Por Antonio Maza Pereda

Esta parece una pregunta inadecuada. Tanto el Gobierno como la Sociedad política deben actuar de manera coordinada y es claro que el Gobierno debe ser el apoyo de la Sociedad política, subordinándose al bien común. Esta relación, sin embargo, muchas veces se da de modo abusivo.

En un extremo, hay quienes opinan que el Gobierno tiene un papel mínimo y que toda la iniciativa debe ser de los particulares. El ideal, dirían algunos, sería un Gobierno que intervenga lo menos posible en la vida de la Sociedad. En el otro extremo, todas las iniciativas le tocan al Gobierno, quien define que es el bien común y no le da ningún papel a la Sociedad, a la que dice representar de un modo absoluto.

Las sociedades más exitosas son las que han logrado un equilibrio. El Gobierno solamente actúa cuando la Sociedad requiere de apoyos que no puede desarrollar por sí sola. A la Sociedad se le deja un papel determinante en muchos aspectos. En la educación, por ejemplo, es la Sociedad la que define los planes de estudio, métodos pedagógicos y la gestión escolar. Ello con participación de maestros, padres y, en ciertos niveles, de los propios estudiantes. En salud, se descentralizan los servicios médicos, dándoles autonomía para adaptar sus servicios a las necesidades específicas de la población.

En el Gobierno local, los ciudadanos tienen autoridad para decidir temas como urbanismo, servicios públicos y desarrollo comunitario. En la economía local se fomenta el desarrollo de empresas pequeñas y cooperativas locales, que contribuyen a un crecimiento económico sostenible.

¿Vemos en nuestro país un desequilibrio entre las relaciones del gobierno y la Sociedad? ¿Podemos señalar casos de abuso por cualquiera de las dos partes? ¿Vemos en nuestra ciudadanía la intención de participar responsablemente en asuntos de la Sociedad?

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

Por Antonio Maza Pereda

Para que haya verdadera democracia, la Sociedad debe, debemos, aceptar algunos criterios básicos: el respeto a los derechos de todos los seres humanos, el aprecio de la dignidad de cada uno y el trabajo en pro del bien común. Este último es el criterio fundamental de la vida política. Donde no se busca, no se puede hablar de democracia. Su búsqueda es el valor que regula la vida política.

Cuando no hay consenso en estos criterios y en particular sobre el significado del bien general, es difícil la duración de la democracia. Pero, por otro lado, siempre estará presente la duda: ¿qué significa bien? ¿A qué le llamamos lo común? Pero no es algo que pueda definirse fácilmente con un libro de texto.

El problema viene del relativismo ético o de una interpretación rígida, limitada, de lo que verdaderamente se puede considerar como bien común. Y hay otro aspecto que está en la esencia misma de su definición: con frecuencia soluciones que pueden considerarse como un bien a corto plazo, pueden resultar ser dañinas a largo plazo. Y viceversa. Por ejemplo: algunas de las críticas a los apoyos sociales vienen precisamente de esto. Con frecuencia los sectores marginados requieren ayuda urgente, de cortísimo plazo. Pero si no se opera en paralelo en una promoción auténtica de las personas, a largo plazo, se deteriora la capacidad de esos grupos apoyados.

Este asunto requiere una reflexión muy profunda, algo que no debería sujetarse a los tiempos electorales: debería ser una tarea permanente y de largo plazo. A lo cual, muchas veces, la clase política no se siente inclinada.

¿Tenemos claro qué es el bien común de nuestra Sociedad? ¿Sabemos cómo incluir a las minorías en ese concepto de bien común? ¿Tenemos incentivos apropiados para reforzar la actuación de la clase política a favor del bien común?

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Por Antonio Maza Pereda

Una frase hecha, frecuentemente usada por todos los políticos, en el momento en que toman posesión de su cargo. Pero que, desgraciadamente, no siempre se cumple. La realidad es que, casi siempre, los triunfadores gobiernan para quienes los eligieron y, a veces, ni siquiera para ellos.

Gobernar para todos es trabajar para las necesidades de toda la Sociedad. Es entender que ganar la elección no significa abandonar a los que no les dieron el voto. Aceptar que las elecciones es únicamente un modo de ponerse de acuerdo en la Sociedad, pero no significa que, durante el período de gobierno, no se tome en cuenta más que a un grupo de los electores.

Hay que crear mecanismos que hagan visibles las opiniones de la sociedad, sin que se olvide a nadie. Desgraciadamente, en el Congreso, donde se deberían armonizar las diferencias entre distintas tendencias, casi siempre las discusiones ocurren “en lo obscurito”, con poca participación ciudadana. Sin amplia difusión.

Muchas veces falta el interés ciudadano en la discusión. Incluso a los más interesados no les queda más que conocer la opinión publicada. Más allá del sesgo de los medios para destacar únicamente lo noticioso y olvidar lo demás, también falta un nivel de discusión más elevado. La tecnología de comunicación permite armar grupos de discusión y difundirlos ampliamente. De manera que ya no hay pretexto.

Depende de nosotros, los ciudadanos sin partido, asegurar que, en las discusiones del gobierno, se tome en cuenta el bien de todos, que todas las voces sean escuchadas, más allá de diferencias ideológicas o políticas.

¿Es cierto que nuestros funcionarios gobiernan para todos? ¿Tenemos mecanismos para recoger ampliamente las opiniones de los ciudadanos? ¿Cómo se puede aumentar el interés de los electores por los asuntos públicos?

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Por Antonio Maza Pereda

Si quiere usted un rápido resumen del segundo debate presidencial, para las próximas elecciones mexicanas, se puede sintetizar en dos grandes rubros: abundancia de ataques personales y una feria de ofrecimientos, mayormente enfocados a apoyos sociales, aunque no exclusivamente.

Nada nuevo en el frente de los ataques. Nuestros políticos manejan un dogma laico: “Si yo demuestro que tú estás mal, quiere decir que yo estoy bien”, nos dicen. Y, por asociación, “si quien te apoya estuvo mal hace años, quiere decir que tú estás mal”, agregan.

El tema de las múltiples falacias que usan en estos y otros debates, ya ha sido muy tratado en otras ocasiones. En cambio, el de los ofrecimientos que, por cierto, no fueron muy novedosos, casi no se cuestionan. Y valdría la pena hacerlo. Hay poca variedad en estos. Todos los contendientes ofrecieron beneficios similares. La diferencia estuvo en la prioridad que, a cada oferta, le asignó cada contrincante, generalmente por aspectos ideológicos. La candidata de la izquierda, como era de esperarse, considera necesario poner todo en manos del gobierno o casi. Mientras que la opositora, que difícilmente es de derecha, sí ve la necesidad de descentralizar el poder y dar más participación a la sociedad civil y a la iniciativa privada. El candidato también ve un fuerte papel para el gobierno y casi no elabora sobre el tema de la participación privada y ciudadana en sus propuestas.

Lo que no se respondió es la pregunta que el ciudadano, y en particular el contribuyente, tiene en mente: “¿De dónde…?”. Todos estos ofrecimientos tienen un costo. ¿Cómo se van a pagar? Entiendo que los políticos no quieran contestar estas preguntas. Responderlas tiene algo de tóxico. Si nos dicen que lo pagaremos los contribuyentes, a nadie le va a gustar. Y en este debate, solo el candidato mencionó como de pasada la necesidad de una reforma fiscal. Solo una vez y solo dedicando al asunto un par de segundos.

Tristemente, nada es gratis. ¿Queremos paz? Habrá que gastar en equipamiento, capacitación, comunicaciones, planeación y muchas cosas más. ¿Queremos mejor educación? Habrá que gastar en capacitación, dignificación de las instalaciones, mejor remuneración de los profesores para que no estén en el pluriempleo, y más. ¿Queremos más y mejor calidad de agua? Habrá que gastar en tecnología, recuperación de agua, potabilización, nuevas presas y más. Y la lista sigue y sigue. La gran pregunta es: ¿de dónde? Todas estas ofertas de apoyos sociales, ¿cuánto nos van a costar? ¿De dónde van a salir los recursos? Aun en los sistemas más primitivos de administración, ningún plan está completo si no se consideran los recursos y cuál será su origen.

La réplica facilona y que la mayor parte de los políticos y muchos en la Sociedad dan por respuesta es: “que lo pague el gobierno”. Y aquí se está haciendo la suposición de que el gobierno tiene recursos inagotables. No se dan cuenta de que todo el dinero que tiene el gobierno es porque lo extrajo de los sufridos contribuyentes. No hay de otra. Sí, puede haber ahorros, puede ser que se logre reducir o eliminar la corrupción. Pero eso claramente no basta, como ha demostrado el gobierno actual, que ha necesitado endeudar al país a un nivel nunca antes alcanzado.

El tema que ha estado en la agenda pública en las últimas semanas, muy a disgusto de nuestro actual gobierno, es el asunto de la incautación de los fondos de las AFORES no retirados por los mayores de 70 o 75 años. Este asunto se justifica diciendo que con ello se podrán tener más recursos para las pensiones. Pero hay algo que no está considerado. En 25 años de existencia de las AFORES, se ha acumulado una cantidad de varios miles de millones de pesos que no han sido reclamados por sus dueños. Pero esos son ingresos que ocurren una sola vez. Si la totalidad es gastada en este año, el año próximo solamente habrá una proporción, creemos, del 4% anual de lo disponible en 2024. Esto, suponiendo que los jubilados dejen su dinero sin recoger. Lo que sería muy raro: con todo el escándalo en torno a esto, la mayoría de la gente ya está enterada y seguramente estarán acelerando los trámites para cobrar el dinero que tienen en las AFORES.

Se podrá recuperar una cantidad importante de lo desviado por la corrupción, en 30 años o más. Pero una vez que se ha logrado recuperarlo, cada año la cantidad que se puede obtener es menor. Mucho menor. Eso, suponiendo que fallen los programas contra la corrupción; si de veras son exitosos, cada año habrá menos por recuperar. Y hay muchos ejemplos más.

No se pueden pagar apoyos permanentes, con ingresos que no se repiten de la misma manera año con año. Y eso nos deja dos soluciones. A corto plazo, una reforma fiscal que aumente las recaudaciones. En los países que nos ponen como modelo de servicios sociales, los países nórdicos, por ejemplo, los impuestos llegan a ser superiores al 50% de los ingresos. Por supuesto, ningún candidato va a proponer tal cosa. Otra solución es un esfuerzo enorme para mejorar la economía del país. Algo que es la solución de fondo, pero de largo plazo.

A nosotros, los ciudadanos sin partido, nos toca exigir cuentas claras de cuáles son los costos de todos esos ofrecimientos y de qué manera se va a obtener el dinero para poder pagarlos. Ciertamente, necesitamos un gran debate público, qué habrá que iniciar antes de las elecciones, pero claramente tendrá que continuar por un largo tiempo. Será necesario que los ciudadanos nos acostumbremos a vigilar el desempeño de los gobiernos que elegimos y exigirles un mínimo de sentido común en temas tan importantes como el gasto público. Una gran tarea.

No podemos permitir que las imágenes desarrolladas por los expertos en mercadotecnia política nos hagan pensar que todo saldrá bien, que nuestros candidatos siempre cumplirán con lo ofrecido y tendrán un gasto público responsable. Si pensábamos que la participación ciudadana terminaba con las elecciones, la noticia es que todavía hará falta mucha intervención del electorado.

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