Migración en México enfrenta desafío de proteger la unidad familiar

Ciudad de México.— La Cámara de Diputados analiza una iniciativa que busca modificar la Ley de Migración para evitar la separación de familias migrantes, en particular cuando se trata de niñas, niños y adolescentes o personas que solicitan protección internacional.

Prioridad al interés superior de la niñez

El diputado del Partido Acción Nacional Ernesto Sánchez Rodríguez propuso cambios al artículo 111 con el fin de establecer de manera explícita que, en estos casos, la autoridad migratoria privilegie medidas distintas a la detención. La propuesta establece como ejes el interés superior de la niñez, la unidad familiar y el respeto a los derechos humanos.

Medidas no privativas de la libertad

El planteamiento incluye opciones como presentaciones periódicas ante la autoridad, garantías económicas, programas de acogida comunitaria, canalización a albergues o instituciones especializadas y esquemas de supervisión administrativa. Estas alternativas buscan evitar el alojamiento en estaciones migratorias cuando no resulte indispensable.

Aumento del flujo migratorio en el sur

El documento señala que la frontera sur concentra un tránsito constante de personas extranjeras. Factores como la desigualdad, la violencia, la reunificación familiar, el cambio climático y las crisis políticas han incidido en el incremento de familias completas en movilidad, así como de menores de edad.

Detención, medida excepcional

La iniciativa advierte que la detención migratoria debe aplicarse de forma excepcional. Diversos estándares internacionales han cuestionado su uso generalizado, sobre todo cuando implica la separación de núcleos familiares o afecta a menores de edad.

Ajustes al marco legal

El texto propone incorporar un mandato claro que oriente la actuación de las autoridades hacia soluciones menos restrictivas. La intención es evitar decisiones automáticas y asegurar que cada caso se valore bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.

Efectos previstos

De aprobarse, la reforma permitiría reducir riesgos de vulneración de derechos, mejorar la gestión administrativa y disminuir la presión en estaciones migratorias. También contribuiría a dar mayor certeza jurídica a las personas en tránsito.

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