Episcopado Mexicano (CEM) y la Procuraduría General de la República (PGR)

Felipe Monroy

Felipe Monroy

México.— Con el fin de establecer bases y mecanismos de colaboración en la promoción de una cultura de paz en México, las autoridades de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Procuraduría General de la República (PGR) firmaron un convenio institucional.

En nombre del cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara y presidente de la CEM, el obispo auxiliar de Monterrey y secretario general del organismo colegiado de los obispos del país, Alfonso Miranda Guardiola, signó este convenio que la Iglesia católica interpreta bajo el salmo “La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan”.

Por parte de la PGR, en suplencia del titular firmó Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales. El acuerdo -a decir de la CEM- “tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración entre la PGR y la CEM para aplicar recursos humanos, materiales y financieros en áreas de interés común dentro del marco de sus respectivas atribuciones, en materia de promoción, fomento y difusión de los derechos humanos, de los procesos de justicia restaurativa, de los mecanismos alternativos de solución de controversias y de la cultura de la paz, propios del sistema penal acusatorio”.

Dicho convenio ocurre en el marco de la adecuación de la sociedad mexicana al Nuevo Sistema Penal Acusatorio (entrado plenamente en vigor a mediados del 2018) que contempla nuevos modelos de solución de conflicto como los juicios orales, la justicia alternativa o los procesos abreviados.

Para las autoridades de la Iglesia católica, la participación de organizaciones o agentes católicos en este proceso de adecuación e implementación es un valor agregado para la sana construcción de la paz.
El convenio -explica el comunicado de prensa de la CEM- “permite a las partes trabajar de manera conjunta en defensa de la verdad, la promoción de la justicia, del perdón, la reconciliación, y de esta forma construir y alcanzar la paz”.

Al momento, organizaciones sociales, asociaciones y organismos de derechos humanos de inspiración católica operan a favor de la defensa de víctimas, familiares de víctimas y personas vulnerables ante el crimen organizado, la delincuencia o el abuso de autoridades de todos los niveles.

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El acuerdo además cumple con la actualización de los compromisos pastorales que los obispos de México acodaron en septiembre pasado para “dialogar y colaborar con las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales para construir la paz”.

Estos trabajos también fortalecen la operación de la Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación, Fe y Política de la CEM que pretende dar continuidad a una estrategia de acompañamiento a víctimas, la expansión de centros de escucha en las diócesis, el acompañamiento a familiares de desaparecidos, realización de talleres de perdón, atención a víctimas de trata y la “profundización de la dimensión antropológica, ética y jurídica que poseen los derechos humanos”.

Este acuerdo se suma a una serie de convenios de coordinación o colaboración alcanzados por la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado con instituciones públicas del país como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y organismos de protección al patrimonio cultural e histórico de México.

emc