase política. Pedían que las leyes no fueran redactadas de manera precipitada, y que, en lugar de fomentar divisiones, se trabajara en favor de la familia. “Que piensen en sus hijos, que dejen de pelear y piensen en los mexicanos”.

Riesgos

La doctora Rosario Laris, experta en Bioética y Salud Pública, dijo que la ley de aborto permitiría “descuartizar, desmembrar y decapitar a un bebé”.

Esta situación, indicó, tendría graves repercusiones en la salud física y mental de las mujeres. Entre las principales está el incremento de la mortalidad materna a medida que avanza la gestación.

La doctora Laris expuso las repercusiones a mediano y largo plazo en la salud de las mujeres que se someten a un aborto. “Un 80% de las mujeres experimentan un mayor riesgo de depresión y ansiedad. Además, se incrementa en un 60% la necesidad de tratamiento psiquiátrico y en un 140% el consumo de alcohol, tabaco y drogas”, indicó.

Otro punto que la directora de la Fundación Sexo Seguro resaltó es el dolor que experimentan los bebés a partir de las 20 semanas de gestación. “Está científicamente comprobado que desde ese momento el bebé siente dolor, sin embargo, las legisladoras quieren legalizar la posibilidad de descuartizarlos y decapitarlos sin anestesia”, subrayó Laris, comparando esta situación con la legislación vigente que protege a los animales del maltrato.

ebv

Ciudad de México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su profunda preocupación ante la reforma judicial en curso, señalando que esta situación agudiza una polarización sin precedentes en torno al marco legal y la armonía entre los diferentes poderes del país.

En un pronunciamiento oficial, la CEM instó al Poder Legislativo a llevar a cabo una discusión más amplia y detallada sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial.

Destacaron la importancia del principio de subsidiariedad, que promueve la participación de todos los actores sociales en decisiones que afectan a la comunidad. En este contexto, enfatizaron la necesidad de:

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Considerar a todas las fuerzas políticas representadas.

Escuchar a especialistas en Derecho Constitucional.

Incluir las voces de la sociedad civil organizada.

Respetar el principio de participación democrática.

Preservar el bien común por encima de intereses particulares.

La CEM subrayó que, aunque se respeta el Estado de Derecho, la reforma judicial no solo representa una necesidad política, sino también una exigencia ética fundamental que deriva de la dignidad humana y del bien común.

En su mensaje, la Conferencia recordó que la doctrina social de la Iglesia sostiene que la autoridad debe ejercerse como un servicio al bien común, y que el poder tiene límites morales y legales.

Además, resaltaron que la participación ciudadana es tanto un derecho como un deber y que la solidaridad es esencial para la paz social.

La CEM hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales a recuperar el diálogo constructivo como una herramienta esencial, fortalecer las instituciones democráticas, y trabajar por la justicia social y el desarrollo integral, siempre protegiendo la dignidad de cada persona.

Asimismo, advirtieron que la falta de diálogo y acuerdo entre los diversos poderes del Estado respecto a las disposiciones judiciales podría generar graves consecuencias para la convivencia social y el orden institucional.

Mismo que compromete la confianza en el país y amenazando la estabilidad del Estado de Derecho.

ARH

Ciudad de México.— La posible reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha generado un amplio debate en diversos sectores de la sociedad civil.

Mientras algunos apuntan a la necesidad de fortalecer la institución, otros consideran que el Senado debe designar a una nueva figura más autónoma y comprometida con las víctimas.

Para muchos defensores de los derechos humanos, la actual administración de Piedra Ibarra ha mostrado carencias significativas. María Sirvent Bravo Ahuja, de Documenta A.C., subraya la urgencia de contar con una persona independiente que coloque en el centro a las personas afectadas, garantice una justicia efectiva y emprenda investigaciones profundas. “Las violaciones a los derechos humanos no son cosa del pasado”, afirma, al destacar la necesidad de renovar la conducción de la CNDH.

Santiago Aguirre Espinoza, director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, coincide con esta perspectiva. “Es necesario un liderazgo proactivo, concentrado y autónomo”. En es ese sentido, rechaza la idea de la reelección de la actual titular no por cuestiones personales, sino porque el organismo requiere un contrapeso efectivo ante el poder.

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La urgencia de una CNDH independiente también señala Pedro Cárdenas Casillas de Artículo 19, es fundamental para que el próximo titular del organismo no tenga vínculos partidistas. Según Cárdenas, el nuevo perfil debe tener claro que la libertad de expresión es un pilar democrático y que debe enfrentarse la impunidad y violencia que sufren los periodistas en México.

Desde otra perspectiva, Carlos Flores Guillén, de Mexiutipic, hace énfasis en la necesidad de un perfil combativo. El próximo titular, sostiene, no debe temer cuestionar a la autoridad para hacer valer los derechos humanos, ya que la CNDH debe ser el primer defensor de las víctimas.

Finalmente, Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), recalca que quien asuma la titularidad de la Comisión debe reconocer la importancia de la niñez y adolescencia en la construcción del país. Además, considera esencial que el próximo presidente de la CNDH no tenga filiación partidista, para asegurar la verdadera autonomía del organismo.

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