Ciudad de México.— La esperanza de vida en México se encuentra en una encrucijada, marcada por profundas desigualdades y desafíos de salud pública. Con disparidades regionales y de género, junto a un sistema de salud que aún lucha por atender enfermedades crónicas y el creciente envejecimiento de la población.

La baja esperanza de vida en México es un reflejo de un sistema de salud que, a pesar de algunos avances requiere mejoras sustanciales en varios frentes. La inversión insuficiente en salud, la limitada cobertura de servicios médicos y los altos índices de sobrepeso y obesidad son factores que siguen afectando la calidad de vida de los mexicanos.

La atención médica, las políticas de salud pública y la adopción de estilos de vida más saludables serán factores clave en determinar si el futuro permitirá a más mexicanos vivir más y vivir mejor.

Actualmente, más de 12.3 millones de personas en México tienen 60 años o más, una cifra que seguirá creciendo en las próximas décadas. Este fenómeno plantea retos importantes, como la necesidad de crear un sistema integral de cuidados para las personas mayores, que no garantice una mayor longevidad y asegure una vida digna y saludable en los años de vejez.

La esperanza de vida es uno de los indicadores para medir el desarrollo de un país, refleja el estado de salud de la población, las condiciones sociales y económicas que inciden en la calidad de vida.

En 1930, la esperanza de vida en México era de apenas 34 años, cifra que refleja las limitaciones en salud pública, el alto índice de mortalidad infantil y las condiciones de pobreza que prevalecían en gran parte del país. No obstante, con el avance en el acceso a servicios sanitarios y la reducción progresiva de enfermedades infecciosas, la esperanza de vida aumentó significativamente.

Para 1970, este indicador se elevó a 61 años, y a partir del año 2000 alcanzó los 74 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En 2022, la esperanza de vida en México se estimó en 75 años. Sin embargo, este avance ha sido desigual y afectado por diversos factores, especialmente la pandemia de Covid-19, que provocó un retroceso en este indicador. La alta mortalidad que acompañó a la pandemia en 2020 redujo la expectativa de vida en todo el mundo, y México no fue la excepción.

A pesar de ello, los datos de 2024 sugieren una recuperación leve, situando la esperanza de vida en 75.5 años.

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Disparidades de género y regiones

La esperanza de vida en México varía notablemente según el género. Las mujeres, históricamente, han tenido una mayor esperanza de vida que los hombres. En 2023, mientras que las mujeres pueden esperar vivir hasta los 78 años en promedio, los hombres tienen una expectativa de vida más baja, de 72.3 años. Esta diferencia se debe, en gran parte, a las tasas más altas de mortalidad entre la población masculina, asociadas a factores como los estilos de vida más riesgosos, mayores índices de enfermedades crónicas y una mayor exposición a la violencia.

Por otro lado, las disparidades regionales también son significativas. En estados más desarrollados, como Ciudad de México y Nuevo León, la esperanza de vida ronda los 77 años, mientras que en regiones más pobres, como Guerrero y Chiapas, el promedio es de alrededor de 74 años.

Factores que influyen en la esperanza de vida

Diversos factores inciden en la esperanza de vida en México. Entre los principales se encuentran las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la obesidad, que afectan gravemente la salud de la población.

Otro factor que influye es el acceso desigual a los servicios de salud. Las zonas urbanas, por lo general, ofrecen mejores condiciones de atención médica que las áreas rurales, donde la falta de infraestructura y recursos médicos representa un obstáculo considerable.

Además, la pobreza y la educación juegan un papel crucial en la calidad de vida de la población, limitando las oportunidades de acceso a una atención sanitaria adecuada en las comunidades más marginadas.

Preocupación internacional

La esperanza de vida en México refleja una realidad preocupante: con 75 años, el país está por debajo del promedio de 81 años en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esta brecha de seis años evidencia desafíos significativos en el acceso a servicios de salud de calidad, la prevención de enfermedades y las inequidades en las condiciones de vida.

De acuerdo con un informe de la OCDE, sólo el 72% de la población mexicana es elegible para acceder a los servicios de salud, muy lejos del promedio del 97.9% en la organización.

Este dato resalta las deficiencias en la cobertura sanitaria, un factor clave para mejorar la calidad de vida en México. Aunque el 57% de los ciudadanos manifiesta estar satisfecho con la atención médica, esta cifra se encuentra diez puntos por debajo del promedio de los países de la OCDE, que es del 67%.

Aspectos positivos y negativos en el sistema de salud

A pesar de los retos que enfrenta el sistema de salud mexicano, el informe destaca algunos logros. México tiene niveles más bajos de tabaquismo y consumo de alcohol que el promedio de la OCDE, con una prevalencia de tabaquismo 8.6% menor y un consumo de alcohol per cápita de 5.1 litros, frente a los 8.6 litros de promedio en los demás países del organismo. Asimismo, el país cuenta con una cobertura de vacunación contra la influenza en adultos mayores de 65 años considerada adecuada.

Sin embargo, otros indicadores sanitarios en México están por debajo del promedio internacional. Uno de los más alarmantes es la tasa de sobrepeso y obesidad, que afecta al 36% de la población, frente al 25.7% en los países de la OCDE. Este problema de salud pública está estrechamente relacionado con enfermedades crónicas que impactan en la calidad de vida y reducen la esperanza de vida.

En cuanto a la vacunación infantil, México también se queda corto, con un nivel de cobertura del 83.4%, muy por debajo del 93.5% del promedio de la OCDE. En relación con la mortalidad materna, el país registra 59.1 muertes por cada 100,000 nacimientos, en comparación con el promedio de 10.9 de los países miembros de la organización.

Gastos e infraestructura sanitaria

El informe de la OCDE también resalta las carencias en el gasto sanitario y la infraestructura médica en México. El gasto de bolsillo en salud, que es el porcentaje del dinero que los ciudadanos destinan directamente a pagar por servicios médicos, es alarmante: 41.4% en comparación con el promedio del 18.4% en la OCDE. Esto indica que una gran parte de la población debe recurrir a sus propios recursos para acceder a servicios médicos, lo que limita el acceso a atención oportuna y de calidad.

Además, la inversión en salud en México representa sólo el 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 9.2% del promedio de los países de la OCDE. Este bajo nivel de inversión se refleja en un gasto per cápita de 1,811 dólares anuales, muy lejos de los 4,986 dólares del promedio en la organización.

A estas limitaciones se suma la escasez de personal médico e infraestructura. En México, hay 2.5 doctores y 2.9 enfermeras por cada mil habitantes, cuando el promedio en la OCDE es de 3.7 doctores y 9.2 enfermeras. En cuanto a camas hospitalarias, el país cuenta con una cama por cada mil habitantes, frente al promedio de 4.3 camas en los países de la OCDE.

Estudios recientes

México no está exento de esta tendencia global de aumento en la esperanza de vida. En la actualidad, el promedio de vida para los mexicanos es de 75 años, con una ligera diferencia entre hombres (72 años) y mujeres (78 años). A pesar de estos avances, el crecimiento en la longevidad ha comenzado a desacelerarse en varias regiones del mundo, incluyendo México, tal como lo indican recientes estudios científicos.

Desaceleración

Una investigación publicada en la revista Nature Aging sugiere que el aumento drástico en la esperanza de vida que se experimentó durante el siglo XX ha comenzado a frenarse. Los científicos analizaron datos de mortalidad de regiones con las expectativas de vida más altas, incluyendo Japón, Francia, y Hong Kong, y reportaron que en los últimos 30 años los avances han sido mucho más modestos. En contraste con los aumentos de tres años por década que se registraron en el siglo pasado, el crecimiento se ha reducido a menos de 0,2 años anuales en muchas partes del mundo.

México, como otros países, enfrenta este mismo fenómeno. Las principales causas de muerte en el país, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, siguen siendo un reto considerable para las autoridades sanitarias. Además, el impacto de factores como el acceso desigual a servicios médicos de calidad y estilos de vida poco saludables ha afectado la capacidad de continuar mejorando la longevidad de manera significativa.

Cien años de vida

La discusión sobre la posibilidad de que la mayoría de los recién nacidos actuales vivan hasta los 100 años se ha intensificado en los últimos años. Algunos estudios optimistas sugieren que podría ser factible, pero la mayoría de los científicos, como el investigador Jay Olshansky, creen que el hito de la longevidad masiva aún está fuera de nuestro alcance.

Según sus hallazgos, es improbable que más del 15% de las mujeres y el 5% de los hombres lleguen a los 100 años en este siglo, a menos que se desarrollen terapias que logren retrasar el envejecimiento humano de manera significativa.

En México, la probabilidad de alcanzar los 100 años sigue siendo baja, con menos de un 1% de la población llegando a esa edad. Los factores de riesgo como la obesidad, la mala alimentación y el sedentarismo, junto con las disparidades en el acceso a la atención médica, continúan siendo barreras importantes para una mayor longevidad.

Longevidad y calidad de vida

Aunque los avances médicos han permitido alargar la vida, la calidad de vida en los años adicionales sigue siendo una preocupación clave. La esperanza de vida saludable, es decir, los años que una persona puede vivir sin discapacidad o enfermedad crónica, no ha aumentado al mismo ritmo que la esperanza de vida general. En México, muchos de los años adicionales de vida están marcados por enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, lo que plantea la pregunta de si vivir más años necesariamente equivale a vivir mejor.

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Ciudad de México.— El Comité de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños dio a conocer que en México cada día 14 niños desaparecen, lo que se traduce en una desaparición cada dos horas.

Así lo reveló Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora de los senadores del Partido del Trabajo, al señalar que actualmente en el país hay 17 mil 788 niños, niñas y adolescentes desaparecidos en el país, con edades comprendidas entre cero y diecisiete años.

De esta cifra, dijo, el 55% son niñas, y el porcentaje más alto de desapariciones se registra en el grupo de edad de 12 a 17 años, alcanzando el 74%.

Estados

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, los estados donde se han reportado más niñas, niños y adolescentes desaparecidos son el Estado de México con 3 mil 740 casos; Tamaulipas con mil 704 casos y Jalisco con mil 231 casos.

En estas tres entidades se concentra 40.8% de las desapariciones de personas de 0 a 17 años, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hasta el 11 de abril de 2022.

Protocolos

La legisladora por Zacatecas recordó el Estado mexicano cuenta con herramientas para atender la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, como lo son las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, así como nuevos instrumentos y normativas como la Alerta Amber y el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, que provienen de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Además, del Protocolo Alba, la Alerta migratoria y la Alerta amarilla de Interpol.

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Enfatizó que los datos revelados por la ONU deben ser una alerta para cambiar la situación que se atraviesa en el país.

“Es fundamental que la integridad de las niñas y niños sea respetada y garantizada. Es en la mirada de las niñas, niños y adolescentes donde se vislumbra el futuro de nuestro país”.

Causas

Geovanna Bañuelos resaltó que las causas de la desaparición de niñas y niños son múltiples y complejas, además, varían según el contexto. Entre los factores más comunes se encuentran los conflictos armados, la violencia organizada, la trata de personas, la pobreza, la desigualdad y la impunidad.

En muchos casos, la desaparición forma parte de un patrón más amplio de violencia y discriminación hacia ciertos grupos sociales.

Consecuencias

“Las consecuencias de la desaparición son devastadoras tanto para las víctimas directas como para sus familias. Las niñas y niños desaparecidos sufren un trauma psicológico profundo que puede tener efectos a largo plazo en su salud mental y en su pleno desarrollo”, finalizó.

Carpetas de investigación

Para atender el problema de desaparición de niñas y niños por el que atraviesa actualmente México, legisladores del Partido del Trabajo urgieron a la Fiscalía General de la República, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a dar celeridad a las carpetas de investigación de secuestro de niñas, niños y adolescentes a fin de salvaguardar su integridad y rescatarlos.

Así como deslindar responsabilidad y castigar a los responsables, y garantizar atención integral a las víctimas indirectas de este delito.

Escuelas y protección de infancias

Asimismo, mediante un punto de acuerdo, las legisladoras solicitan además a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en coordinación con la Secretaría de Educación Pública implementen un programa de concientización a los miembros de la comunidad educativa en centros escolares sobre las medidas de prevención y seguridad para proteger a las infancias de delitos vinculados a la desaparición forzada.

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Ciudad de México.— La plataforma ciudadana Actívate y organizaciones de la sociedad civil entregó más de 12 mil firmas en 17 congresos estatales con el propósito de subrayar que no existe un derecho humano al aborto y exigir la protección legislativa del ser humano en gestación. Asimismo, solicitaron la implementación de políticas públicas que apoyen y protejan a la maternidad.

Los congresos de los estados que recibieron estas firmas son: Aguascalientes, Campeche, San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Nayarit, Chihuahua, Quintana Roo, Baja California, Michoacán y Zacatecas.

En ese sentido, Actívate destacó que México ya contempla medidas para defender tanto a las mujeres embarazadas como a los seres humanos en gestación. Por ello, criticaron la conmemoración del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro del pasado 28 de septiembre, al considerar que este evento es utilizado para presionar a los legisladores a legalizar el aborto, lo que describieron como “la muerte de bebés inocentes”.

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Además, la plataforma calificó como “criminal” la aprobación del aborto en diversos estados del país, al igual que el respaldo otorgado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Actívate subrayó que, la Ley General de Salud, en sus artículos 103 bis, 103 bis 1 y 103 bis 2, el genoma humano se reconoce como patrimonio de la humanidad desde la fecundación.

Finalmente, ante las recientes declaraciones de la CNDH, exigieron que el organismo rectifique su postura en favor del aborto, la cual, según los activistas, implica homicidio, tortura y desaparición de seres humanos.

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Ciudad de México.— El debate sobre la pena de muerte es uno de los temas más candentes en el ámbito de los derechos humanos que involucra principios como la dignidad humana y los derechos humanos fundamentales.

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte, una jornada dedicada a reforzar el llamado global por la abolición de esta práctica. El objetivo es generar conciencia política y social en torno a la lucha contra la pena capital.

Seguridad

Expertos coinciden en que el concepto de seguridad, a menudo entendido como la ausencia de peligro, se ha utilizado históricamente como una herramienta política. La noción de seguridad varía dependiendo de las dinámicas de poder, discriminación e inequidad que moldean quiénes son vistos como amenazas y quiénes deben ser protegidos. En muchos casos, este argumento abre la puerta a abusos, especialmente cuando se aplica a delitos relacionados con la seguridad.

En contextos judiciales, el uso del “argumento de la seguridad” tiende a politizar procesos que deberían mantenerse imparciales.

Ineficacia de la Pena de Muerte

Contrario a la creencia popular, explican especialistas, la pena de muerte no ha demostrado ser una herramienta efectiva para reducir la criminalidad ni proteger a la sociedad. Insisten en que esta práctica vulnera la dignidad humana y afecta desproporcionadamente a los grupos más marginados. Para abordar la delincuencia de manera integral, explican, se debe priorizar un enfoque de seguridad humana, centrado en atacar las causas profundas de la violencia y promover soluciones sostenibles a largo plazo.

Inseguridad y Pena de Muerte en México

En México, la pena de muerte fue abolida oficialmente en 2005, eliminándose de la Constitución y del código militar. No obstante, en épocas recientes, la propuesta de reinstaurarla resurgió, impulsada por el creciente descontento social ante la violencia y la inseguridad. Un ejemplo de esto fue la iniciativa presentada en 2009 por el Partido Verde Ecologista, en respuesta a la creciente criminalidad en el país.

Derecho a la vida

Organizaciones trabajan junto a los Estados para implementar moratorias globales y promover el respeto por la vida y la dignidad humana; además sugieren que un mundo sin pena capital es posible.

Volker Türk, Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aseguro que la pena capital difícilmente puede considerarse compatible con los derechos humanos más básicos, como el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Türk subrayó que “el uso de la pena de muerte contra cualquier ser humano es un hecho indignante”. Para el alto funcionario, este castigo pierde todo sentido cuando se aplica a personas que, en muchos casos, ni siquiera han cometido el crimen del que son acusadas.

La imperfección de las instituciones humanas genera errores trágicos, que en más de una ocasión han resultado en la ejecución de inocentes, alertó.

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Ineficacia como disuasión del crimen

A pesar de los argumentos en favor de la pena de muerte como medida disuasoria contra el crimen, no existe evidencia concluyente que apoye esta afirmación. Türk insistió en que las investigaciones realizadas por Derechos Humanos de las Naciones Unidas no han encontrado pruebas de que esta práctica sea efectiva para reducir la delincuencia.

“Las pruebas demuestran sólidamente que la pena de muerte tiene poco o ningún efecto a la hora de disuadir o reducir el índice de delitos que se cometen”, aseguró.

Diversos estudios han mostrado que las naciones que han abolido la pena de muerte no han registrado un incremento en el número de homicidios. De hecho, en algunos casos, la tasa de asesinatos ha disminuido. Estos datos refuerzan la idea de que la pena capital no solo es ineficaz, sino que también perpetúa un ciclo de violencia institucionalizada.
Pena de muerte y tortura: una conexión inquietante

La pena de muerte implica la extinción de la vida y está estrechamente vinculada al sufrimiento físico y psicológico.

Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas dijo que la pena de muerte inflige dolor severo desde la condena hasta la ejecución. Esto, indicó, es incompatible con las obligaciones internacionales de los Estados de abstenerse de cometer actos de tortura o malos tratos.

Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtió que esta práctica, aún no probada como eficaz, “podría constituir tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante conforme a la normativa internacional”.

Ante este panorama, Ravina Shamdasani, portavoz de Derechos Humanos de la ONU, instó a los Estados a aplicar una moratoria sobre la pena de muerte como primer paso hacia su abolición universal.

Aumento de las ejecuciones y preocupación internacional

En su informe anual de 2024, Amnistía Internacional expuso un aumento de ejecuciones a nivel global. Según los datos recopilados, el número de personas ejecutadas en 2023 fue el más alto en casi una década, destacándose la responsabilidad de un reducido grupo de países en la mayoría de los casos. Los datos de Amnistía muestran que 1,153 ejecuciones se llevaron a cabo en 2023, un incremento del 31% respecto al año anterior.

Este aumento se debió en gran medida al incremento de ejecuciones por delitos de drogas, especialmente en Irán, que fue responsable del 74% de todas las ejecuciones registradas en la región. Aunque el derecho internacional limita la pena de muerte a los “delitos más graves” —interpretado como homicidios intencionales— cinco países, incluidos Arabia Saudí, China e Irán, continuaron aplicando la pena capital por delitos relacionados con drogas.

Abolición de la Pena de Muerte

A pesar del sombrío panorama en algunos países, los avances hacia la abolición de la pena de muerte siguen en marcha. A 31 de diciembre de 2023, cerca de tres cuartas partes de los países del mundo ya habían abolido la pena capital en su legislación o en la práctica. En 2024, varios países dieron pasos importantes en esta dirección. Entre ellos, Malasia derogó la pena de muerte preceptiva para todos los delitos, mientras que Pakistán abolió la pena de muerte para delitos relacionados con drogas. En África, el Parlamento de Ghana votó en favor de proyectos de ley que eliminan la pena de muerte de su marco legal, mientras que en Kenia y Zimbabue se presentaron propuestas similares.

A nivel global, en 2023 se concedieron al menos 1,026 conmutaciones y 83 indultos, y se registraron cinco exoneraciones.

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