Ciudad de México.— El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a las garantías de autonomía del INE.
La Recomendación General de la CNDH, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2022, involucra al Instituto Nacional Electoral aun cuando el artículo 102 de la Constitución, apartado B, es claro al señalar que los organismos de protección de los derechos humanos “no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”.
Cabe señalar que en su recomendación, la CNDH no analiza un solo acto realizado por el Instituto Nacional Electoral. Más aún, dicha recomendación surge del análisis de hechos ocurridos entre 1951 y 1965, cuando en México no existían organismos electorales autónomos. A pesar de ello, la CNDH pretende pronunciarse sobre el desempeño del INE.
Además de la recomendación, en la queja del Instituto ante la Corte se mencionan los dos pronunciamientos posteriores realizados por la CNDH a instancias de su presidenta, donde se llega a afirmar que el INE ha saboteado la voluntad popular, lo cual es falso a todas luces.
Esas posturas públicas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la colocan como un actor parcial en una estrategia de ataque político contra la autonomía de la autoridad electoral, desnaturalizando la misión constitucional de la figura de Ombudsperson.
El propósito del INE con esta queja es propiciar que la SCJN pueda reconducir el actuar de la CNDH para que ésta se apegue a su fin constitucional, respetando las atribuciones de otros órganos constitucionales autónomos, se dedique a velar por los derechos humanos de la población del país como le corresponde sin pretender arrogarse atribuciones que la Carta Magna expresamente le prohíbe.
CÁMARA DE DIPUTADOS INCUMPLE SENTENCIA DE LA SCJN SOBRE RECORTE PRESUPUESTAL DEL 2022
Por otro lado, el pasado 10 de noviembre el INE promovió ante la SCJN una queja por incumplimiento en contra de la Cámara de Diputados. Ello porque el 1° de junio de 2022 la Primera Sala de la Suprema Corte determinó como un acto inconstitucional el recorte que aplicó la Cámara de Diputados al presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal 2022 por un monto de 4,913 millones de pesos. Esa determinación de la Corte se debió a un recurso interpuesto por el INE.
En su razonamiento, la Primera Sala de la SCJN dio la razón al INE y consideró que la Cámara de Diputados violó la autonomía presupuestal y comprometió las funciones del Instituto, lo que podía traducirse en una franca violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, al haber reducido en más del 26 por ciento el presupuesto solicitado, sin motivar en ningún sentido dicha reducción.
A fin de reparar la violación constitucional cometida por la Cámara de Diputados, la Corte le ordenó analizar nuevamente el presupuesto presentado por el INE para el ejercicio 2022, para el efecto de determinar si autorizaba los recursos solicitados o, en caso de negarlos, motivar de forma reforzada su decisión.
Sin embargo, la Cámara de Diputados al pretender acatar la orden de la Corte, se limitó a publicar en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de octubre de 2022, que “reitera su decisión respecto al monto de recursos aprobados para el INE” sin que, en ningún momento, desarrollara la “motivación reforzada” que le mandató el máximo tribunal de la nación.
Por lo anterior el INE acude de nuevo ante la Corte para que las resoluciones de la misma no puedan ser ignoradas por la Cámara de Diputados.
El INE como órgano constitucional autónomo, con la atribución que le confiere el artículo 105 constitucional, acude ante la Suprema Corte a efecto de propiciar el cumplimiento pleno de la legalidad y el Estado de derecho en el país que debe observarse, en primer lugar, por los poderes públicos de la nación.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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