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Opinión

Un abuso las fotomultas en la CDMX

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Imagínese usted que se encuentra haciendo una larga fila esperando le atiendan en un verificentro para tramitar la calcomanía semestral para su auto.

Ha generado una cita para que reciban y verifiquen su vehículo y solicitó permiso en su trabajo para cumplir con esta obligación ciudadana. Cuando por fin le toca su turno en la ventanilla de recepción de documentos, le informan que tiene diez multas acumuladas sin pagar y varias pueden corresponder a varios meses.

Los motivos pueden ser tan variados como haber quedado atrapado en un embotellamiento y cuando el semáforo marca rojo, su auto está pisando las rayas blancas del paso peatonal, esas que tienen forma de cebra, por lo cual la cámara se activa y le genera una infracción.

Los próximos tres días revisa por internet para ver si ya apareció el aviso y aprovechar realizar el pago con descuento. Incluso una semana después vuelve a revisar y su expediente aparece limpio. Hasta piensa que “ya la libró”. Sin embargo, cuando llega a verificar mucho tiempo después, se encuentra con la sorpresa de esa multa y otras.

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Si usted compró el auto en un lote de “seminuevos” y le dieron crédito, como sucede con muchísimos capitalinos, no ha podido hacer el cambio de propietario porque hasta que liquide el total de la deuda le entregarán la factura necesaria para este trámite y por tanto, las multas llegan por correo al propietario anterior a usted.

Por lo pronto, siguiendo con nuestro ejemplo de su visita al verificentro, nos encontramos con que perdió ese día laboral en un trámite infructuoso que tendrá que repetir y además se encuentra con una deuda altísima, pues las multas, que ya de por sí son caras, tendrán que ser pagadas en su costo normal, pues se perdió el beneficio del descuento.

Cuando se platica de este tema con amigos, las historias surgen y todas tienen como punto central el hecho de que las multas no aparecen en el sistema, por Internet, en los días siguientes, sino cuando la empresa concesionaria de este sistema las puede dar a conocer y puede ser mucho tiempo después, cuando usted ya olvidó la posible infracción al reglamento.

La empresa concesionaria del servicio de fotomultas ya tiene experiencia y debiese hacerse responsable de optimizar su sistema para mejorar sus tiempos de expedición de infracciones en beneficio de los ciudadanos.

La empresa concesionaria es Autotraffic, quien firmó su contrato a principios del 2016 y la SSP de la Ciudad de México lo dio a conocer en febrero del año pasado. En una ciudad tan complicada como lo es la Ciudad de México, donde el tiempo es un bien muy preciado, es necesario que las autoridades de la CDMX se preocupen porque los sistemas de servicio al ciudadano sean altamente eficientes y funcionales, lo que no sucede en las fotomultas.

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Sin embargo, este tema no puede dejarse solo a la buena voluntad del concesionario, sino que debe ser llevado al seno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde se legisle que la generación de una infracción debe tener una fecha de caducidad.

Si no es generada en un plazo máximo de una semana a partir de cuando la cámara registra la violación al reglamento y no se exhibe en la página WEB, la multa ya no debiese tener validez.

Sólo así se acabará con el abuso y las sorpresas.

¿Usted cómo lo ve?

Ricardo Homs
@homsricardo

 



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Felipe Monroy

El límite del riesgo en las contiendas políticas

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Existe una regla implícita en las contiendas políticas electorales que no suele decirse en voz alta por cierto pudor: para ganar, se vale ejecutar toda táctica (incluso las más descabelladas) y el límite de su audacia no siempre es la conciencia sino el riesgo. Hace años me lo comentó un legendario estratega: “Todo escenario es posible, sólo hay que calcular su riesgo”. Los acontecimientos en Butler, Pennsylvania, donde Trump resultó herido superficialmente por un ataque armado, nos obligan a pensar con cautela estos episodios.

El estratega político se refería en aquel entonces a los límites éticos de las campañas políticas: cuáles son las fronteras que tanto los candidatos como sus equipos de campaña y principales patrocinadores desean respetar y cuáles son aquellas que, bajo un cálculo de riesgo y ganancia, están dispuestos a violar.

Por ejemplo, la campaña negativa o sucia (como lo sugirieron insistentemente los partidarios de Xóchitl Gálvez en la contienda electoral pasada) es una táctica tradicionalmente controversial porque implica la incapacidad de la creatividad comunicativa o política para seducir al electorado con argumentos positivos (ideales, planes, programas) pero, al mismo tiempo, es un recurso probadamente útil para afectar la imagen de los contrincantes con narrativas basadas casi siempre en el descrédito, la mentira, la exageración fantástica, el escarnio o la caricaturización.

El límite de una campaña sucia es el pudor y la coherencia; pero existen otros tácticos de campaña cuyo límite es el riesgo que se acepta. En México se ha vuelto una odiosa costumbre aceptar el riesgo de violar la ley respecto a la residencia de sus candidatos; en muchas ocasiones –se ha comprobado– se utilizan documentos apócrifos para validar ciertos requisitos y no ocurre gran cosa. Cometer el ilícito es un riesgo bastante aceptable en comparación con los objetivos alcanzados por transgredir ese límite.

Hay límites vinculados a ilícitos graves, por ejemplo: al origen y destino de recursos económicos, a pactos de protección a poderes económicos o fácticos, a fraudes y mañas electorales, a la manipulación de bases de datos, corrupción de autoridades, compra o coacción de votos y un largo etcétera. Cada violación de uno de estos límites es un cálculo del riesgo que supone para sus ejecutores: multa, sanción, cárcel, etcétera. Aceptar el riesgo de estas sanciones dice mucho de los políticos en campaña; y que los actos queden impunes también refleja la debilidad institucional del Estado para imponer control en los procesos.

Hay, sin embargo, un límite cuyo riesgo para sus ejecutores es absoluto: el asesinato o intento de homicidio. Parece impensable, pero la historia nos demuestra que por lo menos un buen número de personas lo han considerado e intentado en casi todos los países, en casi todos los regímenes políticos y bajo las más diversas condiciones. El atentado de magnicidio ha sido recurrente, por ejemplo, en la democracia norteamericana contemporánea con una correspondencia casi comprensible a sus cíclicas masacres, perpetradas en un país fascinado por las armas de fuego y por el inmenso negocio que su accesible e indiscriminada venta supone.

El episodio en el que el candidato republicano y ex presidente norteamericano, Donald Trump, fue herido superficialmente en medio de un tiroteo pertenece a esta frontera de riesgo extrema. Sin caer en lecturas facilonas o conspirativas, es evidente que el episodio es el clímax de una serie de límites cuyo riesgo de vulnerar fueron calculados: desde el discurso de odio, la radicalización discursiva, la oposición a mayúsculos intereses globales, el integrismo excluyente pararreligioso y la discriminación sistémica; hasta el histórico patrocinio armamentista a los grupos políticos, la precariedad del círculo de seguridad, la debilidad física y mental de las cabezas visibles de dos proyectos políticos antagónicos, y un largo etcétera.

Limitándose a los hechos: el mitin, los disparos, los heridos, los muertos (el atacante y un espectador) y la oreja ensangrentada de Trump mientras alza el puño mientra exalta a los congregados podrían reflejar el más puro gesto del azar; pero sus efectos, esos no van a ser dejados a la suerte.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe

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Columna Invitada

Reforma judicial y equilibro de poderes

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Por Rafael Estrada Michel

Toda reforma que pretenda incidir en un mayor, eficiente y eficaz acceso a la Justicia debe ser bienvenida en un país en el que las mayorías tradicionalmente se han hallado excluidas de tan vital servicio público. Ahora bien, precisamente porque se trata de tutelar derechos fundamentales de quienes habitamos México es que debe cuidarse que las propuestas que ahora mismo se discuten no lesionen el entramado de una división de potestades que nos ha costado décadas instrumentar y poner en efectiva práctica más allá de pomposas proclamaciones normativas.

En referencia a quienes juzgan, el equilibro de poderes se debe traducir en independencia para seguir el criterio legal propio y para dictar las resoluciones que la conciencia del juez estime más apegadas a la imparcialidad y a la regularidad constitucional. Si una propuesta lastima esta posibilidad debe ser rechazada o reformulada. Someter a la Judicatura a la presión del escrutinio electoral y a la de mantener sus posiciones a través de sucesivas reelecciones suena bien, pero tal vez no sea una idea óptima. Los incentivos para que ministros, magistrados y jueces comiencen, como se dice coloquialmente, a torear para los tendidos, se hallarán perversamente alineados tan pronto como se les obligue a participar en elecciones populares. Ya lo vivimos en 1836 y 1857, sin más resultado que la sustitución de la voluntad del pueblo, imposible elector, por la del señor presidente Santa Anna, Bustamante, González o Díaz.

Quien realiza la difícil labor de juzgar debe tener claro que no tiene porqué agradar a nadie (mucho menos a quien lo propuso para el cargo) sino que su obligación es hallar la solución más justa al caso concreto en el marco de un orden, el constitucional, que se estima superior a veleidades partidistas, de intereses económicos o de fortalezas fácticas. Su labor es solitaria y frecuentemente incomprendida. No es, no es deseable que sea, un rock star.

Se pretende también, con la iniciativa que se discute, poner por encima del personal judiciario a un tribunal disciplinario encargado de sancionar a quienes, al juzgar, coloquen su conciencia y su saber por encima del difuso e inasible interés público. La cuestión es complicada y ha tratado de solucionarse desde hace siglos, sin que los órganos pesquisidores e intocables que se han puesto en funcionamiento hayan servido para algo más que para sentirse superiores a los Tribunales Superiores. Someter a las personas que juzgan a la obligación de aplicar exactamente las leyes generales y abstractas a los casos peculiares y concretos suena, de nuevo, bien, pero no sólo no es buena idea sino que resulta de imposible aplicación: aplicar la ley en sus términos literales se traduce casi siempre en renunciar a la Justicia y al Derecho.

El Derecho es complejidad, contexto e interpretación. No hay, en realidad, casos fáciles, y en los asuntos que se desenvuelven en los tribunales siempre hallamos más de una posición encontrada y discutible que requiere largas horas de estudio y reflexión. Hacer del juez la boca flaca, inerte y robótica de la voluntad legislativa resulta reduccionista y empobrecedor. Creer que su experiencia no importa a la hora de integrar el orden jurídico a base de resoluciones correctamente argumentadas implica negar uno de los capitales humanos más valiosos con los que contamos. Someter a quien juzga a pesquisas que partan de la sospecha de que sus pensamientos delinquen terminará por excluir a los audaces y someter a los cobardes. En ambos casos, la división de poderes quedará dañada, la imparcialidad judicial se tornará imposible y el acceso a la Justicia quedará como uno más de nuestros seculares anhelos inacabados.

Si se quiere pensar en ampliar la estrecha puerta por la que hoy por hoy transita la Justicia vayamos perfeccionando la carrera judicial -una de las pocas áreas de servicio civil que funciona en la República-, extendamos su benéfica influencia a fiscalías y defensorías públicas, estructuremos un modelo funcional de formación, capacitación y certificación de quienes operan el Derecho (incluyendo a juristas privados, peritos e investigadores policiales), profundicemos en las capacidades de control constitucional de nuestros altos tribunales lo mismo a nivel federal que local y, sobre todo, no permitamos regresiones decimonónicas como aquella que pretende volver a los efectos relativos de las sentencias de Amparo contra leyes, que sería tanto como volver a los aciagos tiempos en que sólo quien podía pagar los servicios de un carísimo amparista lograba verse beneficiado con la declaración de inconstitucionalidad que sobre una norma se sirviera dictar un juez (sí: un juez tutelar de derechos humanos).

Así como no hay razón para tolerar los excesos voluntaristas y politizados de una Judicatura mal formada e inexperta, tampoco se debe apostar por tornar a modelos de facultades exacerbadas para Legislaturas y Ejecutivos. En la sana y equilibrada división de poderes está la clave. Todo lo demás resultara en apacentarse con viento y, muy probablemente, en heredarlo.

Rafael Estrada Michel, Director general de Tiempo de Derechos

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Felipe Monroy

Para entender la excomunión y su gravedad

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En las últimas semanas se divulgó ampliamente la noticia de excomunión a un alto jerarca italiano y a un grupo de monjas conventuales en España. De manera simple, la excomunión se considera la pena más grave para un bautizado y consiste en apartarlo de la comunión de los fieles de la Iglesia Católica así como del acceso a los sacramentos; sin embargo, quizá no se dimensiona enteramente lo que esta pena impone a un creyente católico.

De hecho, no pocos feligreses –con más gentileza que comprensión de la gravedad de la excomunión– de inmediato declararon que comenzarían a rezar por las ex religiosas y el ex arzobispo cismáticos. Y aunque a nadie se le prohíbe rezar y pedir la intercesión divina por un excomulgado, justo lo que habrían perdido estas personas con su excomunión es tanto la dimensión mística de pertenencia como el vínculo de unión con la Iglesia. Así, sólo auspiciados por una misericordia divina incognoscible para los mortales, los excomulgados no pueden recibir las gracias, los favores, las intercesiones ni la salvación por parte de la Iglesia. No hasta que manifiesten su arrepentimiento, la declaración pública del credo, el acto de fe y la manifestación de obediencia al sucesor de Pedro (el Papa) y a los sucesores de los apóstoles (los obispos).

Así que, para entender la excomunión es necesario comprender en qué consiste la comunión y qué es lo que pierde un bautizado cuando es declarado excomulgado (o cuando entra en excomunión de forma automática por cometer pecados graves cuya absolución está reservada al Papa o a los obispos).

Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la comunión en la Iglesia está fundamentada en la unidad de los fieles en Cristo y con Cristo. Esta unidad se manifiesta de manera plena en la Eucaristía, el sacramento de la comunión por excelencia del que emana la unidad de toda la asamblea de creyentes (tanto de la Iglesia militante -los católicos que habitan la Tierra-, la Iglesia purgante -los fieles difuntos que purifican sus faltas en el purgatorio-, y la Iglesia triunfante -quienes están plenamente en presencia de Dios-). La comunión desde esta perspectiva habla de una relación vertical, con Dios y, al mismo tiempo, en una relación horizontal, que se verifica entre todos los miembros de la Iglesia.

Pero además, esa Iglesia vive y permanece en una comunión jerárquica donde forman parte fieles, clérigos y laicos; y en ese orden –presidido por el Papa y los obispos en comunión con él– se garantiza y mantiene la comunión. Esto último es importante porque la excomunión no sólo acontece cuando se explicita el rompimiento de los bautizados con Cristo sino también con los signos visibles de la comunión jerárquica de la Iglesia, que son el sumo pontífice y el cuerpo episcopal. Por eso Benedicto XVI no se cansó de mencionar que la comunión eclesial “es un don y una tarea”.

Entonces, ¿de qué se pierden los excomulgados? De entrada, si la comunión en la Iglesia refleja la unión con el Cuerpo Místico de Cristo, los excomulgados no pueden entrar en esa unión (salvo que les sea desatado tal impedimento), no pueden participar de ningún sacramento, especialmente la Eucaristía. También se deja de pertenecer a la comunión eclesial sin poder participar ni recibir los dones particulares de sus miembros; el excomulgado además pierde temporalmente su “sitio” en la histórica peregrinación de la Iglesia terrenal hacia la Gloria. En concreto, los efectos de la excomunión son la pérdida de los sacramentos, de los servicios públicos y oraciones de la Iglesia, el entierro eclesiástico, la jurisdicción, los beneficios, derechos canónicos e interacción social para el excomulgado.

Perder la pertenencia a dicha unidad es una forma de entender la excomunión y aquel que recibe esta pena –ya sea por vía de un juicio canónico o por realizar actos conscientes, premeditados o consuetudinarios contra los principios de esa unidad– debería, en principio, hacer lo posible por recuperarla. El auténtico creyente tendría necesidad de recuperar su lugar en esa unidad; de hecho, en el pasado, a los fieles católicos se les conminaba a no entrar en diálogo, contacto o convivencia con los excomulgados ni en temas religiosos ni en la vida cotidiana o asuntos profanos.

Ahora bien, ¿hay excomuniones injustas? La respuesta es simple: sí. Decía un pontífice que mientras “algunas personas pueden estar libres a los ojos de Dios, permanecen atadas a los ojos de la Iglesia; y viceversa: algunos pueden ser libres a los ojos de la Iglesia pero atados a los ojos de Dios. El juicio de Dios –explicaba– se basa en la verdad en sí misma; el juicio de la Iglesia se basa en argumentos y presunciones que, en ocasiones, son erróneos”. Y, sin embargo, el camino tanto para el excomulgado justamente como aquel inocente excomulgado, en el fondo es el mismo: Está obligado a obedecer la autoridad legítima y a comportarse con humildad, como quien está bajo la proclama de excomunión hasta que se rehabilite o resuelva.

El inocente quizá no ha perdido la comunión interna con la Iglesia y Dios le puede conceder toda la ayuda espiritual necesaria; pero su deseo de ser signo visible de unidad, le urgiría a recorrer el mismo camino de penitencia y humildad que uno culpable, de lo contrario, de no querer buscar solución o desde la vanidad de sus certezas, la excomunión sería el menor de sus problemas.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe

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Columna Invitada

Participación ciudadana

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Por Antonio Maza Pereda

El ciudadano cumplidor e interesado en la política, se limita a votar, pagar sus impuestos, y exigir que nos cumplan. En pocos casos, proponer. Está bien, pero falta algo más. Es raro encontrar quien construya modos de participar en el gobierno, desde la ciudadanía, lo cual es nuestro deber. Deberíamos generar soluciones y crear organizaciones que las lleven a cabo.

Esta responsabilidad no está limitada a algunos temas, a los que la clase política nos quiere restringir, por ejemplo, como el trabajo o la economía. Debemos participar en otros asuntos. La democracia participativa pide que nos organicemos y construyamos organismos intermedios que puedan aportar en todos los niveles, desde los más sencillos, de municipio o de barrio, hasta organizaciones de alcance mundial.

¿Cómo tener este tipo de participación? Algunos ejemplos: crear consejos ciudadanos para proyectos específicos, organizar la exigencia de la comunidad, participar en parlamentos abiertos, donde se escuchen otras voces, no únicamente las de la clase política. También: presupuestos participativos, donde se propongan recursos de acuerdo a las necesidades de la comunidad, así como consultas ciudadanas.

Son solamente algunos ejemplos. Algo así se ha intentado en nuestro país, pero no tienen credibilidad, sobre todo en el caso de las consultas ciudadanas, donde vimos que los partidos políticos se hacían cargo de ellas y los resultados fueron, por supuesto, a la medida de sus deseos. Estas consultas, que podría estar desarrollando la ciudadanía, son muy necesarias.

Hemos perdido el interés, no creemos en la posibilidad de una participación que no sea manipulada. Aquí tenemos una actividad para el ciudadano, más allá de los mínimos que nos señalan las leyes.

¿Cómo convencer al ciudadano de participar más? ¿Cuáles temas son prioritarios para esa participación? ¿En dónde se puede limitar la participación de la clase política?

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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