Antonio Maza Pereda

Comentaba anteriormente los contrapesos en la democracia y su papel en la política. Es claro que, sin límites, un sistema de gobierno fácilmente puede convertirse en una tiranía. La democracia prevé tres poderes que se deben supervisar mutuamente para evitar caer en una dictadura.

Hay, sin embargo, otros limitantes al poder del Gobierno. Muchos de ellos son organismos intermedios u organizaciones no gubernamentales. Solamente a manera de ejemplos, sin intentar agotar el tema, podríamos hablar de los siguientes:

Autoridad electoral, Auditoría del Estado, Comisión de derechos humanos, Banco Central, que generalmente son nombrados por los propios poderes del Gobierno. Desgraciadamente, cuando son nombrados por el partido gobernante, se cae con frecuencia en una simulación, porque el dirigente tiende a servir al partido que lo nombró y pierde imparcialidad.

La prensa y los medios de comunicación deberían ser un lugar crítico, que informara imparcialmente a la población. Sin embargo, el poder del Gobierno para cooptar a los medios, mediante presupuesto de publicidad y amenazas de quitar permisos de operación, limita su libertad.

Sindicatos, obreros y patronales, actúan como defensores de sus gremios. Cámaras empresariales tienen el mismo objeto. Un contrapeso poco mencionado tiene que ver con la información y la academia. Cuando el único dueño de la información es el Gobierno, y no se toman en cuenta otras opiniones, cualquier reclamo ciudadano es fácilmente ignorado.

Y hay más contrapesos. Algunos incluso con una vida transitoria, pero muy importantes en su momento. Un gobierno poco democrático tratará de influir o dominar esos límites. Es función del ciudadano apoyarlos y sostenerlos.

¿Son suficientemente fuertes los contrapesos al gobierno en nuestro país? ¿De qué modo puede la Sociedad evitar que sean absorbidos y anulados por los partidos políticos? ¿Cómo desarrollar la conciencia ciudadana sobre la importancia de estos limitantes?

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

Existen acontecimientos que destripan la hipocresía social y nos enfrentan brutalmente a las mezquindades que hemos normalizado. El extraño caso que envuelve al obispo emérito Salvador Rangel Mendoza se ha convertido en una prosa contaminada de incertidumbres para la cual, la verdad no habrá de satisfacer las expectativas de nadie. Es decir, hasta ahora, a pesar de los abundantes contenidos mediáticos vertidos en esta semana, en realidad se sabe bien poco y, para desgracia nuestra, es probable que más información no signifique una mayor satisfacción respecto a la claridad de los eventos.

Hasta el momento, hay tres historias –dos conocidas y una por conocer– que aunque parten de los mismos eventos no convergen en intenciones. La primera historia corresponde a la expresada por las instituciones eclesiásticas; la segunda historia refleja la vertida por las autoridades civiles; y la tercera, que saldrá de la viva voz del propio obispo, pero que no resolverá el entuerto en el que nos encontramos; por el contrario, evidenciará con más crudeza las profundas oquedades de cómo se pervierte la realidad en función de intereses inconfesables.

La historia relatada en nombre de la Iglesia católica por el secretario general del episcopado mexicano y, casualmente, obispo titular en la entidad donde todos los extraños eventos habrían ocurrido entre el 27 y el 29 de abril pasado, comienza con la noticia de la desaparición del obispo emérito. La primera comunicación oficial notifica el desconocimiento del paradero de Rangel pero afirma dos cosas singulares en ese momento: se asegura que el obispo fue secuestrado y se urge a todas las autoridades civiles (municipales, estatales y federales) que intervengan y actúen para recuperarlo. En esta comunicación, el Episcopado adelanta sin recelo que cualquier cosa que hubiera sucedido sería consecuencia de la violencia y la inseguridad no sólo a nivel local sino como efecto de lo que ha venido denunciando: el fracaso de la estrategia federal de seguridad. Por supuesto, eso fue aprovechado velozmente por intereses políticos que utilizan cualquier incertidumbre para movilizar sus huestes. Es decir, se instrumentalizó políticamente dicha incertidumbre.

En esta primera historia, el Episcopado habla de forma enérgica en contra de las autoridades pero respetuosa hacia los presuntos secuestradores. Actitudes que se revirtieron muy rápido debido al hallazgo del obispo y debido a la historia que las autoridades civiles han divulgado errática y quizá hasta ilícitamente.

La historia relatada por las autoridades ha sido deficiente, extraña y fragmentaria pero no por ello menos estruendosa. Hay que poner en antecedente que la compleja relación entre el gobierno de Morelos y la Fiscalía Estatal no abona a comprender los intereses detrás de la información que se ha filtrado o se ha vertido de forma casi insustancial a la prensa. En esta segunda historia, el obispo es encontrado en calidad de desconocido en un hospital público de Cuernavaca, lo visita el controversial fiscal Uriel Carmona y comienzan a filtrarse a la prensa datos sobre el hallazgo e ingreso hospitalario del obispo: adelantos de estudios toxicológicos, versiones irrastreables de camilleros, datos de ambulancias y un sinfín de indicios sobre presencia de drogas, profilácticos y demás parafernalia erótica en la escena del hallazgo.

La historia de las autoridades, sin embargo, cobró una vertiente sumamente delicada cuando el Comisionado Estatal de Seguridad de Morelos, José Ortiz Guarneros, deslizó una declaración ante los medios sobre cómo el obispo habría ingresado por su propia voluntad a un motel en compañía de otro hombre. En el contexto de las filtraciones y las suposiciones, claramente las declaraciones tuvieron una intención moralizante. Esa declaración podría tener consecuencias judiciales, no sólo porque compromete la investigación de la desaparición, sino por la violación de la intimidad personal, el aprovechamiento de secreto y el posible daño moral caudado a la persona del obispo. No se puede ser más enfático: la declaración del comisionado no respondió a principios republicanos ni laicos, sino al descrédito de terceros por vía de un juicio moralizante.

Fue en ese punto y aún sin tener certeza de los acontecimientos, cuando el Episcopado mexicano nuevamente divulgó un comunicado en el que –a diferencia del anterior– ahora mostraba confianza en las instituciones y pidió a las autoridades civiles realizar todas las investigaciones. Sin embargo, en dicho texto se omite asumir la responsabilidad que las propias instituciones eclesiásticas tienen respecto a lo que realmente les corresponde averiguar y atender: el fuero moral del obispo.Y es que una de las principales críticas a la jerarquía católica por parte de la sociedad y los feligreses ha sido la actitud con la que se enfrentan a las responsabilidades morales de los clérigos: si se ha demostrado que el encubrimiento ha sido una práctica sistemática entre las posiciones de la alta clerecía, la confianza sólo se encontrará cuando se haga sistémica la investigación transversal, transparente y responsable. Es decir, independientemente de lo que resulte del caso en el ámbito civil, la Iglesia católica no puede sustraerse de su responsabilidad de investigación, análisis, discernimiento y sanción canónica, si llegara el caso.

Finalmente, el obispo secretario de la CEM, Ramón Castro, ha publicado un videomensaje en el que tiene toda la razón: el caso del obispo Rangel se ha contaminado de instrumentación política y que, en consecuencia, no pocas narrativas político-moralizantes han permeado a todas las redes sociales a través de agentes polarizadores extremistas. Hay que aclarar que tanto los actos improvisados de comunicación del Episcopado como de las autoridades de seguridad de Morelos han sido justo los detonantes que han inflamado dicha instrumentación política.

Lo advirtió el papa Francisco de esta manera: “Existe el riesgo de que la autoridad se ejerza como un privilegio, para quienes la detentan o para quienes la apoyan; y por tanto también como una forma de complicidad entre las partes, para que cada uno haga lo que quiera, favoreciendo así, paradójicamente, una especie de de anarquía, que tanto daño causa a la comunidad”. Que la autoridad eclesiástica ‘politice’ la realidad, mientras la autoridad republicana la ‘moralice’ es una prueba clara de lo mucho que aún falta para modernizar, armonizar y actualizar las relaciones entre el Estado mexicano y las instituciones religiosas.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe

Por Antonio Maza Pereda

Si quiere usted un rápido resumen del segundo debate presidencial, para las próximas elecciones mexicanas, se puede sintetizar en dos grandes rubros: abundancia de ataques personales y una feria de ofrecimientos, mayormente enfocados a apoyos sociales, aunque no exclusivamente.

Nada nuevo en el frente de los ataques. Nuestros políticos manejan un dogma laico: “Si yo demuestro que tú estás mal, quiere decir que yo estoy bien”, nos dicen. Y, por asociación, “si quien te apoya estuvo mal hace años, quiere decir que tú estás mal”, agregan.

El tema de las múltiples falacias que usan en estos y otros debates, ya ha sido muy tratado en otras ocasiones. En cambio, el de los ofrecimientos que, por cierto, no fueron muy novedosos, casi no se cuestionan. Y valdría la pena hacerlo. Hay poca variedad en estos. Todos los contendientes ofrecieron beneficios similares. La diferencia estuvo en la prioridad que, a cada oferta, le asignó cada contrincante, generalmente por aspectos ideológicos. La candidata de la izquierda, como era de esperarse, considera necesario poner todo en manos del gobierno o casi. Mientras que la opositora, que difícilmente es de derecha, sí ve la necesidad de descentralizar el poder y dar más participación a la sociedad civil y a la iniciativa privada. El candidato también ve un fuerte papel para el gobierno y casi no elabora sobre el tema de la participación privada y ciudadana en sus propuestas.

Lo que no se respondió es la pregunta que el ciudadano, y en particular el contribuyente, tiene en mente: “¿De dónde…?”. Todos estos ofrecimientos tienen un costo. ¿Cómo se van a pagar? Entiendo que los políticos no quieran contestar estas preguntas. Responderlas tiene algo de tóxico. Si nos dicen que lo pagaremos los contribuyentes, a nadie le va a gustar. Y en este debate, solo el candidato mencionó como de pasada la necesidad de una reforma fiscal. Solo una vez y solo dedicando al asunto un par de segundos.

Tristemente, nada es gratis. ¿Queremos paz? Habrá que gastar en equipamiento, capacitación, comunicaciones, planeación y muchas cosas más. ¿Queremos mejor educación? Habrá que gastar en capacitación, dignificación de las instalaciones, mejor remuneración de los profesores para que no estén en el pluriempleo, y más. ¿Queremos más y mejor calidad de agua? Habrá que gastar en tecnología, recuperación de agua, potabilización, nuevas presas y más. Y la lista sigue y sigue. La gran pregunta es: ¿de dónde? Todas estas ofertas de apoyos sociales, ¿cuánto nos van a costar? ¿De dónde van a salir los recursos? Aun en los sistemas más primitivos de administración, ningún plan está completo si no se consideran los recursos y cuál será su origen.

La réplica facilona y que la mayor parte de los políticos y muchos en la Sociedad dan por respuesta es: “que lo pague el gobierno”. Y aquí se está haciendo la suposición de que el gobierno tiene recursos inagotables. No se dan cuenta de que todo el dinero que tiene el gobierno es porque lo extrajo de los sufridos contribuyentes. No hay de otra. Sí, puede haber ahorros, puede ser que se logre reducir o eliminar la corrupción. Pero eso claramente no basta, como ha demostrado el gobierno actual, que ha necesitado endeudar al país a un nivel nunca antes alcanzado.

El tema que ha estado en la agenda pública en las últimas semanas, muy a disgusto de nuestro actual gobierno, es el asunto de la incautación de los fondos de las AFORES no retirados por los mayores de 70 o 75 años. Este asunto se justifica diciendo que con ello se podrán tener más recursos para las pensiones. Pero hay algo que no está considerado. En 25 años de existencia de las AFORES, se ha acumulado una cantidad de varios miles de millones de pesos que no han sido reclamados por sus dueños. Pero esos son ingresos que ocurren una sola vez. Si la totalidad es gastada en este año, el año próximo solamente habrá una proporción, creemos, del 4% anual de lo disponible en 2024. Esto, suponiendo que los jubilados dejen su dinero sin recoger. Lo que sería muy raro: con todo el escándalo en torno a esto, la mayoría de la gente ya está enterada y seguramente estarán acelerando los trámites para cobrar el dinero que tienen en las AFORES.

Se podrá recuperar una cantidad importante de lo desviado por la corrupción, en 30 años o más. Pero una vez que se ha logrado recuperarlo, cada año la cantidad que se puede obtener es menor. Mucho menor. Eso, suponiendo que fallen los programas contra la corrupción; si de veras son exitosos, cada año habrá menos por recuperar. Y hay muchos ejemplos más.

No se pueden pagar apoyos permanentes, con ingresos que no se repiten de la misma manera año con año. Y eso nos deja dos soluciones. A corto plazo, una reforma fiscal que aumente las recaudaciones. En los países que nos ponen como modelo de servicios sociales, los países nórdicos, por ejemplo, los impuestos llegan a ser superiores al 50% de los ingresos. Por supuesto, ningún candidato va a proponer tal cosa. Otra solución es un esfuerzo enorme para mejorar la economía del país. Algo que es la solución de fondo, pero de largo plazo.

A nosotros, los ciudadanos sin partido, nos toca exigir cuentas claras de cuáles son los costos de todos esos ofrecimientos y de qué manera se va a obtener el dinero para poder pagarlos. Ciertamente, necesitamos un gran debate público, qué habrá que iniciar antes de las elecciones, pero claramente tendrá que continuar por un largo tiempo. Será necesario que los ciudadanos nos acostumbremos a vigilar el desempeño de los gobiernos que elegimos y exigirles un mínimo de sentido común en temas tan importantes como el gasto público. Una gran tarea.

No podemos permitir que las imágenes desarrolladas por los expertos en mercadotecnia política nos hagan pensar que todo saldrá bien, que nuestros candidatos siempre cumplirán con lo ofrecido y tendrán un gasto público responsable. Si pensábamos que la participación ciudadana terminaba con las elecciones, la noticia es que todavía hará falta mucha intervención del electorado.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

Por Antonio Maza Pereda

La legitimidad de la autoridad política procede de su origen y la manera como se mantiene fiel al modo como se generó. Esta autoridad procede de la Sociedad, que es la titular de su soberanía. La cual se transfiere a sus representantes de diferentes maneras: en la antigüedad, a las familias reales y ahora, en la mayor parte de los países, a través de mecanismos democráticos. Aunque todavía sigue siendo muy válido que en algunas Sociedades esa soberanía se transfiere a través de sistemas de usos y costumbres.

Pero al transferir esa soberanía a sus representantes, la Sociedad conserva el control de las acciones de los gobernantes y también tiene el derecho de sustituirlos, en el caso de que no cumplan con lo que se les ha encomendado. En otras palabras: la Sociedad tiene la facultad de pedir cuentas a los gobernantes que ha nombrado y exigirles el cumplimiento de sus obligaciones.

La democracia proporciona procedimientos y modos de control, a través del voto directo, libre y secreto. También controla mediante el concepto de la división de poderes y la creación de balances y contrapesos. Es un mecanismo bastante adecuado, pero que claramente está sujeto a una mejora continua.

¿Se está cumpliendo esto nuestra Sociedad? ¿Nuestros representantes tienen claro que tenemos el derecho de exigirles cuentas y que no pueden pasar por encima de mecanismos de control, adicionales a las elecciones? ¿Se sujetan al control de la Sociedad? Cuando usted, ciudadano, toma su decisión de votar, ¿toma en cuenta si los candidatos tienen claro que no tienen un poder absoluto y que están sujetos al derecho de sustituirlos, si no cumplen lo que la Sociedad les ha encomendado? ¿Están sujetos a la división de poderes, o buscan centralizar todas las decisiones?

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx