Ciudad de México.— Los grupos parlamentarios minoritarios representados en el Congreso de la Unión alzaron la voz para lanzar diferentes llamados tanto al gobierno federal como a los propios partidos y sus políticos; frenar la corrupción que prevalece en el país y en el gobierno federal, regular y reducir el financiamiento de los partidos, detener el pase automático del Procurador a Fiscal General y dejar atrás la parálisis legislativa, fueron algunos de los mensajes a los que dieron prioridad.

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El diputado independiente Manuel Clouthier pidió a los partidos representados en la Cámara de Diputados mostrar voluntad a fin de sancionar a los corruptos e impulsar un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que cumpla su objetivo de que la corrupción no quede impune.

Al Congreso de la Unión pidió abonar a la credibilidad poniendo el ejemplo en rendición de cuentas y combate a la corrupción. Hizo una crítica al manejo discrecional y opaco de los recursos públicos por parte de los grupos parlamentarios de ambas cámaras.

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El Poder Legislativo, dijo, no puede seguir siendo parte del reparto del botín; además exigió evitar que los partidos políticos sigan siendo escuelas de la corrupción, motivo por el cual, subrayó, es impostergable una ley que reduzca el dinero de los partidos, como las muchas que se han presentado pero que se mantienen intencionalmente en la congeladora.

El diputado Abdies Pineda Morín, fue el encargado de fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. El legislador destacó que su partido se encuentra insatisfecho pues pese al intenso trabajo legislativo y la presentación de numerosas iniciativas, la mayoría se quedaron en la congeladora con temas de trascendencia nacional.

Pineda Morín destacó iniciativas presentadas por su partido en materia de eliminación de fuero para acabar con la corrupción y la impunidad de servidores públicos, eliminación del gasto público para los partidos políticos y una reforma constitucional para la disminución de legisladores federales, no obstante, de estas reformas estructurales para el sistema político nacional, ninguna fue discutida y mucho menos aprobada.

El gran legislador de esta Cámara, aseguró, ha sido la indiferencia que destrozó la voluntad de los legisladores al permitir que las iniciativas caduquen en las Comisiones y jamás se debatan ni se aprueben.

Carmen Victoria Campa, del Partido Nueva Alianza (Panal) destacó el inicio del último año de gobierno del sexenio en circunstancias adversas, con partidos con iniciativas detenidas de suma importancia para el país.

La legisladora aliancista dijo que mientras los partidos siguen en el debate, esta discusión es infructuosa pues no avanzan en leyes que se traduzcan en beneficios para la gente; en este sentido hizo un llamado a la los partidos para no afectar a la ciudadanía y demostrar a la sociedad que la clase política está lista y apta para trabajar por su bienestar, hacerlo con hechos y no con discursos.

Layda Sansores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado, sostuvo que México arde de rabia e impotencia cuando en el quinto año del gobierno del presidente Peña Nieto el corte de caja de los ciudadanos es de corrupción, despojo, violencia, violación a los derechos humanos, saqueo, matanza de periodistas y reformas no responden a los intereses nacionales.

Llamó al Presidente de México un vil huachicolero que compró cara la Presidencia para vender caro el petróleo. Señaló que en los últimos 20 años la deuda ha crecido más con Peña que con cualquier otro Presidente a lo que se añade que uno de cada dos mexicanos es pobre.

Arremetió contra Peña Nieto porque, dijo, busca imponer un Fiscal General a modo, que sea priista, esto con el fin de ganar nueve años de impunidad.

¿Qué esconde bajo la alfombra para desoír a 300 organizaciones no gubernamentales de las más prestigiadas, que le han señalado la necesidad de contar con un Fiscal independiente y autónomo cuya característica principal es que no tenga filiación partidista?, cuestionó la senadora.

Sansores cuestionó también el tema de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht presuntamente entregados a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, dinero que se presume pudo haber servido para financiar la campaña del presidente Peña.

Por parte del partido Movimiento Ciudadano, fue José Clemente Castañeda el encargado de fijar la posición del grupo; destacó el momento político de desacuerdos y fricciones que ocasionó que no se pudiera nombrar a la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Castañeda se refirió a temas impulsados por su grupo parlamentario como la reforma para evitar el derroche de los partidos, así como la correspondiente para eliminar pensiones de los expresidentes y otra más para evitar los suntuosos seguros de gastos médicos.

Sostuvo que México no aguanta más otra generación de políticos corruptos, pidió ir en contra del pase automático del Fiscal General y aseveró que hay irresponsabilidad por parte del actual régimen político que se niega a desaparecer y ejerce toda su influencia pues, dijo, hay fuertes intereses detrás y prueba de ello es lo que sucedió anoche en el Senado, donde estas fuerzas políticas alteraron la vida interna de esta Cámara.

José Clemente Castañeda dijo que México vive una situación límite de violencia y una crisis generalizada de derechos humanos y corrupción que se ha resumido en parálisis y descrédito, con una sociedad lastimada por la desigualdad.

Destacó las cifras gastadas por el gobierno federal en la actual campaña de autopromoción personal del presidente Peña Nieto, que aseveró, es una de las más costosas del sexenio, que se suma a los más de 23 mil millones de pesos gastados en este rubro entre 2013 y 2016.

Por su parte la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle, sostuvo que luego de cinco años de gobierno, prevalecen los mismos daños estructurales que siguen erosionando la vida pública.

Nahle aseguró que son apenas unos cuantos los compromisos cumplidos por el presidente Peña Nieto, de los 266 que firmó como candidato.

Se refirió también al tema del pase automático del procurador Cervantes como Fiscal General, y criticó el caso de Odebrecht y los sobornos que presuntamente sirvieron parar financiar la campaña presidencial de Peña Nieto.

Destacó la precaria situación de la ética en la política mexicana y dedicó una parte de su intervención a subrayar un “retroceso electoral alarmante” que se vio de manera importante en las pasadas elecciones, cuestionadas por todos los partidos por la ausencia de una autoridad electoral fuerte, destacando la del Estado de México por los tintes de fraude que prevalecieron durante el proceso.

Por último, el senador Carlos Alberto Puente Salas, fijó la posición del grupo parlamentario del Partido Verde; rindió un informe sobre los logros de la administración del presidente Peña Nieto, y destacó las promesas cumplidas por su partido a lo largo de estos cinco años del sexenio.

Pidió a los partidos políticos dejar de lado intereses de grupo pues, dijo, se necesitan a todos los partidos para seguir avanzando.

Puente Salas invitó a los diferentes grupos parlamentarios representados en esta sesión de Consejo general a separar lo legislativo de lo electoral a fin de no frenar las reformas y temas de trascendencia nacional que aún están pendientes y son prioritarios para el periodo legislativo que inicia.

Aseguró que en México se consolidarán las reformas estructurales en el siguiente sexenio y cuestionó las voces señalan que se busca imponer el pase automático del actual titular de PGR como Fiscal General.

Carlos Puente arremetió contra quienes han señalado que se quiere imponer al Fiscal General de la República, pero se les olvida y mienten, destacó, cuando en la Cámara de Diputados fue el propio PAN el que aprobó en votación este pase automático; “no sé si tienen amnesia o es oportunismo político, pero hay que ser claros y decir a México la verdad”, en este sentido pidió a los panistas asumir las consecuencias de su actuar legislativo y respetar que esta decisión será exclusiva del Senado de la República.

ebv