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César Ruiz

La vida no vale nada

César Ruiz

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“Mátalo… no se puede quejar, nadie lo va a defender, nadie lo va a recordar. Su vida no vale nada”…

Pensamiento envuelto en un pañuelo verde.

Siglo XXI, el siglo en el que las mujeres tienen derecho a votar, a ser tratadas igualmente a los hombres. El siglo en el que el derecho proscribe la discriminación por razones de raza, género, edad, condición socioeconómica, nacionalidad.

El siglo en el que la esclavitud es proscrita legalmente. El siglo en el que la gente tiene la libertad de cambiarse de nombre, de sexo, de edad, de nacionalidad y ¿por qué no? hasta de especie.

El siglo en el que una minoría vigorosa tiene la posibilidad de imponer un cambio en nuestro centenario lenguaje para no sentirse vulnerado, vulnerada ¿vulnerade? en su identidad.

El siglo XXI es el siglo del reconocimiento de los derechos. ¡Pero cuidado! Es el siglo perfecto para que el libertinaje y la sinrazón se infiltren entre lo que es debido.

El siglo de la tolerancia es también el siglo de la exaltación del mínimo esfuerzo, de la recompensa rápida y efímera. El siglo de la búsqueda de toda libertad y negación de toda responsabilidad.

El siglo en el que practicamente cualquier antojo es reconocido como un “derecho fundamental”. Desde fumar marihuana hasta “ayudar a un menor” a cambiar su género.

¿Es este el futuro por el que derramaron su propia sangre y vida quienes pelearon en la revolución francesa o la independencia de las trece colonias?

Espero que no.

Espero que la necesidad de validar las exigencias de las minorías no sucumba ante la racionalidad y ante el previo juicio legal que debe existir ante todo ánimo de libertad.

¿A dónde voy con esta reflexión?

A que hoy, una senadora que habla con burros, lleva marihuana al Senado  y odia las carnitas por ser producto del mestizaje (aunque se viste con atuendos producto de la misma fusión de culturas), junto con otra que exige a los Ministros de la Corte que investiguen delitos (esa es función de las fiscalías no de los jueces y aunque se ofenda Senadora, espero que le de una leída a la Constitución que protestó defender), promueven una iniciativa para legalizar el asesinato de seres humanos impunemente si se encuentran en el vientre de su madre.

Y ante eso, ¿qué vamos a hacer los demás? ¿Permitir que el sin sentido siga caminando por miedo a que una minoría ruidosa nos tilde de conservadores, retrógradas, “machistas”, insensibles? ¿O actuar con cordura, con la razón… con integridad?

Como abogado, como apasionado del Derecho y ultimadamente como ser humano, no encuentro argumento que me lleve a la conclusión de que es válido asesinar a un ser humano sólo por que no nos queremos hacer responsables de él, como padres y como sociedad.

Al contrario, en el Siglo XXI, el siglo de la defensa de los derechos de los más débiles, es mas fuerte la idea de levantar la voz por los seres humanos más indefensos. Por seres humanos que son discriminados por razón de edad (la única diferencia real entre un bebé en gestación y uno recién nacido).

Debemos pelear por aquéllos que una minoría radical quiere asesinar con premeditación, alevosía y ventaja. Todas las agravantes de la Ley Penal.

Las senadoras Lucía Micher Camarena, Minerva Citlalli Hernández Mora y Jesusa Rodríguez Ramírez confunden la libertad con la falta de responsabilidad. Inconscientemente (de lo contrario sería gravísimo) promueven la muerte a cambio de apoyos en sus carreras políticas. Consideran que la legalización del aborto es una epopeya a la libertad. Una oda a la liberación femenina.

En su ingenuidad (espero que no en su malicia) no se percatan que asesinar a los más inocentes de los seres humanos, no combate los problemas que según ellas, quieren resolver.

En la Ciudad de México se legalizó el aborto desde el año 2007. ¿Se han reducido las violaciones? ¿Se han reducido el número de niños en la calle? ¿Se han reducido el número de niños maltratados? ¿Se han reducido los casos de muerte materna?

Las abortistas nos quieren hacer creer que el aborto clandestino produce muchas muertes maternas. Sin embargo, estudios científicos serios, como el desarrollado por el MELISA INSTITUTE titulado “¿Cómo mejorar la salud materna en México?” demuestran que la legislación del aborto no tiene incidencia en la mortalidad materna. Más aún, demuestra que la mortalidad materna por práctica de un aborto, legal o ilegal, ES INFRECUENTE (período de análisis 2002-2011).

Esto es, la agenda pro aborto está basada en una mentira, que es la alta mortalidad de la madre en un escenario clandestino.

Peor aún, fundar “el derecho a abortar” en el hecho de que algunas mujeres mueren intentándolo, equivale a permitir el derecho a secuestrar porque algunos secuestradores mueren en el intento.

Una política verdaderamente fundada en derechos humanos debe atajar el problema de raíz: promoviendo el ejercicio de la sexualidad responsable, combatiendo las causas que generan embarazos accidentales. Educar a hombres y mujeres en responsabilidad. Proveer de herramientas que ayuden a asumir esa obligación producto de un acto voluntario. Defender al más inocente de los involucrados: el ser humano en gestación.

Es curioso, por decir lo menos, que todas las marchas, protestas y movimientos de la llamada ola verde se concentran en exigir la libertad de asesinar bebés, pero poco o nada hacen para promover soluciones de fondo al problema de violación sexual, violencia de género, obligación de los padres de mantener a su descendencia o educación.

Vamos, ¡ni siquiera se preocupan por atender la depresión postaborto ni ayudar a la mujer que ha abortado! Empujan a una madre a matar a sus hijos y, una vez hecho esto, la abandonan.

Al movimiento verde no le importa la mujer, no le importa el bebé. Ambos son un instrumento de poder. Solo les importa el capital político que su bandera genera. Les permite crear un enemigo común: el hombre, el patriarcado, los conservadores.

La realidad es que el aborto por violación se encuentra permitido en la legislación doméstica nacional. El aborto, cuando está en riesgo la vida de la madre, también. El único que no tiene esa permisividad es el aborto por capricho. Esa es la libertad por la que están peleando. Por la libertad (libertinaje) de eludir la responsabilidad.

El derecho a decidir sobre el propio cuerpo en un escenario de relaciones sexuales consentidas se ejerce en el momento de la cópula. Lo que venga después es consecuencia del ejercicio de esa libertad. La ley no se puede usar para establecer una desesperada medida de escape a la responsabilidad producida por el ejercicio de la libertad.

No podemos permitir que el ejercicio irresponsable de la libertad, tenga como resultado el asesinato del inocente en lugar de la obligación DE AMBOS PADRES de afrontar las consecuencias. La ley debe proveer de mecanismos para ayudar al gestante y a sus procreadores por igual. No debe ser un instrumento que promueva su confrontación.

No podemos aceptar la idea de que el aborto es la solución a niños maltrados y abandonados. No debemos. ¿Qué sigue entonces? ¿Crear campos de exterminio de gente con escasos recursos para acabar con la pobreza? Bajo esa lógica reduccionista, todo es posible.

Lo cierto es que sobre la base del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, una verdadera visión progresista de los derechos humanos, debe necesariamente concluir dos cosas:

  1. El ser humano lo es desde el momento de su concepción y por ende, es titular de derechos humanos (de ahí su universalidad, generalidad e inalienabilidad).
  2. No existe un derecho a abortar a un ser humano. La vida humana nunca es propiedad o pertenencia de otro individuo. Existen causales de excepción (defensa propia). Pero sin ellas, nadie puede matar impunemente a nadie.

La primera es fundamental. La mejor manera de acabar con los derechos de una persona es negándole la existencia como tal, hacerla invisible. Los africanos, los nativos de América, los judíos sufrieron de discriminación, esclavitud y exterminio porque no se les consideraba seres humanos. ¿Permitiremos que un ser humano en el estado más vulnerable sufra el mismo tratamiento cruel?

¿Vamos a dejar que los derechos fundamentales cedan ante el libertinaje o vamos a defenderlos?

Reflexiono: ¿MORENA promueve la muerte? Si es así, ¿vamos a permitir en las próximas elecciones que un partido que promueve la muerte nos siga gobernando?

Las abortistas seguirán diciendo, desde su perspectiva, sin fundamentos ni estudios científicos, que el aborto es la solución a la muerte materna, a los niños sin hogar. “Mátalos antes de que sufran más.”

Con ese novedoso plan de acción pedirán también matar a los pobres, a los minusválidos, a los ancianos, a los desempleados, a los enfermos. Así acabarían con la pobreza, con la discriminación, con el desempleo, con las enfermedades, con las necesidades. TOTAL… LA VIDA NO VALE NADA.

EN EL ÁGORA: Don Arturo Zaldívar dijo ante la Ibero que ignoró a los juzgadores federales para la confección de la reforma judicial porque son corruptos, practican el nepotismo y viven de privilegios. Se necesita mucha calidad moral (y desdén a la carrera judicial) para una manifestación de este tipo. Ojalá ésta no se haya abollado con el fallo en favor de la consulta que planteó el ejecutivo federal.



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César Ruiz

¿Fortalecer o debilitar la carrera judicial?

César Ruiz

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El combate al nepotismo es una de las banderas que ha enarbolado la administración del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Apoyado en un curioso estudio, al que todavía le falta analizar la situación en la Suprema Corte o el Consejo de la Judicatura Federal, afirma que es uno de los lacerantes males del Poder Judicial de la Federación.

Valientemente, ha tomado la decisión de poner reglas más estrictas para los nombramientos dentro de la carrera judicial. Éstas se reflejan en la nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.

No obstante, esta reforma lejos de ser ambiciosa se queda corta en el combate al nepotismo y el fortalecimiento de la carrera judicial. Me explico.

En primer lugar, la regulación de la carrera judicial no abarca a los Secretarios de las ponencias de los Ministros de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura o de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Resulta paradójico que quienes realizan los proyectos de los asuntos de mayor relevancia para la justicia nacional (sobre todo con la inclusión del sistema de precedentes) no tengan que acceder a esas plazas por concurso o no tengan que pasar un examen en los tres meses posteriores a su nombramiento, pudiendo entonces dejar esa responsabilidad a gente sin la experiencia necesaria para ejercerla óptimamente.

Así, ¿cómo pueden acceder a la honrosa experiencia de servir en la Suprema Corte aquellos excelentes secretarios de Juzgado y Tribunal, que no tienen la fortuna de conocer a un Ministro de la Suprema Corte? (Por cierto, la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat ha realizado un ejercicio abierto y novedoso de convocatoria para cubrir plazas en su ponencia con secretarios experimentados entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación)

Más aún, el hecho de que los Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte puedan concursar directamente al cargo de Magistrado de Circuito, el más alto de la carrera judicial, es perjudicial para la misma, pues priva a esos funcionarios de la enriquecedora experiencia de despachar en un Juzgado de Distrito.

La gran mayoría de juzgadores establece su criterio, sus habilidades administrativas y hasta su capacidad de resolver a contrarreloj un asunto en ese despacho. Desempeñar el cargo de Juez de Distrito es indispensable para la formación de Magistrados de Circuito expertos en el conocimiento de la justicia federal.

También es cierto que los juzgadores federales que tuvieron el privilegio de servir en alguna ponencia de la Suprema Corte, reconocen la importancia de ese período en su formación jurídica, el impacto que tiene en su agudeza mental, en su temple y hasta en su redacción.

Entonces, ¿no es deseable incorporar al puesto de Secretario de Estudio y Cuenta a la carrera judicial? ¿No sería más benéfico para el Poder Judicial de la Federación que a esas plazas se accediera mediante concurso entre los secretarios proyectistas de Tribunales de Circuito? ¿No sería mejor que los Secretarios de Estudio y Cuenta de la Corte pasen obligatoriamente por el puesto de Juez de Distrito antes de aspirar a ser magistrados?

No se trata de desconfiar de los Ministros de la Suprema Corte. Ellos, como los Magistrados y Jueces son de probada honradez. Se trata de establecer líneas objetivas para el nombramiento de funcionarios en TODA la estructura judicial.

Finalmente, respecto de este punto, ¿qué mejor manera de reconocer las brillantes trayectorias de los juzgadores federales que garantizándoles espacios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Después de todo, la legislación garantiza que el Consejo de la Judicatura, un órgano administrativo, cuente con 3 juzgadores federales entre sus 7 miembros.

Si bien la Suprema Corte, debe ser plural en su composición, beneficiándose de los excelentes aportes de académicos, servidores de la administración pública y juristas practicantes; también debe contar con una base de juzgadores federales que aseguren la continuidad en la visión de impartición de justicia y de paso, apuntalen su autonomía e independencia respecto de los otros dos poderes. Ello sí que fortalecería la carrera judicial.

Por otro lado, los miembros de la carrera judicial han tenido que soportar el señalamiento de corrupción y nepotismo que se les ha adjudicado como consecuencia de algunos cuantos. La realidad es que los juzgadores federales y los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales son en una aplastante mayoría, rectos, imparciales, profesionales, excelentes, objetivos e independientes. Los que no, han sido removidos mediante procedimientos internos eficientes e implacables.

La mayor vulnerabilidad del Poder Judicial a la corrupción no está en la impartición de justicia sino en su administración. Como en cualquier otra institución pública, es el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros el espacio en el que se debe tener más cuidado.

Curiosamente, los puestos más altos del Consejo de la Judicatura Federal, los Secretarios Ejecutivos, los Directores Generales y Titulares de Áreas Administrativas, se rigen por un sistema más cercano a la discrecionalidad que a la transparencia. No son objeto de concurso ni de escrutinio técnico.

El Presidente propone a su llegada, a las personas que considera adecuadas para encabezar su equipo administrativo, y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal regularmente avala dichas propuestas. Similar situación ocurre con las áreas administrativas de la Suprema Corte y la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. En los hechos, la administración del Poder Judicial se reinventa cada cuatro años.

Sin duda, un golpe demoledor al nepotismo, el influyentismo y la corrupción sería el establecimiento de un servicio administrativo de carrera, que permita el acceso a estas plazas mediante concurso y que fomente el crecimiento y la formación paulatina del personal; de tal manera que los puestos más altos y de mayor responsabilidad, sean ocupados por personas que conocen perfectamente el funcionamiento administrativo, que no jurisdiccional, del Poder Judicial de la Federación.

De esta manera, se podría dar estabilidad a los trabajadores de las áreas administrativas y se podría aprovechar más apropiadamente su acumulación de experiencia, en lugar de dar esas responsabilidades a personas que no tienen ese conocimiento profundo de la Institución. De lo contrario, se incentivan espacios para la improvisación, la corrupción y el nepotismo que se quiere combatir.

Ojalá que el Senado de la República advierta estas carencias y ayude a fortalecer la buena intención de quienes elaboraron la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación. Nada es demasiado cuando se trata de asegurar la excelencia, independencia e imparcialidad en la impartición y sobre todo, la administración, de la Justicia.

En el ágora. La iniciativa está comprometida con el lenguaje inclusivo. Ese compromiso requiere de poner mayor atención a la redacción que se utiliza. Por ejemplo, el artículo 12 de la Iniciativa de Ley de Carrera Judicial no dice “ciudadanos y ciudadanas”, “condenados y condenadas”, “privados y privadas”; sino que se expresa en el plural masculino. Se es o no se es.

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