México
Aprueban diputados Ley de Disciplina Financiera
Ciudad de México.— El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 271 votos a favor, en 45 contra y tres abstenciones, el dictamen que reforma la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, pasa al senado de la república para su análisis.
Con esta reforma, se otorga a los gobiernos estatales mayor margen de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes que se destinan a la amortización de deuda y fondos para desastres naturales.
Además, faculta a los gobiernos a utilizar en gasto corriente hasta un 5.0 por ciento de ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, a partir de 2019, siempre que la entidad federativa clasifique en el nivel de “endeudamiento sostenible”, en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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El dictamen surgió de una iniciativa que presentaron diputados del PRI, PAN y PRD el pasado 19 de octubre y modifica varios artículos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como el Noveno Transitorio de esta legislación.
La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge argumentó la reforma donde se reforma la definición de asociaciones público-privadas y se adiciona la de disponibilidades para incluir los proyectos de prestación de servicios o cualquier esquema similar de carácter local, independientemente de la denominación que se utilice y en referencia a los recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales anteriores no fueron pagados ni devengados por algún rubro del gasto presupuestado, excluyendo las transferencias federales etiquetadas respectivamente.
Que en las entidades federativas tomen en cuenta, la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos de la Federación para aprobar sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos con el fin de que no excedan los montos de los recursos federalizados previstos en dichos ordenamientos jurídicos y, en su caso, puedan realizar una estimación con base en los criterios generales de política económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales anteriores.
Se sustituye el término iniciativa de ingreso por la de fuente de ingresos distinta al financiamiento, para dar certidumbre jurídica a los entes públicos y evitar la confusión de acudir a los congresos locales cada vez que se materializa el supuesto de aumento o creación de gasto público, para agilizar la atención de la población afectada por la presencia de desastres naturales. Cuando derivado de estos la entidad federativa o municipio afronte los gastos con sus ingresos de libre disposición. El proyecto plantea que no se requiera realizar un análisis de costo-beneficio cuando el gasto de inversión se destine a la atención prioritaria de dichas situaciones.
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Se establece de manera expresa el criterio de excepción que permite a los entes públicos realizar las acciones necesarias para atender a la población afectada por desastres naturales en los términos de las leyes, reglas de operación y lineamientos aplicables, a efecto de salvaguardar sus derechos sociales y combatir condiciones de vulnerabilidad en rubros tales como la salud, educación y vivienda.
También sustituye el término de duración por el término de amortización, para contar con un lenguaje que permita facilitar la comprensión de los entes públicos. Asimismo, tratándose de operaciones de refinanciamiento o reestructuración, el ente público deberá informar a la Legislatura local sobre su celebración y presentar la solicitud de inscripción ante el Registro Público Único dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del mismo.
Se incorpora una excepción a la vigencia de 60 días naturales que actualmente contempla la ley para las propuestas presentadas en los procesos competitivos tratándose de instrumentos derivados, ya que por su naturaleza la determinación de la mejor condición financiera se determina en periodos cortos de tiempo, incluso inferiores a un día.
Para aquellos casos en que las entidades federativas o municipios realicen la afectación de sus participaciones federales en garantía y como fuente de pago, se consolidarán estas como bonos, financiamientos y obligaciones de las entidades federativas o municipios, y serán computables para efectos del Sistema de alertas. Además, deberán cumplir con los requisitos que al efecto determine el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
Asimismo, se incluyen los montos de las cuentas en efectivo, bancos e inversiones temporales sobre los ingresos totales en el indicador de obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas para mostrar de manera más precisa la disponibilidad financiera del ente público para hacer frente a sus obligaciones.
Se plantea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de internet la medición inicial del Sistema de Alertas para municipios a más tardar el último día de julio de 2018, la cual servirá para determinar el techo de financiamiento neto al cual podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2019.
Para el caso de los entes públicos distintos a la administración pública centralizada de las entidades federativas y los municipios, la secretaría deberá publicar la medición inicial del Sistema de Alertas a más tardar el último día hábil de agosto de 2019, la cual determinará el techo de financiamiento neto al cual podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2020.
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Ensenada.— En un esfuerzo sin precedentes, el Gobierno de México, en colaboración con el Gobierno de Baja California, llevó a cabo la Operación Limpieza, un despliegue enfocado en combatir el contrabando y la piratería. Este operativo, considerado el más grande realizado contra el contrabando de artículos en México, logró asegurar tres millones de artículos ilícitos con un valor estimado de 320 millones de pesos.
La intervención se realizó en Ensenada, donde 371 elementos de diversas dependencias, apoyados por 190 unidades, inspeccionaron dos establecimientos en un área de 18 mil metros cuadrados.
Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, calificó este despliegue como un avance significativo en la lucha contra la mercancía ilegal. Recordó que en los primeros operativos de este tipo se aseguraron alrededor de 300 mil piezas, una cifra que ahora ha escalado exponencialmente. “Son productos que incumplen normas de protección civil, etiquetado y propiedad intelectual, y no permitiremos que continúen afectando al país”, afirmó.
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Por su parte, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, reafirmó el compromiso de la entidad para trabajar de la mano con el gobierno federal en la protección de las industrias y los empleos que estas generan. En los últimos 18 meses, el contrabando y la piratería han provocado la pérdida de más de 70 mil empleos en el sector textil, zapatero y del juguete.
Carlos Candelaria, de la Secretaría de Economía, y Alfredo Álvarez Cárdenas, secretario general de Gobierno de Baja California, lideraron la coordinación del operativo, que forma parte de una estrategia integral implementada previamente en la Ciudad de México, Sonora y Coahuila.
Las autoridades han anunciado que se analizarán todas las alternativas legales para sancionar a las empresas involucradas en estas actividades ilícitas. Este esfuerzo, además de proteger a los trabajadores, envía un mensaje claro sobre el compromiso del gobierno con la legalidad y la justicia.
Entre las instituciones participantes fueron: la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cofepris y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, entre otras.
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México
Por la dignidad humana; Lista Cartilla en lenguas indígenas para prevenir la trata de personas
Ciudad de México.— La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, presentó la Quinta Edición de la Cartilla de Prevención de Delitos en Materia de Trata de Personas.
Este material, diseñado para empoderar a las personas frente a uno de los crímenes más atroces, está disponible en español, inglés y francés, además de cinco lenguas indígenas: otomí, náhuatl, purépecha, maya y mazahua.
El contenido se puede descargar gratuitamente en Internet. La cartilla orienta sobre cómo actuar en caso de ser víctima o si existe sospecha de que alguien está siendo explotado. Además, detalla el acompañamiento que ofrece la CEAV y la ubicación de los Centros de Atención Integral (CAI) en todo el país.
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Desde una perspectiva social y de derechos humanos, se describen los derechos de las víctimas y se brinda información relevante para sus familias, las autoridades y los medios de comunicación. Este enfoque busca sensibilizar sobre el impacto que el delito tiene en las comunidades y las medidas necesarias para combatirlo.
La trata de personas es una violación severa que afecta a millones en todo el mundo, con mayor incidencia en los grupos más vulnerables: niñas, niños, mujeres, jóvenes y comunidades indígenas. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la colaboración informada y comprometida es clave para erradicar este flagelo.
La cartilla también promueve la prevención mediante recomendaciones prácticas, como el manejo responsable de redes sociales, la protección de datos personales, la precaución en citas con desconocidos y la verificación de ofertas laborales.
La difusión de este material en lenguas indígenas representa un esfuerzo significativo para garantizar que las comunidades originarias, que a menudo enfrentan mayores riesgos, tengan acceso a herramientas que las protejan.
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México
En una década se dispara extorsión en México: afecta a 7 de cada 10 familias
La percepción de inseguridad permanece alarmantemente alta, con el 86% de la población sintiéndose insegura en su entorno cotidiano.
Ciudad de México.- En los últimos diez años la extorsión ha crecido exponencialmente en México, convirtiéndose en un flagelo que afecta directamente a las familias y su seguridad económica.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), más del 30% de los hogares reportan haber sido víctimas de intentos de extorsión.
En 2023, se registraron 10,190 denuncias formales de extorsión ante el Ministerio Público, un aumento del 84% respecto a 2013.
Sin embargo, estas cifras solo representan la punta del iceberg, ya que el 98% de los casos no se denuncian debido al miedo, la desconfianza en las autoridades y la normalización de este delito en muchas regiones del país.
La extorsión, que va desde amenazas telefónicas hasta exigencias económicas por supuesta protección, genera un daño profundo en la estabilidad emocional y financiera de las familias.
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Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2023, solo 4.5% de las víctimas optaron por denunciar, y de estas, menos de la mitad recibió seguimiento efectivo por parte de las autoridades.
En tanto, la percepción de inseguridad permanece alarmantemente alta, con el 86% de la población sintiéndose insegura en su entorno cotidiano.
Sonora.— En el Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Ciudad Obregón, Sonora, la Navidad llegó acompañada de un milagro de vida. A las 00:08 horas del 25 de diciembre, un niño fue recibido con alegría, convirtiéndose en el primer nacimiento del día en ese estado.
El recién nacido, que pesó tres kilos con 340 gramos y midió 49 centímetros, llegó al mundo rodeado de amor y cuidado. Su madre, Ramona, se encuentra en perfectas condiciones de salud junto a su pequeño, según el personal médico del hospital.
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La llegada de este bebé en una fecha tan especial simboliza esperanza y alegría para su familia y para el equipo médico que participó en el parto. En un entorno donde la atención y el esfuerzo son constantes, este nacimiento marcó un momento de celebración y gratitud en la comunidad hospitalaria.
La noticia del primer bebé nacido en Navidad recuerda la importancia de la vida y el compromiso del personal médico del IMSS , quienes cada día trabajan para proteger y atender a madres e hijos con dedicación y profesionalismo.
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