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Análisis y Opinión

Iglesia renovada para un nuevo continente

Felipe Monroy

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Esta semana se realiza en México la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, un inédito encuentro de la pluralidad del catolicismo americano cuya motivación fue una recomendación del papa Francisco a los obispos del continente para que, en lugar de retornar al camino conocido de cumbres episcopales celebradas desde 1955, se emprendiera ‘ad experimentum’ la audacia de integrar, escuchar y corresponsabilizar a todo el espectro socio-religioso, popular y comunitario latinoamericano para que sus voces y sus compromisos revitalicen el papel, la identidad y la acción de la Iglesia en las emergencias contemporáneas de la región.
Si bien la elección de Francisco como el primer papa latinoamericano significó ‘una bocanada de aire fresco’ a la Iglesia universal, esta Asamblea Eclesial tiene la oportunidad de recordar por qué san Juan Pablo II llamó a América ‘El Continente de la Esperanza’.

Las novedades de este encuentro (además de su evidente realización virtual-presencial que ha agilizado, conectado, simplificado y economizado una asamblea continental donde hay participantes de más de 22 naciones) se explican en la actitud e itinerario de preparación: largos y profundos procesos de escucha para que muchas de las diversas voces eclesiales latinoamericanas tuvieran oportunidad de alzarse, ser valoradas y reconocidas sin pasar por el tamiz institucional, teológico o de control al que las conferencias generales episcopales se enfrentaron históricamente.

En la presente Asamblea Eclesial de AL y el Caribe no se ha dejado de recordar cómo diferentes fuerzas (a veces provenientes del Vaticano) controlaron, sancionaron e intervinieron los trabajos continentales de la Iglesia para acallar las voces que siempre han ‘anunciado y denunciado’ desde el Evangelio las realidades de la región. Una práctica del siglo XX que no sólo silenció voces proféticas de un catolicismo comprometido con los excruciantes dramas del pueblo sino que, incluso se valió de inconfesables arreglos con el poder político y económico para sostener privilegios cupulares mientras se continuaba engañando, sacrificando, manipulando y despreciando a los últimos y a los pobres.

Es claro que, incluso ahora, este riesgo no está conjurado; sin embargo, la apuesta del papa Francisco es abrir la Iglesia, desterrar el ‘clericalismo’ (que no es sino la fascinación por el poder y el influyentismo) para que esto no ocurra nuevamente, favorecer el diálogo horizontal, motivar el encuentro aunque en ocasiones sea ríspido y, sobre todo, que la Iglesia misione, camine con humildad junto a la riqueza cultural y espiritual de todos los pueblos del continente para defender, conservar y promover la paz, la justicia y el bien común en cada uno de sus territorios. Al respecto, la doctora Emilce Cuda, capo ufficio de la Comisión de América Latina del Vaticano, ha recordado que buscar la justicia social “es constitutiva de la práctica evangélica”.

Los problemas continentales son muchos: migración, pobreza, violencias, polarización política, manipulación del orden social y, claramente, la devastación sistemática y consumista de la Creación, de la ‘Casa Común’. Problemas que conducen inexorablemente al sufrimiento e incluso la desaparición de pueblos enteros; de allí la urgencia de una renovación de las comunidades cristianas para ofrecer la esencia de su fe encarnada, comprometida con el “proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado”, decidida a denunciar los efectos del egoísmo utilitarista, del tecno-capitalismo depredador, del relativismo ético y de los vicios del poder privilegiante.

Sin duda, un desafío enorme; un reto que sólo puede hacerse desde un compromiso integral, desde la ternura y el contacto personal, con audacia y esperanza, con la suficiente indignación y con desbordante creatividad para alcanzar la justicia y el bien común; pero, sobre todo, mediante la participación plural, a ras de suelo y horizontal de todos, todos, todos. ‘Sinodalidad’, le llaman en la Iglesia.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe



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Análisis y Opinión

La mujer no es moneda de cambio

Columna Invitada

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Por Paz Fernández Cueto

La semana pasada se presentó a discusión, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, un proyecto de decreto de reforma a diversos artículos bajo el slogan de “Igualdad Sustantiva y Género”. El paquete de 48 reformas a nuestra Carta Magna pretendía ser urgente, discutirse al vapor para subirlo al pleno y ser aprobado – fast track-, esa misma semana. Resultaba ideal disfrazar la verdadera pretensión de las reformas con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, decretado por la ONU el año 2000.

Pero la burra no era arisca; la hicieron. Resulta que diversas organizaciones de la Sociedad Civil que dan marcaje personal a la agenda legislativa descubrieron que, en la llamada “Igualdad Sustantiva y Género”, se escondía una caja de pandora: más de 40 cambios a la Constitución redactados en un lenguaje ambiguo, cargado de términos indefinidos, inexistentes y confusos que buscaban adelantar agendas ideológicas concretas. Entreveradas con algunas iniciativas favorables a las mujeres, lo que en el fondo buscaba el paquete de reformas era la imposición, de manera burda y arbitraria, de la ideología de género, adoptada por Morena desde que ocupa la presidencia, en el 2018.

Se trata de la misma agenda ideológica trazada en Pekín hace más de treinta años, impuesta desde fuera y respaldada por fuertes intereses económicos y políticos radicales, que no ha dejado de avanzar pese la resistencia de quienes defienden la libertad. Una agenda que pretende imponer la exaltación de los nuevos dogmas culturales por encima de la ciencia y de la capacidad de juzgar las situaciones de la vida con base en la razón.

La manipulación del lenguaje es el arma favorita de los apóstoles de la ideología de género para esconder sus verdaderas intenciones. Es la trampa perfecta en el que caen de igual manera mujeres que hombres e, ingenua o dolosamente, legisladores de todos los partidos políticos. Es la misma gata revolcada presentada una y otra vez con distintos nombres, a través de distintas iniciativas.

Debo reconocer que, en su obsesión por impulsar la ideología de género los ministros de esta nueva religión pagana sacan a relucir técnicas altamente creativas: lo que en su momento era “salud sexual”, ha evolucionado a “salud sexual y reproductiva”, pasando por el “libre desarrollo de la personalidad, libertad reproductiva, o autonomía reproductiva…”. Ahora pretenden esconderse detrás de algo que parece no sonar tan mal: “igualdad sustantiva”, si no fuera porque en el fondo, lejos de buscar una igualdad con base en nuestra sustancia como personas, se busca imponer la idea de que la solución de todos nuestros males depende de la normalización del aborto, incluyendo en el paquete, el ejercicio perverso de la sexualidad, hasta el punto de considerar al asalto a los menores como una opción más en del catálogo de identidades.

¿En realidad estas reformas benefician a las mujeres o representan un retroceso? ¡Ya basta de usar a la mujer como moneda de cambio, ofreciéndole algunas mejoras, con tal de impulsar una ideología radical sostenida desde la ONU! Habrá que analizar, con pausa y sin prisa, cuál de estas reformas beneficia realmente su desarrollo integral, su inclusión en la vida social y política, su incorporación a la vida laboral, la retribución justa y equitativa de su trabajo y el respaldo de una seguridad social que garantice su salud y la de sus hijos.

Esta vez fue la Junta de Coordinación Política junto con algunos diputados sensatos quienes lograron frenar el paquete sorpresa. ¿Cuál era la prisa? Exigimos un espacio en el que se abra un debate en el que participen voces distintas y den el tiempo adecuado para su consulta; exigimos también, que las iniciativas sean redactadas en términos jurídicos y científicos, de manera que se traduzcan en oportunidades reales de mejoría para todos y no en imposiciones ideológicas.

Paz@fernandezcueto.com

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Análisis y Opinión

De las sanciones a la madurez democrática

Felipe Monroy

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La semana pasada, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discutió amplia y profundamente cinco casos de potencial vulneración al Estado laico presuntamente cometidos por dos cardenales, un obispo y dos sacerdotes mexicanos durante el proceso electoral de 2021; en su opinión, los ministros de culto quebrantaron principios constitucionales sobre la separación de la Iglesia y el Estado que afectaron la equidad y la igualdad durante la contienda política.

Durante la presentación de argumentos, algunos magistrados dieron crudas apreciaciones contra los clérigos: “Se valen de su posición para manipular el voto” y “utilizan la fe para orientar o desorientar el voto, por lo tanto, el voto no es libre”, dijeron. Los magistrados turnaron a Gobernación su resolutivo en espera de que sea dicha instancia la que defina las sanciones contra los ministros de culto.

Como se sabe, las leyes mexicanas respecto a la libertad religiosa están atadas a condiciones históricas sumamente peculiares: tanto la Reforma como las leyes constitucionales post-revolucionarias no sólo separaron a las iglesias del Estado, sino que acrisolaron prejuicios y resentimientos entre el poder político y el poder eclesiástico que condujeron inexorablemente a la cruel, fraticida e ignominiosa Guerra Cristera. Luego, tras un largo periodo de silencio, simulación y convivencia utilitaria, se concretó un sustancial avance con el reconocimiento oficial de las instituciones religiosas. Reconocimiento que, no obstante, aún conserva prejuicios y sospechas contra las iglesias y sus ministros.

La muestra está en la resolución de los magistrados que parece confirmar que los ministros de culto, si no se les mete al orden, son capaces de utilizar cualquier medio para influir contra la libertad ciudadana en la elección de sus representantes políticos. El problema de esta hipótesis es la crítica que se hace a la madurez ciudadana, no tanto a las intenciones de líderes religiosos. El conflicto parece estar en una disputa de paternidad sobre una ciudadanía aún infantil, maleable y manipulable.

Lo triste es que parece que nada ha cambiado en cien años. Apenas el 14 de noviembre pasado se cumplió un siglo del atentado dinamitero contra la Virgen de Guadalupe que, si bien nunca se ha comprobado que el gobierno revolucionario de aquel 1921 fuera artífice directo, sí se ha verificado que, por lo menos, protegió y controló tanto al autor material como a los autores intelectuales.

Una de las tesis históricas de aquel evento explica que, en el nacimiento del ideal post-revolucionario mexicano y de sus primeras instituciones sociales, el nuevo Estado tuvo que engullir todas viejas instituciones para crear las nuevas pero el símbolo de la institución católica mexicana (Guadalupe) era imposible de devorar. Su destrucción parecía condición indispensable para un nuevo país; su milagrosa supervivencia, el fracaso de cierto proyecto revolucionario.

En todo el siglo XX, el Estado no renunciará a querer controlar la fe y las expresiones religiosas del pueblo; negándole el derecho a vivir en madurez su ciudadanía y su libertad religiosa: Un Estado que pareció siempre exigir una esquizofrénica realidad que divide la conciencia política de la conciencia religiosa en cada mexicano. Y no es sólo atavismo para la autoridad civil, muchos líderes religiosos también continuaron creyendo que su influencia política sobre el poder debía ser la esencia de su misión. Todavía en 2016, ante los obispos de México, el papa Francisco justo criticó esta actitud de perseguir ‘los carros de los faraones de hoy’ y pidió a los próximos sacerdotes ‘no ser clérigos de Estado’.

La experiencia reciente nos confirma que estas posturas son ya anacrónicas: ni la orientación religiosa del voto o de la conciencia política se concreta en las opciones de los ciudadanos, ni el prejuicio de trasnochados jacobinismos concreta la separación mental entre la conciencia religiosa y la conciencia política de un ciudadano libre.

En el reciente proceso electoral, por ejemplo, un obispo católico se arriesgó a violar la ley para pedir a su grey el voto por una candidata y un partido; perdieron. Ahora los magistrados piden sanción a otros ministros porque suponen que utilizaron la fe para manipular a los ciudadanos, ¿creerán que los ciudadanos aún no tienen madurez democrática para conciliar con libertad sus convicciones éticas y morales con sus aspiraciones políticas?

LEE Obispos votan por ajustes para ‘no ser Iglesia muda’

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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