Ciudad de México.— El grupo parlamentario del PRD solicitó la creación la Comisión Especial para la investigación de los casos de corrupción expuestos en el reportaje “La Estafa Maestra”, así como de las ramificaciones que pudieron tener durante el período comprendido entre diciembre de 2012 y agosto de 2017.
A través de un punto de acuerdo, el PRD en el Senado solicitó la comparecencia del Auditor Superior de la Federación, a fin de que explique el seguimiento que se ha realizado a los resultados de las auditorías realizadas a las dependencias, entidades y órganos involucrados en los hechos descritos en el reportaje “La Estafa Maestra”, y explique si las conductas se han mantenido.
Asimismo, pidieron la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, para que explique detalladamente los resultados de las funciones legales con que cuentan los órganos internos de control sobre los hechos de corrupción descritos en dicho reportaje, para fortalecer el combate preventivo a este tipo de conductas.
Recordaron que el día 4 de septiembre fue revelado por el portal de noticias Animal Político, en colaboración con la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que once dependencias federales en colusión con ocho universidades públicas practicaron un esquema con el que desaparecieron 3 mil 433 millones de pesos.
Lo anterior, indicaron los legisladores perredistas, ocurrió a través de la firma de contratos por un valor de 7 mil 670 millones de pesos, que le fueron entregados a 186 empresas, de las que 128 nunca debieron recibir recursos públicos.
Los perredistas subrayaron que estos actos de corrupción no son nuevos, lo que habla de la incapacidad y/o desinterés de las autoridades para perseguir los crímenes que ahora se revelan, los cuales no solo eran del conocimiento de quienes se encargan de la fiscalización de la Cuenta Pública, sino que la información que derivó en esta investigación era pública.
“No es solo que más de cincuenta funcionarios públicos estuvieran involucrados en esta trama corrupta, sino que varios de estos ocupaban, al momento de cometer estos crímenes, en varios de los cargos más importantes de la Administración Pública Federal, de los cuales varios continúan en sus cargos y otros obtuvieron nuevos cargos”, aseguraron.
Los legisladores perredistas mencionaron que la investigación periodística reveló algunas de las dependencias federales que tuvieron convenios ilegales como SEDESOL, PEMEX, FOVISSSTE, INEA, SEP, BANOBRAS, SE, SAGARPA y la SCT, entre otras.
Además, señalaron que cuentan con el cobijo de las autoridades cuya tarea es perseguir la corrupción.
“Lo que se observa es que todas las secretarías de Estado involucradas siguieron un modo de operación igual, en el que se triangularon recursos a través de universidades públicas determinadas, es decir, las fallas en identificar y castigar estas conductas ilegales deben ser investigadas en su totalidad, pues podría ser que hay colusión y obstrucción de la justicia por parte de otros servidores públicos”.
Insistieron en que el trabajo de supervisión que el Presidente Enrique Peña Nieto no hace respecto a sus subordinados y el nivel de corrupción que exhiben estas dependencias públicas y los secretarios que las controlan son directamente responsabilidad de del Ejecutivo.
En este sentido destacaron que la ASF señaló que notificó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal las acciones correspondientes para atender y solventar dichas observaciones, además de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició las acciones para que las dependencias involucradas proporcionaran información a la ASF.
Los legisladores del PRD pidieron al procurador General de la República informe sobre el estado que guardan las averiguaciones previas iniciadas con motivo de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por los hechos expuestos.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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