Política
Ideas para un debate
Este domingo 22 de abril se realizará el primer debate presidencial del proceso electoral 2018, acuden cinco candidatos bajo un escenario que, si se simplificase al extremo, sería como sigue: el aspirante opositor va a la cabeza con varios puntos de ventaja en las encuestas; el abanderado del partido en el poder va en un lejano tercer lugar; el segundo lugar se sostiene sobre una explosiva amalgama artificial; y, al final de la carrera, dos candidatos sin partido que atacan al puntero más por ser como es que por alcanzarlo en el frente de las preferencias.
Por supuesto, la simplificación se hace caricatura y peca en objetividad. La construcción histórica de cada candidatura, la constitución real de cada estructura partidista, el panorama actual y futuro del país al que se aspira a gobernar y los acuerdos cupulares institucionales, políticos o económicos, hacen mucho más complejo el escenario en el que los ciudadanos deben valorar con criterio su apoyo a uno u otro aspirante. Pero bien dicen los mercadólogos de la política: el debate no es la oportunidad ciudadana para someter a los candidatos a escrutinio, es la oportunidad de los candidatos a sembrar ideas (reales o falsas) de su persona o de sus contrincantes.
Esos mismos mercadólogos afirman que el ganador del debate sube cuatro puntos en las encuestas de intención de voto popular y por eso preparan a los candidatos con técnicas y artilugios para salir victoriosos; sin embargo, en debates modernos ha habido candidatos que no acuden a estos ejercicios y de igual manera ganan elecciones (Theresa May del Reino Unido, por ejemplo) o debates donde son las reacciones del público presente las que ajustan los estilos o las temáticas de las propuestas políticas.
En México seguimos teniendo formatos muy rígidos, muy cómodos para los candidatos. De tal suerte que sigue siendo poco claro saber qué esperamos en realidad de estos ejercicios de comunicación política. ¿Qué se evalúa en un debate? ¿Las ideas? ¿La claridad con la que se exponen? ¿El temple y el carácter del candidato para recibir o sortear ataques? ¿El ingenio para hacerlos? Y finalmente, ¿quiénes hacen esas evaluaciones? ¿La audiencia como espectador entretenido o como ciudadanía receptiva? ¿O en el fondo es la opinocracia interesada la que califica bajo sospechosos o arbitrarios criterios?
¿Quiénes deben contrastar las palabras con la realidad? ¿Qué instancias verifican la viabilidad de las promesas? Pero, sobre todo, ¿cómo hacer para que la ciudadanía incida en la elección de los tópicos, de los formatos y de los candidatos sobre los que sí tiene interés escuchar?
Y es que en los debates se somete al crisol mucho más que las palabras y actitudes de los candidatos; se pone en evidencia el tipo de sociedad que somos y el nivel de la participación ciudadana que está convocada a pensar y reflexionar sus intenciones electorales.
Que los debates en México estén organizados para que cada candidato (independientemente de cómo haya llegado a la contienda o de sus posibilidades reales de ganar) pueda expeler cualquier agresión que le venga a la mente o prometer la fantasía más alucinante, refleja nuestro oscuro deseo de hablar sólo por tener el micrófono y la falta de sanciones sociales a la mentira. Pero, esa libertad, no explica esa falsa cortesía o protección a los políticos que no tienen posibilidad ni capacidad de soportar el juicio público cuando debaten.
Que los moderadores de estos encuentros políticos en México sean periodistas no se compara con la presencia de público general en debates de Estados Unidos o el Reino Unido, ni con la preselección de candidatos a los que se les exige debatir sin ser distraídos por otros aspirantes que, aunque tengan legítimo derecho de contender, no representan plataformas de interés nacional ni debates sociales urgentes (como en Francia, por ejemplo).
La posibilidad para que -legítima, legal o paralegalmente- casi cualquier ciudadano mexicano pueda aspirar a puestos ejecutivos es parte de los avances y tropezones de la democracia; los debates también lo son. Ambos mecanismos son perfectibles y ambos siguen necesitando a todas luces más participación popular.
@monroyfelipe
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México
Poder Judicial debe repensar la suspensión de trabajos de su Comité de Evaluación: Corral
Ciudad de México.— El presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, Javier Corral Jurado, dijo que el Poder Judicial debe “repensar” la decisión de suspender los trabajos de su Comité de Evaluación, ya que con ello se les cierra el paso a muchos aspirantes, que se registraron en esa instancia para la elección de jueces, ministros y magistrados, y sólo se mantiene en el proceso a quienes tienen pase automático.
“Quienes se inscribieron en esa convocatoria estaban apostando por un proceso más riguroso de evaluación, y qué lástima que termine siendo suspendido, negándoles el derecho a quienes optaron por esa vía”, expresó.
En entrevista, el senador morenista precisó que lo único que hace esta decisión es mantener a quienes tienen pase automático y sacar a quienes confiaron en ese proceso, por ello, me parece que “el Poder Judicial debería repensar esta decisión”.
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Corral Jurado indicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está en la facultad de resolver y decidir qué hacer y hacia donde debe conducirse este proceso, pues está en el ámbito de sus responsabilidades, facultades y competencia.
“A algunos les parecerá un asunto controvertible, a mi me parece que siendo el proceso de elección del Poder Judicial una materia electoral, esta es la instancia definitiva”, aseveró.
Dijo que de continuar con un proceso en el que todos sean respetuosos y logre blindarse de injerencias indebidas o de participaciones ilegales, que la misma ley sanciona y prohíbe, puede resultar ejemplar y realmente pionero en el mundo.
Los comités de evaluación, apuntó, deben cumplir su tarea para que vayan los mejores perfiles que cumplan los requisitos y en ese sentido tendremos una elección que puede darle al país un giro.
ebv
México
“Urge coordinación binacional México-EU para combatir a grupos delictivos: partidos de oposición
Ciudad de México.— Al asumir Donald Trump como el 47º presidente de los Estados Unidos, el senador de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, deseo una gestión exitosa y pidió que la relación con México se fundamente en el mutuo respeto.
“Tanto Claudia Sheimbaun como Donald Trump no deberían engancharse en pleitos estériles y comenzar a construir en los temas que más preocupan a ambos países”, expresó
Al gobierno de Estados Unidos, el panista, pide que respete los derechos humanos de los migrantes y al gobierno de México que impulse acciones inmediatas que mitiguen las consecuencias de decisiones que puedan afectar a millones de mexicanos.
Por ello, urgió una colaboración estrecha y efectiva entre ambas naciones para frenar la muerte y terror que provoca el narcotráfico en ambos países.
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“Hago un llamado a ambos países para que aborden las diferencias y problemas comunes a través de la cooperación internacional y el diálogo en todos los niveles de gobierno. Desde el Senado de la República, impulsaremos acciones que mitiguen las consecuencias de decisiones que puedan afectar a millones de mexicanos”, señaló.
Expuso que el gobierno mexicano debe reconocer que su política interna y externa ha sido muy deficiente en los últimos seis años.
“Debería ser México y no Estados Unidos quien declare a las organizaciones criminales como grupos terroristas, para lograr una estrecha y efectiva colaboración en el combate con los grupos delictivos que lamentablemente cada vez controlan mayor parte del territorio nacional, generando muerte, extorsión y terror entre la población”, agregó.
Por ello, exhortó al gobierno federal a tomar acciones contundentes ante la violencia desbordada en nuestro país y a realizar un cambio urgente en su política de seguridad.
ebv
Política
Llaman a brindar apoyo a adultos mayores para realizar trámites digitales
Para combatir la brecha digital
Ciudad de México. — Se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para brindar asesoría y acompañamiento a personas mayores en la realización de trámites digitales.
La iniciativa de la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena) se envió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. El documento busca reformar la fracción IX del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Con ello, se pretende stablecer que las personas adultas mayores reciban orientación y asesoría integral al momento de realizar trámites en línea ante entidades públicas o privadas.
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Además, estipula que el responsable de facilitar la asesoría deberá proporcionar los medios para que esta sea brindada en tiempo real cada que una persona adulta mayor la solicite.
La legisladora sostiene que esta adecuación normativa es fundamental, toda vez que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el tercer trimestre del 2022, en México había 18 millones de personas de 60 años y más, lo que representa el 14 por ciento de la población.
Iniciatva busca combatir la brecha digital con adultos mayores
Enfatiza que la inclusión digital para las personas mayores es un tema crucial en la actualidad. Lo anterior, ya que según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el país solo el 10.4 por ciento de los usuarios totales de internet son personas adultas mayores.
La diputada Ayala Leyva considera que la mejor forma de combatir la brecha digital es emprender acciones concretas que permitan a las personas adultas mayores realizar los trámites, por lo que es importante enfocar esfuerzos en una inclusión digital exitosa.
Lograrlo, agrega, significaría generar acceso a mejores oportunidades de recibir servicios médicos, buscar empleo o aprender nuevas habilidades en línea.
Además, se agiliza la vida al ofrecer una gran cantidad de servicios digitales: bancarios (banca en línea), institucionales (e-gobierno) y de salud (programación de citas médicas en línea o videoconsultas).
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JAHA
México
En México casi tres millones de menores sufren ciberacoso, revela estudio
Ciudad de México.— A nivel mundial las tecnologías digitales se han convertido en parte esencial de la vida cotidiana, en México el Senado de la República aprobó un dictamen que busca garantizar un acceso seguro y libre de violencia a internet en los menores de edad.
El dictamen propone reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estas modificaciones establecen que el Estado implementará políticas para prevenir, atender y sancionar el ciberacoso, así como cualquier forma de violencia que afecte la intimidad, privacidad, seguridad y dignidad de este sector.
De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 2.9 millones de menores entre 12 y 17 años han enfrentado ciberacoso, lo que equivale al 22.6% de los usuarios de internet en este grupo etario. Ante esta realidad, los legisladores resaltaron la necesidad de un marco normativo que permita aplicar políticas públicas que garanticen un acceso seguro al entorno digital.
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Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente de la Comisión de Derechos Digitales, señaló que, aunque la tecnología ofrece beneficios, también implica riesgos significativos como el ciberacoso y otras formas de violencia digital. La reforma responde a la urgencia de crear un entorno donde los derechos de niñas, niños y adolescentes cuenten con protección adecuada.
Laura Esquivel Torres, del PAN, indicó que las redes sociales se han convertido en un espacio donde la violencia encuentra cabida, lo que exige atención inmediata. Recordó que jóvenes han sido afectados por acoso extremo y mujeres expuestas sin consentimiento.
Por su parte, Paloma Sánchez Ramos, del PRI, mencionó que el acceso de menores a las redes sociales aumentó 30% en los últimos años, pero no existía un derecho que garantizara su protección en el entorno digital. Explicó que la reforma incluye la enseñanza en escuelas sobre los riesgos de la violencia digital, lo cual prepara a los menores para interactuar de manera segura en el ciberespacio.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la violencia en internet incluye conductas como el acoso sexual infantil, la exposición no consentida y el espionaje. Insistió en que el Estado debe garantizar que los menores accedan a las tecnologías sin riesgo para su integridad.
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