Ciudad de México.— Miembros de la organización civil “Las Abejas” pidieron al Gobierno de México que reconozca la culpabilidad del Estado como ejecutor de las 45 muertes ocurridas en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.
A las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob), representantes del colectivo informaron que se reunirían con el subsecretario de Derechos humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para solicitar que el Estado admita que los asesinatos fueron perpetrados por militares.
“El objetivo es ver si hay voluntad política de parte del Estado mexicano de reconocer la verdad de lo que pasó en Acteal”, indicó a medios Patrocinio Hernández, vocero del Consejo de la Organización de la Sociedad Civil Las abejas.
La solicitud viene a raíz de que más de 21 años después del caso, todavía “no se ha determinado la responsabilidad de los que cometieron esta masacre”.
El colectivo considera que fueron miembros del Ejército los que abrieron fuego contra hombres, mujeres y niños indígenas presentes en el municipio, que cerró aquel día con un saldo de 45 muertos.
También se contabilizaron heridos a los que la organización se refiere como “supervivientes” y que no fueron atendidos debidamente.
El Gobierno mexicano, presidido en aquel entonces por el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), atribuyó las muertes a un conflicto entre comunidades de la zona, conocida como Los Altos de Chiapas.
Fueron inculpados 26 indígenas identificados por los familiares de las víctimas como los autores de los crímenes.
No obstante, se demandó al exmandatario por delitos de lesa humanidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El grupo “Las abejas” se deslindó entonces de la demanda, la cual fue anónima.
El pasado 7 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a “Las abejas” información actualizada sobre el caso, así como un censo de supervivientes.
Esto a fin de conocer cuántos solicitan que se continúe con el trámite de la etapa de fondo del caso y cuántos deciden iniciar un procedimiento de solución amistosa.
El 16 de enero la organización envió su respuesta indicando que son 118 supervivientes los que solicitan realizar formalmente un procedimiento de solución amistosa con el Estado mexicano.
Todavía no se ha tenido respuesta de la Comisión, así como no se ha tenido por parte de Alejandro Encinas, quien en diciembre de 2018 se reunió con la organización expresando la voluntad del Gobierno de colaborar.
Hernández aclaró que durante la reunión que mantendrán con Encinas no demandarán una compensación económica, pues solo buscan el reconocimiento y el perdón público del Estado.
“Si el Estado mexicano reconoce lo que pasó en Acteal ya no es necesario seguir insistiendo, lo único que buscamos es que haya verdad y justicia”, aseguró.
“Las abejas” también exigieron a la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, que dé inicio al procedimiento formal de acuerdo de solución amistosa y facilite el diálogo con el Gobierno mexicano.
Asimismo, exigen al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que establezca una mesa de trabajo y se reúna con los representantes de los sobrevivientes para que pueda atenderse el caso.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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