Hay que evitar la polarización y la violencia en las campañas; van 87 alcaldes asesinados en lo que va del sexenio.
En el fragor de las campañas electorales, sobre todo, en las redes sociales, se dicen muchas cosas, inclusive estupideces. Y se lanzan hasta amenazas de muerte. Eso no está bien, pues cada día, conforme van avanzando las campañas, las amenazas de violencia e intolerancia crecen y se puede llegar al momento en que la polarización sea muy difícil controlarla.
Ejemplos sobran. Una mujer, que dijo que vivía en Estados Unidos, increpó en un avión al ex Presidente Vicente Fox Quezada, a quien le dijo que “el peje” no sólo le va a quitar su pensión, sino que “no se la va a acabar”. Y Fox, como siempre estúpido, le jaló el brazo y muchos de los pasajeros se solidarizaron con esta mujer que dijo que se había tenido que ir a vivir al norte de México, porque “aquí nos estábamos muriendo de hambre, porque ustedes –los políticos—todo se roban”.
Más allá de que esta señora tenga o no la razón y de que el ex panista reaccionara mal aduciendo de que se la envió López Obrador para molestarlo. El hecho es que, en otro suceso, algunos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del estado de Oaxaca, haya violentado un evento el pasado fin de semana en Huatulco, de José Antonio Meade, son una clara muestra de que las cosas se están calentando y de que la violencia sigue creciendo.
Y si a esto le agregamos que haya periodistas y comentaristas de radio y televisión afines a los intereses de sus patrones y diariamente atacan todo lo que haga el tabasqueño, la cosa se va a poner al rojo vivo, pues hay entidades federativas que desde hace tiempo son controladas por grupos locales radicales que están ligados a grupos de la delincuencia organizada o de narcotraficantes, como es el caso de Guerrero.
Y esta violencia se ha reflejado en el hecho de que son, hasta ahora, 173 agresiones directas a políticos y al menos 78 asesinatos las cifras durante siete meses de proceso electoral en México: desde el 8 de septiembre de 2017, cuando se inició oficialmente el proceso electoral en el país, hasta el 8 de abril, según un informe de la consultora Etellekt.
La semana pasada, se conoció el asesinato de Maribel Barajas, candidata por el Partido Verde Ecologista en Michoacán, confirmó el Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que el presidente municipal con licencia de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, Juan Carlos Andrade Magaña –era candidato de Movimiento Ciudadano (MC) y buscaba su reelección–. fue ejecutado después de acudir a un velorio.
Durante el foro ‘Los retos y las amenazas a la seguridad durante las elecciones’, organizado la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), Rubén Salazar, director general de Etellekt, dijo que las elecciones que se celebrarán el próximo primero de julio, son “las más grandes de la historia del país”, pues hay más de 3,400 puestos en juego, y esto representa un serio desafío para el Estado mexicano en lo que se refiere a brindar seguridad a los aspirantes y actores políticos involucrados en estos procesos”.
De acuerdo a datos arrojados en Tercer Informe de Violencia Política en México 2018, la consultora Etellekt, de las 173 agresiones en contra políticos, la mayoría fueron muertes (78 en total, con un asesinato doble) y amenazas e intimidaciones (49). Según Salazar ese punto es el que más ha aumentado en comparación con los informes anteriores. “Esto es importante porque aumentó muchísimo el número de amenazas y los actos de intimidación contra candidatos”, señaló.
La violencia contra presidentes municipales se ha recrudecido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, según cifras de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), que asegura que en lo que va del sexenio pasado se registraron 87 asesinatos de alcaldes electos, en funciones y ex ediles.
Según la ANAC, que aglutina a más de 400 presidentes municipales de Acción Nacional, este tipo de violencia tuvo su pico más alto en 2017. Ese año se registraron 22 asesinatos de alcaldes -electos, en funciones y ex Ediles-, la cifra anual más alta de los últimos 10 años.
“Para la ANAC, la seguridad de los alcaldes es uno de los grandes temas que debe atenderse en aras de construir municipios con adecuada gobernanza municipal. Los asesinatos a servidores públicos son cada vez más frecuentes y numerosos”, advierte la asociación en un documento interno fechado en marzo de este año. Los crímenes contra alcaldes electos y en funciones han golpeado a prácticamente todas las fuerzas políticas.
Tan sólo en lo que va del sexenio han sido ultimados integrantes del PRI, el PAN, el PRD, el PT, Morena, el Panal y Movimiento Ciudadano. Las entidades consideradas por la ANAC como de alto riesgo son Oaxaca, Michoacán y Guerrero. En estos estados, refiere, hay mayor riesgo a que sufran algún delito debido a su nivel económico, falta de recursos para seguridad y alto nivel de actividad criminal.
“Los ataques por parte de los cárteles contra jefes de Policía, políticos y funcionarios públicos, como son los alcaldes, ya sea en funciones, electos o ex alcaldes, están pensados como una forma de presionar al Estado para que evite la confrontación”.
Esto no puede seguir así. En estas condiciones no se puede hablar de normalidad democrática, en estas condiciones no podemos hablar de un proceso electoral libre y mucho menos limpio y transparente. No se puede gobernar con boletas electorales manchadas de sangre. Esperemos que los candidatos ya no sigan fomentando el odio entre los distintos extractos sociales. Ni todos son Slim o Carlos Salinas, ni todos están con AMLO, o con Meade o con Anaya o con Margarita o con el Bronco o con…
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Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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