Ciudad de México.— El Pleno de la Asamblea Constituyente aprobó el artículo 9 de la Carta Magna, con 85 votos en favor, cinco en contra y ninguna abstención, primero del dictamen de la Comisión sobre Carta de Derechos, el cual garantizará que no haya retroceso alguno en materia de derechos humanos, ni tampoco en la aplicación de la política social en la Ciudad de México.

El documento incluye numerosas disposiciones sobre unas 50 garantías y tiene como eje la erradicación de la desigualdad, principio que atraviesa toda la Constitución.

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas, comunicó a los constituyentes que la Coordinación de Parlamento Abierto ha emitido el formato para el cumplimiento de la obligación de los diputados constituyentes de entregar la declaración de conflicto de interés, “lo cual que deberá de darse a la brevedad posible para cumplir con nuestra responsabilidad”, añadió.

La Mesa Directiva convocó a la próxima sesión del Pleno de la Asamblea Constituyente, que se efectuará el próximo 3 de enero, a las 10:00 horas.

En la sesión, la diputada Clara Jusidman, del grupo parlamentario Constitucionalista, presentó una reserva conjunta al artículo 9, Apartado C, numeral 2, en nombre de los legisladores Claudia Aguilar Barroso, del grupo del Ejecutivo federal; Lol Kin Castañeda y Katia D´Artigues, del Partido de la Revolución Democrática; Elvira Daniel Kabbaz, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y Carlos Gelista, del Partido Acción Nacional:

“Al observar el resultado del dictamen respecto de este apartado, y de acuerdo con la experiencia propia de la Ciudad de México en materia de discriminación, encontramos ausencia de varias condiciones y acordamos que en las categorías se incluya también la apariencia física, la situación migratoria y, muy importantemente, el embarazo, que ha sido históricamente un reclamo de las mujeres, que son claramente discriminadas en el trabajo cuando se encuentran en situación de embarazo. Y que también se consideraran como discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”, expresó Jusidman.

Con 88 votos, la reserva alcanzó unanimidad en el Pleno. La redacción que se incorporará al dictamen es la que sigue: “Se prohíbe toda forma de discriminación, formal y de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la situación migratoria, las condiciones de salud, embarazo, la religión, las opiniones, la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales, el estado civil o cualquier otra. También se considerará como discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación”.

SE EXAMINARON 584 INICIATIVAS CIUDADANAS

En el inicio de la sesión, la diputada Marcela Lagarde, presidenta de la Comisión sobre Carta de Derechos, informó que este organismo examinó 584 iniciativas ciudadanas y 244 que presentaron los propios constituyentes. El dictamen en la materia, expresó, “es un espejo donde cada quien quiere ver su reflejo, expresarse de forma precisa con sus elecciones, con sus aspiraciones, con sus preocupaciones y, sobre todo, con sus propuestas”.

Al término de la presentación del dictamen, se inició la discusión sobre el artículo 9, relativo a los principios de aplicación e interpretación de los derechos humanos. En contra, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, de Morena), reconoció los grandes avances en el contenido, pero lo consideró incompleto. “Me hubiera gustado que no solamente nos refiriéramos a los tratados e instrumentos de los que el Estado mexicano sea parte, sino a cualquier norma del derecho internacional de los derechos humanos”.

Además, planteó que no sólo las autoridades jurisdiccionales deben ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad, sino todas las autoridades legislativas, administrativas, órganos autónomos o alcaldías.

Por último, dijo que en el dictamen no se decía que la responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos no es sólo responsabilidad de las autoridades, sino también de los particulares cuando éstos tengan poder –“poderes fácticos”, los llamó–.

En pro, la diputada Lol Kin Castañeda, del Partido del PRD, destacó que la Carta de Derechos es el eje a partir del cual se diseñará y garantizará la convivencia en la capital a partir de que se promulgue la Constitución de la Ciudad de México.

“Me parece que es muy importante ir dando una definición amplia a los derechos en los términos en que nuestra sociedad está representada con muchas visiones, con muchas ideas políticas, con una clara variedad ideológica, religiosa, sexual y política”, aseveró.

Por su lado, el diputado Julio Eric Cervantes, del Partido Encuentro Social, se manifestó en contra, pues, dijo, en la comisión se decidió no poner la palabra “culto” y tampoco aceptaron su iniciativa relativa al derecho a la libertad de religión, lo cual calificó de una contradicción:

“Sí se contemplaron derechos humanos para unos, pero otros que podemos pensar diferente, ahí sí no, a esos sí hay que negárselos. Se invoca de manera muy común el derecho internacional, las convenciones internacionales y aquí, con argumentos, hemos demostrado que lo que estamos pidiendo justamente está consagrado en convenciones internacionales signadas por nuestro país”, sostuvo.

Clara Brugada, diputada de Morena, afirmó que la Carta de Derechos es el corazón de la Constitución y contiene temas fundamentales para luchar por la igualdad y solventar la inmensa deuda social con millones de sus habitantes.

A pesar de pronunciarse en favor, aclaró que el dictamen quedó por debajo del proyecto del grupo redactor: “Para alcanzar la mayoría calificada se matizaron o se retiraron algunas definiciones importantes. Esto obedece a un problema de origen: el mal diseño y el pésimo acuerdo para la reforma política del Distrito Federal, que estableció rígidos límites a nuestra autonomía desde el artículo 122 de la Constitución Federal, y otorgó prácticamente derecho de veto a partidos que no representan a la mayoría de ciudadanos. Esa es la responsabilidad de quienes pactaron y votaron esta reforma”.

Por su parte, el diputado Carlos Gelista, del PAN, indicó que el dictamen es una importante mejora respecto del planteamiento original. En nombre de su grupo parlamentario, destacó que los derechos reconocidos en el dictamen derivan de la inminente dignidad de la persona humana, comenzando por el “respeto a la vida, y continuando con todos los demás derechos de todas las generaciones, porque a final de cuentas todos derivan de la vida y de las personas”.

RECONOCEN AVANCES TODAS LAS FUERZAS

La ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero, diputada del grupo constitucionalista, explicó que el parámetro de control de regularidad constitucional propuesto por la comisión impide al legislador local reducir o limitar los derechos establecidos en la Constitución federal, en los instrumentos y tratados internacionales, en las leyes generales, en las leyes locales, en esta Constitución, sino todo lo contrario, es decir, ampliarlos y adicionarlos.

Por su lado, el diputado Alejandro Bustos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), consideró que la inclusión del Sistema Integral de Derechos Humanos es un avance muy importante.

También en favor del dictamen, la diputada Yolanda de la Torre, del PRI, recordó que la gran reforma de junio de 2011 de derechos humanos le dio al país un antes y un después. “Hoy, en México, vivimos un nuevo paradigma en materia de derechos humanos y éste ha sido el punto de partida”, externó. Destacó también la adopción del principio pro homine, que favorece en todo tiempo a las personas en su protección más amplia”.

Por su parte, la diputada Claudia Aguilar Barroso, del grupo del Ejecutivo federal, consideró que el proyecto de dictamen es acertado, “porque dota de claridad y coherencia al texto originalmente propuesto por el jefe de Gobierno”.

Indicó que clasifica de forma correcta aquellas disposiciones que constituyen los principios rectores de los derechos humanos, tanto las que se refieren a la garantía de igualdad y no discriminación, así como las normas para proteger los derechos humanos de manera general.

Por último, celebró el catálogo enunciado, que si bien no es limitativo, sin duda abona a la construcción de pautas para las autoridades en esta materia y no sólo eso, sino que además actualiza las denominadas categorías sospechosas de conformidad con las necesidades y exigencias de nuestra ciudad”.

La diputada Esthela Damián, de Movimiento Ciudadano reconoció los avances en el dictamen, pero cuestionó por qué se había excluido el tema del uso de la cannabis para fines recreativos, medicinales y científicos.

“No desoyamos el reclamo social que hoy tenemos en la mesa. Ojalá veamos a todas estas mujeres, madres de familia, que vienen y están peregrinando en el mercado ilícito de las drogas para ir por la cannabis para uso medicinal para sus hijos”, advirtió.

Respecto del tema de los trabajadores no asalariados, consideró que era mejor la propuesta que hizo el grupo redactor y dijo que estaba en favor de la creación de un fondo mixto, con la participación, en porcentajes iguales, del gobierno y ese grupo de la población. “También reservamos el tema que tiene que ver con Ciudad Digital, incluida con todas sus características, desde el derecho al olvido hasta el acceso a la infraestructura digital”, complementó.

RESERVA DE SÁNCHEZ CORDERO

Posteriormente, la diputada Olga Sánchez Cordero, en nombre de los constituyentes Marcela Lagarde (PRD), Carlos Gelista (PAN), Claudia Aguilar Barroso (del Ejecutivo federal) y Alejandro Bustos (PVEM), presentó una reserva conjunta al artículo 9, Apartado A, numeral 1, para clarificar que el espectro de control del parámetro de regularidad constitucional que se propone para esta Constitución solamente aplica para la Ciudad de México.

La reserva fue aprobada, y dice a la letra: “En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de control de regularidad constitucional”.
 
LISTO, EL FORMATO SOBRE CONFLICTO DE INTERÉS

El Pleno del Constituyente aprobó el punto de acuerdo que establece que la Asamblea Constituyente contará con una unidad denominada Archivo Histórico, misma que regulará el Sistema Institucional Archivos, además de un Comité de Transparencia para la atención de solicitudes de información pública.

Posterior a la votación, a petición del diputado Jaime Cárdenas, la Mesa Directiva solicitó que se modificara el acuerdo, con el propósito de que las sesiones del comité sean públicas y se integre un represente honorario de la sociedad civil al comité.

ebv