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Análisis y Opinión

¿Investigar o no a López Gatell por omisiones en la pandemia?

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Nigromante

Para Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no acaban las controversias pues desde 2020 un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigarlo por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión, por muertes registradas en la pandemia por Covid-19.

Inicia López Gatell el año 2022 con el santo de espaldas, pues en acato a una sentencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, instruyó el año 2021 al Ministerio Público Federal comenzar la indagatoria luego del fallecimiento de dos personas en 2020.

MILENIO dio a conocer el 24 de noviembre de 2020, que familiares de personas fallecidas a causa de covid-19 presentaron denuncias penales ante la FGR contra el subsecretario López-Gatell, al que acusan de incompetencia y negligencia en su desempeño como jefe de la estrategia del gobierno federal ante la pandemia.

La resolución judicial que fue emitida el miércoles 20 de enero es consecuencia de una denuncia presentada el 25 de noviembre por familiares de dos personas fallecidas por coronavirus en 2020, identificadas como Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala.

En diciembre de ese año, la FGR notificó por correo electrónico a los familiares que se abstendría de investigar al funcionario por considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. Según una nota publicada este jueves por Reforma, un Juez de Control Federal Especializado determinó que el funcionario debe ser investigado.

La primera fue del abogado Felipe Jiménez Palacios y Nayeli Martínez Aguilar, en representación del padre de Felipe y de Eber Álvarez Zavala, quien fue pareja de la señora. Jiménez Palacios es representando actualmente por el abogado Javier Coello Trejo, para quien trabaja en su despacho.

Sin haber iniciado la investigación, la FGR desechó la denuncia el 15 de diciembre de 2020 por lo que los denunciantes impugnaron la medida ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, pero no resolvió a su favor.

Posteriormente los afectados demandaron un amparo, pero les fue negada la protección de la justicia federal, por lo que la Secretaría de Salud interpuso un recurso de revisión y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó en diciembre pasado revocar la sentencia y otorgar la protección, ordenando al juez de control llevar a cabo una nueva audiencia donde se ordenara al Ministerio Público Federal iniciar la pesquisa.

A López Gatell, que cuenta con todo el respaldo presidencial y la simpatía de militantes y seguidores morenistas, también enfrenta el desprecio de millones de personas que se lo hacen patente en redes sociales –reconocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador- ahora se le acusa del delito conocido como comisión por omisión, negligencia e incompetencia”, previstos en el Código Penal Federal.

Por la omisión, negligencia e incompetencia para dirigir la estrategia del gobierno federal en la pandemia ha tenido como resultado la muerte de miles de mexicanos, estiman los denunciantes que impugnaron la decisión de la FGR y a quienes también un juez le negó el amparo a los familiares de Jiménez Pérez y Álvarez Zavala.

El hecho es que López Gatell se ha metido en un laberinto en el que enfrenta serios señalamientos de “deficiente actuación” y que ellos afirman que pueden documentar “su evidente irresponsabilidad y tendencia a informar de manera incompleta y falaz al pueblo de México”.

En este espacio cabe la duda de que López Gatell sea procesado por las autoridades dado el apoyo presidencial y de la mayoría de los integrantes del Congreso de la Unión y sus colegas del gabinete lopezobradorista, aunque si el jefe del Ejecutivo hace efectiva su convicción de la auténtica división de poderes, el proceso tendría que avanzar y llegar hasta donde llegue.

Como es señalado de no exigir el uso de cubre bocas, no activar los protocolos de aislamiento de los pacientes, desinfección y tratamiento pertinente, entre otros como el que el 3 de marzo del año pasado haya prohibido a los hospitales privados realizar pruebas PCR y que haya declarado que éstas no tienen utilidad alguna, pues el acusado tiene pocos argumentos a su favor, sobre todo porque no ha propiciado que ni él ni el presidente López Obrador usen cubre bocas y ambos ya hayan dado positivo a Covid-19 en dos ocasiones.

Algunos medios difundieron en julio de 2021 que representantes de la oposición como Clemente Castañeda, del Movimiento Ciudadano habían presentado denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de López Gatell, a quien acusaron de una mala gestión de la pandemia y pidieron que, de ser encontrado responsable, fuera sancionado. Señalaron que su comportamiento era criminal y que había costado la vida de miles de mexicanos.

Hasta ahora, la Secretaría de Salud reporta un total de 4 millones 495 mil 310 casos, mientras que la cifra de decesos asciende ya a 302 mil 112.

Sin embargo, las opiniones se dividen y profesionales reconocidos de la Academia defienden al funcionario federal. MILENIO publicó una entrevista con Marisela Villegas Pacheco, doctora en Derecho por la facultad de Estudios Superiores de Aragón, quien afirmó: “No veo que haya elementos para la responsabilidad penal contra López Gatell”.

“Para ello, se necesita que haya datos de prueba que tipifiquen la conducta que se pretende investigar, o sea, un comportamiento humano encaminado a un fin, pero este servidor público no pudo prever la pandemia, así que no veo elementos”. Sería tanto como decir que López-Gatell creó la pandemia, “pero él no la creó, solo la controlaba”, explica la académica al diario capitalino.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx



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Análisis y Opinión

Tres muertes ante Dios

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Hincado de cara al templo de ‘Nuestro Padre el Señor de los Trabajos’, abatido ante una jardinera de cantera, con su frente postrada sobre la piedra y sus manos secas y rígidas cuyo último esfuerzo fue una plegaria; así murió de hambre ‘El abuelo’, un indigente de 65 años, el pasado 17 de mayo en la capital de Puebla.

La gente del lugar reconocía al hombre, lo veían día tras día mendigar mendrugos de pan sobre la calle Norte 11, dormir sobre cartones bajo el frondoso jardín y rezar ante la efigie de la Alegoría de la Fe.

Resulta difícil no coincidir con quienes afirman que el anciano murió por la indiferencia y el egoísmo del prójimo; pero no fue la única escena estremecedora que trajo la semana: Un niño, huyendo de las ráfagas de bala, suelta las flores que vendía frente al templo de ‘Nuestra Señora de Guadalupe’ en Fresnillo, Zacatecas; algunos proyectiles lo alcanzaron y le dan muerte; en la tibia noche, los únicos testigos de piedra son la estatua del indio Juan Diego y las rosas que, como el niño, el santo deja caer sus brazos.

Las autoridades afirmaron que el jueves 19 un comando armado perseguía a un sujeto que buscó refugio tras el portón de la moderna iglesia de la avenida Plateros, los sicarios dispararon sin importarles la vida del inocente niño vendedor de flores.

“Un niño inocente, traspasado como criminal y muerto por las balas como un delincuente. Un templo sagrado que fue testigo de la tragedia y el horror. Un pueblo que sólo permanece impactado y sin palabras porque no encuentra ningún tipo de ayuda… estamos consternados e indignados”, me escribió el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, al día siguiente del crimen.

La mañana anterior, tuve oportunidad de charlar en la sacristía de la Catedral de Toluca con el arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, me acerqué a darle el pésame por uno de sus curas, asesinado el fin de semana anterior. Moreno aseguró que las autoridades ministeriales le entregarían ese mismo día el cadáver del sacerdote José Guadalupe Rivas Saldaña, director de la Casa de Migrantes de Tecate, quien fuera brutalmente ultimado junto a otra persona el fin de semana pasado.

En sólo una semana, las muertes de dos inocentes al pie de recintos sagrados y un tercer crimen contra un agente religioso promotor de la acción social revelan parte de un rostro de la cruda realidad que experimenta el país. La inseguridad y la carestía asfixian hasta la muerte a no pocos mexicanos y, para desgracia, quienes dan un paso al frente para auxiliar las fronteras más dolorosas de la realidad, también resultan ultimados cuando no intimidados o despreciados por sus convicciones religiosas que sustentan su humanitarismo.

No son sólo estos casos; prácticamente no hay rincón en el país donde no se vean ejemplos del desmoronamiento del tejido social y comunitario. Hay problemas evidentes de violencia e inseguridad; y, por si fuera poco, la intensa polarización ideológica pseudo-política desvía la mirada de la profunda y sistemática indiferencia ante la ingente cantidad de descartados, precarizados, despreciados, víctimas y damnificados de un modelo social que no coloca como referente la dignidad humana.

Ante estas muertes, ¿no parecen absurdamente ociosos los conflictos partidistas, las confrontaciones ideológicas de azules y guindas, de chairos y fifís, de progres y fachos? ¿No acaso esa misma polarización tiende a enaltecer a los necios que apuestan por la ‘radicalidad’ subversiva como única vía de cambio? ¿No acaso sólo los desesperados propondrían violar los márgenes de la ley para ‘acabar con sus enemigos’, con ‘el mal’, con ‘los otros’?

El radicalismo y la polarización ni siquiera se cuestionan sobre los actos moralmente válidos que se deben emprender para enfrentar el crimen y la descomposición social; los polarizados prefieren nombrar culpables de aquellas tres muertes en lugar de mirar hacia el bien y la justicia.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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Expertos hacen llamado a México para regular alternativas

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El dicho “no hay peor sordo que el que no quiere oír” es aplicado por el Gobierno federal al aferrarse a prohibir las alternativas al cigarro, pese a que hay cientos de voces que claman por una regulación de estos productos.

Entre las voces que piden un verdadero trabajo legislativo están las de científicos, autoridades de salud y expertos quienes participaron en la Cumbre de cigarros electrónicos: Ciencia, Regulación y Salud Pública, que se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos.

El mensaje es claro, en México hay un vacío legal que se intenta llenar con leyes prohibicionistas que permiten que el mercado ilícito crezca con productos de mala calidad, sin entender que regular ayuda a que los fumadores adultos accedan a alternativas que disminuyen su exposición a sustancias peligrosas para su salud y minimiza que los no fumadores y jóvenes comiencen a usarlos.

México debe comenzar a escuchar las voces de los expertos en el tema sobre los beneficios que podrían traer en la reducción de daños por el tabaco en el país.

Por Gerardo Rivadeneyra

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