Ciudad de México.— El Comité de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños dio a conocer que en México cada día 14 niños desaparecen, lo que se traduce en una desaparición cada dos horas.

Así lo reveló Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora de los senadores del Partido del Trabajo, al señalar que actualmente en el país hay 17 mil 788 niños, niñas y adolescentes desaparecidos en el país, con edades comprendidas entre cero y diecisiete años.

De esta cifra, dijo, el 55% son niñas, y el porcentaje más alto de desapariciones se registra en el grupo de edad de 12 a 17 años, alcanzando el 74%.

Estados

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, los estados donde se han reportado más niñas, niños y adolescentes desaparecidos son el Estado de México con 3 mil 740 casos; Tamaulipas con mil 704 casos y Jalisco con mil 231 casos.

En estas tres entidades se concentra 40.8% de las desapariciones de personas de 0 a 17 años, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hasta el 11 de abril de 2022.

Protocolos

La legisladora por Zacatecas recordó el Estado mexicano cuenta con herramientas para atender la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, como lo son las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, así como nuevos instrumentos y normativas como la Alerta Amber y el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, que provienen de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Además, del Protocolo Alba, la Alerta migratoria y la Alerta amarilla de Interpol.

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Enfatizó que los datos revelados por la ONU deben ser una alerta para cambiar la situación que se atraviesa en el país.

“Es fundamental que la integridad de las niñas y niños sea respetada y garantizada. Es en la mirada de las niñas, niños y adolescentes donde se vislumbra el futuro de nuestro país”.

Causas

Geovanna Bañuelos resaltó que las causas de la desaparición de niñas y niños son múltiples y complejas, además, varían según el contexto. Entre los factores más comunes se encuentran los conflictos armados, la violencia organizada, la trata de personas, la pobreza, la desigualdad y la impunidad.

En muchos casos, la desaparición forma parte de un patrón más amplio de violencia y discriminación hacia ciertos grupos sociales.

Consecuencias

“Las consecuencias de la desaparición son devastadoras tanto para las víctimas directas como para sus familias. Las niñas y niños desaparecidos sufren un trauma psicológico profundo que puede tener efectos a largo plazo en su salud mental y en su pleno desarrollo”, finalizó.

Carpetas de investigación

Para atender el problema de desaparición de niñas y niños por el que atraviesa actualmente México, legisladores del Partido del Trabajo urgieron a la Fiscalía General de la República, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a dar celeridad a las carpetas de investigación de secuestro de niñas, niños y adolescentes a fin de salvaguardar su integridad y rescatarlos.

Así como deslindar responsabilidad y castigar a los responsables, y garantizar atención integral a las víctimas indirectas de este delito.

Escuelas y protección de infancias

Asimismo, mediante un punto de acuerdo, las legisladoras solicitan además a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en coordinación con la Secretaría de Educación Pública implementen un programa de concientización a los miembros de la comunidad educativa en centros escolares sobre las medidas de prevención y seguridad para proteger a las infancias de delitos vinculados a la desaparición forzada.

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Ciudad de México.— La plataforma ciudadana Actívate y organizaciones de la sociedad civil entregó más de 12 mil firmas en 17 congresos estatales con el propósito de subrayar que no existe un derecho humano al aborto y exigir la protección legislativa del ser humano en gestación. Asimismo, solicitaron la implementación de políticas públicas que apoyen y protejan a la maternidad.

Los congresos de los estados que recibieron estas firmas son: Aguascalientes, Campeche, San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Nayarit, Chihuahua, Quintana Roo, Baja California, Michoacán y Zacatecas.

En ese sentido, Actívate destacó que México ya contempla medidas para defender tanto a las mujeres embarazadas como a los seres humanos en gestación. Por ello, criticaron la conmemoración del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro del pasado 28 de septiembre, al considerar que este evento es utilizado para presionar a los legisladores a legalizar el aborto, lo que describieron como “la muerte de bebés inocentes”.

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Además, la plataforma calificó como “criminal” la aprobación del aborto en diversos estados del país, al igual que el respaldo otorgado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Actívate subrayó que, la Ley General de Salud, en sus artículos 103 bis, 103 bis 1 y 103 bis 2, el genoma humano se reconoce como patrimonio de la humanidad desde la fecundación.

Finalmente, ante las recientes declaraciones de la CNDH, exigieron que el organismo rectifique su postura en favor del aborto, la cual, según los activistas, implica homicidio, tortura y desaparición de seres humanos.

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Ciudad de México.— El debate sobre la pena de muerte es uno de los temas más candentes en el ámbito de los derechos humanos que involucra principios como la dignidad humana y los derechos humanos fundamentales.

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte, una jornada dedicada a reforzar el llamado global por la abolición de esta práctica. El objetivo es generar conciencia política y social en torno a la lucha contra la pena capital.

Seguridad

Expertos coinciden en que el concepto de seguridad, a menudo entendido como la ausencia de peligro, se ha utilizado históricamente como una herramienta política. La noción de seguridad varía dependiendo de las dinámicas de poder, discriminación e inequidad que moldean quiénes son vistos como amenazas y quiénes deben ser protegidos. En muchos casos, este argumento abre la puerta a abusos, especialmente cuando se aplica a delitos relacionados con la seguridad.

En contextos judiciales, el uso del “argumento de la seguridad” tiende a politizar procesos que deberían mantenerse imparciales.

Ineficacia de la Pena de Muerte

Contrario a la creencia popular, explican especialistas, la pena de muerte no ha demostrado ser una herramienta efectiva para reducir la criminalidad ni proteger a la sociedad. Insisten en que esta práctica vulnera la dignidad humana y afecta desproporcionadamente a los grupos más marginados. Para abordar la delincuencia de manera integral, explican, se debe priorizar un enfoque de seguridad humana, centrado en atacar las causas profundas de la violencia y promover soluciones sostenibles a largo plazo.

Inseguridad y Pena de Muerte en México

En México, la pena de muerte fue abolida oficialmente en 2005, eliminándose de la Constitución y del código militar. No obstante, en épocas recientes, la propuesta de reinstaurarla resurgió, impulsada por el creciente descontento social ante la violencia y la inseguridad. Un ejemplo de esto fue la iniciativa presentada en 2009 por el Partido Verde Ecologista, en respuesta a la creciente criminalidad en el país.

Derecho a la vida

Organizaciones trabajan junto a los Estados para implementar moratorias globales y promover el respeto por la vida y la dignidad humana; además sugieren que un mundo sin pena capital es posible.

Volker Türk, Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aseguro que la pena capital difícilmente puede considerarse compatible con los derechos humanos más básicos, como el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Türk subrayó que “el uso de la pena de muerte contra cualquier ser humano es un hecho indignante”. Para el alto funcionario, este castigo pierde todo sentido cuando se aplica a personas que, en muchos casos, ni siquiera han cometido el crimen del que son acusadas.

La imperfección de las instituciones humanas genera errores trágicos, que en más de una ocasión han resultado en la ejecución de inocentes, alertó.

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Ineficacia como disuasión del crimen

A pesar de los argumentos en favor de la pena de muerte como medida disuasoria contra el crimen, no existe evidencia concluyente que apoye esta afirmación. Türk insistió en que las investigaciones realizadas por Derechos Humanos de las Naciones Unidas no han encontrado pruebas de que esta práctica sea efectiva para reducir la delincuencia.

“Las pruebas demuestran sólidamente que la pena de muerte tiene poco o ningún efecto a la hora de disuadir o reducir el índice de delitos que se cometen”, aseguró.

Diversos estudios han mostrado que las naciones que han abolido la pena de muerte no han registrado un incremento en el número de homicidios. De hecho, en algunos casos, la tasa de asesinatos ha disminuido. Estos datos refuerzan la idea de que la pena capital no solo es ineficaz, sino que también perpetúa un ciclo de violencia institucionalizada.
Pena de muerte y tortura: una conexión inquietante

La pena de muerte implica la extinción de la vida y está estrechamente vinculada al sufrimiento físico y psicológico.

Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas dijo que la pena de muerte inflige dolor severo desde la condena hasta la ejecución. Esto, indicó, es incompatible con las obligaciones internacionales de los Estados de abstenerse de cometer actos de tortura o malos tratos.

Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtió que esta práctica, aún no probada como eficaz, “podría constituir tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante conforme a la normativa internacional”.

Ante este panorama, Ravina Shamdasani, portavoz de Derechos Humanos de la ONU, instó a los Estados a aplicar una moratoria sobre la pena de muerte como primer paso hacia su abolición universal.

Aumento de las ejecuciones y preocupación internacional

En su informe anual de 2024, Amnistía Internacional expuso un aumento de ejecuciones a nivel global. Según los datos recopilados, el número de personas ejecutadas en 2023 fue el más alto en casi una década, destacándose la responsabilidad de un reducido grupo de países en la mayoría de los casos. Los datos de Amnistía muestran que 1,153 ejecuciones se llevaron a cabo en 2023, un incremento del 31% respecto al año anterior.

Este aumento se debió en gran medida al incremento de ejecuciones por delitos de drogas, especialmente en Irán, que fue responsable del 74% de todas las ejecuciones registradas en la región. Aunque el derecho internacional limita la pena de muerte a los “delitos más graves” —interpretado como homicidios intencionales— cinco países, incluidos Arabia Saudí, China e Irán, continuaron aplicando la pena capital por delitos relacionados con drogas.

Abolición de la Pena de Muerte

A pesar del sombrío panorama en algunos países, los avances hacia la abolición de la pena de muerte siguen en marcha. A 31 de diciembre de 2023, cerca de tres cuartas partes de los países del mundo ya habían abolido la pena capital en su legislación o en la práctica. En 2024, varios países dieron pasos importantes en esta dirección. Entre ellos, Malasia derogó la pena de muerte preceptiva para todos los delitos, mientras que Pakistán abolió la pena de muerte para delitos relacionados con drogas. En África, el Parlamento de Ghana votó en favor de proyectos de ley que eliminan la pena de muerte de su marco legal, mientras que en Kenia y Zimbabue se presentaron propuestas similares.

A nivel global, en 2023 se concedieron al menos 1,026 conmutaciones y 83 indultos, y se registraron cinco exoneraciones.

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Ciudad de México.— Los cuidados paliativos, una rama esencial de la medicina que busca aliviar el sufrimiento de pacientes con enfermedades graves o terminales, se han convertido en un derecho humano de urgente interés en el mundo y especialmente en México. Sin embargo, este derecho está siendo dramáticamente desatendido, dejando a millones de personas sufriendo innecesariamente.

“En México existe una carencia de 62.4% de morfina medicinal para pacientes que requieren cuidados paliativos”, revela el estudio ‘Los cuidados paliativos como derecho humano’ publicado en la revista Medicina Interna de México del Colegio académico de medicina del mismo nombre. Esta escasez ocurre a pesar de que “cubrir las necesidades de morfina para pacientes en México tendría un costo menor al 1% del gasto público en salud”.

El Dr. Agustín Antonio Herrera Fragoso, autor del artículo, señala que con la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en enero de 2023, los cuidados paliativos se han elevado al estatus de obligación internacional para México.

“Ahora es un derecho humano derivado de un tratado internacional en la materia, por lo que es una responsabilidad del Estado mexicano en el ámbito interno e internacional”, afirma Herrera Fragoso.

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La Convención define los cuidados paliativos como “la atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables, a fin de mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus días”.

Sin embargo, México enfrenta serios obstáculos para cumplir con esta obligación.

El país es el tercer productor mundial de opio ilegal, después de Afganistán y Myanmar. Paradójicamente, esta producción ilegal coexiste con una severa escasez de opioides para uso médico.

“México ha sido incapaz de implementar leyes y regulaciones para el control de opioides analgésicos sin crear barreras para su acceso”, señala el documento. Esta situación se ve agravada por la “opiofobia”, descrita como “prejuicios y desinformación acerca del uso médico apropiado de los opioides”.

El artículo advierte que no proporcionar los cuidados paliativos necesarios podría considerarse un trato cruel e inhumano: “El no contar con los analgésicos opioides para la atención del dolor es un acto negligente… e incluso llegar a ser un trato cruel e inhumano y degradante”, alerta Herrera Fragoso.

Con el envejecimiento de la población latinoamericana, la necesidad de cuidados paliativos se volverá aún más crítica. Según proyecciones citadas, “en 2050, el porcentaje de personas mayores en la región llegará a alrededor del 25%”.

El artículo concluye con un llamado urgente a la acción: “Cuando la ciencia y la tecnología avanzan de manera exponencial en la atención médica es de debida atención que se proporcionen las ‘condiciones dignas en el proceso de la muerte'”. Es hora de que México tome medidas decisivas para garantizar este derecho humano fundamental a sus ciudadanos más vulnerables.

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