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México

Los indelebles casos de corrupción

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Con su singular talento, Bertolt Brecht dijo alguna vez que “hay muchos jueces que son incorruptibles porque nadie puede inducirlos a hacer justicia”; y esa amarga ironía es lo que sienten hoy muchos mexicanos al intentar comprender las razones detrás de las decisiones de los jueces o de las autoridades encargadas de investigar e implementar la justicia en el país.

Para variar, la explicación más sencilla -la que más deja satisfecho el prurito inquisidor que todos llevamos dentro- es que el ejercicio de la ley y la justicia están supeditados a los intereses políticos y económicos. Nadie en sus cabales tiene ganas ni tiempo de convertirse en un perito judicial o experto abogado (o ingeniero civil, ya que estamos en esas) sólo para convencer a sus vecinos sobre la noticia del día.

Y es que, aunque se expliquen con peras y manzanas sus resoluciones, nadie estaría dispuesto a meter las manos al fuego por la honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad de aquellos jueces o instituciones que abrieron la puerta a extrañas decisiones como la liberación de Elba Esther Gordillo, la reclasificación de los delitos a Javier Duarte, el sometimiento del sistema penitenciario a los caprichos del capo criminal “Betito”, el caso del juez de amparo que decidió prestar sus servicios profesionales al exgobernador César Duarte, la resolución de ese otro juez de no vinculación a proceso contra otro exgobernador (Rogelio Medina) quien comenzó siendo acusado por desvío de 3 mil millones de pesos y ahora sólo le resta comprobar unos tickets de gasolina.

Con esos ejemplos resulta muy difícil confiar en el sistema judicial y la procuración de justicia en el país. No es sorpresa para nadie, pero los datos son más elocuentes: Según el reporte “Perspectivas económicas 2018. Repensando las instituciones para el desarrollo” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), sólo el 32% de los mexicanos manifestó tener confianza en el sistema judicial y los tribunales del país; y el 85% de la población considera que la corrupción es el principal factor para no confiar en las instituciones.

¿Y el remedio para que vuelva la confianza? Fácil: o se hace verdadera justicia en los tribunales o por lo menos se debe generar la sensación de que se ha hecho justicia. La sociedad merece tener certeza de que puede beber del vino de la justicia sin sospechar veneno alguno, pero ya lo dijo el poeta romano Horacio: “Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá”.

Es un hecho que siempre es un encanto tomar de donde hay mucho; y si hay mucha confusión en el sistema judicial mexicano, también habrá placer en los jueces y litigantes en optar por el caos que por la escasa -muy escasa- claridad. Al respecto, me viene en mente la enigmática novela El indeleble caso de Borelli del intelectual y divulgador de cultura universal, Ernesto de la Peña. La historia comienza con el juicio que se hace al asistente y cómplice de un personaje monstruoso y criminal (condenado previamente a la guillotina). En la aprehensión del cómplice y durante la ejecución de quien fuera su superior, la gente sabía que aquel era culpable; pero tras los alegatos de su abogado, “tras la línea siempre infalible de sus razonamientos, las patéticas señales de su contrición y el ardor con que pidió que se le castigara su culpable debilidad” no sólo el cómplice logró la exculpación de los delitos fincados (y una liberación preventiva con arraigo domiciliario) sino la adhesión de buena parte del pueblo y la atención obsesiva de los reporteros. Pero el pueblo jamás esperó a que el proceso concluyera, perdió la paciencia, “se olvidó de él y se ocupó de otros temas; y el caso quedaba cerrado definitivamente para el vulgo”, aunque no para la justicia. En realidad, el problema de fondo del sistema judicial es la abundancia, de casos, confusión, impericia e ignorancia; es entonces cuando la gente corre el riesgo de olvidarlos y hasta de exculparlos, aunque el signo de la impunidad permanezca indeleble; incorruptible, diría Brecht.

@monroyfelipe

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México

Cómo proteger a bebés y adultos mayores ante el virus sincicial respiratorio en invierno

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Cómo proteger a bebés y adultos mayores ante el virus sincicial respiratorio en invierno
Foto Cuartoscuro

Ciudad de México.— El virus sincicial respiratorio es una de las principales causas de infecciones respiratorias en bebés y niños pequeños. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, sus síntomas iniciales pueden confundirse con un resfriado, como tos o escurrimiento nasal. Sin embargo, en menores de un año, adultos mayores y personas con padecimientos previos, la infección puede evolucionar hacia bronquiolitis o neumonía, lo que incrementa el riesgo de hospitalización.

Durante la temporada invernal, la circulación del virus se intensifica, lo que obliga a los sistemas de salud a mantener vigilancia epidemiológica constante y a reforzar las estrategias de prevención en la población.

Aval sanitario y proceso de adquisición en marcha

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio el 16 de diciembre. Tras este aval, la Secretaría de Salud inició el proceso de adquisición del biológico con el objetivo de contar con él en las clínicas del país y comenzar su aplicación durante el actual periodo invernal.

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que una vez concluida la compra se definirán los criterios específicos para su aplicación, de acuerdo con la evidencia clínica y el monitoreo de las enfermedades respiratorias agudas que realiza la dependencia de forma permanente.

¿Quiénes recibirán la vacuna contra el VSR?

La Cofepris otorgó dos registros a la vacuna bivalente recombinante contra el Virus Sincicial Respiratorio, tras un análisis regulatorio que incluyó la revisión de la documentación presentada por dos laboratorios. La autorización contempla su uso en dos grupos de la población considerados prioritarios.

Las personas que recibirán la vacuna son:

Mujeres embarazadas

Adultos mayores a partir de los 60 años

Protección desde el embarazo y en la vejez

En el caso de las mujeres embarazadas, la vacunación tiene como propósito proteger a los bebés desde el nacimiento hasta los seis meses de edad. La inmunización se realiza durante la gestación, entre las semanas 32 y 36, con el fin de que los anticuerpos maternos se transmitan al recién nacido.

Para los adultos mayores, la vacuna busca reducir el riesgo de enfermedad respiratoria aguda y de infecciones en vías respiratorias inferiores asociadas al Virus Sincicial Respiratorio, una de las causas frecuentes de complicaciones durante el invierno.

Vigilancia y aplicación conforme al riesgo epidemiológico

La Secretaría de Salud mantiene un seguimiento constante de las enfermedades respiratorias agudas en el país. Con base en este monitoreo, la autoridad sanitaria emitirá en su momento las indicaciones precisas para la aplicación de la vacuna, una vez que se encuentre disponible en el sistema público.

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México

Reportan aumento de ideas suicidas en adolescentes pese a menor consumo de drogas

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Revelan aumento de ideas suicidas en adolescentes pese a menor consumo de drogas
Foto Pixabay

Ciudad de México.— El consumo de sustancias en México ofrece una paradoja que atraviesa hogares, escuelas y servicios de salud. Mientras el uso de algunas drogas disminuye entre adolescentes, la vulnerabilidad en salud mental crece y se expresa en ideación, planeación e intentos de suicidio con mayor frecuencia que en la población adulta, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat).

Generación con menos drogas, pero mayor fragilidad emocional

La Encodat confirma que el consumo experimental de drogas ilegales en adolescentes pasó de 6.2 por ciento en 2016 a 4.1 por ciento en 2025. El descenso se observa en cannabis, alucinógenos y estimulantes de tipo anfetamínico. En contraste, los adultos registraron un aumento al pasar de 10.6 a 14.6 por ciento en el mismo periodo.

El dato adquiere otra dimensión cuando se cruza con los indicadores de salud mental. La población de 12 a 17 años concentra mayores niveles de malestar psicológico, comportamiento suicida y exposición a la violencia. La encuesta advierte que la ideación suicida en adolescentes alcanzó 3.3 por ciento en los últimos 12 meses, casi el doble que en adultos. La planeación y el intento también se presentan con mayor frecuencia en menores, con especial incidencia en mujeres adolescentes.

Medicamentos, una puerta temprana al riesgo

El estudio incorpora un foco de atención sobre el uso indebido de medicamentos. El consumo de opioides aumentó de 0.1 por ciento en 2016 a 1.4 por ciento en 2025, aunque se mantiene en niveles bajos. En este contexto, las autoridades sanitarias señalaron la relevancia de regular la venta de Tramadol, ahora con receta médica, debido a su asociación con el inicio en drogas ilegales.

En el caso del fentanilo, la encuesta reporta una prevalencia muy baja de consumo no médico, de 0.2 por ciento alguna vez y 0.1 por ciento en el último año, resultado que se vincula con campañas preventivas sostenidas en escuelas y medios de comunicación.

Alcohol y nicotina: cambios de patrón

El consumo de alcohol muestra un comportamiento diferenciado. Entre adolescentes, el porcentaje de quienes bebieron en el último año bajó de 28 a 17.8 por ciento, y el consumo excesivo descendió de 8.3 a 2.6 por ciento. En adultos, la proporción de personas que alguna vez han consumido alcohol aumentó ligeramente, con un crecimiento más marcado entre mujeres.

En tabaco, la prevalencia general disminuyó, pero el uso de cigarro electrónico pasó de 1.1 a 2.6 por ciento. Las autoridades sanitarias reiteraron que la venta de vapeadores permanece prohibida y que el calentamiento de estos dispositivos genera sustancias cancerígenas, por lo que se reforzarán campañas educativas dirigidas a adolescentes.

Cannabis y drogas ilegales: la brecha entre edades

El cannabis se mantiene como la principal droga ilegal en el país. En adultos, su consumo experimental subió de 9.3 a 13.3 por ciento entre 2016 y 2025. En adolescentes, el indicador descendió de 5.3 a 3.7 por ciento. Los alucinógenos y los estimulantes anfetamínicos siguieron una tendencia similar, con aumentos en adultos y estabilidad o descenso en menores.

Las autoridades de salud subrayaron que estos resultados reflejan el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención temprana y que la estrategia de intervención desde la adolescencia resulta clave para contener el avance del consumo en edades posteriores.

Violencia, apuestas y entorno digital

La encuesta documenta que 18.1 por ciento de los adolescentes reportó haber sufrido algún tipo de violencia en el último año, cifra superior a la observada en adultos. También identifica una mayor presencia de conductas de riesgo vinculadas al juego con apuestas y al uso intensivo de videojuegos, con 6.9 por ciento de adolescentes en posibles comportamientos patológicos, frente a 3.9 por ciento en adultos.

Diagnóstico para la política pública

La Encodat 2025 se elaboró a partir de una muestra de 19 mil 200 personas de 12 a 65 años, con participación de la Secretaría de Salud, Conasama, el Instituto Mexicano de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública. El documento analiza patrones de consumo, percepción de riesgo, acceso, regulación y determinantes sociales, además de su vínculo con la salud mental.

Los resultados trazan una línea clara para la acción pública: aunque la reducción del consumo de drogas en adolescentes muestra avances, la carga emocional, la violencia y el comportamiento suicida revelan un desafío de mayor profundidad.

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Primer empleo y salario bajo; desafío de los jóvenes en México

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Primer empleo y salario bajo; desafío de los jóvenes en México
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Ciudad de México.— Para miles de jóvenes en México, ingresar al mercado laboral implica enfrentar la paradoja de la experiencia exigida, salarios iniciales limitados y descuentos fiscales inmediatos que reducen su ingreso desde la primera nómina, en una etapa donde la estabilidad aún no existe.

Primer empleo

El acceso al primer empleo formal continúa como uno de los principales desafíos para la juventud en México. La falta de experiencia laboral, la escasez de vacantes de entrada y las obligaciones fiscales configuran un escenario complejo para quienes inician su vida productiva.

Dificultades para incorporarse al mercado laboral

El diputado del PAN, Asael Hernández Cerón, planteó que los jóvenes enfrentan obstáculos para ingresar al mercado laboral debido a la exigencia de experiencia previa y a la limitada oferta de empleos iniciales. Señaló que este sector de la población encuentra pocas oportunidades formales y que existe un entorno social con escasa empatía hacia sus condiciones laborales.

También refirió que la delincuencia organizada mantiene esquemas de reclutamiento dirigidos a jóvenes, con ofertas de ingresos elevados, lo que incrementa los riesgos para este grupo de edad.

Aplicación del ISR en salarios iniciales

El legislador explicó que el Impuesto Sobre la Renta se aplica a los trabajadores por el hecho de desempeñar una actividad laboral. El Servicio de Administración Tributaria realiza la retención correspondiente conforme a las tablas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin distinción del régimen fiscal del empleado.

De acuerdo con el planteamiento expuesto, esta retención reduce de forma significativa el ingreso disponible de las personas jóvenes, lo que limita su capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o vestido durante los primeros años de empleo.

Propuesta de exención fiscal para el primer empleo

Ante esta situación, el panista impulsa una iniciativa para reformar y adicionar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de exentar del pago de ISR a los trabajadores jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren en su primer empleo. La propuesta contempla una exención total durante los primeros tres años laborales, sin establecer un límite de monto.

La iniciativa precisa que esta medida no modifica las disposiciones vigentes relacionadas con gratificaciones, primas vacacionales ni con la participación de los trabajadores en las utilidades.

Modificaciones legales planteadas

El proyecto legislativo propone cambios a los artículos 93, 96 y 15 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. De aprobarse, no se efectuaría la retención del impuesto a las personas beneficiarias durante el periodo señalado.

Datos sobre juventud y empleo en México

En la exposición de motivos se incorporan cifras del primer trimestre de 2025. En ese periodo, la población de 15 años y más ascendió a 102.3 millones de personas, de las cuales 60.5 millones integraron la población económicamente activa.

Del total de la PEA, 15.9 millones correspondieron a jóvenes, lo que representó 26.3 por ciento. De este grupo, 39.6 por ciento fueron mujeres y 60.4 por ciento hombres. La tasa de informalidad entre la población de 15 a 29 años se ubicó en 58.8 por ciento.

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Pobreza, deserción escolar y crimen: entornos que empuja a menores a redes delictivas

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Pobreza, deserción escolar y crimen: entornos que empuja a menores a redes delictivas
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Ciudad de México.— La historia de muchos niños y adolescentes en México comienza en el hogar y la escuela, pero en algunos territorios el trayecto se interrumpe pronto por la violencia.

Delito sin nombre en la ley

La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Ana Isabel González González advierte que en la legislación mexicana no existe una tipificación concreta del delito de reclutamiento y explotación de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales. Esta omisión, dijo, coloca a este grupo poblacional en una situación de vulnerabilidad permanente, ya que impide contar con herramientas jurídicas claras para prevenir, investigar y sancionar estas conductas.

Desde su perspectiva, resulta necesario modificar el Código Penal Federal para incorporar este delito de forma expresa y convertir la ley en un instrumento preventivo frente al uso de menores en actividades criminales. El planteamiento incluye también una reforma a la Ley General en la materia para corregir la ausencia normativa que persiste a nivel nacional.

Cifras que revelan una emergencia social

Organizaciones de la sociedad civil han documentado que al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes ya han sido reclutados por el crimen organizado en México. A esta cifra se suma una población estimada de hasta 250 mil menores que se encuentran en riesgo de ser captados. Los datos reflejan una problemática que no se limita a un solo estado ni a un contexto aislado.

A este factor se añaden condiciones estructurales como la pobreza, la marginalidad de familias asentadas en zonas con alta incidencia delictiva, la deserción escolar y la insuficiente provisión de servicios públicos. Estos elementos configuran un entorno donde la infancia queda expuesta a redes criminales que suplen, de manera ilegal, la ausencia de oportunidades.

Violencia que alcanza a los menores

La violencia que atraviesa el país ha impactado de forma directa a personas menores de edad. Casos recientes han evidenciado cómo adolescentes son utilizados como ejecutores de delitos de alto impacto. A inicios de noviembre, en la Ciudad de México, un joven disparó por la nuca a un vigilante y huyó del lugar, un hecho que evidenció la participación de menores en actos letales.

Otro episodio ocurrió en Uruapan, Michoacán, durante un evento público del Día de Muertos, cuando fue asesinado el alcalde Carlos Manzo tras recibir siete impactos de bala. Las investigaciones señalaron como responsable material a un joven de 17 años, cuya familia informó sobre su adicción a la metanfetamina. Ambos casos muestran cómo la combinación de violencia, adicciones y captación criminal termina por involucrar a adolescentes en escenarios extremos.

La propuesta legislativa en curso

Ante este panorama, la diputada Ana Isabel González González, integrante del PRI, impulsa una reforma que busca definir legalmente la explotación de personas como la acción de reclutar, coaccionar, obligar, trasladar o retener a alguien para involucrarlo en actividades ilegales de grupos delictivos u organizaciones criminales mediante violencia, amenazas, fraude, engaños o cualquier circunstancia que genere vulnerabilidad.

La iniciativa contempla un agravante cuando la víctima sea menor de edad, persona indígena, con discapacidad, migrante o en situación de calle, con un incremento de la pena de hasta 50 por ciento. La propuesta adiciona una fracción XII al artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis legislativo.

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