México.— Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reabrir el caso Tlatlaya y ampliar la investigación de los hechos ocurridos para conocer sí, efectivamente, se trató de una ejecución en contra de 22 civiles.
El juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió ese recurso legal a Clara Gómez, madre de una menor víctima de la masacre, quien ha exigido una investigación completa sobre lo ocurrido, incluida la alteración de la escena por parte de militares, la dilación de la procuraduría estatal y la actuación y órdenes de los mandos del Ejército.
En su sentencia de amparo, la dependencia no pudo acreditar que agotó todas y cada una de las líneas de investigación posibles para esclarecer los hechos por los que tres elementos del Ejército (Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández) fueron implicados de haber matado a sangre fría a 8 de los 22 civiles y de alterar la escena del crimen.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumentó en su momento que se trató de un enfrentamiento que ocurrió cuando una patrulla militar pasaba por el lugar.
La dependencia federal consignó a siete efectivos, pero solo tres fueron procesados. Sin embargo, quedaron en libertad luego de que la PGR fuera incapaz de demostrar su responsabilidad, según resolvió un juez de primera instancia. Estuvieron en la prisión del Campo Militar número Uno en la Ciudad de México hasta principios de este año.
Los tres elementos fueron acusados sólo de alterar la escena del crimen. Y también de faltas al Código de Justicia Militar porque salieron a patrullar con solo una parte de sus efectivos.
El fallo fijó un plazo de 30 días para que la PGR presente ante el juzgado un calendario de actuaciones y cumplimiento que ayuden a esclarecer los hechos ocurridos la madrugada del 30 de junio de 2014 y que el Ejército presentó inicialmente como un enfrentamiento con miembros de la delincuencia organizada.
Se informó que si existe alguna otra indagatoria que aún no haya sido consignada y que con el fin de unificar la investigación de los hechos, pueda ser acumulada, se tiene que hacer y se tiene que integrar a la investigación.
Otro de los puntos que indica el Juez, es señalar las diligencias que se consideren pertinentes, realizar con el propósito de, si lo considera indispensable a llegarse de mayores elementos probatorios, a fin de realizar una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en Tlatlaya y que dieron origen a la averiguación previa.
En su sentencia indicó que también se tiene acreditada la omisión de investigar sobre la orden consistente en el abatimiento en horas de oscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los militares involucrados en los hechos de Tlatlaya y en relación a la cadena de mando.
Asimismo deberá puntualizar cuál es el objeto de realizar cada una de las diligencias, tal efecto determine o qué es lo que pretende obtener o conocer con motivo de desahogo de las mismas.
Además las diligencias deberán de ser programadas cronológicamente en los próximos meses. Esto es deberá de establecer los plazos en que se va a realizar las investigaciones, en el entendido para su realización.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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