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Análisis y Opinión

Caso Cienfuegos: El dilema

Felipe Monroy

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Es conocida la anécdota del general villista Pablo Seañez con el periodista norteamericano John Reed mientras iban en un carro para alcanzar al general Urbina allá en 1915. En el automóvil iban el general, un mayor de nombre Vallejo, Reed y una mujer embarazada (la llevaban a la ciudad para ver a un médico); al cruzar un arroyo, el auto se atoró, el general sacó la pistola y sugirió que, para aligerar el sobrecargado vehículo, había que matar al periodista. Vallejo convenció a Seañez de guardar la pistola mientras Reed se bajaba a empujar el carro. El general al final dijo riendo: “Bien, ahora llevamos un caballo más”.

La historia marca varias pautas a considerar: Uno, que las fuerzas militares en ocasiones pueden poner los recursos a su alcance para ayudar al pueblo necesitado (representado en la mujer embarazada). Dos, que ante los problemas, la decisión y la orden son prestas para responder a favor de un ‘bien mayor’, incluso si para ello se debe sacrificar algo o alguien; bien se dice que se rompe la soga por lo más delgado. Y tres, que a pesar de que el forastero o el periodista ponga de su parte la creatividad y el coraje para ayudar a desatorar una marcha detenida por la desavenencia, no será sino un recurso para la satisfacción de los mandos.

Viene todo esto a cuento por el caso del general Salvador Cienfuegos y su peculiar -y fugaz, si lo vemos bien- paso por la justicia norteamericana. La mayoría de los comentaristas de noticias considera que el affaire del general en Estados Unidos es un tema que no se puede minimizar. Desde su aprehensión en Estados Unidos hasta su retorno a México vía un acuerdo bilateral del que se desconocen todos sus matices, el asunto obliga a reflexionar quiénes son los personajes de la historia, cuáles son sus motivaciones y qué se ha sacrificado para intentar desatar ese nudo Gordiano que aún inquieta entre la sociedad.

En resumen, al general Cienfuegos -exsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Peña Nieto- lo aprehende la DEA en Los Ángeles el 15 de octubre pasado bajo la acusación de tres delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero; casi un mes más tarde, las autoridades de Estados Unidos entregan a la Fiscalía General de la República los documentos que soportan la investigación contra el general y configuran un acuerdo con el Estado mexicano para la repatriación del militar de 72 años. México tiene enfrente la obligación -legal, moral y hasta diplomática- para realizar todas las diligencias necesarias en el proceso contra Cienfuegos.

Para la Fiscalía no es sino un escollo en el que hay demasiado peso como para continuar avanzando en otros casos de corrupción que también reciben presión especialmente de la ciudadanía. La respuesta: aligerar la carga. Para el general Seañez la respuesta era obvia al aniquilar a una de las partes; el periodista Reed sabe que debe ser él quien apoye antes de que lo hagan ayudar contra su voluntad.

Ningún recurso, en el fondo, es inagotable y la Fiscalía seguro no goza de todos los necesarios para atender los procesos que tanto Presidencia como la ciudadanía le exigen y menos cuando le derivan uno del calibre del Caso Cienfuegos. Alguno de los casos debe poner a enfriar, alguno deberá abandonar en el camino, aniquilarse para salir de escollo en que se encuentra la Cuarta Transformación. ¿Qué casos debería ir soltando? ¿Collado, Serna, Ancira, Calderón, el huachicoleo, Videgaray, Lozoya, Peña, Ayotzinapa, al exsuperdelegado en Chihuahua, al grupo élite de la Marina, a la empresa Iban Wallet?

Para los medios de comunicación, la persecución de ‘los peces gordos’ siempre es un atractivo noticioso, pero tiene sus consecuencias. Las manifestó con claridad meridiana el fiscal de la zona norte en Chihuahua, Jorge Nava a inicios de noviembre: La Fiscalía General de la República no tiene tiempo, ni recursos para investigar ni procurar justicia a los miles de crímenes de índole federal que se cometen todos los días en el territorio mexicano. El resultado: impunidad por encima del 95% en casos donde se requiere la acción de las instancias federales. Eso, sin contar los errores que comienzan a acumularse en la dependencia: La mala integración del caso contra los militares implicados en el Caso Ayotzinapa dan una muestra de ello.

Adivine quién va a bajarse a empujar para salvar el propio pellejo.

LEE Abusos sexuales en la Iglesia, después del Informe McCarrick

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe



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Análisis y Opinión

Frente a la furia anticipada

Felipe Monroy

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Entre otras cosas, la pandemia no detuvo muchas de las crisis sociales que suelen permanecer soterradas o silenciadas por los acontecimientos que cíclicamente nos ocupan los espacios públicos de información o reflexión: diversas pobrezas y violencias se han mantenido en tenaz agresión tras las puertas de millones de hogares y comunidades contra personas concretas, vulnerables.

La agresión contra las mujeres (desde la primera infancia hasta las más avanzadas etapas de adultez) es un fenómeno que sigue inquietando tanto a investigadores sociales como a las autoridades civiles. Los varios lustros de leyes orientadas a sancionar de manera especial el abuso y las ofensas contra el sexo femenino parecen no cambiar la actitud social frente a este flagelo; incluso los esfuerzos de cambio cultural para visibilizar y promover una ‘perspectiva de género’ en todas las áreas institucionales y de convivencia social parecerían no sólo no abonar a la solución de los conflictos sino a aumentar la tensión entre sectores sociales en una grave crisis cuyas crecientes víctimas contemplan desde su vulnerabilidad la terca persistencia de nuestros errores.

Prácticamente todos los estudios sobre violencia en México hasta antes de la pandemia advertían un incremento de casos de abuso, maltrato o crímenes contra mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes y adultas). Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y febrero de 2020 se registraron 166 presuntas víctimas del delito de feminicidio y 466 víctimas mujeres de homicidio doloso, dando un total de 632 víctimas de feminicidio y homicidio doloso; se contabilizaron 9 mil 941 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas y se atendieron 40 mil 910 llamadas de emergencias relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres. Después, la pandemia modifica la tendencia de los datos, pero quizá no del fenómeno.

Durante de las sesiones del Seminario Internacional “La perspectiva de la familia y el futuro de las sociedades democráticas”, el doctor Cándido Pérez Hernández reflexionó sobre la tendencia de crecimiento en las denuncias de violencia familiar en México, subieron un 17% del 2018 al 2019 y un 5% del 2019-2020. El aparente descenso en las cifras parece responder directamente a la imposibilidad de levantar denuncias o abrir carpetas de investigación durante la pandemia.

Aún así en el 2020 se presentaron denuncias por 54 mil 342 delitos sexuales; las autoridades de seguridad pública estiman que el 93% de estos delitos no se denunciaron ni presentaron carpeta de investigación. Según los datos, los delitos sexuales podrían haber crecido en 73% entre el 2015 al 2020.

La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares reveló que el 43.9% de las mujeres ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja; y que una de cada diez mujeres ha sido víctima de violencia sexual durante su infancia; los agresores se encuentran con mayor frecuencia en el ambiente familiar.

Aunque desde la postguerra del ‘45, los temas de equidad e igualdad entre varones y mujeres han estado presentes en la configuración de nuevas instituciones, espacios de diálogo y reglamentación para la sana convivencia social; fue apenas en 1995 cuando se incluyó la ‘perspectiva de género’ como un criterio diferencial en la aplicación de políticas públicas en las naciones contemporáneas. México ha hecho su parte: fundó el Instituto Nacional de las Mujeres en 2001, creó el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en 2005 y en 2007 se alcanzó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; “la primera ley en Iberoamérica en definir desde la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres las diferentes modalidades de la violencia -familiar, institucional, laboral, comunitaria y feminicida- y en instaurar los mecanismos para la erradicación de cada una”.

Hasta aquí parece que, al menos institucionalmente, se ha intentado mucho para mejorar un entorno y cultura pues, si bien ‘las costumbres corrigen las leyes’ también las normas alimentan nuevas costumbres. A partir de los datos someros, se podría concluir que la convivencia es aún peor que lo era antes de las leyes que promovían justo una cultura de equidad y respeto. La implementación de acciones positivas (incluso de la discriminación positiva) para eliminar las desventajas iniciales de las mujeres frente a los varones no se refleja en los casos de violencia, abuso y actos criminales contra ellas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ideas y acciones nutren los depósitos de ira y agresividad física y discursiva? ¿Quiénes vislumbran la furia anticipada y se apertrechan con armas y escudos antes de salir al diálogo y a la convivencia?

La indignación es comprensible, es compartible incluso (dijo André Gidé: “Cuando deje de indignarme, comenzará mi vejez”) pero también nos recuerda el adagio que lo que se consigue con cólera, con vergüenza termina.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

¿Ataques religiosos en México?

Felipe Monroy

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Se ha presentado en la Cámara de Diputados un dictamen que propone extender el criterio de sanción a los ministros de culto y asociaciones religiosas cuando cualquiera de estos promueva actos de discriminación. La iniciativa parece querer añadir otra pauta normativa a las ya existentes en la ley actual que distancian a los ministros de culto registrados ante Gobernación del resto de ciudadanos.

Independientemente de los procesos legislativos que estarán empujando o no esta iniciativa de reforma a la Ley de Asuntos Religiosos y Culto Público, llama la atención la redacción de la exposición de motivos presentada por la diputada Reyna Ascencio Ortega: “El objeto de esta iniciativa es reformar la Ley para sancionar expresamente a las asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación… con objeto de evitar ataques desde organizaciones religiosas y sus agentes”.

Para la diputada, las organizaciones religiosas tienen potencial de realizar ‘ataques’ y por ello es menester de las autoridades civiles imponer más sanciones. La diputada recoge tres notas de prensa que supuestamente evidencian la discriminación; en realidad las notas sólo hablan de la Iglesia católica (en México hay millares de asociaciones religiosas no vinculadas al catolicismo romano) y de actores en otras naciones como el Vaticano y el reino de España.

Por si fuera poco, la exposición de motivos recoge una opinión del papa emérito Benedicto XVI en la que afirma que cualquiera que se oponga a nuevos considerandos sobre la moral y la dignidad humanas es “excomulgado socialmente”; es irónico que el propio dictamen confirme lo dicho por Ratzinger pues pretende sancionar expresamente a quienes tienen un parecer distinto respecto a lo que se hoy algunos consideran ‘discriminación’ aunque no esté soportado por los derechos humanos.

En 2017, sin embargo, la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (SEGECEM) publicó unos ‘Lineamientos de actuación para la Prevención de la Discriminación’ con los que busca inspirar a todas las organizaciones católicas en México. El documento pondera que si bien todos los ministros de culto de la Iglesia católica gozan de los derechos de libertad religiosa y de expresión “estos derechos no son absolutos y deben respetar los límites establecidos por la Constitución y las leyes”.

Los líderes católicos piden a todos sus miembros un equilibrio entre la orientación de los fieles en la doctrina y el respeto a la ley: “La Iglesia debe exponer sin ambages la doctrina cristiana sobre cualquier aspecto, sea dentro o fuera de los templos, siempre y cuando se realice en absoluto respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos fundamentales. Igualmente, debe emitir consideraciones de moral cristiana respecto de conductas o hechos, si bien se sugiere no hacer alusiones particulares sobre una persona o grupo de personas”.

Muchas otras confesiones religiosas comparten estos principios con los católicos: Expresar con libertad su doctrina sin vulnerar el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de las personas. Toda vía más, incluso si en sus órdenes constitutivos no lo contemplaran, las religiones en México deben ajustarse a estos principios puesto que ya están estipulados con claridad en la ley vigente de Asociaciones Religiosas en los artículos 6° y 9°.

Por tanto, la iniciativa sería algo menos que ociosa si no encontráramos en ella las siguientes joyas: “No se debe soslayar el poder espiritual… tampoco se debe soslayar el poder terrenal que gozan las asociaciones religiosas y que constituyen de facto una oposición a lo logros y a la lucha por los derechos de la población”.

Las motivaciones detrás del proyecto de reforma evidencian que estos legisladores consideran que las religiones en México, gracias a sus “poderes espirituales y terrenales”, son una oposición a la ciudadanía y a sus derechos. Que se lo digan a los millones de mexicanos y extranjeros que reciben auxilio, caridad, promoción y salvamento cotidiano por parte de los miles de asociaciones religiosas mexicanas.

Como sea, este tipo de iniciativas de coerción injustificada ya habían advertidas desde la SEGECEM en el mismo documento del 2017: “Existe el peligro de limitarla [la libertad de expresión] de una manera no razonable, lo cual es impropio del espíritu de una sociedad libre, plural, diversa y democrática… La libertad de expresión puede tener limitaciones razonables, pero las limitaciones solo deben ser las necesarias para el ejercicio lícito de los derechos de los demás”.

La mera existencia de un dictamen como éste así como las histéricas reacciones de tirios y troyanos revela la inmadurez ciudadana y democrática respecto a las posibilidades positivas de convivencia, participación y colaboración entre las más diversas organizaciones religiosas con el resto de instituciones sociales, evidencia la ignorancia y los prejuicios de ambos grupos radicales que aprovechan cualquier excusa para desacreditarse mutuamente con falacias e intereses de puro pragmatismo político-partidista.

LEE Regular lo posible, antes que lo inasible

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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