San José.— Las cuatro declarantes del grupo de once mujeres que hoy participaron en la vista de la mañana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), sobre los presuntos ultrajes que sufrieron a manos de policías en 2006 en México, solicitaron “investigación a fondo y que paguen los culpables”.
Norma Jiménez Osorio, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez y Angélica Patricia Torres solicitaron públicamente a la Corte que obligue al estado de México a “reconocer los hechos, investigarlos y que paguen los culpables” y ofrecieron la propuesta de creación de un espacio dedicado a la Memoria de los hechos.
El representante de México, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Miguel Ruiz Cabañas, dijo a la Corte que México reconoció en 2013 su responsabilidad de este caso.
Los representantes del estado mexicano solicitaron a las víctimas que les dijeran qué podrían hacer para resarcirles. La respuesta de las cuatro fue la misma “investigación de lo ocurrido, detención y procesamiento de todos los culpables. De todos”.
Norma Jiménez Osorio solicitó al estado mexicano “el pago de los culpables, reconocer la responsabilidad de México en los hechos y tomar medidas de reparación”.
Bárbara Italia señaló que “solo se ha investigado a los elementos de bajo rango y el Estado hace todo lo posible por acallarnos”, mientras que Angélica Patricia declaró que “no se ha castigado a nadie. No se ha dicho la verdad”.
Las preguntas de los jueces de la Corte han sido, generalmente, encaminadas a conocer las garantías del proceso. Las interrogadas afirmaron su desasistencia legal en principio, la falta de cuidados médicos y de certificados sanitarios, el maltrato, y el incumplimiento de las mínimas garantías legales en sus declaraciones una vez detenidas.
La situación descrita fue tal, que el juez argentino, Eugenio Zaffaroni, después de preguntar a Bárbara Italia, resumió: “entonces… presa, declarando detrás de una reja, sin abogado y sin ver al juez”.
Además, los jueces interrogaron sobre el tipo de fuerza policial que provocaron los aparentes abusos y solo Norma Jiménez dijo reconocer en el letrero del autobús en el que fue conducida, las siglas ASE (Agencia de Seguridad Estatal).
El resto de las interrogadas se limitaron a declarar sobre el color o las formas de los uniformes policiales de sus agresores.
Hace 10años fueron víctimas de la brutal represión de la policía de Peña en Atenco Exigen justicia. Nosotrxs con ellas!
En sus exposiciones, las mujeres dieron detalles de cómo fueron detenidas, golpeadas, ultrajadas y violadas, así como sus secuelas que van desde el alcoholismo y falta de deseo de tener hijos de Claudia Hernández, hasta la imposibilidad de leer un libro desde su detención, de Angélica Patricia Torres.
Acusadas del delito de “Ataque a la vías de comunicación” en algún caso con agravante, estuvieron entre cuatro meses y dos años en la cárcel, aunque el proceso penal para Norma Jiménez duró hasta cinco años, dos de cárcel y los tres restantes con la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado.
Según el escrito presentado en la Corte por las agraviadas, durante el 3 y 4 de mayo de 2006 fuerzas de seguridad del Estado habrían desalojado a floricultores de un mercado local en el municipio Texcoco, con uso excesivo de la fuerza pública.
Esta acción habría generado en Texcoco y en San Salvador de Atenco una serie de acciones de apoyo de la comunidad, incluyendo el bloqueo de una carretera federal, lo que generó enfrentamientos entre policías, comerciantes y sectores de la población que apoyaban a los floricultores, así como allanamientos y detenciones masivas.
“En los dos días, más de 200 personas habrían sido detenidas, dos civiles perdieron la vida y 67 policías federales resultaron heridos”, sostiene el escrito.
Entre las personas detenidas hubo 47 mujeres, siendo 11 las presuntas víctimas de este caso, quienes reportaron haber sufrido diversas formas de violencia física y verbal.
La vista se extenderá hasta mañana cuando previsiblemente las partes presenten sus alegaciones.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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