Estados Unidos.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de detener los programas de distribución de medicamentos para el VIH pondrá en riesgo millones de vidas en países en desarrollo.

“Una detención repentina y prolongada no permitirá una transición controlada y pone a millones en peligro”, señaló la OMS en un comunicado. Estos programas, conocidos como PEPFAR, brindan tratamiento a 20 millones de personas, incluidos 566 mil niños.

El Plan Presidencial de Emergencia para el Alivio del Sida (PEPFAR) opera en más de 50 países.

Su cancelación podría aumentar infecciones y muertes, eliminar avances logrados en décadas y regresar al mundo a los niveles de mortalidad de los años 80 y 90.

“Detener estos programas minará los esfuerzos por evitar la transmisión del virus”, alertó la agencia sanitaria de la ONU.

El gobierno de Donald Trump ordenó suspender la distribución de medicamentos financiados con ayuda humanitaria, incluso si ya se habían adquirido y estaban en centros sanitarios. Esta medida forma parte de la paralización de ayuda exterior impulsada desde su llegada al poder.

En su primer día en la Casa Blanca, Trump también confirmó la salida de EE.UU. de la OMS, decisión que ya había intentado en su primer mandato, pero que no se concretó por la llegada de Joe Biden.

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Actualmente, casi 40 millones de personas viven con VIH en el mundo.

Más de 30 millones dependen de programas de financiamiento internacional para acceder a antirretrovirales y otros tratamientos.

En 2023, se registraron 1.3 millones de nuevas infecciones y 630 mil fallecimientos por enfermedades relacionadas con el sida. La OMS advierte que frenar los programas de apoyo podría provocar un aumento en estos números.

Expertos en salud pública y activistas han pedido a la comunidad internacional presionar a Estados Unidos para revertir la decisión. La falta de medicamentos podría provocar un retroceso global en la lucha contra el VIH y generar una crisis sanitaria de grandes dimensiones.

ARH

Ciudad de México.— La dignidad humana no depende de la ciudadanía ni del estatus migratorio, expresaron los obispos católicos de Estados Unidos en respuesta a las medidas adoptadas por la Administración de Donald Trump en relación con las llamadas “áreas protegidas” en la aplicación de las leyes de inmigración.

El Obispo Mark J. Seitz, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos; Sor Mary Haddad, presidenta de RSM y directora ejecutiva de la Asociación Católica de Salud de los Estados Unidos; y Kerry Alys Robinson, presidenta y directora de Caridades Católicas USA, externaron su preocupación ante la eliminación de protecciones en lugares esenciales para la comunidad migrante.

Explicaron que las organizaciones católicas brindan diariamente atención a las personas más vulnerables en albergues, hospitales, escuelas y parroquias. Estos espacios, además de proveer asistencia material, representan refugios donde se reafirma la dignidad de cada individuo como imagen de Dios.

La Iglesia considera que esta dignidad es inherente y no está condicionada por documentos legales o fronteras nacionales.

Asimismo, subrayan que la aplicación de la ley debe realizarse de manera justa, proporcionada y con sentido humano.

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La eliminación de directrices que protegían escuelas, templos, centros de salud y agencias de ayuda social genera miedo e incertidumbre entre los inmigrantes, quienes comienzan a evitar servicios esenciales como educación y atención médica.

“La posibilidad de que estos lugares se transformen en puntos de persecución mina la confianza entre líderes religiosos, educadores, proveedores de salud y las comunidades a las que sirven”, señaló.

Los obispos alertan que socavar estos espacios no contribuye a la seguridad de la sociedad, por el contrario, debilita los lazos comunitarios y compromete la misión de la Iglesia de ofrecer ayuda sin distinción.

Ante esta situación, reiteran su compromiso de trabajar por un sistema migratorio basado en la misericordia y la justicia, en el que la dignidad de cada persona sea respetada y protegida.

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ebv

Washington. – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está listo para cumplir con su compromiso de imponer aranceles a Canadá y México el próximo sábado.

Según r la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el mandatario estadounidense cumplirá su amenaza.

Además de esto, añadió, Donald Trump está considerando la introducción de nuevos aranceles a China, también programados para el sábado.

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El neoyorquino declaró que introduciría un arancel del 25% sobre México y Canadá el 1 de febrero. Esto, a menos, que ambas naciones tomen medidas para abordar los desafíos duales del tráfico de fentanilo y la inmigración en los Estados Unidos.

Días antes, el gobierno de Canadá ya advirtió que Ottawa respondería con contramedidas si los aranceles de Trump se materializan.

La semana pasada, durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump reconoció que prefería negociar con México que con Canadá.

El peso mexicano recortaba el martes sus ganancias después de que la Casa Blanca dijo que sigue en pie la fecha del 1 de febrero para la imposición de aranceles a México y Canadá.

La moneda cotizaba en 20.5722 por dólar, con un avance del 0.45% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. Más temprano llegó a apreciarse casi un 0.70%.

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Chicago. – Empresarios estadounidenses comienzan a sufrir la falta de mano de obra por las deportaciones de inmigrantes irregulares ordenadas por el presidente Donald Trump.

Pese a que el gobierno señala que las expulsiones se enfocan en personas violentas y criminales, no siempre es así.

Según Rebeca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition de Illinois, en las deportaciones también han caído “trabajadores esenciales”.

La coalición reporta una desaceleración del 50% en sus operaciones, porque los inmigrantes “paralizados por el miedo”, no se presentan a trabajar.

“Trump prometió deportaciones masivas y lo está cumpliendo”, dijo Shi sobre las operaciones, que el fin de semana dejaron más de un millar de migrantes expulsados.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) informó de que los procedimientos se han realizado en las ciudades de Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Los Ángeles, y en Puerto Rico, pero no hubo mayores detalles de las personas detenidas.

Matt Teagarden, de la Asociación de Ganaderos de Kansas, quien dijo que la mano de obra inmigrante es esencial para su sector y la agricultura.

Por ello, pidió fcilidades para legalizar a los inmigrantes que cumplan con la ley y pagan impuestos.

De lo contrario, dijo el líder empresarial, deberán importar sus alimentos.

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Shi dijo que los trabajadores inmigrantes son del 25 al 50 % de las industrias esenciales de este país, y contribuyen con más de 80 mil millones de dólares de impuestos todos los años.

Su falta haría empeorar la escasez actual de mano de obra, calculada en 1.7 millones de puestos de trabajo en salud, construcción y manufactura, entre otros, y también reducirá en 4.2% el Producto Bruto Interno.

Estadounidenses no quieren hacer trabajo de inmigrantes

Tony DiMare, cuya familia trabaja desde hace 97 años en la producción de tomates frescos en California y Florida, dijo que esa industria depende de los inmigrantes para la cosecha manual.

La mayoría proviene del programa federal de trabajadores temporales, porque “los nativos no quieren hacer esa tarea”

Lamentó que cada vez es más difícil conseguir extranjeros con los papeles en regla.

Los inmigrantes también son esenciales en el cuidado de ancianos y enfermos, un trabajo donde son el 80% de la mano de obra. Para estas tareas, tampoco hay voluntad estadounidense.

Adam Lampert, director ejecutivo de una empresa que cuida enfermos en sus hogares en Texas, dijo que las deportaciones van a provocar inflación. Esto, producto de aumentar salarios para atraer a nativos a esos empleos.

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