En Quintana Roo, este viernes pasaron lista de asistencia en sus respectivas adscripciones agentes que hacían funciones de escoltas.

Cancún. - En Quintana Roo, este viernes pasaron lista de asistencia en sus respectivas adscripciones 40 agentes de la Secretaría de seguridad estatal, 50 de la Fiscalía, 90 del municipio Benito Juárez y 24 de Solidaridad, que hacían funciones de escoltas.

En total son 204 elementos sin incluir los 36 que de acuerdo con la ley obliga a que siga teniendo el exgobernador Roberto Borge.

De esta forma se incorporaron a sus verdaderos trabajos quienes fungían de escoltas y policías comisionados al servicio de políticos y personas particulares para que se sumen a las tareas de protección de la gente y las acciones de seguridad pública se hagan efectivas.

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La víspera inició la concentración de este personal en sus corporaciones toda vez que los elementos estaban comisionados con exfuncionarios o empresas de comunicación que legalmente no tienen derecho a este beneficio.

Los recursos que antes se destinaban a la protección de los privilegiados, ahora se canalizarán a la seguridad de la gente.

Para tener una idea de los recursos que se dilapidaron en este tipo de servicios, cada escolta cobraba diferente pues según “la palanca” del funcionario que cuidaba le subían el nivel. Un policía raso cobra 3 mil 800 pesos.

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Los integrantes de los Comités de Autorización de Escoltas a Servidores Públicos y el de Autorización de Escoltas a ExServidores Públicos se preparan para corregir a la brevedad irregularidades en que incurrieron quienes les antecedieron. Para esto se aplicará estrictamente la Ley Estatal de Seguridad Pública que establece con claridad quienes tienen derecho a escoltas proporcionados por el Estado.

ebv Los integrantes de los Comités de Autorización de Escoltas a Servidores Públicos y el de Autorización de Escoltas a ExServidores Públicos se preparan para corregir a la brevedad irregularidades en que incurrieron quienes les antecedieron. Para esto se aplicará estrictamente la Ley Estatal de Seguridad Pública que establece con claridad quienes tienen derecho a escoltas proporcionados por el Estado.