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Análisis y Opinión

Amnistía, justicia y la vendedora de huevos

Felipe Monroy

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Inmensa preocupación y alarma ha generado en algunos ciudadanos el decreto oficial de la Ley de Amnistía en México que entró en vigor el 23 de abril pasado y cuyas réplicas en los estados de la República muy probablemente comenzarán a verse. Hay posturas a favor y en contra, por supuesto, pero es probable que no se esté mirando el panorama completo.

El senado y el gobierno de la República argumentan que el propósito de la ley sólo tiene como finalidad “evitar los contagios [de COVID-19] al interior de los centros penitenciarios y garantizar los derechos de las personas más vulnerables”, aunque la reforma trascienda la situación de emergencia; y también afirman que sólo primodelincuentes de ciertas condiciones etarias o sociales y que hayan sido autores de muy particulares delitos del fuero federal podrán alcanzar la amnistía.

Los críticos de esta ley, por su parte, tienen argumentos comprensibles, aunque primordialmente políticos. Consideran que dicha ley sólo es parte de una estrategia de clientelismo por parte del régimen en turno, que es un acto propagandístico o que es un guiño velado a grupos delincuenciales. Afirman, llenos de alarmismo infundado, que se recompensa a los delincuentes y se pone en riesgo a la población inocente; pero también apuntan, con justa razón, que la amnistía por decreto no trae pacificación ni justicia a una sociedad tan lastimada por muy diversas violencias.

Sin embargo, ambos extremos desatienden en el fondo la dimensión humana: el primero por minimizar la compleja condición de la reinserción de la persona en la sociedad, y el segundo porque antepone el pragmatismo político a una realidad humana que sin duda requiere atención. Nuevamente y para no variar, en la arena política, los ausentes son los presos, las víctimas y sus familias.

Desde hace décadas, el problema de la sobrepoblación penitenciaria ha sido un tema complejo; los reclusos representan un grupo altamente vulnerable y gozan de una imagen social sumamente negativa que los estigmatiza, los excluye y los condena incluso fuera de la prisión. La corrupción del sistema penitenciario, la impunidad generalizada en los modelos de procuración de justicia, la presión de los grupos criminales, la alta descomposición del tejido social y la ausencia de motivadores de orden y bienestar comunitario son los causantes de la obstaculización de la plena reinserción social de los delincuentes que es el primordial y más importante fin de los centros de reclusión.

La amnistía por decreto o por medio de formalismos legales no auxilia al imputado ni a las víctimas ni a sus familias a vivir el proceso de reconocimiento del mal que -por voluntad o coacción- han vivido; no hay ruta de arrepentimiento o perdón, no hay lugar para la profunda conversión de actitud, de principios o de mirada ante los agravios que se cometieron o las violencias que se padecieron. ¿Cómo les ayuda a reconocer sus sentimientos de dignidad personal, independencia y libertad individual un formalismo legal? ¿Cómo se les ayuda a reinsertarse en una sociedad que vive una profunda crisis de valores y de principios? ¿Cómo se evita que caigan en situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo?

Ahora bien, pensemos que los acreedores de la amnistía están más próximos a la condición de inocencia, de ignorancia o de víctima circunstancial. ¿No sería aún más apremiante un proceso transversal de reconocimiento de los males que le sujetaron al delito, a la vulnerabilidad o al crimen? El mal no sólo consiste en negar a alguien su derecho a ser plenamente humano, también se expresa en la trivialización del bien, cuando la caridad, la piedad o la conversión, como virtudes sociales, se excluyen de las dinámicas ordinarias de la realidad humana. Es decir, que sean declarados víctimas de una realidad cultural no subsana los debates de dicha complejidad, no aclara las fronteras del mal ni del crimen, no ayuda a la sociedad a distinguir el bien real del bien posible ni del bien necesario.

Dijo Rousseau: “Con toda su moral, los hombres no hubieran sido nunca más que monstruos, si la naturaleza no les hubiera dado la piedad en apoyo de la razón”. La amnistía por sí misma es expresión de la clemencia, pero la piedad debe apoyar a la razón y contemplar la realidad. De otro modo premia el cinismo indolente como aquel que expresó esa vendedora de “huevos para limpias”. En el episodio que se hizo viral, la mujer responde con cruda honestidad al reportero que sus clientes son estúpidos por creer en las limpias; sin embargo, la vendedora de supercherías no hace nada por ayudarlos a salir del error o de la ignorancia, por el contrario, se beneficia de su necedad mientras los desprecia sin ningún pudor.

La amnistía requiere de un enfoque tanto humanitario como social, ser la expresión de la piedad en un contexto donde no ha cambiado el delito y donde la naturaleza del mal causado no ha sido relativizada. Sólo bajo esta perspectiva, la persona indultada no cae en el vacío moral; porque desde su dignidad y la de sus semejantes, el verdadero acto de amnistía adquiere proyección e intención a futuro tanto de la persona como de la sociedad, porque se asienta en una realidad donde las fronteras de lo justo y lo injusto no han sido disueltas, un espacio dónde es posible encontrar plenitud, justicia y paz.

*Director de VCNoticias.com
@monroyfelipe

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Análisis y Opinión

Una reforma energética sin luz

Cristian Ampudia

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Conversando

Si Andrés Manuel López Obrador cree que será sencillo que vea la luz su reforma energética, tendrá que esperar sentado.

Y es que pese a que en dos semanas las cámaras de diputados y senadores aprobaron en “fast track” la iniciativa preferente que mandó el titular del Ejecutivo para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, la realidad es que falta un largo camino en tribunales nacionales e internacionales que podrían descarrilar los planes del Presidente.

¡Y cómo no!, si el espíritu de la reforma es aniquilar cualquier tipo de competencia en favor del Estado y engrosar el monopolio de la generación de energía a partir de combustibles fósiles, y por tanto contaminantes. Ya de energías limpias, ni hablamos.

Sin embargo, pese a que la iniciativa fue aprobada en el Congreso sin cambios, ahora podría pasar hasta un año mientras comienzan a desahogarse en tribunales nacionales e internacionales las inconformidades interpuestas por los diversos actores que se estiman afectados con las modificaciones.

Y aún falta ver cómo va a terminar el asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues la segunda sala declaró a principios del mes pasado que la política energética de la actual administración obstaculiza la competencia económica y beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La resolución fue resultado de la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra dicha política, publicada por la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, en mayo de 2020.

¿Qué es lo que tendrá que enfrentar la reforma energética de López Obrador? Probablemente que su reforma no sea aplicada, aunque esté aprobada, pues es previsible que los amparos de empresas llegarán por casadas, el ordenamiento sea objeto de controversias constitucionales y no podemos dejar de lado los arbitrajes internacionales (principalmente en Estados Unidos y Canadá) que llegarán por eventuales demandas al Estado mexicano por incumplimientos de tratados de comercio y hasta ambientales.

Y en todo esto, no deja de haber una paradoja: que López Obrador continúa con el discurso de que quienes se oponen a los cambios en materia energética en el país, son los conservadores, quienes no quieren perder sus privilegios. Pero yo me pregunto, ¿qué puede ser más conservador que eliminar a la competencia y pretender mantener un monopolio de Estado, además de impedir la producción de energías a partir de tecnologías limpias que coadyuven a evitar los apagones como los que ya ha padecido México? Valientes “progresistas”, ¿no?

LEE “Ya chole” con los otros datos…

@campudia

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Análisis y Opinión

TABACO, ADICCIONES y…

Ricardo Homs

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Hoy nos encontramos como sociedad frente a muchas encrucijadas que terminan representando incongruencias. Por una parte, vemos una tendencia para legalizar la cannabis con fines recreativos como un modo de despresurizar la problemática del consumo de drogas, tanto desde una perspectiva de salud pública, como por la violencia y problemas sociales que se derivan de la comercialización.

En contraste, como parte de la lucha emprendida contra las adicciones, existe el objetivo de desestimular el consumo de tabaco con base en las graves consecuencias que esta substancia tiene deteriorando la salud. El cigarro es causante de graves afectaciones a las vías respiratorias y pulmones, que ponen en riesgo la vida.

El tabaco es un problema social tan grave, como la cifra de 14.9 millones de mexicanos son fumadores. Sin embargo, el estigma social que hoy representa fumar, así como todas las estrategias para desestimular el consumo, no han logrado el objetivo alcanzado.

Como parte del contexto nacional tenemos que considerar las restricciones gubernamentales que se impusieron sobre los snacks y alimentos de alto valor calórico, que están dirigidos a niños y adolescentes, como parte de las políticas de salud pública.

Seguramente el fracaso de las estrategias de cuidado de la salud pública se debe a condicionantes psicosociales que impactan la conducta de los consumidores.

Centrándonos en la problemática del tabaco Vemos que la forma en que se han enfocado generalmente las estrategias para desestimular el consumo de tabaco han sido argumentaciones sustentadas en información que describe los daños a la salud, desde una perspectiva racional. De este modo vemos que las denominadas “leyendas precautorias”, que son aquellos mensajes incluidos en las cajetillas de cigarros, las cuales describen de modo crudo los daños que provoca el tabaco en pulmones, garganta y boca son presentadas de modo dramático y sin embargo, no han logrado buenos resultados. El efecto no ha sido el esperado y esta estrategia aplicada internacionalmente desde hace quizá treinta años, lo único que ha logrado es polarizar las conductas, fortaleciendo las actitudes preexistentes.

Melvin De Fleur, importante académico norteamericano, en sus estudios descubrió que las personas nunca estamos totalmente sensibles para ser impactados por el contenido de los mensajes que nos llegan a través de los medios de comunicación masiva. Mas bien los recibimos y filtramos a través de un bagaje inconsciente de prejuicios, ideas y opiniones, valores morales y otros factores de referencia que le dan un significado personal a dichos mensajes y más que ayudar a formar una opinión, reafirman las actitudes pre-existentes.

Por tanto, el impacto final de las campañas del sector salud que pretenden desestimular el consumo de tabaco, así como las “leyendas precautorias” exhibidas en las cajetillas, lo que provocan es el fortalecimiento de la aversión al cigarro por parte de quienes ya lo aborrecían y a su vez, estimulan el consumo de los fumadores habituales.

Este fenómeno se interpreta mejor a través de la “disonancia cognitiva”, que es la teoría desarrollada por el psicólogo social León Festinger a partir de múltiples estudios que le permitieron descubrir que, si bien la congruencia entre lo que pensamos y nuestra conducta es una aspiración humana deseable, la realidad es que cuando la información que tenemos respecto a un tema se contrapone a nuestros deseos, terminamos aceptando la incongruencia y nuestra conducta se alinea a nuestro capricho.

De este modo, podemos concluir que si bien las campañas mediáticas del sector salud y las leyendas precautorias de las cajetillas de cigarros han cumplido su cometido alertando a la población respecto de los daños que el fumar provoca en la salud, este contexto informativo no ha sido capaz de desestimular el consumo del tabaco, lo cual constituye una incongruencia conscientemente aceptada por los fumadores sin que esto les signifique un conflicto moral.
En el Diario Oficial de la Federación del 19 de enero del 2004 se publicó el decreto por el que se reformó y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en relación a la publicidad del tabaco. En este documento el Congreso decretó disposiciones como la utilización de las leyendas precautorias en las cajetillas de cigarros, así como la prohibición de fumar en algunas áreas públicas y condiciones que debe observar la publicidad de estos productos.

Hoy, a quince años de distancia de la publicación de esta reforma a la Ley General de Salud, debemos aceptar que si no se buscan estrategias más persuasivas y emocionales para desestimular el consumo del tabaco, -que las actuales estrategias informativas-, los resultados finales seguirán siendo pobres en el cumplimiento del objetivo final.

Aunque se haya logrado el objetivo de la concientización, este logro no concluye forzosamente en el cambio de hábitos y conductas.

La posibilidad de imponer controles directos al consumo del tabaco, para desestimular la demanda, seguramente agravaría el problema pues generaría el efecto contrario: lo que se prohíbe generalmente logra el efecto contrario, se estimula.

A su vez, las conclusiones aquí mencionadas respecto al combate al tabaquismo como un problema de salud pública, quizá también puedan ser aplicables a otros hábitos dañinos para la salud, como el alcoholismo y el desorden alimenticio.

Para frenar adicciones y malos hábitos debemos sustituir las campañas publicitarias tradicionales y las estrategias informativas y de concientización, por estrategias integrales de comunicación diseñadas con el apoyo de especialistas en las ciencias de la conducta humana.

LEE ¿Ataques religiosos en México?

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