Connect with us
Dictan formal prisión a Mario Marín el “Gober Precioso” Dictan formal prisión a Mario Marín el “Gober Precioso”

México

Dictan formal prisión a Mario Marín el “Gober Precioso”

Foto Cuartoscuro
Avatar

Publicada

on

Ciudad de México.— Por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo dictó auto de formal prisión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín.

A través de Twitter, Lydia Cacho detalló que el exgobernador Mario Marín lucía displicente y seguro de que el juez no le daría auto de formal prisión.

“Dice que no quiere abogados, que él llevará su propia defensa, pero detrás sigue la red de abogados del poder aliados a Kamel Nacif y Gamboa. Seguimos en la batalla”, escribió la periodista.

LEE Detienen en Acapulco al ex gobernador de Puebla, Mario Marín

La Organización de Derechos Humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, Artículo 19, exigió que el cese al acoso contra la también activista e imponer la condena máxima a Marín y demás responsables.

Asimismo, piden la localización de los otros autores intelectuales, garantizar condiciones óptimas para que Lydia viva segura y garantizar la no impunidad, la no repetición y un libre ejercicio de prensa.

Artículo 19 explicó que la determinación de auto de formal prisión en contra de Mario Marín es emblemática, pues se trata del primer caso en México que a un funcionario de alto nivel se le procesa por el delito de tortura contra una periodista.

ebv



Dejanos un comentario:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

México

FGR debe publicar denuncias de Lozoya en caso Odebrecht

Avatar

Publicada

on

Por

FGR debe publicar denuncias de Lozoya contra exfuncionarios
Foto Cuartoscuro

Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) debe dar a conocer la denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, contra diversas personas por delitos asociados al caso Odebrecht.

Asimismo se debe entregar el Dictamen de Integridad Física que se le realizó al exfuncionario al llegar al país, luego de ser extraditado de España; instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI).

La Comisionada Josefina Román Vergara, refirió que la corrupción es uno de los problemas que más aquejan a nuestro país.

En cifras oficiales del INEGI, el 56.7% de la población de 18 años y más considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad federativa donde reside; sólo por detrás de la inseguridad y la delincuencia”, señaló.

Una persona se inconformó con la clasificación de la denuncia y anexos presentados por Emilio Lozoya el 11 de agosto de 2020, mientras que en el RRA 12252/20, el solicitante señaló que el archivo proporcionado se encontraba en un formato inaccesible.

LEE Urgen a FGR transparentar datos del traslado de Emilio Lozoya

En este caso el documento requerido describe hechos o actos de corrupción atribuibles a exservidores públicos, por lo que el interés público de que se difunda es mayor a la reserva, dado que trasciende a la rendición de cuentas y a la gestión pública.

Ante la colisión de derechos que plantea el presente recurso de revisión, el Instituto efectuó una prueba de interés público de acuerdo con los elementos establecidos en la Ley: idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

En cuanto a la idoneidad determinó que existe una trascendencia social del caso relacionado con la información requerida, pues los ex servidores públicos desempeñaron altos cargos y además se les atribuyen posibles actos de corrupción.

Sobre la necesidad indicó que el acceso a dicha información es una aportación a la rendición de cuentas; pues abona al conocimiento de la sociedad sobre la actuación de la FGR para el esclarecimiento de hechos; así conductas u omisiones posiblemente sancionables de los servidores públicos.

Respecto a la proporcionalidad señaló que divulgar la información requerida permite conocer si la FGR toma las medidas necesarias para vigilar que las conductas; así como el desempeño de los servidores públicos en el ejercicio de sus encargos; y sean acorde a la normatividad, por ende, se justifica debido a que se satisface el interés público de valorar el desempeño.

En este orden de ideas, la ponencia determinó que no se podrá clasificar como confidencial el nombre de los exservidores públicos ni de personas físicas; a quienes se les atribuyen los presuntos actos de corrupción; tampoco números de cuenta bancaria ni CLABE interbancaria y/o información financiera de entes públicos, cantidades monetarias que reflejen el flujo de recursos públicos o recursos de índole privado entregados a exservidores públicos.

Además, consideró que se vulneró el derecho de acceso a la información de la particular; al no informar que la denuncia no cuenta con anexos. Por lo que el sujeto obligado deberá informar lo conducente a la recurrente, indicando los razonamientos por los cuales no cuenta con éstos.

Resulta procedente la apertura del dictamen de integridad física, practicado a Emilio Lozoya, el 17 de julio de 2020; cuando ingresó al país extraditado de España; pues la solicitud es sobre un exservidor público que se vincula a presuntos actos de corrupción relativos a la empresa de construcción Odebrecht.

El INAI determinó modificar la respuesta e instruyó a FGR notificar al solicitante que la denuncia del 11 de agosto de 2020 no contiene anexos; indicando para tales efectos, los razonamientos por los cuales esa información no obra en sus archivos y proporcione la denuncia presentada por Emilio Lozoya.

Asimismo, instruyó entregar en versión publica el Dictamen de Integridad Física, realizado a Emilio Lozoya al momento de ingresar al país; tras ser extraditado de España; no se podrá clasificar el nombre, el resultado de la valoración médica, así como el médico legista que certificó dicho documento.

ebv

Seguir leyendo

Estados

Candidato del PRI y funcionarios del Sistema de Justicia de Hidalgo protagonizan Escándalo de Corrupción y Tráfico de Influencias

Con denuncia falsa refunden un año en la cárcel a Padre de menor que pide intervención del gobernador Omar Fayad para salir y ver a su hijo de nuevo

Jorge Francomárquez

Publicada

on

Pachuca, Hidalgo.- Enrique Tello Ruiz lleva ya un año en prisión a causa de una denuncia falsa de violación y abuso sexual a una bebé de 4 años de edad, promovida por su expareja y madre de su hijo, Leydi Elizabeth Montaño Hernández, esto como reacción a la demanda de convivencia, guarda y custodia que interpuso para ver a su hijo.

Perla y Esmeralda Vargas Zamarripa, Frank Osorio, Leydi Elizabeth Montaño Hernández, Yuvia Zavala amiga y regidora de Tepeapulco.

A raíz del proceso legal iniciado por Enrique Tello Ruiz para obtener la convivencia legal con su hijo, su expareja y madre de su hijo, Leydi Elizabeth Montaño Hernández, funcionaria del gobierno estatal, usó sus influencias y amistades para, de manera ventajosa, perjudicar a Tello Ruiz con una denuncia falsa de violación y abuso sexual y de esta manera separar por tiempo indefinido a ambos, Padre e Hijo.

La señora Leydi Elizabeth Montaño Hernández, apoyándose de la relación sentimental que mantiene con Joaquín Islas Alva, candidato del PRI para contender una diputación local por el distrito local XVIII con cabecera en Tepeapulco, en conjunto con el padre del candidato, Horacio Islas, a través de su cargo público le apoyaron para elaborar de manera estratégica esta denuncia falsa en alianza con Servidores Públicos del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo.

En esta farsa están involucradas la M.P. Silvia Meneses Daniells, Ministerio Público del Centro de Justicia Alternativa para Mujeres; Diana Santillán Sánchez, secretaria de la M.P., quien es cuñada de Perla Abigail Vargas Zamarripa, amiga íntima de Leydi Elizabeth y de Joaquín Islas Alva, y que a su vez es su representante jurídico en la demanda de convivencia, guarda y custodia.

También involucrada en esta trama de abuso de poder está Karina Ramírez Jiménez, Subprocuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Hidalgo, quien sin tener pruebas del supuesto abuso y por su relación con Ingrid Guerrero, Directora de la Fundación “Yo te creo”, emitió un juicio mencionando el tema en redes sociales durante la marcha el 8 de marzo de 2020, en apoyo a Leydi Elizabeth Montaño, para ejercer presión social para la detención de Tello el martes 10 de marzo de 2020.

Es importante señalar que Leydi Elizabeth Montaño Hernández, sin tener la guarda y custodia del menor, lo sustrajo de su domicilio de forma ilegal, por lo que hasta el día de hoy la familia paterna no sabe nada del bebé.

La última vez que Enrique Tello Ruiz vio a su bebé fue el 2 de septiembre de 2019. El niño se encontraba en una casa que no era su domicilio con personas ajenas a él, lo que ha generado temor en la familia paterna por su integridad física y emocional, ya que según consta en actas, la mamá nunca se ha hecho cargo del cuidado del bebe.

Existe una denuncia por Sustracción de Menor contra la madre, la cual cuenta con investigación completa, además de entrevistas e información por parte de la Policía Ministerial, en la que se señala que el bebé no estaba en su domicilio y se encontraba fuera del municipio de Pachuca con una persona que no es ningún familiar, poniendo en riesgo su integridad física y emocional al ser un bebé. Esta demanda también se ha visto entorpecida por las influencias de la madre para que no se judicialice el caso.

Además, la expareja de Enrique Tello está vinculada a proceso por violencia familiar, esto derivado de que el 2 de septiembre de 2019, el padre del menor le pidió ver a su hijo y Leydi Elizabeth reaccionó de forma violenta lesionándolo, de lo cual hay pruebas y testigos que han sido pasados por alto como parte de la protección que autoridades brindan a la expareja de Tello.

Al respecto Lorena Tello Ruiz, hermana de Enrique Tello Ruiz, indicó que desde agosto de 2019 no saben nada del menor por lo que solicitan apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo. En ese entonces el menor de sexo masculino tenía 8 meses de edad, hoy ya tiene 2 años 4 meses, llevan un 1 año y 5 meses sin saber nada de él.

Cabe destacar que a pesar de la denuncia falsa prosperó gracias al apoyo familiares y amigos de Leydi Elizabeth Montaño Hernández, como el de la MP Silvia Meneses Daniells, para evitar la convivencia y custodia compartida del bebé. Aunado a esto, los peritajes de la supuesta violación dieron resultados negativos, sin embargo, por las relaciones con altos funcionarios se sostiene esta mentira, por lo que piden ayuda para terminar con esta trama de influyentismo.

La familia Tello Ruiz, aseguró la hermana de Enrique, se encuentra destrozada y lo único que piden es justicia y que se ponga un alto a este tipo de servidores públicos que se siguen conduciendo con las viejas prácticas de abuso, influyentismo y corrupción.

A nombre de su hermano Enrique, Lorena Tello pidió la intervención del gobernador Omar Fayad y de las autoridades correspondientes, para que investigue este caso de abuso, corrupción y tráfico de influencias y se dé cuenta de esta trama que lo único que busca es lograr que Leydi Elizabeth se salga con la suya para evitar que su bebé conviva con su padre.

Asimismo, Lorena Tello pidió poner atención en el accionar de Karina Ramírez, Subprocuradora de los Niños, Niñas y Adolescentes de Hidalgo, quien sin investigar y sin fundamento alguno, únicamente por la amistad con Ingrid Guerrero, fundadora de la ONG “Yo te creo”, ayudan a sostener esta mentira, lastimando a un bebé, evitando la convivencia a la que tiene derecho con su padre, quien lleva un año en prisión.

Cabe destacar que la asociación civil MAAS INFANCIA FELIZ y un grupo de organizaciones afines enfocadas en temas de alienación parental y abuso contra menores, han dado seguimiento puntual al caso, apoyando a la familia Tello Ruiz y denunciando la serie de irregularidades, por lo que se prevé que en las próximas semanas, se logre frenar la cadena de influyentismo y corrupción, llamando la atención de autoridades sensatas en busca de un juicio justo, lo que traería resultados positivos para el menor y su familia paterna.

Seguir leyendo

Te Recomendamos