México
Protección a la maternidad y justicia al azar ¿transformación del Poder Judicial?
Ciudad de México.— La reforma judicial que entrará en vigor en 2025 ha generado gran expectativa en torno al futuro laboral de magistrados y jueces de distrito. Con la implementación de una elección popular para elegir a nuevos representantes, el destino de muchos profesionales en el sistema judicial está en juego.
Este proceso, es motivo de intenso debate, especialmente en cuanto a su impacto sobre los derechos laborales de quienes ocupan actualmente estos puestos.
Un aspecto relevante de este proceso es la forma en que se ha abordado el respeto a la maternidad y a la vida familiar de las juezas. En la primera tómbola de selección ha reconocido la importancia de proteger los derechos laborales de las mujeres que desempeñan funciones en el sistema judicial, permitiendo que aquellas que se encuentran en proceso de maternidad no sean afectadas por este cambio.
Esta medida resalta la importancia de su rol en el ámbito familiar y profesional. La vida en familia, en especial en el contexto de la maternidad, fue reconocida y respetada en la primera tómbola de elección de jueces, magistrados y ministros del país. El respeto hacia los derechos laborales de las juezas es un paso al fortalecimiento del sistema judicial.
Tras la realización de la primera insaculación para definir los cargos de jueces, magistrados y ministros que serán renovados en las elecciones de junio de 2025, juezas y jueces de distrito, junto con magistradas y magistrados de circuito, que han dedicado su carrera al servicio judicial, verán sus posiciones puestas a votación.
Este proceso es parte de la reforma al Poder Judicial que tiene como objetivo, de acuerdo a el gobierno federal y la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión, democratizar la elección de funcionarios judiciales.
Uno de los puntos destacados de este proceso fue el respeto a los derechos laborales de las juezas en condición de maternidad. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) remitió un listado de juezas en estado de embarazo o lactancia, lo que motivó la exclusión temporal de ocho juezas de la tómbola para que sus plazas sean renovadas en la elección ordinaria de 2027.
Esta decisión fue aplaudida por los legisladores, quienes destacaron la importancia de proteger los derechos laborales de mujeres en maternidad.
El respeto a los derechos de la maternidad en este contexto preserva también sus derechos laborales y asegura que puedan continuar con su labor y su vida familiar.
Este enfoque confirma que un equilibrio entre la vida profesional y familiar genera beneficios importantes en materia laboral. La estabilidad emocional y la seguridad que brindan los derechos laborales, especialmente en situaciones como la maternidad, son elementos clave para el desempeño eficiente y productivo de los trabajadores.
En total, se renovarán 1,600 cargos judiciales, de los cuales más de 850 serán votados en la elección de 2025, mientras que el resto, incluidos los de las juezas en situación de maternidad, se decidirán en 2027.
La preservación de los derechos laborales de las juezas en situación de maternidad marca un precedente positivo, reflejan un compromiso por parte de las autoridades legislativas y judiciales para garantizar un entorno laboral que respete y valore la vida familiar, con un enfoque en la protección de los derechos de las trabajadoras.
El respeto hacia los derechos laborales de las juezas fortalece el sistema judicial y debe ser ejemplo positivo para otros sectores laborales en el país.
Protección a derechos laborales
La Cámara de Diputados aprobó una reforma crucial que reconoce como violencia laboral cualquier trato desigual hacia mujeres y personas gestantes debido a su embarazo o maternidad. Este tipo de conductas serán equiparadas a la discriminación y se tratarán como un delito, representando un avance en la protección de los derechos laborales de las madres trabajadoras.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), a más de 2% de las mujeres mayores de 15 años que han trabajado alguna vez, se les ha exigido una prueba de embarazo como requisito para ser contratadas, lo que equivale a casi 2.5 millones de mujeres. Más de 740,800 mujeres han enfrentado la misma exigencia para continuar en su empleo o renovar su contrato. Además, casi 272,000 fueron despedidas por embarazarse, y cerca de 144,947 vieron reducido su salario por ejercer su derecho a la maternidad.
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El dictamen aprobado también modifica el artículo 10 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), estableciendo que la afectación de los derechos relacionados con la maternidad, el embarazo y la lactancia constituye violencia laboral. El artículo 11 amplía esta protección, destacando que cualquier discriminación, distinción, exclusión o restricción por estos motivos es ilegal.
Asimismo, la reforma incluye medidas para garantizar la atención a las víctimas. Los tres niveles de gobierno deberán proporcionar atención legal y de salud integral, incluyendo servicios de salud mental, a quienes sufran discriminación o acoso sexual relacionado con su embarazo o maternidad. Se establece que las víctimas pueden recurrir a órdenes de protección emitidas por las autoridades competentes.
En el ámbito legislativo, el Senado también aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para extender el periodo de lactancia de seis meses a dos años, garantizando el derecho a la maternidad en el entorno laboral. Esta medida busca prevenir despidos de madres trabajadoras y fomentar la lactancia materna, reconociendo sus beneficios tanto para la madre como para el bebé. Las empresas estarán obligadas a proporcionar espacios adecuados para la lactancia, y se permitirá una mayor flexibilidad laboral para las trabajadoras en este periodo.
Derechos de la maternidad
Desde 1917, la Constitución Mexicana reconoció los derechos de las mujeres embarazadas, integrando en su artículo 123 el derecho a un descanso obligatorio de seis semanas antes del parto y seis semanas después. Esta disposición marcó un hito en la protección de la maternidad en el ámbito laboral, prohibiendo trabajos que pudieran poner en riesgo la salud de la madre y el bebé.
A lo largo del tiempo, el marco legal ha evolucionado para fortalecer los derechos laborales de las mujeres. La creciente participación femenina en el mercado laboral, que representa el 40.9% de la fuerza de trabajo del país según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), ha impulsado nuevas discusiones sobre los derechos laborales durante el embarazo y la maternidad.
Entre los derechos más relevantes, las trabajadoras tienen garantizado el pago de su salario íntegro durante el periodo de descanso, así como la conservación de su empleo y los derechos adquiridos en su contrato. Además, la ley contempla el derecho a dos descansos diarios para la lactancia, aplicable también a mujeres autónomas o que trabajen desde casa.
Asimismo, las empresas están obligadas a proporcionar asistencia médica y obstétrica a las trabajadoras embarazadas que lo soliciten, así como a garantizar medidas de higiene y seguridad en las instalaciones para proteger la salud de la madre y su hijo. También se prohíbe la asignación de jornadas nocturnas o extraordinarias a mujeres en estado de gestación.
El informe “Discriminación laboral por embarazo” del Early Institute revela que las trabajadoras del hogar, empleadas de fábricas y mujeres con contratos temporales son las más vulnerables a la discriminación laboral. Estas mujeres, muchas de ellas en la economía informal, enfrentan situaciones de precarización laboral, como la imposición de jornadas largas sin seguridad social o prestaciones.
El Early Institute advierte que la discriminación laboral por embarazo es consecuencia de la falta de una política de Estado integral que proteja la maternidad y la primera infancia. Hostigamiento laboral, reducción de salario, permisos restringidos para necesidades básicas y la imposición de labores peligrosas para la salud de la mujer embarazada son solo algunos de los ejemplos de las violencias que aún enfrentan estas trabajadoras.
Madres trabajadoras en México: derechos vulnerados y barreras laborales
En México, la maternidad y la lactancia se presentan como derechos humanos fundamentales que deberían estar garantizados en el ámbito laboral. Sin embargo, miles de madres trabajadoras enfrentan barreras estructurales que dificultan su plena integración en el mercado laboral, afectando tanto su capacidad para ejercer una maternidad digna como para avanzar en su desarrollo profesional.
Un estudio reciente elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Kiik Consultores revela que la maternidad sigue siendo un freno significativo para la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo dentro de las empresas. De acuerdo con la encuesta, mientras el 38% de las madres trabajadoras alcanzan puestos de mandos medios, solo el 16% logra llegar a puestos de alta dirección, en contraste con los hombres, cuya participación se mantiene estable entre el 24% y 29% en diferentes niveles jerárquicos.
Valeria Moy, directora del IMCO, destaca que uno de los factores que perpetúan estas brechas es el trato diferenciado que reciben las mujeres en el trabajo. El mismo estudio revela que el 52% de los trabajadores percibe un trato desigual hacia las mujeres. Si bien se les ofrece flexibilidad para conciliar su vida personal y profesional, esto se traduce en desventajas salariales y limitaciones para acceder a promociones o asumir nuevos proyectos. En palabras de Moy, “te damos flexibilidad, pero te castigamos con el sueldo, o no te promovemos igual que a alguien que cumple con todos los horarios”.
El estudio también pone en evidencia un problema estructural: en México hay 38 millones de madres, y, a pesar de que las mujeres jóvenes entre 20 y 29 años han alcanzado niveles educativos superiores a los de los hombres, siguen enfrentando un mercado laboral que no les ofrece empleos de calidad. Por cada 100 hombres con un empleo formal registrado ante el IMSS, solo 66 mujeres logran acceder a uno. Además, las madres de dos o más hijos ven reducidos sus ingresos en promedio, algo que no ocurre con los hombres.
ebv
Ciudad de México.— La educación en México mantiene brechas frente a otros países de América Latina en indicadores de aprendizaje, alfabetización, crecimiento económico e inversión pública, la organización Educación con Rumbo señaló que los comparativos internacionales más recientes colocan al país por debajo de Chile y Uruguay, con niveles cercanos a los de Brasil, situación que se refleja tanto en evaluaciones académicas como en variables económicas asociadas al desarrollo.
Resultados de aprendizaje en evaluaciones internacionales
En el marco del Día Mundial de la Educación, con base en los datos más recientes disponibles de la prueba PISA, México ocupa el lugar 51 entre 81 países evaluados. Brasil se ubica en la posición 59, mientras que Chile y Uruguay alcanzan los lugares 47 y 48 respectivamente. Los resultados muestran diferencias en el desempeño de los estudiantes en matemáticas, lectura y ciencias, áreas consideradas indicadores clave del nivel educativo en los comparativos internacionales.
Analfabetismo y variables económicas
El análisis incluye indicadores de alfabetización y desempeño económico. México registra una tasa de analfabetismo de 4.2%, la segunda más alta entre los países comparados, sólo por debajo de Brasil con 5.3%. Uruguay presenta una tasa de 1.1% y Chile de 4.1%.
En el ámbito económico, México reporta un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.4%, el menor del grupo analizado, así como un PIB per cápita de 14,034 dólares. En comparación, Chile alcanza 16,439 dólares y Uruguay 23,186 dólares, cifras que permiten observar la relación entre educación, productividad y nivel de ingreso.
Financiamiento público para la educación
De acuerdo con Educación con Rumbo, en materia de inversión, el presupuesto destinado a educación en México equivale al 4.1% del PIB, el porcentaje más bajo entre los países incluidos en el comparativo. Este monto, dijo, representa 14.24% del gasto público total, cifra que se ubica por encima únicamente de la registrada por Brasil.
El porcentaje asignado se mantiene en el límite inferior de las recomendaciones de la UNESCO, que sugieren destinar entre 4% y 6% del PIB al sector educativo, y se encuentra por debajo del 8% establecido en la Ley General de Educación como referencia para garantizar el derecho a la educación de calidad.
Condiciones estructurales del sistema educativo
El diagnóstico incorpora variables relacionadas con la estructura del sistema educativo. En educación primaria, México presenta una relación de 26.55 alumnos por docente. En contraste, Chile registra 17.79 y Uruguay 15.4.
A estos datos, explica Educación con Rumbo, se suman factores asociados a infraestructura escolar, profesionalización docente y procesos de transformación digital, elementos considerados en los análisis comparativos sobre calidad educativa.
Propuestas planteadas por Educación con Rumbo
Ante este escenario, Educación con Rumbo plantea la necesidad de una reconstrucción del sistema educativo nacional con participación de autoridades, docentes, familias y sociedad civil. Entre las propuestas se encuentran la revaloración del trabajo docente mediante reconocimiento institucional y condiciones adecuadas, la construcción de espacios de diálogo entre los distintos actores educativos y el desarrollo de redes de apoyo integrales para los estudiantes.
También se contempla el fortalecimiento de valores cívicos, la promoción de políticas de inclusión con exigencia académica, la colaboración entre los sectores público y privado, y el impulso a la cultura, la ciencia y la tecnología como componentes del desarrollo educativo.
Educación y desarrollo a largo plazo
La organización señaló que, sin una transformación educativa con indicadores de seguimiento y continuidad en el tiempo, México mantendrá limitaciones en crecimiento económico, movilidad social y cohesión democrática.
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ebv
Ciudad de México.- Vivir la ciudad hoy implica modificar rutinas, ajustar horarios y repensar espacios. Así lo refleja la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.
Durante el cuarto trimestre de 2025, 63.8% de las personas mayores de 18 años considera inseguro vivir en su ciudad, un aumento significativo frente a diciembre de 2024.
El dato no solo mide percepción. Describe cómo millones de personas sienten, transitan y habitan el espacio urbano en México.
El INEGI presenta los resultados de la ENSU y muestra un incremento de 2.1 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad urbana a nivel nacional.
La percepción afecta más a las mujeres. El 69.4% considera inseguro vivir en su ciudad, frente al 57.1% de los hombres.
Las cifras revelan diferencias claras por territorio. Uruapan encabeza la lista con 88.7%, seguida de Culiacán, Ciudad Obregón, Ecatepec e Irapuato, todas por arriba del 87%.
En contraste, San Pedro Garza García registra el menor nivel, con 8.7%, seguido de Benito Juárez, Piedras Negras, Los Mochis y San Nicolás de los Garza.
El reporte también señala que 29 áreas urbanas presentan cambios estadísticamente significativos respecto a diciembre de 2024. En 23, la percepción de inseguridad aumenta.
¿Por qué importa lo que la gente siente?
La percepción de inseguridad incide directamente en la vida cotidiana. No es un dato abstracto, es una experiencia diaria que moldea decisiones personales y familiares.
En diciembre de 2025, 72.3% de la población se siente insegura en cajeros automáticos en vía pública. Las calles y el transporte público alcanzan 64.9%.
Incluso la carretera genera inquietud. El 58.9% manifiesta sentirse inseguro al transitar por ella.
Estos espacios conectan la vida urbana. Cuando generan temor, la ciudad se vuelve más pequeña, más limitada y menos compartida.
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La ENSU también muestra cómo las personas adaptan su comportamiento ante el entorno percibido como riesgoso.
El 42.5% deja de portar objetos de valor, como dinero o tarjetas. El 38% impide que menores salgan solos del hogar.
Además, 37.1% evita caminar de noche cerca de su vivienda y 23.9% reduce visitas a familiares o amistades.
Son decisiones cotidianas que no siempre se ven, pero que reflejan una búsqueda constante de protección y cuidado.
Los datos de la ENSU colocan a las personas en el centro del debate público. La percepción importa porque condiciona la convivencia, el uso del espacio y la confianza social.
Comprender estos resultados permite dar continuidad al análisis urbano y social, con énfasis en prevención, comunidad y bienestar.
La ciudad sigue viva. Entender cómo se siente quienes la habitan es un primer paso para pensarla mejor.
ARH
Dignidad Humana
Día de la Libertad: Mexicanos perciben que este derecho ha disminuido
Es un derecho fundamental
Ciudad de México.- En el marco del Día de la Libertad, que se conmemora este 23 de enero, una encuesta muestra una percepción crítica sobre el estado actual de la libertad en México, así como los principales retos que enfrenta el país para garantizar este derecho fundamental, indispensable para la vida en familia y la convivencia social.
Durante la presentación del estudio, Pablo Levy, director de Research Land, la casa encuestadora, explicó que uno de los principales objetivos fue profundizar en la comprensión del concepto de libertad.
“Porque muchas veces como que no entendemos el concepto de libertad. Pensamos que es lo contrario a ser esclavo. Y no. O sea, hay muchas formas de libertad y hay que ver qué tanto tenemos y qué tanto hemos perdido”.
Día de la Libertad en México: una percepción desfavorable frente a otros países
De acuerdo con los resultados, 37% de las personas considera que el nivel de libertad en México es menor en comparación con otros países, mientras que 31% lo percibe como similar. En contraste, 24% opina que es algo mayor y solo 8% cree que es mucho mayor, lo que implica que más del 60% de la población ubica a México en una posición igual o inferior frente al contexto internacional.
El estudio también evaluó la percepción sobre el papel del gobierno en la garantía de las libertades. En este rubro, la mitad de los encuestados considera que las libertades no se garantizan, 23% opina que se garantizan poco, 21% afirma que a veces sí y a veces no, y apenas 6% considera que se garantizan de forma permanente.
Violencia, desinformación y abuso de poder: las principales amenazas
Entre los factores que más amenazan la libertad de las personas, la violencia y la inseguridad ocupan el primer lugar, según los encuestados, seguidas de la desinformación y manipulación de la información, los gobiernos autoritarios o el abuso de poder, así como la falta de participación ciudadana.
La encuesta también abordó el debate sobre la intervención del Estado en decisiones personales, como la posible prohibición del consumo de alternativas al tabaco. En este punto, 78% de las personas considera que está mal que el gobierno prohíba, aunque reconoce la necesidad de ciertas regulaciones o restricciones cuando existe afectación a terceros, lo que refleja una postura equilibrada entre libertad individual y responsabilidad social.
La libertad, una percepción que ha empeorado con los años
Al analizar la evolución del sentimiento de libertad en México, los resultados son contundentes: 60% de las personas considera que ha empeorado, 29% cree que no ha cambiado y 11% opina que ha mejorado.
En cuanto a las acciones prioritarias para proteger la libertad, la ciudadanía señala principalmente la necesidad de garantizar la seguridad sin restringir derechos, fortalecer la democracia y las instituciones, regular el uso de la tecnología y la vigilancia, y proteger la libertad de expresión y de prensa.
Sobre este punto, Pablo Levy fue enfático al señalar las carencias actuales:
“Quién debería priorizar el gobierno? O sea, cuáles serían las acciones prioritarias?… garantizar la seguridad sin restringir el derecho, fortalecer la democracia y tener instituciones fuertes, regular el uso de tecnología y proteger la libertad de expresión y de prensa… Reprobados”.
Finalmente, el director de Research Land llamó a la reflexión colectiva al advertir:
“Estamos perdiendo nuestras libertades en todos los aspectos, ahí están todos los aspectos y la estamos perdiendo. Y tenemos que estar conscientes de eso”.
En el Día de la Libertad, estos resultados invitan a fortalecer una cultura de respeto, participación y responsabilidad, donde la seguridad, la democracia y los derechos fundamentales sean pilares para el bienestar de las personas y las familias en México.
npq
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Tlaxcala.— La discriminación laboral por embarazo persiste como un problema estructural que vulnera los derechos de las mujeres trabajadoras antes, durante y después de la maternidad, con efectos directos en su bienestar, en la salud física y mental y en el desarrollo de sus hijas e hijos durante la primera infancia.
De acuerdo con legisladoras esta práctica, limita el acceso, la permanencia, la promoción y las condiciones de trabajo; al tiempo que evidencia la urgencia de una reforma que garantice una protección integral del embarazo y la maternidad en los espacios laborales, con mecanismos efectivos que aseguren igualdad de oportunidades y entornos de trabajo libres de exclusión.
En ese sentido, la presidenta de la comisión de Bienestar y Desarrollo Social del Congreso Tlaxcala, Maribel León Cruz, presentó ante el pleno una iniciativa para erradicar la Discriminación Laboral por Embarazo (DLE) como una forma de violencia contra las mujeres y en perjuicio de sus derechos humanos y sus hijas e hijos por nacer.
De acuerdo con la exposición de motivos, se reconoce que la Discriminación Laboral por Embarazo es un problema estructural que afecta exclusivamente a las mujeres, porque sustenta estereotipos y prejuicios asociados a la maternidad como conductas que son prohibidas y sancionables en materia de igualdad, no violencia y no discriminación.
La legisladora consideró indispensable fortalecer el tipo penal de discriminación para abarcar conductas que afecten el acceso, permanencia, promoción y condiciones de trabajo de las mujeres.
También la diputada León Cruz expuso que conforme a la evidencia está demostrada la magnitud y persistencia de la Discriminación Laboral por Embarazo en Tlaxcala, por lo que es urgente la adopción de reformas legislativas que respondan a esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos y género.
Mencionó que la Discriminación Laboral por Embarazo no solo vulnera los derechos laborales de las mujeres, sino que pone en riesgo su salud física y mental, así como el bienestar y desarrollo de sus hijas e hijos, lo que obliga a la generación de políticas públicas orientadas al respeto y protección de los derechos laborales de las mujeres embarazadas.
León Cruz agregó que conductas como el hostigamiento laboral, la negación de ascenso, la disminución de salarios, la aplicación de cambios de horarios sin el consentimiento de las trabajadoras, la negación de permisos para ir al baño o sentarse, o asignando labores físicamente difíciles son parte de la Discriminación Laboral por Embarazo.
Finalmente, la diputada independiente agradeció el acompañamiento de legisladoras y organizaciones en pro de la mujer embarazada y la primera infancia como Early Institute, la organización Mujeres en Consenso y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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ebv
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