Ciudad de México.- Senadoras y organizaciones de la sociedad civil se reunieron con Ángela Quiroga, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), quien aseguró que los sistemas estatales y municipales para erradicar la violencia contra las mujeres no están funcionando.
Ángela Quiroga señaló que la alerta de género no tiene el impacto que debería tener en los estados y subrayó que es indispensable enfocar las políticas y mecanismos para disminuir los niveles de violencia familiar.
En este sentido, dijo que el segundo delito más denunciado en México es la violencia familiar, con tendencia al alza.
De 117 mil 860 mujeres que son víctimas de violencia familiar, 44 mil 219 también sufren violencia sexual; de ellas, mil 426 se reportan como mujeres desaparecidas; mil 187 se suicidan; y 585 resultan en un feminicidio.
Por cada cien mujeres víctimas de violencia, una se suicida; 1.2 desaparecen; 0.5 son víctimas de feminicidio; y 37.5 lo son de violencia sexual, destacó.
Quiroga puntualizó que el delito que más sufre una mujer en México es el de lesiones, seguido de violencia familiar. “Ahí tenemos una venda sobre los ojos”, porque por cada cien mil mujeres víctimas de esta agresión, 10 o más mujeres desaparecen.
El 30 por ciento de todo el trabajo que tienen las procuradurías y fiscalías de los estados está relacionado con un delito de violencia contra las mujeres.
No tenemos en nuestro país una política pública direccionada que atienda la violencia familiar. Los modelos de atención no están pensados en el conjunto de lo que sucede; se enfocan a mujeres que ya fueron violentadas, puntualizó.
Al respecto, la presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, señaló que los gobiernos municipales, estatales y federales se han destacado por una gran “simulación discursiva, muchísimas omisiones y un gran agravio a las organizaciones de la sociedad civil”.
Los planes de seguridad que presentan las autoridades estatales, con la ausencia de las mujeres, “no sirven para nada, porque no se está incorporando la perspectiva de género”, expresó la legisladora.
Dijo que las lagunas en la ley, las omisiones en los estados, las facultades limitadas de la Conavim; así como decisiones “lamentables” para el acceso a la justicia de las mujeres y procesos administrativos que “limitan y obstaculizan” los derechos de género, son parte de las observaciones que hacen las organizaciones de la sociedad civil.
La alerta, precisó, busca acabar con la impunidad de la violencia contra niñas y mujeres que agravian a la sociedad y son elemento fundamental de los feminicidios.
Señaló el compromiso de esta Comisión para caminar con las organizaciones de la sociedad civil para plasmar todas las observaciones que hagan. “Porque estamos aquí para representar los intereses de las mujeres”, apuntó.
La senadora Bertha Alicia Caraveo, de Morena, precisó que de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chihuahua es el cuarto estado con más homicidios dolosos de mujeres en el país.
Pese a ello, precisó, se desechó la solicitud para aplicar la Alerta de Violencia de Género que organizaciones de la sociedad civil realizaron ante la Conavim. Lo mismo ocurrió en ocho estados, como Guanajuato donde de 2014 a la fecha se incrementaron los asesinatos violentos de mujeres en 150 por ciento.
De acuerdo con datos del Inegi, de 2006 a 2016, la violencia contra las mujeres no ha disminuido significativamente, apuntó por su parte la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI. En este sentido, dijo, es necesaria la ayuda de las entidades federativas y los municipios, pues ahí se ha frenado el tema de políticas públicas, al no darles seguimiento, agregó.
En julio de este año la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió recomendaciones al país en materia de violencia de género y discriminación contra las mujeres, entre otras, dirigidas a los tres poderes e incluso a gobiernos locales.
La senadora Nadia Navarro Acevedo, del PAN, dijo que la voluntad política de los gobernadores para enfrentar este problema es un factor muy importante porque cuando no se tiene el apoyo y no se hace una causa común con ellos, los mecanismos para erradicar la violencia quedan cortos.
Puntualizó que debe erradicarse el feminicidio, encontrar la causa y emprender una lucha en común en lugar de politizar el tema.
La senadora Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano, aseguró que sobre el tema se vive una grave crisis en los estados. Nuevo León, apuntó, es uno de los primeros estados en feminicidio este año, con 30 de ellos. Hay una falta de sensibilidad de las autoridades respecto al tema, insistió.
El reto es cómo involucrar a autoridades a comprometerse y “alejarse de colores y otras situaciones que no valen la pena en este momento”. La pregunta es cómo hacer para incidir en lo local y cuál es el escenario hacia futuro con la nueva administración.
La senadora Blanca Estela Piña Gudiño, de Morena, aseguró que “todas las mujeres tenemos miedo de vivir en este país”. La situación en lugar de disminuir se agrava, pues a los gobiernos federal y estatales no les ha interesado atender la situación de las mujeres. Hubo 40 asesinadas en Michoacán en un mes, recalcó.
Preguntó cuántas entidades de las 16 que tienen alerta de género han presentado informes de avance y cuál es el diagnóstico de los mismos.
La senadora Citlalli Hernández destacó la importancia de este tipo de encuentros. “Poner la lupa” en temas que en ocasiones se tratan con poca sensibilidad o se minimizan.
La legisladora de Morena recordó que se ha rechazado la alerta de género en ocho estados de la República, incluida la Ciudad de México. ¿Hubo presiones políticas o cuál es la razón para que detuvieran esta demanda?, preguntó.
En la reunión participaron el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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