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Obispo denuncia clima de extorsiones
Cuernavaca, Morelos.- “Si las mismas autoridades pagan a bandas criminales el derecho de piso, ¿qué podrá hacer una señora que vende tlacoyos en Cuautla o acorazados en Cuernavaca?”, acusó el obispo de Morelos, Ramón Castro Castro, al reflexionar las cifras de terror provocadas por la violencia, la corrupción, la impunidad y el control de la delincuencia organizada en el Estado.
Tras al Caminata por la Paz convocada por la Iglesia católica local el pasado 1 de junio; el obispo aseguró que se vive un verdadero calvario para familias y comunidades enteras por el clima de violencia e inseguridad en el país.
“Muchos pueblos en nuestro país y en nuestro estado experimentan constantemente la inseguridad, el miedo, el abandono de sus hogares y una orfandad por parte de quienes tienen la obligación de proteger sus vidas y cuidar sus bienes”, reflexionó Castro.
El obispo, que ya antes denunció a administraciones anteriores del Estado por acciones de espionaje, intimidación y persecución en contra de los fieles católicos, aseguró que los grupos delincuenciales en México “se han establecido como verdaderos dueños y señores de espacios y cotos de poder”.
Por Gracia de Dios hemos vivido un verdadero “Kairós y Koinonia” en nuestra
V Caminata por la Paz.
Nuestro Pueblo ha sentido la brisa refrescante de su Señor. Miles de personas unidas para fortalecer su fe y esperanza!
La violencia y el odio no tienen la última palabra!
Ánimo! pic.twitter.com/kU5RZDIgrN— Mons. Ramón Castro (@MonsRamonCastro) June 1, 2019
“México y Morelos viven la ola más grave y aguda de violencia en su historia contemporánea”, espetó.
Castro Castro aseguró que en el estado hay 18 municipios que están obligados a pagar el derecho de piso a bandas criminales cantidades que van desde 100 mil hasta 500 mil pesos mensuales: “Dinero que debería ser para el bien del pueblo [pero] se desvía a los bolsillos de los malhechores”.
El obispo reflexionó que, si las propias autoridades civiles y con la representatividad para hacer uso de la fuerza pública no denuncian por intimidación o amenazas personales o de sus familias, “¿qué podrá hacer una señora que vende tlacoyos en Cuautla o acorazados en Cuernavaca a quienes también les cobran ese derecho?”.
Acusó de un ‘miedo paralizante’ en las autoridades y en la ciudadanía “que se acrecienta cuando se descubre que hay policías municipales y estatales involucrados con tales bandas delincuenciales”.
El pastor de la grey católica morelense refirió que en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se registraron 8 mil 493 homicidios en el primer trimestre del año; un aumento del 9.6% respecto al mismo periodo del 2018.
Y en el estado la cosa no va mejor: “Morelos ha ocupado los primeros cinco sitios nacionales en incidencia delictiva en homicidio, secuestro y feminicidio; así como los diez primeros lugares en robo por cada 100 mil habitantes. Morelos se ubica en el sexto lugar nacional en percepción de inseguridad con 86.4%”.
Por ello aseguró que la pastoral de la Iglesia católica no puede prescindir de ese contexto donde viven sus miembros: “Nuestro dolor ya no puede ser retenido en la importancia de vernos como espectadores de la tragedia, la realidad sufriente de nuestro pueblo nos exige, sin lugar a dudas, una actitud corresponsable de la necesidad que enfrentamos”.
El obispo hizo un llamado a la unidad ciudadana: “El terror nos debe unir y fortalecer, tiene que ser un aguijón espiritual para despertar las consciencias de todos, darnos cuenta de la necesidad del otro como comunidad, como fuerza de un pueblo unido ante la hecatombe de las violencias”.
E insistió que la movilización de los ciudadanos y creyentes a favor de la paz no está orientada bajo ninguna consigna política: “No es contra ningún gobierno, ningún partido político; nuestro caminar es un grito legítimo por la justicia y por la paz, no podemos seguir viviendo así, no podemos callar”.
Finalmente, el líder religioso urgió a las autoridades federales a declarar la violencia como un problema de salud pública, que se establezca una escuela de valores ciudadanos, talleres de intervención y prevención de adicciones, y normar la apología de la violencia en medios de comunicación o productos mediáticos.
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“Recién nacido respiró y murió por estrangulamiento”; Fiscalía de Querétaro aclara que no judicializa casos de aborto
Ciudad de México.— Tras las acusaciones en redes sociales del colectivo feminista Adax Digitales, respecto a que la Fiscalía de Querétaro pretende encarcelar a una menor de edad que presuntamente fue víctima de abuso sexual y un aborto, el Fiscal General de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, aclaró que la institución no judicializa casos de aborto.
Hernández detalló que el caso involucra el fallecimiento de un bebé de más de ocho meses de gestación, cuya muerte fue clasificada como homicidio por estrangulamiento, lo cual motivó la intervención de la Fiscalía.
“Es importante aclarar que en la Fiscalía General del Estado no judicializamos asuntos que involucren un tema de aborto. Aquellas conductas que pudiesen encuadrar en la hipótesis de aborto no están siendo judicializadas en Querétaro, justamente para respetar los derechos de las mujeres y sobre todo su derecho al libre desarrollo de la personalidad y su sexualidad”, explicó Hernández.
En entrevista el fiscal dijo que la fiscalía no está en un proceso de aborto. “Lo que nosotros tenemos técnica y científicamente sustentado es que hubo un nacimiento, un bebé del sexo masculino nacido, respiró, Nosotros adoptamos el procedimiento técnico y científico correspondiente para poder acreditar esta situación, y lo que sabemos es que la causa de la muerte fue la asfixia ocasionada por un estrangulamiento”.
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En ese sentido, detalló que los dictámenes periciales realizados por especialistas de la Fiscalía confirmaron que el bebé nació con vida y respiró, y la causa de la muerte fue el estrangulamiento.
“Es importante generar una aclaración: tuvo una gestación de más de 36 semanas y un peso de 3 kilos 300 gramos. Estos datos son relevantes”, enfatizó.
Víctor Antonio de Jesús Hernández puntualizó que las instituciones de salud informaron el fallecimiento de una persona recién nacida. “Entonces, a partir de esa situación, nosotros tenemos oficiosamente que iniciar las investigaciones, poder constatar cuál es el origen de la muerte, es decir, conocer las causas específicas por las cuales hay un fallecimiento”.
Respecto a las especulaciones de abuso sexual en contra de la madre, una menor de 14 años, el Fiscal aseguró que no existe evidencia que lo acredite. “La defensa no ha hecho ningún planteamiento de violación. En ninguna etapa o audiencia se ha señalado ese tema, y no existe denuncia de la responsable al respecto”, aclaró.
La Fiscalía indicó que, al iniciar la investigación, se abrió una carpeta por presunto abuso sexual, pero no se obtuvieron pruebas suficientes para sostener esta acusación. “Desde enero de 2024 se resolvió que no había elementos para acreditar la violación y se notificó a la representación legal de la menor. No hubo ninguna inconformidad”, puntualizó Hernández.
En este caso, el proceso que se sigue es bajo el sistema de justicia integral para adolescentes, dada la edad de la implicada. Hernández señaló que se cumplen todos los protocolos necesarios, incluyendo la perspectiva de género y la atención especializada para menores.
ebv
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Chiapas: La lucha por la seguridad y la dignidad humana en tiempos de violencia
La crisis de violencia e inseguridad en Chiapas es un reflejo de problemas más profundos que han sido ignorados durante años de acuerdo con los especialistas.
Ciudad de México.- La situación de violencia e inseguridad en Chiapas ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciada por las recientes cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Las percepciones de inseguridad en ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez reflejan un desasosiego profundo entre la población.
Con un 91.9 % de los habitantes de Tapachula sintiendo que su entorno es peligroso, la crisis de seguridad se vuelve innegable y plantea serios interrogantes sobre la efectividad de las políticas de seguridad en el estado.
La violencia no es un fenómeno nuevo en Chiapas.
Como señaló la doctora Carla Beatriz Zamora Lomelí en una entrevista para la radiodifusora IMER, la región ha sido históricamente afectada por diversas formas de violencia, incluidas las secuelas del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994.
Sin embargo, el actual incremento en los niveles de criminalidad se relaciona directamente con la incursión de cárteles de la droga, como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que luchan por el control territorial y el tráfico de migrantes.
Este cambio de dinámica ha puesto a la población civil en el centro de un conflicto que no pidieron ni buscaron.
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Impacto en migrantes y comunidades locales.
La violencia afecta de manera desproporcionada a los migrantes, quienes históricamente han utilizado Chiapas como ruta hacia el norte.
El contexto de inseguridad ha convertido el estado en un territorio donde extorsiones, secuestros y agresiones son prácticas comunes, haciendo que la travesía sea aún más peligrosa.
La falta de protección para estos grupos vulnerables es alarmante, ya que se enfrentan a la hostilidad de grupos criminales que no solo atacan a los migrantes, sino que también amenazan a la comunidad local.
El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, un líder comunitario que brindaba apoyo a los más necesitados, subraya la fragilidad de la situación.
Su muerte no solo afecta a quienes buscaban guía espiritual, sino que también representa un ataque directo a los esfuerzos humanitarios en una región ya golpeada por la violencia.
Esto resalta la intersección entre la inseguridad y la labor de quienes intentan ayudar en medio del caos.
La necesidad de acciones efectivas.
La falta de una respuesta contundente por parte del gobierno estatal para abordar esta crisis es un punto crítico. A pesar de la inversión de recursos destinados a la recomposición del tejido social, los resultados son escasos y la corrupción se cierne como un obstáculo constante.
Este panorama se complica aún más por la percepción de impunidad que reina en el estado, lo que desanima a la población a confiar en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.
Chiapas necesita una estrategia integral que no solo aborde la violencia desde una perspectiva de fuerza, sino que también reconozca las raíces sociales y económicas del problema. La implementación de políticas que fortalezcan las comunidades y protejan a los migrantes es esencial para restaurar la confianza de los ciudadanos en su entorno.
La crisis de violencia e inseguridad en Chiapas es un reflejo de problemas más profundos que han sido ignorados durante años de acuerdo con los especialistas.
Con una población local que se siente cada vez más amenazada y un número creciente de migrantes en peligro, la situación exige una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades.
Sin un compromiso real y sostenible, Chiapas corre el riesgo de convertirse en un polvorín de violencia que no solo afectará a sus habitantes, sino que también tendrá repercusiones en toda la región.
ARH
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“El matrimonio y la familia son custodios de la vida humana”: Cardenal Francisco Robles
Guadalajara.— El Cardenal Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, aseguró que el matrimonio y la familia son espacios fundamentales para preservar los valores humanos y proteger el don sagrado de la vida.
A través de sus redes sociales, Robles Ortega subrayó que los problemas que afectan a estos pilares de la sociedad se deben a la cerrazón de los corazones humanos, que rechazan aceptar el proyecto de Dios en torno a la familia y el matrimonio.
El Cardenal insistió en que la libertad malentendida ha sido utilizada como justificación para alejarse de los principios divinos.
Robles Ortega, explicó que muchas personas argumentan que tienen el derecho de hacer lo que deseen, sin considerar las consecuencias que sus decisiones pueden tener en la humanidad. En este sentido, el prelado lamentó que este concepto de libertad esté propiciando un ambiente de desorden en las estructuras familiares.
En referencia a la reciente aprobación de la despenalización del aborto en Jalisco, que se ha convertido en la undécima entidad del país en permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Robles Ortega expresó su rechazo a esta medida.
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Despenalización del aborto en Jalisco
El Cardenal Robles Ortega enfatizó que los políticos que impulsan leyes que atentan contra la vida no lo hacen en nombre de una mayor libertad o derechos, sino que actúan desde la dureza de su corazón.
“Cuando gobernantes y legisladores proponen leyes que van contra el valor más sagrado, que es la vida, alentando la muerte de seres inocentes e indefensos, no crean que lo están haciendo como una conquista de libertades”, afirmó.
El prelado católico también advirtió que los responsables de aprobar leyes como la despenalización del aborto deberán rendir cuentas ante Dios. “Un día estarán frente a Él y tendrán que explicar por qué decidieron aprobar una ley destinada a destruir vidas inocentes”, expresó.
Asimismo refirió que gobernantes y legisladores quieren atenuar el aborto al señalar que en las primeras 12 semanas no pasa nada con el nuevo ser, que es posible eliminar el feto, como si ellos no hubieran pasado por esta etapa de gestación en el seno de su madre.
“Cultura de la muerte”
En su mensaje, el Arzobispo de Guadalajara alertó sobre lo que describió como una “cultura de la muerte”, un fenómeno que, en su opinión, está creciendo y manifestándose en diversas formas de violencia. El Cardenal lamentó que la sociedad se sorprenda por los altos índices de asesinatos, desapariciones y actos de extrema violencia, cuando, según él, estas problemáticas están estrechamente vinculadas a la falta de respeto por la vida desde su concepción.
Por ello, para Robles Ortega, la función de los gobernantes debería ser la de proteger la vida, no eliminarla.
ebv
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Iglesia preocupada por la violencia en Guerrero
Asimismo, la CEM expresó sus más profundas condolencias a las familias de las víctimas y ofreció sus oraciones por el pueblo de Chilpancingo.
Ciudad de México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha manifestado su consternación ante los recientes actos de violencia extrema que sacudieron a Chilpancingo, Guerrero.
En un comunicado el organismo lamentó profundamente el asesinato del secretario de Gobierno, Francisco Gonzalo Tapia, y la decapitación del alcalde Alejandro Arcos.
Dos hechos que, según el Episcopado, subrayan la gravedad de la crisis de seguridad que enfrenta el país. .
“Son hechos que nos consternan profundamente y revelan una situación alarmante en nuestro país”, expresó la CEM.
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En su mensaje, hizo un llamado urgente a las autoridades para que tomaran medidas inmediatas y efectivas con el fin de restaurar el Estado de derecho en las zonas afectadas por la creciente violencia.
El Episcopado instó a las autoridades a recurrir a la Agenda Nacional de Paz.
Además de implementar procesos de pacificación, subrayando la necesidad de abordar la problemática de manera integral en todas las regiones afectadas.
En su declaración, la Iglesia también hizo un llamado a los distintos sectores de la sociedad civil para un esfuerzo colectivo a favor de la paz.
Así como el respeto a la vida y la construcción de una sociedad más justa y fraterna.
Asimismo, la CEM expresó sus más profundas condolencias a las familias de las víctimas y ofreció sus oraciones por el pueblo de Chilpancingo y todo México.
Mismo que subrayó su compromiso espiritual en este momento de dolor e incertidumbre.
Presidenta Sheinbaum se pronuncia en este hecho.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en torno al asesinato del alcalde Alejandro Arcos, indicando que se está evaluando si la Fiscalía General de la República (FGR) asumirá la investigación del caso.
“Se están haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el móvil y, por supuesto, hacer las detenciones correspondientes”, añadió Sheinbaum en conferencia de prensa.
Con el aumento de la violencia en Guerrero, este llamado de la Iglesia subraya la necesidad urgente de acciones coordinadas entre autoridades, sociedad civil y sectores religiosos.
ARH
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