Ciudad de México.— El nuevo sistema penal es responsabilidad no sólo de los jueces, sino de todos los actores que participan en él, que están obligados a cumplir con la ley y respetar, sin excepción y sin excusas, los derechos fundamentales de toda persona, si es que realmente éstos se toman en serio, afirmó el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Los juzgadores estamos obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas. No es opcional. No podemos eludirlo, está dispuesto en la Norma Suprema. Resulta paradójico que incluso algunos de aquellos que impulsaron la reforma Constitucional de 2011, ahora se inquieten por la exigencia de los jueces de que se cumpla”, manifestó en sesión solemne de Plenos, en la que rindió su informe de labores correspondiente a 2016 ante el Poder Judicial de la Federación.

“Queremos un México de paz, que viva en tranquilidad. Al igual que todos, exigimos el respeto de los derechos sin distinción, como jueces es nuestra tarea y obligación velar por la existencia real y efectiva del Estado de derecho. Si los jueces somos criticados por cumplir con la Constitución, lo tomaremos como un cumplido”, manifestó.

A los jueces, en el nuevo sistema penal, les corresponde no sólo cumplir con su deber, sino exigir y vigilar que toda autoridad lo haga, aseguró al rendir su informe ante los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y con la presencia del Presidente Enrique Peña Nieto, integrantes de su gabinete, y los presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, quienes asistieron como invitados especiales a la sesión en la sede del Alto Tribunal.

Los juzgadores federales no son indiferentes a la problemática del país ni evaden sus responsabilidades, sostuvo el Ministro Aguilar Morales, pero aclaró que, pese a lo que señalen la opinión pública o los medios, nadie es culpable sino hasta que así se demuestre siguiendo el debido proceso legal, y hasta que exista sentencia firme inmodificable de un juez competente que así lo determine.

Recordó que todos somos ciudadanos de este país y, por ello, hizo un llamado a evitar la confrontación y trabajar en unidad.

“No podemos, no debemos estar enfrentados. Hay que estar juntos, trabajar en equipo conforme a las responsabilidades propias de cada uno. Sólo unidos, apoyándonos unos a otros, podremos, como lo hemos hecho en muchos momentos de nuestra historia patria, salir airosos y triunfantes frente a cualquier problema, por grave o difícil que parezca”.

Destacó que el PJF participa de manera relevante, pero responsable en el sistema penal, y como ejemplo dio algunas estadísticas de las múltiples acciones realizadas en el procedimiento penal, en la tarea de combatir el delito.

El Ministro Presidente reiteró también el compromiso de su administración con el combate a la corrupción, una práctica incompatible con la esencia del juez, con su inherente independencia, y calificó de mito y consigna mal intencionada la percepción de que el CJF no sanciona a los malos servidores públicos, pues de la disciplina depende la credibilidad del Poder Judicial de la Federación y sus resoluciones.

“La legitimidad de los jueces está fincada esencialmente en su actuación honesta y por tanto acatable. Tolerar a alguno de estos corruptos es ir en contra de la naturaleza de un juez, es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial federal, es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad. ¿Cómo podríamos tolerar a un corrupto? Lo digo terminantemente y sin rodeos, ¡de ninguna manera! no hay forma”.

Consideró que corrupto no es sólo quien acepta dádivas económicas, que es el más obvio, sino “todo aquel que corrompe el servicio de justicia, la dignidad del juez, al que agrede a sus compañeros, al que abusa de sus empleados, al que ofende a las mujeres, al que no tiene una conducta personal en correspondencia con la dignidad de su cargo y aun al que no aprecia debidamente y tiene orgullo de su propio papel en la vida constitucional”.

Explicó que los expedientes relativos a los procedimientos disciplinarios de oficio e investigaciones, se desarrollan atendiendo al caso concreto, con pleno respeto a los derechos fundamentales de presunción de inocencia y del debido proceso, y que, con apego a esos principios, se han sancionado a 63 funcionarios del PJF mediante procedimientos disciplinarios en forma de juicio.

Entre ellos están 11 magistrados de circuito, con sanciones que van desde amonestación hasta la suspensión del cargo, y la imposición de diversas medidas disciplinarias a 14 jueces de distrito, de los cuales dos fueron destituidos, por considerar que sus conductas son indignas de un juez e intolerables para continuar en el cargo.

El Ministro Aguilar Morales reiteró la condena al asesinato del juez de Distrito ocurrido en Toluca, Estado de México, pero  aclaró que el Poder Judicial de la Federación cuenta con protocolos y sistemas previstos para proporcionar, a los juzgadores, protección para ellos y en algunos casos para sus familias.

“Esto no es novedad: en el Poder Judicial de la Federación, tiene ya varios años de implementado, no estamos sólo reaccionando a un evento en particular ni mucho menos hasta ahora”.

Advirtió que ninguna agresión a ningún funcionario del Poder Judicial de la Federación puede, ni de lejos, ser aceptada ni tolerada, mucho menos el homicidio, y sobre este último caso insistió en que las autoridades competentes están realizando la investigación correspondiente.

“Tengo entendido que no han concluido todavía quién es el autor intelectual de este delito y tampoco del móvil que lo generó. Me parece agraviante para la víctima, para su familia y para la verdad, que se especule con ello y se afirme lo que no se ha demostrado”, dijo el Ministro Presidente.

Pidió, por ello, no generar un ambiente de temor injustificado para nuestros juzgadores, sus familias y no propiciar un lastre en su libertad y tranquilidad para juzgar. Detalló que actualmente a 79 juzgadores, jueces de distrito y magistrados de circuito se les ha dotado de seguridad especial. Cuentan con vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano.

“Y, desde luego, si pudieran ser más los que lo necesiten, así lo haremos, les daremos esa protección, dentro de los protocolos que existen y siempre que ellos mismos así nos lo digan y comprobemos razonablemente que realmente lo requieren”, garantizó.

El Ministro Aguilar Morales rechazó que la violencia en contra de los jueces o el personal del PJF sea algo cotidiano, o continuo, y aseveró que el homicidio del Juez es un caso excepcional, no por eso menos indignante y terrible, pero aislado.

Para garantizar la seguridad de los juzgadores, dijo, se cuenta con el apoyo estratégico y operativo de varias autoridades federales como la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina e incluso de las policías de la Ciudad de México y de las Entidades de la República, además de personal de seguridad y sistemas de vigilancia con cámaras de circuito cerrado en todas las instalaciones.

“No lo podemos dejar al azar, ni podemos ser indiferentes a ello sin caer en la irresponsabilidad, por el contrario actuamos con seriedad y respeto por la vida humana”, finalizó.

ebv