Lo que ocurre en Ciudad Universitaria de la UNAM es reflejo de lo que pasa en la Ciudad de México, así como en otros estados como Jalisco, Tamaulipas o Sinaloa, sólo por mencionar algunas entidades: delincuencia tolerada, solapada o infiltrada con gobiernos, corrupción policiaca, gobiernos fallidos o simplemente narco-estados.
El discurso del rector de la UNAM, Enrique Graue, del pasado sábado 24 de febrero, horas después de una balacera entre el Anexo de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Contaduría y Administración, sitio conocido como uno de los puntos donde se distribuye droga en el campus, donde fallecieron dos presuntos narcomenudistas o dealers, fue un diagnóstico incompleto, carente de autocrítica.
Si bien el rector señaló que las medidas de seguridad implementadas por la Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración con las autoridades de la Ciudad de México como ampliación de operativos e iluminación de zonas han sido insuficientes para acabar con el narcomenudeo dentro de Ciudad Universitaria, nunca menciona las fallas internas, los secretos a voces del estudiantado, de los propios profesores.
Enrique Graue agregó que en el contexto electoral que vive el país “en los días y semanas por venir, escucharemos voces, internas y externas, que clamarán por otras alternativas más agresivas, algunas que quisieran vernos o armados o militarizados”, pero dijo que ninguno de los dos casos lo lograrán “si trabajamos en unidad”.
Es cierto. No faltarán las voces que pedirán mayor vigilancia y eficacia en el combate a la inseguridad y narcomenudeo en la UNAM. Ello no debe significar que se violente la autonomía universitaria con la presencia interna de policías o militares. No sólo el rector no lo permitiría, sino los miles de estudiantes, profesores y egresados de la máxima casa de estudios del país.
Lo cierto es que Graue nunca mencionó a su policía interna, conocida como “Auxilio UNAM” que está más preocupada porque los estudiantes no se estacionen en doble fila o bloquen los accesos de los estacionamientos, que en vigilar y cuidar a la comunidad.
Es secreto a voces entre estudiantes y profesores que muchos de los narcomenudistas o dealers trabajan, operan, distribuyen con el apoyo de elementos de “Auxilio UNAM”. No hay ni una mención, acción o plan del rector para limpiar la plaga interna. Obviamente no son todos, pero para que operen los distribuidores de droga debe haber complacencia o colusión de este grupo.
El Sindicato de Trabajadores de la UNAM, que dirige desde hace más de dos décadas Agustín Rodriguez Fuentes, de inmediato rechazó también el patrullaje externo en Ciudad Universitaria. Él contrata y protege al personal de Auxilio UNAM. Ahí hay también un jugoso negocio con el tráfico y eventualmente venta de plazas. Pero el líder “democrático” tampoco admitirá su parte de responsabilidad en la violencia que vive la universidad.
Prueba de que la burocracia “azul y oro” se auto protege con impunidad es lo ocurrido el pasado 12 de febrero en el CCH Vallejo cuando una estudiante fue violada en una cafetería. Cuando la víctima acudió junto con sus compañeros con la coordinadora jurídica del plantel, Eunice Velázquez, para exigir la detención del empleado de la UNAM identificado como David, dicha funcionaria argumentó que “debido a la autonomía de la universidad no podían ingresar policías para detener al agresor”.
De esa violencia, de esa impunidad, de esos funcionarios, de ese sindicato que protege, de ese “Auxilio UNAM” tan eficiente, nunca habló el rector. Tal Cual.
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Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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