México. — Con mil 986 agresiones y 41 asesinatos a periodistas, el Gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, es el más violento para la prensa, pero también el que más ha recurrido al uso excesivo de publicidad oficial, resaltó Artículo 19.
De acuerdo con el reporte “Democracia simulada, nada que aplaudir” de la ONG Artículo 19, sobresale el volumen de publicidad oficial que se ejerce desde el Gobierno federal y los distintos ejecutivos estatales, condicionando el tipo de información que llega al gran público, incluso en un periodo electoral como el de 2018, cuando serán elegidos los ocupantes de más de 3.400 cargos públicos, incluido el de presidente.
De acuerdo con cifras oficiales recogidas por la ONG, la actual administración gastó más de 40,000 millones de pesos en publicidad oficial y 56% se concentró en 20 medios, mientras que el porcentaje restante se dividió en 3,100 medios.
El medio con la mayor concentración es Televisa, con el 16.45% del gasto; le sigue Estudios Azteca con 9.7% y Starcom Worldwide con 3.2%, según señala el reporte.
Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica destacó que los actores gubernamentales utilizan el dinero público en la contienda electoral.
“La publicidad gubernamental es hoy, ante todo, una herramienta proselitista que desde la Secretaría de Gobernación controla campañas para crear perfiles aceptables para la ciudadanía votante”, advirtió Ruelas durante la presentación del informe.
Aseguró que una forma de violencia constante y casi invisible contra la prensa es la publicidad oficial que el gobierno utiliza como mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales.
Artículo 19 alertó que los recursos son utilizados indiscriminadamente, pues el gasto en publicidad gubernamental siempre excede el presupuesto asignado; así, de 2007 a 2012, 65.9% de estos recursos se gastó sin haberse presupuestado.
Con EPN repunta violencia contra periodistas
El Gobierno de Peña Nieto, además de ser el sexenio más violento para la prensa, se suma la pérdida de libertad de expresión, la impunidad sobre los crímenes y la censura, resaltó el informe.
“Era importante hacer un recuento de los cinco años de gobierno de Enrique Peña Nieto y ver cómo las libertades democráticas y de información, asociación y reunión se han ido coartando cada vez más”, dijo Ana Cristina Ruelas.
De acuerdo con el reporte, durante el mandato de Vicente Fox (2000-2006) se produjeron 22 asesinatos y cinco desapariciones. En la etapa de Felipe Calderón en la Presidencia (2006-2012) hubo 48 asesinatos y 15 desapariciones.
Mientras que en el actual mandato, iniciado en 2012 y que culmina en diciembre, la cifra de comunicadores muertos por su labor se sitúa ya en 41 y 4 desaparecidos.
El año pasado murieron 12 comunicadores y hubo una desaparición forzada, situación comparable a países en guerra como Siria, destacó la organización.
Además, se produjeron 1.986 agresiones en los últimos cinco años, y solo 8 % fueron presuntamente cometidas por el crimen organizado. En cambio, 48 % de los ataques se atribuyen a funcionarios públicos.
“En ningún año de los documentados, las agresiones por funcionarios públicos han sido rebasadas por las de algún otro grupo, sujeto o tipo de perpetrador”, dice el estudio.
Artículo 19 advirtió también de la participación de funcionarios públicos en los asesinatos. Si bien al inicio de sexenio 75 % de los homicidios contra periodistas eran cometidos por presuntos miembros del crimen organizado, hoy la tasa se reduce a 21,9 %.
Actualmente, 19,5 % de los asesinatos fueron presuntamente cometidos por funcionarios públicos, y el resto por actores particulares o se desconoce al autor.
“El mayor agresor contra la prensa, contrario a lo que dice el Estado, es el propio Estado”, señaló Ruelas, y subrayó que el mandato de Peña Nieto ya es “histórico” en materia de agresiones a la prensa.
Además, el número de ataques a la prensa ha crecido cada año durante su gobierno, de 330 en 2013 a 507 en 2017, y la impunidad en los crímenes contra la prensa es de 99,6 %.
“No existe ninguna consecuencia para ningún perpetrador para dejar de agredir a un periodista; ello prueba que para el Estado es rentable seguir agrediendo a periodistas”, destacó la representante de Artículo 19, acompañada en la presentación por Thomas Hughes, director de Artículo 19 Internacional.
A este fúnebre diagnóstico -que coincide con el mayor número de homicidios en 20 años en el país, 25.339 en 2017- se suman otras realidades que impactan en la libertad de expresión.
A esto se suma la incapacidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos a la Libertad de Expresión. Al respecto, Ruelas opinó que las investigaciones de esta fiscalía son una “simulación” porque rara vez llevan a la captura del autor material e intelectual de las agresiones.
Asimismo, no se ha podido garantizar la seguridad de los periodistas, pese a la creación de una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la consiguiente creación del mecanismo federal, concluyó el estudio.
En la presentación participó también Patricia Espinosa, hermana del fotógrafo Rubén Espinosa, asesinado en 2015 en Ciudad de México junto a la activista Nadia Vera y otras tres mujeres.
En un emotivo discurso, Espinosa instó a las autoridades a investigar los hechos hasta llegar a los culpables y acusó a los organismos públicos de “revictimizar” a los familiares porque “los ignoran” e incluso llegan a tratarlos mal.
“Callan al mensaje y al mensajero, reprimen la verdad y hacen saber a otros periodistas la suerte que correrán si se les ocurre seguir informando y ejerciendo libertad de expresión”, denunció. Efe/informe Artículo19.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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