Ciudad de México.— En la Cámara de Diputados, se presentó una iniciativa que busca prohibir el cobro de cuotas de reinscripción por parte de escuelas particulares.

El diputado panista Omar Borboa Becerra presentó una iniciativa para establecer que los particulares que presten servicios educativos podrán cobrar cuota por inscripción a los alumnos de nuevo ingreso.

En ese sentido, se pretende que no se cobre cuota de reinscripción.

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El dictamen precisa que no podrán cobrar cuota por reinscripción o cualquier otro concepto similar con el que se pretenda exigir su pago a los usuarios de estos servicios que de manera continua realicen sus estudios en la misma institución educativa privada.

Para ello, se plantea modificar el artículo 151 de la Ley General de Educación.

Asimismo, se plantea modificar el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esto, para que sea atribución de esta procuraduría vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de educación impartida por particulares establecidas en la Ley General de Educación, en el ámbito de su competencia.

Proteger la economía familiar, objetivo de prohibir cobro de reinscripción

Así, se pretende evitar que los padres de familia paguen una cuota adicional por reinscripción a cada grado escolar o a cada ciclo lectivo.

Esta situación, afirma, impacta negativamente a la economía familiar debido a que tienen que hacer un esfuerzo doble en el momento que se les junta el pago de la inscripción o reinscripción con el correspondiente pago de la colegiatura, además de los gastos por compra de útiles escolares, libros, uniformes, entre otros.

Si bien las escuelas privadas funcionan como empresas, están limitadas por la Ley Federal de Protección al Consumidor. Por ello, no pueden exigir pagos indiscriminados.

Borboa Becerra argumentó que con las modificaciones, además de que se beneficiaría la economía familiar, se abriría la posibilidad de que las escuelas particulares incrementen su matrícula.

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JAHA

Ciudad de México, 27 de diciembre de 2024. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes un plan integral para proteger a las familias mexicanas frente a las políticas migratorias que implementará el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre las medidas destacadas está el regreso de la detención de familias migrantes, bajo la dirección de Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”.

“Todo el apoyo que tenemos que dar en caso de deportaciones a las familias mexicanas será legal y humano. Queremos que quienes regresen a México sean recibidos con una bienvenida digna y con los brazos abiertos”, declaró Sheinbaum.

 La mandataria reafirmó el compromiso de su administración con la protección de los mexicanos en Estados Unidos, respaldados por la red consular “más grande del mundo”, conformada por 53 consulados.

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Por su parte y en este mismo marco, el canciller Juan Ramón de la Fuente presentó un panorama detallado de las medidas que se implementarán para garantizar el bienestar de los mexicanos en Estados Unidos.

Entre las acciones clave destacan:

Defensa legal a través del programa PALE (Asesorías Legales Externas).

Un call center disponible las 24 horas, los 365 días del año, con atención especial para casos de detención o deportación.

Colaboración con autoridades estadounidenses para recibir información oportuna sobre procesos migratorios.

Asistencia a familias que opten por regresar al país, asegurando su reintegración.

Adicionalmente, se lanzará una aplicación desarrollada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que permitirá a los migrantes y sus familias monitorear detenciones en tiempo real. Su funcionamiento iniciará el próximo 6 de enero de 2025.

También en la conferencia se dio a conocer que de acuerdo con cifras oficiales presentadas por De la Fuente, en Estados Unidos viven 38.4 millones de mexicanos, de los cuales 11.5 millones son de primera generación, y 4.8 millones se encuentran en situación migratoria irregular.

Además, las remesas enviadas por esta comunidad representan el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense, un dato que Sheinbaum planea enfatizar al equipo de transición de Trump.

“Los mexicanos en Estados Unidos son parte fundamental de nuestra identidad y de nuestra economía, tanto aquí como allá. Vamos a asegurar que nadie enfrente esta situación solo”, concluyó Sheinbaum.

ARH

Ciudad de México – En vísperas de las festividades de fin de año, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) emitió un llamado urgente para generar conciencia sobre la gravedad de realizar llamadas falsas a los números de emergencia.

Durante 2024, el C5 ha registrado 3 millones 167 mil 075 llamadas falsas, lo que equivale al 57% del total de reportes atendidos.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, destacó que estos registros incluyen bromas, insultos, colgantes y llamadas de niños jugando. Aunque se ha logrado una reducción del 20% en los últimos diez años, el problema persiste, impactando de manera crítica la capacidad de respuesta ante emergencias reales.

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“Cada llamada falsa ocupa tiempo valioso de los operadores, quienes podrían estar salvando vidas. Estamos comprometidos con fortalecer la cultura cívica para garantizar el buen uso de los números de emergencia”, señaló Guerrero Chiprés.

Impacto de las llamadas falsas.

El C5 indicó que, en promedio, los operadores destinan tres segundos por cada reporte improcedente. Sumados, los 3.1 millones de llamadas falsas representan 120 días de atención continua que pudieron haberse dedicado a emergencias reales.

Además, de los 11 mil 645 botones de auxilio disponibles en la Ciudad de México, el 68% de los reportes registrados fueron interacciones sin respuesta.

Números de emergencia que operan desde el C5.

911: Atención general de emergencias.

089: Denuncias anónimas.

*765: Línea contra la violencia hacia las mujeres.

55 5036 3301: Reportes de extorsión.

Por su parte, el C5 reiteró la importancia de hacer un uso responsable de estos servicios, especialmente en un contexto donde segundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Además, Guerrero Chiprés invitó a la población a reflexionar y educar sobre la seriedad de estas líneas de ayuda: “Cada broma o insulto reduce nuestra capacidad de proteger a la ciudadanía. Es momento de que todos asumamos nuestra responsabilidad cívica”.

ARH

Ensenada.— En un esfuerzo sin precedentes, el Gobierno de México, en colaboración con el Gobierno de Baja California, llevó a cabo la Operación Limpieza, un despliegue enfocado en combatir el contrabando y la piratería. Este operativo, considerado el más grande realizado contra el contrabando de artículos en México, logró asegurar tres millones de artículos ilícitos con un valor estimado de 320 millones de pesos.

La intervención se realizó en Ensenada, donde 371 elementos de diversas dependencias, apoyados por 190 unidades, inspeccionaron dos establecimientos en un área de 18 mil metros cuadrados.

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, calificó este despliegue como un avance significativo en la lucha contra la mercancía ilegal. Recordó que en los primeros operativos de este tipo se aseguraron alrededor de 300 mil piezas, una cifra que ahora ha escalado exponencialmente. “Son productos que incumplen normas de protección civil, etiquetado y propiedad intelectual, y no permitiremos que continúen afectando al país”, afirmó.

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Por su parte, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, reafirmó el compromiso de la entidad para trabajar de la mano con el gobierno federal en la protección de las industrias y los empleos que estas generan. En los últimos 18 meses, el contrabando y la piratería han provocado la pérdida de más de 70 mil empleos en el sector textil, zapatero y del juguete.

Carlos Candelaria, de la Secretaría de Economía, y Alfredo Álvarez Cárdenas, secretario general de Gobierno de Baja California, lideraron la coordinación del operativo, que forma parte de una estrategia integral implementada previamente en la Ciudad de México, Sonora y Coahuila.

Las autoridades han anunciado que se analizarán todas las alternativas legales para sancionar a las empresas involucradas en estas actividades ilícitas. Este esfuerzo, además de proteger a los trabajadores, envía un mensaje claro sobre el compromiso del gobierno con la legalidad y la justicia.

Entre las instituciones participantes fueron: la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cofepris y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, entre otras.

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ebv