Con su singular talento, Bertolt Brecht dijo alguna vez que “hay muchos jueces que son incorruptibles porque nadie puede inducirlos a hacer justicia”; y esa amarga ironía es lo que sienten hoy muchos mexicanos al intentar comprender las razones detrás de las decisiones de los jueces o de las autoridades encargadas de investigar e implementar la justicia en el país.
Para variar, la explicación más sencilla -la que más deja satisfecho el prurito inquisidor que todos llevamos dentro- es que el ejercicio de la ley y la justicia están supeditados a los intereses políticos y económicos. Nadie en sus cabales tiene ganas ni tiempo de convertirse en un perito judicial o experto abogado (o ingeniero civil, ya que estamos en esas) sólo para convencer a sus vecinos sobre la noticia del día.
Y es que, aunque se expliquen con peras y manzanas sus resoluciones, nadie estaría dispuesto a meter las manos al fuego por la honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad de aquellos jueces o instituciones que abrieron la puerta a extrañas decisiones como la liberación de Elba Esther Gordillo, la reclasificación de los delitos a Javier Duarte, el sometimiento del sistema penitenciario a los caprichos del capo criminal “Betito”, el caso del juez de amparo que decidió prestar sus servicios profesionales al exgobernador César Duarte, la resolución de ese otro juez de no vinculación a proceso contra otro exgobernador (Rogelio Medina) quien comenzó siendo acusado por desvío de 3 mil millones de pesos y ahora sólo le resta comprobar unos tickets de gasolina.
Con esos ejemplos resulta muy difícil confiar en el sistema judicial y la procuración de justicia en el país. No es sorpresa para nadie, pero los datos son más elocuentes: Según el reporte “Perspectivas económicas 2018. Repensando las instituciones para el desarrollo” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), sólo el 32% de los mexicanos manifestó tener confianza en el sistema judicial y los tribunales del país; y el 85% de la población considera que la corrupción es el principal factor para no confiar en las instituciones.
¿Y el remedio para que vuelva la confianza? Fácil: o se hace verdadera justicia en los tribunales o por lo menos se debe generar la sensación de que se ha hecho justicia. La sociedad merece tener certeza de que puede beber del vino de la justicia sin sospechar veneno alguno, pero ya lo dijo el poeta romano Horacio: “Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá”.
Es un hecho que siempre es un encanto tomar de donde hay mucho; y si hay mucha confusión en el sistema judicial mexicano, también habrá placer en los jueces y litigantes en optar por el caos que por la escasa -muy escasa- claridad. Al respecto, me viene en mente la enigmática novela El indeleble caso de Borelli del intelectual y divulgador de cultura universal, Ernesto de la Peña. La historia comienza con el juicio que se hace al asistente y cómplice de un personaje monstruoso y criminal (condenado previamente a la guillotina). En la aprehensión del cómplice y durante la ejecución de quien fuera su superior, la gente sabía que aquel era culpable; pero tras los alegatos de su abogado, “tras la línea siempre infalible de sus razonamientos, las patéticas señales de su contrición y el ardor con que pidió que se le castigara su culpable debilidad” no sólo el cómplice logró la exculpación de los delitos fincados (y una liberación preventiva con arraigo domiciliario) sino la adhesión de buena parte del pueblo y la atención obsesiva de los reporteros. Pero el pueblo jamás esperó a que el proceso concluyera, perdió la paciencia, “se olvidó de él y se ocupó de otros temas; y el caso quedaba cerrado definitivamente para el vulgo”, aunque no para la justicia. En realidad, el problema de fondo del sistema judicial es la abundancia, de casos, confusión, impericia e ignorancia; es entonces cuando la gente corre el riesgo de olvidarlos y hasta de exculparlos, aunque el signo de la impunidad permanezca indeleble; incorruptible, diría Brecht.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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