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Análisis y Opinión

Equivalentes funcionales, ambigüedad y libertad de expresión

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Ha provocado cierto revuelo la solicitud de sanción que ha pedido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) contra cuatro de cinco ministros de culto acusados de violar la ley durante el pasado proceso electoral federal. Los magistrados explicaron que dos cardenales y dos sacerdotes católicos cometieron delitos electorales por violar los principios de separación Iglesia-Estado al expresar sus opiniones durante las campañas políticas del 2021; también resolvieron que al tercer obispo acusado se le levantara el señalamiento gracias a que el discurso de éste fue básicamente “ambiguo”.

El asunto obliga a varias reflexiones, pero comencemos por el principio. El marco legal mexicano sí especifica que se debe sancionar a las asociaciones religiosas y a los ministros de culto cuando estos participan directamente en actos políticos. Los artículos 14 y el 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público expresan la prohibición y las infracciones que ameritan los ministros de culto al “asociarse con fines políticos” o por “realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política”.

Ahora bien, aunque el TEPJF pidió sancionar a los religiosos bajo este principio, los propios magistrados reconocieron que ninguno de los acusados transgredió literalmente esta ley sino que sus opiniones pueden ser calificadas como “equivalentes funcionales” (sic) a lo que la ley prohíbe.

En segundo lugar, el TEPJF ha eximido a uno de estos acusados bajo este escalofriante argumento: “Sus expresiones son ambiguas […] y ante esa ambigüedad se propone privilegiar la libertad de expresión”. La reflexión es peligrosa porque parece condicionar el derecho de libertad de expresión a las cualidades o a la calidad del discurso.

Es decir, la sanción solicitada contra los ministros de culto está basada en la percepción que los magistrados intuyeron de los discursos emitidos por aquellos y no por los discursos en sí ni por los hechos concretos. ¿Podría ser justa una sentencia que no juzga un delito sino que atribuye a actos no delictivos cierta ‘equivalencia funcional’ ilícita no probada? ¿Es válido que una autoridad limite el derecho humano a la libertad de expresión dependiendo de la calidad gramatical o argumentativa del discurso vertido?

Es claro que la la ley mexicana vigente limita a las iglesias y a sus pastores en varios derechos humanos y ciudadanos (incluidos los de expresión y políticos); también es evidente que estas leyes son herencia centenaria de un conflicto sangriento entre la primacía del Estado y los derechos religiosos sobre los que se construyeron no pocas instituciones nacionales. No sólo para los ideólogos de un laicismo acérrimo es imprescindible la frontera entre el Estado y la pluralidad de las diversas iglesias presentes en México; muchos ministros de culto están conscientes de las muchas ventajas y bondades de estos límites. Pero no se puede confundir esta distancia formal con una tensión irreconciliable o con la perpetuación de una desconfianza mutua.

Hay que reconocer que, en estos años, ha habido casos específicos en los que con absoluta claridad algunos ministros de culto (no sólo católicos) utilizan su investidura y prelación para literalmente ‘hacer campaña’ a favor de ciertos candidatos o miembros de sus particulares congregaciones y en contra de personajes o grupos políticos presuntamente adversos.

Este fenómeno, que ocurre con más frecuencia en comunidades evangélicas más pequeñas y horizontales, suele provocar más escándalo cuando un líder católico expresa su preferencia o rechazo a candidatos o fuerzas políticas concretas.

Valdría la pena hacer estudios concretos sobre estos casos pues, parece que la ciudadanía continúa ejerciendo sus derechos ciudadanos con plena libertad y sin tomar con sustancial relevancia la instrucción política de sus líderes religiosos o pastores. Es decir, cabe la posibilidad de que la ciudadanía haya alcanzado cierta madurez democrática en el ejercicio de sus derechos electorales; por lo que ni las presiones ni las recomendaciones de otros órdenes de influencia (partidos, gobiernos, iglesias, sindicatos, medios, etcétera) influye determinantemente en la toma de decisiones del ciudadano.

En todo caso, no hay que confundir este alboroto con un tema de libertad religiosa; es un conflicto llano de libertad de expresión. Es sumamente riesgoso que una instancia política o un gobierno sancione (siquiera con una amonestación) a ciudadanos por expresiones que no son ilícitas pero que arbitrariamente se califiquen como ‘equivalencias funcionales’; también es inquietante que la libertad de expresión sea sólo garantizada tras la validación de las cualidades del discurso. Esto nos debe inquietar a todos; ya lo dijo Benjamin Franklin: “Quien quiera derrocar la libertad de una nación, debe comenzar subyugando la libertad de expresión”.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe



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Análisis y Opinión

Tres muertes ante Dios

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Hincado de cara al templo de ‘Nuestro Padre el Señor de los Trabajos’, abatido ante una jardinera de cantera, con su frente postrada sobre la piedra y sus manos secas y rígidas cuyo último esfuerzo fue una plegaria; así murió de hambre ‘El abuelo’, un indigente de 65 años, el pasado 17 de mayo en la capital de Puebla.

La gente del lugar reconocía al hombre, lo veían día tras día mendigar mendrugos de pan sobre la calle Norte 11, dormir sobre cartones bajo el frondoso jardín y rezar ante la efigie de la Alegoría de la Fe.

Resulta difícil no coincidir con quienes afirman que el anciano murió por la indiferencia y el egoísmo del prójimo; pero no fue la única escena estremecedora que trajo la semana: Un niño, huyendo de las ráfagas de bala, suelta las flores que vendía frente al templo de ‘Nuestra Señora de Guadalupe’ en Fresnillo, Zacatecas; algunos proyectiles lo alcanzaron y le dan muerte; en la tibia noche, los únicos testigos de piedra son la estatua del indio Juan Diego y las rosas que, como el niño, el santo deja caer sus brazos.

Las autoridades afirmaron que el jueves 19 un comando armado perseguía a un sujeto que buscó refugio tras el portón de la moderna iglesia de la avenida Plateros, los sicarios dispararon sin importarles la vida del inocente niño vendedor de flores.

“Un niño inocente, traspasado como criminal y muerto por las balas como un delincuente. Un templo sagrado que fue testigo de la tragedia y el horror. Un pueblo que sólo permanece impactado y sin palabras porque no encuentra ningún tipo de ayuda… estamos consternados e indignados”, me escribió el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, al día siguiente del crimen.

La mañana anterior, tuve oportunidad de charlar en la sacristía de la Catedral de Toluca con el arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, me acerqué a darle el pésame por uno de sus curas, asesinado el fin de semana anterior. Moreno aseguró que las autoridades ministeriales le entregarían ese mismo día el cadáver del sacerdote José Guadalupe Rivas Saldaña, director de la Casa de Migrantes de Tecate, quien fuera brutalmente ultimado junto a otra persona el fin de semana pasado.

En sólo una semana, las muertes de dos inocentes al pie de recintos sagrados y un tercer crimen contra un agente religioso promotor de la acción social revelan parte de un rostro de la cruda realidad que experimenta el país. La inseguridad y la carestía asfixian hasta la muerte a no pocos mexicanos y, para desgracia, quienes dan un paso al frente para auxiliar las fronteras más dolorosas de la realidad, también resultan ultimados cuando no intimidados o despreciados por sus convicciones religiosas que sustentan su humanitarismo.

No son sólo estos casos; prácticamente no hay rincón en el país donde no se vean ejemplos del desmoronamiento del tejido social y comunitario. Hay problemas evidentes de violencia e inseguridad; y, por si fuera poco, la intensa polarización ideológica pseudo-política desvía la mirada de la profunda y sistemática indiferencia ante la ingente cantidad de descartados, precarizados, despreciados, víctimas y damnificados de un modelo social que no coloca como referente la dignidad humana.

Ante estas muertes, ¿no parecen absurdamente ociosos los conflictos partidistas, las confrontaciones ideológicas de azules y guindas, de chairos y fifís, de progres y fachos? ¿No acaso esa misma polarización tiende a enaltecer a los necios que apuestan por la ‘radicalidad’ subversiva como única vía de cambio? ¿No acaso sólo los desesperados propondrían violar los márgenes de la ley para ‘acabar con sus enemigos’, con ‘el mal’, con ‘los otros’?

El radicalismo y la polarización ni siquiera se cuestionan sobre los actos moralmente válidos que se deben emprender para enfrentar el crimen y la descomposición social; los polarizados prefieren nombrar culpables de aquellas tres muertes en lugar de mirar hacia el bien y la justicia.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

Expertos hacen llamado a México para regular alternativas

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El dicho “no hay peor sordo que el que no quiere oír” es aplicado por el Gobierno federal al aferrarse a prohibir las alternativas al cigarro, pese a que hay cientos de voces que claman por una regulación de estos productos.

Entre las voces que piden un verdadero trabajo legislativo están las de científicos, autoridades de salud y expertos quienes participaron en la Cumbre de cigarros electrónicos: Ciencia, Regulación y Salud Pública, que se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos.

El mensaje es claro, en México hay un vacío legal que se intenta llenar con leyes prohibicionistas que permiten que el mercado ilícito crezca con productos de mala calidad, sin entender que regular ayuda a que los fumadores adultos accedan a alternativas que disminuyen su exposición a sustancias peligrosas para su salud y minimiza que los no fumadores y jóvenes comiencen a usarlos.

México debe comenzar a escuchar las voces de los expertos en el tema sobre los beneficios que podrían traer en la reducción de daños por el tabaco en el país.

Por Gerardo Rivadeneyra

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