Ciudad de México.— La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá buscar y dar a conocer el convenio suscrito con la empresa Boeing para el resguardo del avión presidencial hasta que éste sea vendido, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al presentar, en conjunto, dos recursos de revisión ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que conocer el referido convenio dará certeza a la población de las condiciones y costos acordados previos a su venta, ya que los mexicanos tienen el derecho a saber con claridad a qué se destinan los recursos públicos.
“Los ciudadanos entienden que el tema del avión es más que una decisión gubernamental común, es una medida con significado. Los ciudadanos quieren un gobierno que actué de manera austera y que sus resultados reflejen el principio de ahorro y austeridad. Para que la medida contenga el significado esperado no basta con los gestos y el discurso, solo la transparencia permitirá a las autoridades demostrar que realmente cumplen con estos principios”, sostuvo.
Salas Suárez afirmó que la austeridad y la transparencia son tareas a las que el actual gobierno federal se ha comprometido desde el primer momento, pero, apuntó, la austeridad sin evidencia de ahorro no es más que una aspiración o el deseo de concretar una buena intención.
“La información pública permitirá poner una cifra clara y concreta de cuanto se ahorra al implementar medidas de austeridad como la venta del avión presidencial y utilizar vuelos comerciales. Para que el gobierno demuestre los resultados que los ciudadanos demandaron en las urnas, es necesario que haya cifras y que la población pueda dar seguimiento a los montos de cuánto se ahorrará en los próximos seis años al cambiar la forma de traslado del presidente y su gabinete y a qué programas se asignarán esos montos”, remarcó.
El comisionado del INAI manifestó que “la transparencia permitirá a las autoridades demostrar que la austeridad ha dejado de ser una quimera para convertirse en una realidad cotidiana en el ejercicio de los recursos públicos”.
Primera solicitud. Una particular requirió a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la copia en versión electrónica del convenio firmado con la empresa Boeing para el resguardo del avión presidencial. En respuesta, la SEDENA, a través de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la Dirección General de Administración, indicó que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no encontró evidencia documental del convenio firmado con la empresa Boeing para el resguardo del avión presidencial.
Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó como agravio la negativa del sujeto obligado a proporcionarle la información, es decir la inexistencia. En alegatos, la Sedena defendió la legalidad de su respuesta.
En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Salas Suárez advirtió que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado únicamente turnó la solicitud a dos de sus unidades administrativas, cuando de conformidad con el Reglamento Interior y el Manual de Organización General de la dependencia, también cuenta un Secretario, una Oficialía Mayor y una Unidad de Asuntos Jurídicos, que de igual forma cuentan con atribuciones para conocer de lo requerido.
En ese sentido, se tiene que el procedimiento de búsqueda efectuado, así como su manifestación de inexistencia, no pueden validarse, ya que contravienen el principio de exhaustividad.
Segunda solicitud. Otra particular hizo la misma solicitud de información ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia que se declaró incompetente para conocer del convenio referido, por lo que sugirió a la particular presentar su solicitud ante la Unidad de Transparencia de la Sedena.
Inconforme, otra particular manifestó como agravio la incompetencia, mientras que la SHCP defendió la legalidad de su respuesta.
Del análisis realizado, se advierte que el sujeto obligado no cuenta con atribuciones para conocer de lo requerido, puesto que si bien proyecta y calcula los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional, es decir, formula el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, no ejerce facultad alguna relacionada con la aeronave de uso presidencial TP01 “José María Morelos y Pavón”.
En otras palabras, la SHCP resulta incompetente para atender la solicitud, ya que corresponde a la Sedena y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banjercito), conocer de lo requerido.
Sin embargo, se consideró que, con el fin de brindar certeza jurídica a la particular, la SHCP debe emitir, por conducto de su Comité de Transparencia, un acta debidamente fundada y motivada respecto a la incompetencia.
Por lo anterior, el Pleno del INAI, por unanimidad, resolvió:
– Modificar la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional e instruirle a efecto de que realice una nueva búsqueda exhaustiva del convenio firmado con la empresa Boeing para el resguardo del avión presidencial hasta que éste sea vendido, en la totalidad de unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la oficina del Secretario, la Oficialía Mayor y la Unidad de Asuntos Jurídicos; y proporcione a la particular el resultado de dicha búsqueda.
– Modificar la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e instruirle a efecto de que emita, por conducto de su Comité de Transparencia, el acta en la que de manera fundada y motivada confirme la incompetencia manifestada, y proporcione la misma a la parte recurrente.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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