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Opinión

Debilidades de la Fiscalía Anticorrupción

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El Sistema Nacional Anticorrupción inició como la mayoría de los programas gubernamentales: a medias, respondiendo simplemente a los tiempos políticos y las conveniencias coyunturales. Así también empezó a operar el Sistema Penal Acusatorio, sin contar con la infraestructura humana necesaria y sin haber capacitado a la gente que debe operarlo.

Así también se lanzó en el sexenio anterior la guerra contra el narcotráfico, sin planeación, por lo cual ha tenido funestas consecuencias. Por ello vemos que en todo el país se inauguran carreteras que aún no están totalmente terminadas, hospitales que luego de construido el inmueble no llegan a operar, por citar ejemplos.

Primero actuar y después determinar si todo estuvo bien planeado es parte de la idiosincrasia gubernamental de nuestro México. Por ello somos uno de los países más sobreregulados, porque después de que empiezan a aparecer las fallas críticas se empiezan a “parchar” los sistemas y termina este convirtiéndose en un Frankenstein.

Así es que tenemos muchas instituciones que no alcanzan los niveles básicos de eficiencia y sistemas que no logran cumplir los objetivos para los que fueron creados.

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En el ámbito gubernamental todo inicia “por decreto”, lo cual sumado a la falta de compromiso de quienes reciben la encomienda de llevarlo a cabo, termina llevando el compromiso hasta las fechas límites y con ello se crean las condiciones que culminan en la improvisación.

Como fase final generalmente ante estos escenarios adversos se hace necesario el “maquillaje” para que parezca un trabajo profesional. Los “fachadazos” que todos conocemos.

Por lo anterior el Sistema Nacional Anticorrupción inició operaciones sin fiscal ni magistrados y con un alto índice de atraso en la instrumentación en los estados, no obstante que se tuvo tiempo para preparar su lanzaiento. La mayoría de los congresos estatales no terminaron reformando sus constituciones para crear una ley estatal anticorrupción y el plazo se cumplió el pasado 18 de julio. Hay diferentes niveles de atraso.

Sin embargo, hay un vicio de origen que condena al fracaso a todos los intentos de poner orden en los grandes problemas de este país. Nunca se pone a la cabeza de los organismos a la persona indicada por su capacidad, sino al amigo del funcionario que tiene el poder para imponer su voluntad, si la decisión está en el ámbito del poder ejecutivo, o la negociación por cuotas e intercambios de favores si le corresponde al poder legislativo.

Jamás se ha considerado como punto de partida la obligada pregunta inicial: ¿Cuál debe ser el perfil del funcionario que garantice el éxito en la responsabilidad que se le encomienda?.

El sentido común nos dice que sólo después que se identifican los atributos ideales para quien ocupe el cargo, se debe iniciar la búsqueda del candidato que reúna el mayor número de esos atributos. En un ejercicio simple, ¿Qué atributos debe tener este fiscal anticorrupción?.

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Primeramente, habrá que decirlo, la fiscalía anticorrupción debiese ser totalmente independiente del Poder Ejecutivo, pues es a quien va a vigilar en primera instancia, pero no es así, pues igual que la FEPADE, dependen directamente del Procurador General de la República.

Si el fiscal tendrá que pedir permiso para actuar en contra de algún funcionario corrupto, con toda seguridad todos los funcionarios amigos de su jefe y del jefe de su jefe, así como sus aliados políticos, estarán fuera de su radar, además de todos los compromisos políticos de sus superiores.

Desde este punto de partida, podremos suponer que se correrá el riesgo de casos de “simulación” donde la aplicación de la justicia en realidad será para perseguir a los enemigos de sus superiores, o también a quienes siendo del equipo de casa cayeron de la gracia de quien decide, así como los chivos expiatorios del sistema, esos que se sacrifican porque son vulnerables y permiten apagar la ira del pueblo. Muy difícil es que en nuestro sistema político se persiga aplicar la justicia a secas, caiga quien caiga.

Estas circunstancias limitarán a la fiscalía anticorrupción federal, así como a la que opere en cada uno de los estados ¿Usted cree que un fiscal anticorrupción de un estado será capaz de cuestionar a un gobernador?… quien además será su jefe. Es cierto que en otros países la fiscalía anticorrupción es parte del mismo gobierno.

Como ejemplo, vemos que en España depende de la Fiscalía General del Estado y esta estructura se ubica dentro del Ministerio Fiscal Español. Sin embargo, su propia cultura gubernamental lo permite y avala y lls fresultados positivos están a la vista.

Si los fiscales españoles no tuviesen una autoridad sustentada en la ley, nunca esta fiscalía podría haber inculpado a Iñaki Undargarin, yerno del rey Juan Carlos cuando inició el proceso y cuñado del actual rey Felipe VI, pariente a quien en febrero de este año se le condenó a seis años de cárcel mas tres meses, por el caso de corrupción orquestado por él en una institución filantrópica llamada Nóos. Además a su esposa, Cristina de Borbón, hermana del rey, se le castigó con una multa de 265 mil euros que corresponden a más de cinco millones de pesos mexicanos actuales.

La cultura política de ese país lo permite, pero en México ¿habrá algún fiscal anticorrupción capaz de castigar así a un familiar tan cercano de un presidente de la república en funciones?… ¿o un fiscal de un estado a un familiar de un gobernador?.

En Brasil el fiscal anticorrupción Rodrigo Janot presentó acusaciones en contra del actual presidente de la república, Michel Temer, por haber recibido sobornos y podría destituirlo, igual como hicieron con Dilma Rousseff.

En nuestra cultura política entreguista, donde todo se negocia con la ley en la mano y la justicia no responde a valores sociales, es impensable que el fiscal anticorrupción realmente cumpla con su responsabilidad, simplemente, o por un malentendido sentido de lealtad al jefe, o por la amenaza de ser destituido.

Por ello la fiscalía anticorrupción debe estar fuera de la PGR y cuando mucho depender del Congreso, o sea el Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, ya es tarde para exigir una reubicación con autonomía para la fiscalía anticorrupción. Por lo tanto, debemos apostarle a tener un fiscal que sea realmente un “paladín de la justicia”, casi equivale a decir un “superhéroe”.

Por tanto, es urgente definir un perfil del fiscal anticorrupción que garantice cumplir con la encomienda que queremos otorgarle los ciudadanos, pues operará en un entorno adverso y peligroso, pues tendrá que deslindarse de las instrucciones que con toda seguridad querrán darle sus superiores jerárquicos. Tendrá que enfrentarse incluso a ellos si existiesen sospechas o denuncias de corrupción.

Por tanto, este “superhéroe “en principio debiese tener una trayectoria cien por ciento honesta, comprobada a partir de una investigación profunda a lo largo de toda su trayectoria pública y privada. Debe ser una persona guiada por principios y valores morales, identificado ésto a partir de un estudio psicométrico profundo realizado por una institución extranjera para que no haya contaminación política. Además, ser un hombre de convicciones y fuerte carácter, capaz de enfrentar a los más altos niveles jerárquicos del país si fuese necesario.

Esto es lo que debemos exigir los ciudadanos hoy que aún hay tiempo.

Si no fuese así, no esperemos gran cosa de la fiscalía anticorrupción.

¿Usted cómo lo ve?

 

Ricardo Homs
Twitter @homsricardo

 



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Felipe Monroy

La nueva propaganda es tan vieja como siempre

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Mientras varios regímenes democráticos alrededor del mundo comienzan a mostrar rasgos de debilitamiento multifactorial (falta de participación ciudadana, hiper-regulación de instrumentos de control gubernamental, control editorial en medios de comunicación por parte de poderes fácticos o económicos, etc.), la propaganda política renueva sus brillos en diversas formas y espacios informativos. De hecho, la manipulación digital y la estrategia belicista en la información son técnicas cada vez más sofisticadas para mantener el poder.

Lo curioso es que estas técnicas no son exclusivas de Estados que se puedan calificar como ‘autoritarios’; de hecho, provienen de otros grupos de poder.

Después de un par de décadas donde el acceso a la Internet y a los medios digitales generaron expectativas de una mayor pluralidad informativa, con más participación ciudadana tanto en la creación de contenidos como en el consumo más juicioso de los mismos, el mundo post-pandémico ha revelado cómo el control informativo no sólo continúa en un puñado de manos sino que el dominio sobre el ‘mundo digital’ apenas le corresponde a decisiones interesadas y personales de los dueños de los algoritmos. Por ello, gobiernos, partidos políticos y titanes económicos han negociado y hasta intercambiado derechos sociales para utilizar estos recursos con fines egoístas y utilitarios.

Así, aunque la propaganda autoritaria en manos de los colosos informáticos opera de maneras distintas, mantiene el mismo objetivo: dominar desde una persuasión dura. De hecho, regímenes ‘democráticos’ contemporáneos ya no estilan el promover estrategias de seducción y convencimiento racional sobre líderes “buenos, competentes o generosos” sino en persuadir de que hay poderes superiores, irremediables y absolutos.

Esto, que en comunicación política se denomina ‘propaganda dura’ consiste sólo en demostrar poder, sin apelar a mensajes propositivos y en sólo advertir a la sociedad sobre la fortaleza del poder sobre ellos, como un dominio total del cual no se pueden cuestionar sus valores, principios, argumentos o decisiones. Ejemplos actuales de esto suelen estar del lado de propaganda ideológica absolutista que determina incluso los lenguajes, la vida cotidiana y los anhelos de control en grupos sociales cuya superioridad moral se certifica según la adhesión y disciplina ante los principios ideológicos que se enmarcan.

Estas herramientas de control no son nuevas, son las mismas estrategias de dominación de toda la vida; sin embargo, es a través de las redes sociales, plataformas de Internet y de los grandes operadores mediáticos como se han creado nuevos campos de batalla para la ‘guerra propagandística’. No es un secreto que el control de dichas plataformas y algoritmos se encuentra reducido a un pequeño grupo del sector privado y, peor, a disposición de los grupos que pueden pagarlo.

Estas plataformas no sólo vulneran la privacidad de datos de usuarios sino que el control sobre los opacos algoritmos permiten transmitir sin esfuerzo contenidos específicos a miles de millones de personas o, por el contrario, permiten ocultar realidades contrarias a los intereses de sus dueños. Por si fuera poco, el vertiginoso desarrollo de las IA no sólo no están mejorando los problemas de información autoritaria sino que incrementan la duda, la sospecha y la relativización de la verdad.

Estas ‘dictaduras digitales’ crecen, paradójicamente, gracias a la pluralidad y diversidad de visiones, preferencias y creencias en las sociedades hiperconectadas; y desde ahí “aprenden” a imponer un marco único de referencia, controlan las palabras y la narración de la realidad.

Además, en muy pocas ocasiones se trata de inocular “nuevas ideas” en la población sino reforzar creencias ya existentes; el principal éxito de esta propaganda dura es generar apatía política, de hecho, casi todo tipo de apatía, porque algunos estudios revelan cómo en comunidades estudiantiles acostumbradas a la censura (como en regímenes totalitarios culturales), deciden no explorar información fuera del ‘muro digital’ incluso cuando tienen oportunidad.

Y esto tiene una razón: la nueva propaganda (que es la propaganda de siempre) es una mezcla de verdad y ficción. Las mentiras descaradas son contraproducentes; pero al entretejer hechos reales con interpretaciones sesgadas o con narrativas de ‘orgullo’ de autosuficiencia histórica, se torna más sencillo que grandes porciones sociales asuman esos criterios como totales.

¿Y cómo responder ante esto? Sólo hay una vía: Comprender estas dinámicas de la propaganda dura y reconocer cómo se muestran en los mecanismos de información actuales; sólo así se puede preservar el discurso democrático y resistir la influencia autoritaria en esta era digital.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe

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Felipe Monroy

Obispos de México: Un nuevo horizonte

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El próximo 11 de noviembre, los obispos católicos de México comenzarán una muy relevante Asamblea Plenaria en la que, además de tratar asuntos de largo aliento (el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033 y la Novena Continental Guadalupana hacia los 500 años de las Apariciones Marianas en el Tepeyac), están por renovar el Consejo de Presidencia del organismo colegial y, con él, definir el estilo de gobierno y representación de la Iglesia católica ante el Estado mexicano y el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Luego de dos trienios bajo la presidencia del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, los obispos del país llegan al encuentro para ponderar los perfiles episcopales con los que deberán ofrecer y sostener un diálogo urgente y necesario tanto con las autoridades civiles como con las organizaciones sociales que se encuentran en tensiones máximas en una infinidad de temas diversos, aunque en el fondo sólo se trate de una misma clase de conflicto: el juego de la legitimidades que representan.

Este asunto es muy importante porque las figuras de autoridad que hoy están en disputa en el concierto nacional cuestionan la participación del resto de liderazgos sociales según sus adhesiones populares, cualidades jurídicas, capacidades técnicas o de recursos económicos; sin embargo, el papa Francisco ha recordado que, el papel de la Iglesia católica es recordar y promover “que todas las acciones se pongan bajo el ‘dominio político’ del corazón: que la agresividad y los deseos obsesivos se aquieten en el bien mayor que el corazón les ofrece y en la fortaleza que tiene contra los males; que la inteligencia y la voluntad se pongan también a su servicio sintiendo y gustando las verdades más que queriendo dominarlas como suelen hacer algunas ciencias; que la voluntad desee el bien mayor que el corazón conoce, y que también la imaginación y los sentimientos se dejen moderar por el latido del corazón”.

Como se ve, el centro de las reflexiones episcopales sin duda estará la nueva encíclica del papa Francisco Dilexit nos, en particular el numeral anterior y el 88, el cual invita a los pastores a no agobiarse por dividirse entre su misión y las actividades externas recurrentes como “reformas estructurales vacías de Evangelio, organizaciones obsesivas, proyectos mundanos o reflexiones secularizadas”. El Papa pide a los creyentes y en especial a los pastores a no caer en un “engañoso trascendentalismo desencarnado”.

Es decir, será imperante que la próxima directiva de la CEM concilie el sentido evangelizador y misionero en cada una de sus declaraciones y comunicados políticos; puesto que, incluso desde la precisión técnica en su interpretación jurídica o sociológica de la realidad del país, hasta ahora no suelen ofrecer sino su posición jerárquica como único argumento legitimador de su opinión. Francisco ya se los había insistido directamente a los obispos mexicanos y ahora lo universaliza en su encíclica: a la Iglesia no le compete dar soluciones técnicas a la sociedad, tampoco puede quedarse en meras reflexiones secularizadas; en el fondo, el Papa exhorta a los cristianos salir de ese ‘engranaje perverso’ porque “el mayor riesgo en esa misión es que se digan y se hagan muchas cosas pero no se logre provocar el feliz encuentro con ese amor de Cristo que abraza y que salva”.

Frente al contexto nacional, donde hay un hartazgo frente a la improvisación, la pérdida de equilibrios y el irrespeto a la ley, los obispos tienen oportunidad de no sucumbir ante la tentación de considerar al próximo Consejo de Presidencia como un instrumento de colisión o confrontación política sino de abrirse a una mayor colegialidad y participación transparente de las comunidades que integran los servicios de la CEM; que sus instancias de cohesión y vinculación vuelvan a ofrecer un servicio permanente, de tiempo completo; que integre sin ambages los talentos y trabajos que se hacen hacia adentro y hacia afuera del episcopado. Y para ello, será imprescindible elegir sin prisas esa nueva mesa del Consejo de Presidencia.

Recientemente, el presidente saliente de la CEM confesó que, aunque los estatutos internos le permiten proponer una terna de candidatos, no ponderará a ningún hermano obispo a tomar el testigo. Esta actitud de Cabrera quizá atempere los ánimos internos después de que, en algunas instancias episcopales, causaron molestia ciertos casos en que no se respetaron ni los estatutos ni las formas respecto a las ternas y las propuestas directivas.

Con todo, los obispos que suenan para presidir el colegio episcopal en los próximos tres años son: el arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong (66 años), quien ha demostrado tener un buen control de su provincia y además tiene una importante experiencia de siete años junto al papa Francisco en la sección de Seminarios de la Congregación para el Clero (dos temas urgentes en el seno del catolicismo son las vocaciones y su formación sacerdotal); el arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez (69 años), biblista con larga experiencia episcopal en Matamoros y Querétaro, y quien recién vivió un intenso mes en el Sínodo de la Sinodalidad, el proyecto más audaz del papa Francisco para revitalizar la actitud misionera y evangelizadora de la Iglesia.

Otros obispos que también reciben comentarios positivos en los círculos eclesiásticos son aquellos que ya participan en el actual Consejo de Presidencia: el recién promovido al importante arzobispado de León, Jaime Calderón (58), por su conocimiento del drama migratorio en el sureste mexicano; el hoy vicepresidente del organismo, Gustavo Rodríguez Vega (69), quien podría mantener el estilo dialogante y atemperado de Cabrera, además de que su experiencia en la pastoral de construcción de paz se torna indispensable en un momento como el que vive el país; y el tesorero, Jorge Alberto Cavazos (62), actual arzobispo de San Luis Potosí.

Entre las voces eclesiásticas también se ha hablado de optar por perfiles con todavía más experiencia y que puedan ofrecer vías de diálogo directo con articuladores del gobierno de Sheinbaum; sin embargo, también se estila que no se elija a un presidente de la CEM que cumpla la edad de retiro en el trienio porque, de lo contrario, se daría una señal de ‘presión’ al Papa para no disponer de su separación del cargo y el nombramiento de su sucesor. En las elecciones episcopales serán evidentemente relevantes los nombramientos del nuevo vicepresidente y del secretario general.

Por si fuera poca tarea, los obispos mexicanos están por renovar varias de las sedes arquidiocesanas. Los arzobispos de Guadalajara, México, Acapulco, Tlalnepantla, Morelia, Monterrey, Chihuahua, Puebla y Oaxaca han presentado o están por presentar su renuncia al Papa en el próximo trienio; aún no se concreta el nombramiento del arzobispo de Tuxtla Gutiérrez; y antes de que termine el 2026, por alcanzar la edad de retiro canónica, los obispos de Xochimilco, Cancún-Chetumal, Mazatlán, Tepic, Zamora, Puerto Escondido, Querétaro, Texcoco, Valle de Chalco, La Paz, Tula, Coatzacoalcos, Zacatecas, Tlaxcala, San Cristóbal de las Casas, Irapuato, Lázaro Cárdenas y Tehuantepec, quizá puedan ya tener sus respectivos sucesores.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe

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Columna Invitada

La difícil paz

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Dentro de las primeras semanas del nuevo gobierno de la presidenta Sheinbaum, nos encontramos que la percepción de la paz no mejora. Han crecido los crímenes de alto impacto: asesinatos de alcaldes, intento de asesinato de una diputada federal, los hechos en Sinaloa, que aparentemente no tienen fin y carros bomba además del asesinato de un sacerdote.

Parecería que la paz se aleja, a pesar de anuncios de nuevos esfuerzos por lograrla. Es de esperarse, por otro lado, que cuando empieza una nueva administración, ciertos grupos de poder o que pretenden influir en el poder, tienen la idea de que “hay que tomarles la medida a los nuevos gobernantes”. Y para ello, desarrollan actos para probar la resolución de la presidenta, su fortaleza, qué tanto puede lograr, qué se puede esperar de esta nueva gobernante. Y no tendría nada de raro que esto se repita. La cuestión es: ¿cómo reaccionará esta nueva administración, ante estos embates?

¿Cómo podemos construir una paz aceptable para nuestra Sociedad? Por supuesto, esto requiere de varias cosas. Se ha anunciado un proceso estratégico para el desarrollo de la paz. Pero se ha centrado, sobre todo, en el aspecto de la seguridad, que no necesariamente es lo mismo. Aquí la pregunta sería: ¿a qué le estamos llamando paz?

Más allá de los discursos, de las definiciones, hemos tratado de medir la seguridad con la ausencia de homicidios dolosos, lo cual no es lo único a lograr, porque hay otros tipos de ataques a la seguridad de la población que no tienen que ver necesariamente con los homicidios. Por ejemplo: los asaltos, las violaciones, las extorsiones y otros ataques que tienen un alto impacto sobre la población. Por ahí tendríamos que partir. ¿Cuál es el concepto de paz? ¿Y de qué manera podemos asegurarnos de que efectivamente se está mejorando?

Habría que tener claridad en otro aspecto: diseñar objetivos estratégicos. Pero, desgraciadamente, en todos los campos, no solamente en el de lo político, sino también en el de las organizaciones, en el de lo empresarial o de lo económico, se confunde el concepto de objetivo estratégico.

Los objetivos estratégicos son aquellos que son sistémicos y de largo plazo. Al hablar de los objetivos para la paz, lo sistémico es lo que abarca todos los aspectos que conciernen a la Sociedad. Tendríamos que hablar, no de hechos aislados de paz, sino de un sistema de paz. Y que esto, además, sea sostenible a largo plazo.

No quiere decir esto que no pueda haber en el sistema otro tipo de objetivos. De hecho, además de los objetivos estratégicos, es importante que existan también objetivos tácticos. Es muy necesario tener buenos objetivos tácticos, porque lo estratégico se lleva a cabo a través de una variedad de tácticas. La diferencia es que, esos objetivos tácticos, suelen ser de corto plazo y no necesariamente sistémicos, sino parciales. Necesitamos resultados, buenos resultados de largo plazo. La suma de logros de corto plazo, va construyendo el largo plazo y, muy importantemente, genera impulso y entusiasmo para sostener el esfuerzo.

Pensando en este diseño de una paz, alcanzable y suficiente para que sea aceptable para la población, tenemos que pensar en tener indicadores precisos de que tanto nos estamos acercando a tener una paz como la que deseamos. ¿Qué tan cerca estamos de ella? ¿Qué tanto hemos avanzado? Esto no es nada simple. Es algo importante, algo que tiene que diseñarse con sumo cuidado.

Vamos a pensar en algunos de ellos y estoy seguro de que debería haber otros más. Hay que empezar por decir, como ya se comentó anteriormente, ¿a qué le llamamos paz? Porque la paz va más allá de la reducción de la criminalidad. Ya se ha comentado en estas páginas que a veces se puede tener reducción del crimen a cambio de una falta de libertad, de participación ciudadana. Tener sometida a una minoría a quien se le impide manifestarse, podría parecer cierta clase de paz. Pero no, la paz no es únicamente la ausencia de crimen. Algún clásico decía que la paz es la tranquilidad en el orden. Tranquilidad, ciertamente, pero dentro de un orden como el que la Sociedad requiere, lo que necesitamos para realizarnos como seres humanos.

Tal vez uno de los indicadores más importantes sería cuál es el nivel de confianza que se tiene en el Gobierno, en particular en el manejo de la seguridad y el combate al crimen. ¿Realmente podemos hablar de que, en este país, la población tiene confianza en que el Gobierno está haciendo todo lo posible para que el crimen no crezca? ¿Verdaderamente, se avanza para que la paz esté cada día más cerca?

Otros indicadores parciales: podría medirse cuál es el número de crímenes o de ataques a la paz que ocurren y que producen una acción judicial. Hay quien dice que en México se denuncian menos de la décima parte de los crímenes cometidos, lo cual es muy dudoso. Por definición, si no hay denuncias, es muy difícil decir cuántos delitos ocurren. Pero supongamos que sea cierto. Es una cantidad extraordinariamente pequeña. Luego, de estas que verdaderamente se denuncian, ¿cuántas generan investigaciones que puedan ser llevadas ante un tribunal? Y de estas, ¿cuántas se convierten en una sentencia?

También se dice, y otra vez, es muy dudoso que, por cada diez denuncias, solamente una produce un dictamen, absolutorio o condenatorio. Algo bien importante, que deberíamos poder medir. Otro indicador significativo: ¿cuánto tiempo pasa desde que se da una denuncia hasta que exista una sentencia? No es raro que haya personas que están en la cárcel por un tiempo extraordinariamente largo, en espera de que reciban una absolución o condena. Esa rapidez de los procesos, lo que se llama una justicia pronta y expedita, es algo que se puede medir con bastante facilidad.

Por otro lado, ¿qué tan importante es la participación ciudadana en la construcción de la paz? No solamente que tantas denuncias se hacen sino, también, en qué se participa, qué mejoras propone la población. Realmente, deberíamos estar esperando que la ciudadanía haga su parte. Que recomiende soluciones creativas. Que las innovaciones no vengan únicamente de los partidos políticos, de la clase política, sino de la ciudadanía en pleno. Que todos sugieran ideas para mejorar nuestra situación.

¿Qué tanta libertad siente la ciudadanía para poder recomendar ideas en este aspecto? Parece que el ciudadano no se siente en la libertad de participar, sea por comodidad o por temor. ¿Comunicamos a nuestros gobernantes si estamos aceptando la paz que estamos recibiendo? ¿Estamos contentos con sus resultados?

Tendríamos que considerar de quienes deben venir las propuestas para esta construcción de la paz. No únicamente de los partidos, no solamente de la prensa, no nada más de los medios de comunicación sociales. Hay que lograr que diferentes grupos de la sociedad, sociedades intermedias e individuos, participen en este asunto. Algo, tan importante, que no podemos dejar únicamente al Gobierno y a sus funcionarios.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Columna Invitada

Profesionalización de la administración pública municipal

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Agradecemos a la Dip. Rebeca Irene Silva Gallardo, Presidente De La Comisión De Presupuestos Y Asuntos Municipales Congreso del Estado, que nos hizo llegar y analizamos la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL y como Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo, INCIDE, A.C. y hoy ya Colegio de Profesionistas, agradecemos la invitación a los Foros de Consulta y apoyamos que la ley impulse mayores estándares de eficiencia en la gestión de asuntos públicos.

La propuesta de profesionalizar a los funcionarios municipales mediante una ley que promueva la capacitación, certificación y actualización continua es una estrategia para elevar la calidad de la administración pública. Este enfoque considera que los cambios sociales, económicos, tecnológicos y legales exigen una actualización continua, permitiendo a los servidores desarrollar habilidades más allá de lo técnico, incorporando componentes éticos, emocionales y competencias transversales.

Un punto clave es la certificación “por competencia laboral y/o profesional”, que asegura que los funcionarios no solo tengan conocimientos, sino que sepan aplicarlos en situaciones complejas y tomar decisiones éticas. Este tipo de certificación fomenta el aprendizaje constante y la adaptación en un contexto de cambio continuo.

Los colegios de profesionistas pueden ser aliados fundamentales en esta propuesta, participando como organismos de capacitación y certificación, y aportando una visión actualizada del mercado laboral, con estándares de calidad reconocidos.

La Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, por su pluralidad y autonomía, es la entidad idónea para liderar esta iniciativa. Su intervención evita duplicidades y garantiza una gestión eficiente, sin requerir recursos adicionales ni reorganización institucional.

En conclusión, esta propuesta profesionaliza a los funcionarios y mejora la calidad del servicio en beneficio de la ciudadanía, con una implementación transparente y un compromiso hacia el desarrollo profesional continuo.

Y ya lo decía la diputada Rebeca Silva “todos los ciudadanos tienen derechos a ser propuestos a ocupar un cargo de función pública y los alcaldes su derecho a proponerlo, pero todo ciudadano tiene derecho a ser tratado con calidad, respeto, profesionalismo y capacidad que el cargo les exige” y yo agrego, “que los cargos públicos dejen de ser universidades de la vida”.

Propuestas Específicas de modificación al Decreto:

En cuanto al artículo 87 BIS:

“Para ocupar la titularidad de algún cargo dentro de la administración municipal, se deberán cumplir los requisitos del Artículo 132 de la Constitución Local con excepción de las fracciones segunda y sexta, más los siguientes:

I. No estar inhabilitada o inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública;

II. Contar con certificación por competencia laboral y/o profesional en la materia del cargo que se desempeñará, expedida por institución con reconocimiento de validez oficial validado por la Secretaría de Educación y Cultura o CONOCER. Este requisito deberá acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicien sus funciones;

III. Que la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales sea la receptora de las propuestas y observando los criterios definidos, determinen a los entes o instituciones que pueden certificar.

Vencido el plazo a que se refiere la fracción segunda, la o el Presidente Municipal informará a la propia Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales sobre el cumplimiento de dicha certificación laboral y/o profesional para que se le notifique, en su caso se tomen las medidas correspondientes respecto de aquellos servidores públicos que no hubiesen cumplido….¨”

Y, en el caso del artículo 87 TER: “Los puestos sujetos a las disposiciones señaladas en el artículo anterior se especifican conforme a lo siguiente:

a) Municipios con menos de diez mil habitantes, las titularidades de la Secretaría, la Tesorería y del Órgano de Control, Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Evaluación Gubernamental

b) Municipios de entre diez mil y cien mil habitantes, lo requerido en el inciso anterior y se añade la Dirección de Obras Públicas y Coordinación Municipal de Protección Civil.

c) Municipios con más de cien mil habitantes, lo requerido en el inciso a) y b) de este artículo, y se añaden, las Direcciones de Desarrollo Económico, de Turismo, de Ecología, de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social, de las Mujeres, de la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria y de los organismos descentralizados de la administración paramunicipal.

Ah y recuerda 14 de noviembre nuestro XXV Aniversario

Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en gestión integral de riesgos, resiliencia empresarial, seguros y derechos humanos.
incide.guillermo@gmail.com

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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