Tijuana, Baja California. — Esteban tiene 17 años. Salió huyendo de su pueblo en la sierra de Sinaloa como miles de sus paisanos. Sobrevivió con suerte a los dos fuegos de bandas rivales que se disputan el control de la siembra y trasiego de drogas y la inacción de autoridades de los tres niveles de gobierno en México.
Llegó a Nogales, Sonora, donde intenta cruza hacia Estados Unidos. “A un amigo mío se lo llevaron de su casa. Desapareció”, dice, rascando la palma de su mano con uñas sucias. “Lo encontraron al mes debajo de un mezquite, hecho en pedazos”.
Su destino no fue casual. Hacía poco se había unido a una de las mafias locales, y le había advertido a Esteban, “El que comete un error en la mafia, pues ya no…”
De acuerdo a la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en su estudio “Olvidados en la frontera: Los niños mexicanos que huyen de la violencia” este tipo de asesinato y mutilación hoy en día rara vez aparece en los titulares en México, en donde algunos estados básicamente están bajo el control de grupos del crimen organizado.
De hecho, Esteban vive a lo largo de una de las rutas de tráfico del poderoso Cártel de Sinaloa. Para muchos adolescentes como él, el reclutamiento parece inevitable.
“A mí me dijeron que si le entraba, pero no estaba loco yo para entrar a esa cosa”, dice Esteban, dejando escapar una risa nerviosa. “No me llamaba la atención agarrar billete, así como lo agarraban ellos”.
A sus 17 años, ya lleva más de un año fuera de la escuela y sobrevive en trabajos temporales en Nogales. Apenas logra ganarse la vida y tiene pocas perspectivas de futuro, “La única opción es meterse a trabajar en lo que den a uno chance, o meterse a la mafia. O venir para acá para Estados Unidos para ver si entra”.
Esteban es parte de la estadística y de la crisis humanitaria en la frontera norte donde en los últimos años han emigrado más de un millón de personas a causa de la violencia que prevalece desde el sexenio anterior en sus lugares de origen, lo mismo Sinaloa, que Michoacán, Guerrero, Zacatecas, el estado de México, San Luis Potosí o de naciones centroamericanas como El Salvador, Honduras, Guatemala y naciones caribeñas como Haití, ello de acuerdo a investigadores y defensores de los derechos humanos.
En este contexto, especialistas y académicos de Tijuana participan en el Coloquio “La migración forzada. Realidad de los países de origen, tránsito y destino”; organizado por los grupos: American Friends Service Committee- Latino América y el Caribe, la Coalición Pro Defensa Del Migrante, A.C., El Colegio de la Frontera Norte, Grupo de Monitoreo y Evaluación de El Salvador y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
A través de estas actividades se busca abordar dos de las tres principales problemáticas que aquejan a la región mesoamericana, como lo son el desplazamiento forzado y la necesidad de protección internacional.
Los organizadores destacan que el objetivo es visibilizar y socializar las realidades migratorias, legislativas y sociales que enfrentan los países de la región, para poder abordar de una manera más humana la protección e integración de la población en contextos de movilidad.
En las instalaciones de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), se conectan por videoconferencia diferentes organizaciones de la sociedad civil, académicos, defensores de derechos humanos y autoridades ubicadas en Tijuana y Ciudad de México, México; en San Salvador, El Salvador; Ciudad de Guatemala, Guatemala y Tegucigalpa, Honduras.
La Doctora, Dolores Paris, investigadora del Colef, anunció que entre las ponencias resaltan el Desplazamiento Forzado Interno (DFI), las violaciones a los derechos humanos, y las similitudes y diferencias que enfrentan los países de la región en este tema.
Por su parte, la Dra. Brenda Pérez, representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) expresó que “el desplazamiento es claramente una consecuencia directa de la violencia ya que en los últimos años se ha realizado un desplazamiento de cerca de un millón de personas, las cuales tomaron esta decisión como medida preventiva ante la violencia.”
“Esta crisis humanitaria resulta aún más preocupante cuando los gobiernos de los países que lo padecen no la reconocen ni la atienden”, dijo la ponente al mencionar que no se cuentan con cifras oficiales que permitan dimensionar la gravedad de la problemática, por lo cual se tienen que basar en datos otorgados por asociaciones civiles u organismos.
José Moreno Mena de Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C., expuso que se formó una base de datos de 1, 106 migrantes que llegaron a la organización civil Madre Asunta, donde identificaron que los principales motivos por los cuales se desplazaron.
Citó que entre estos son: violencia en su antiguo lugar de residencia, reunirse con familiares o porque directamente sufrieron delitos, entre los que se encuentran secuestros (32.2%), extorsiones (26.7%) y violencia doméstica (26.3%) como los más comunes, lo que originó que los que se desplazan en su mayoría sean indígenas, mujeres, madres de familia y ancianos.
Agregó que el 92.3% de los que se desplazan hacia Tijuana lo hacen con la intención de cruzar a Estados Unidos y solicitar asilo político.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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