México.— Las autoridades mexicanas han encontrado 4 mil 974 cuerpos en 3 mil 024 fosas clandestinas -la mayoría en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Jalisco- desde 2006 hasta la mitad de agosto de 2019, reveló este viernes el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La búsqueda de personas desaparecidas es la prioridad de esta administración y el principio rector de búsqueda en vida es fundamental. Y en caso contrario debemos regresar para trabajar a las personas a sus familias de una manera digna”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
La mayor parte de las desapariciones de personas están ligadas al crimen organizado y otras están vinculadas a autoridades en el ámbito local, señalaron las autoridades durante la presentación de un análisis de la evolución del fenómeno de las fosas clandestinas en este país, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
“La búsqueda de las personas es responsabilidad del Estado”, añadió Encinas, quien dijo que en los anteriores gobiernos “se pretendió invisibilizar y minimizar este fenómeno”, precisamente por “la ausencia del Estado”.
Encinas explicó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó la competencia del comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas a partir de este día.
Dicho comité cumplirá una visita a México en el segundo semestre de 2020 y dijo que México “está abierto a la cooperación internacional y al escrutinio internacional, no tenemos nada que ocultar”.
En tanto, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, en conferencia de prensa, dijo que “no se trata sólo de números, se trata de miles de personas que están buscando a sus familiares”.
Quintana dijo que era la primera vez que el Estado mexicano ofrecía oficialmente el reconocimiento del número de las fosas y lo calificó como “datos del horror”.
“El número es dinámico, lo estamos revisando y lo tenemos que corroborar no sólo con instituciones sino con los familiares”, apuntó Quintana.
Explicó que la cifra se integró con esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de otras instituciones y se dio un repunte en el hallazgo en los años de 2011, 2014, 2016, 2017 y 2018 pero por el esfuerzo de las propias familias de los desaparecidos.
Quintana dijo que desde finales de 2006 a la fecha el Estado mexicano registró de 3.024 fosas clandestinas en lo estados de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Jalisco, en las que se localizaron 4 mil 974 cuerpos.
Vio un repunte en los estados de Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y Chihuahua.
En tanto, desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 14 de agosto de 2019, se registró el hallazgo de 522 fosas clandestinas en lo estados de Colima, Veracruz, Chihuahua con 671 cuerpos.
Quintana precisó que “no solo se encuentran cuerpos, sino también restos óseos que no necesariamente están incluidos en los informes”, apuntó.
Precisó que de esos 671 cuerpos se han identificado plenamente 200 cuerpos y de ellos 116 han sido entregados a sus familiares e informó que, a propuesta de las familias, de dará la formación de un mecanismo extraordinario forense bajo la observación de organismo nacionales e internacionales.
Además de la creación de cementerios forense y de centros de identificación regionales.
Según datos oficiales, México registra más de 40 mil casos de desaparición y unos 26 mil cuerpos sin identificar en morgues. EFE
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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