

México
De 10 a 20 años de cárcel a quien reclute a menores para delinquir: senador Monreal
La niñez vinculada con grupos delictivos está expuesta a una violencia terrible, pues en general se les obliga a ser testigos y ejecutantes.
Ciudad de México.- El senador Ricardo Monreal Ávila promueve una iniciativa para tipificar el reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes para actividades relacionadas con asociaciones delictuosas y el crimen organizado, e imponer de 10 a 20 años de prisión a quien cometa este delito.
Monreal Ávila dijo que los menores que hayan participado, con o sin su consentimiento, en la comisión de delitos o en actividades relacionadas con asociaciones delictuosas.
Advirtió que en nuestro país se calcula que entre 30 mil y 35 mil menores han sido reclutados por el crimen organizado, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
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Esta misma organización, agregó, ha revelado que el reclutamiento por parte de grupos delictivos derivó en 2021 en el asesinato de, al menos, 700 niñas, niños y adolescentes.

Para ocupar a los menores, advirtió, los grupos delictivos utilizan diferentes estrategias de reclutamiento, como amenazas, violencia física, enamoramiento de niñas y mujeres adolescentes, así como promesas de dinero o empleo por medio de engaños.
Sin embargo, a pesar de estas cifras, en México aún no está tipificado el reclutamiento de niños, niños y adolescentes, que constituye una de las formas más graves de violencia que se puedan cometer contra estos sectores, al afectar de manera directa sus derechos humanos.
De ahí que la iniciativa que se plantea tiene por objeto atender las recomendaciones que han emitido la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil, para tipificar el delito de reclutamiento de menores, de modo que su reconocimiento jurídico ayude a prevenir el delito, identificarlo y sancionar a las personas que lo llevan a cabo.
El proyecto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con ello, el legislador plantea una pena de 10 a 20 años de prisión, y de mil a 20 mil días multa, a quien reclute, utilice, obligue, coaccione, incite o invite a una o varias personas menores de 18 años para cometer cualquier delito, así como a participar, con o sin su consentimiento, en actividades o tareas que resulten en beneficio de la asociación delictuosa.
Complementariamente, dijo, se plantean una serie de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de modo que no sólo se prevean disposiciones de carácter punitivo, sino también de protección y restitución de derechos, así como de reparación de daños.
Explicó que, en todo el mundo, miles de niñas, niños y adolescentes son reclutados por grupos delictivos para la comisión de diversos delitos o como ejecutantes de funciones diversas, incluidas el halconeo y el sicariato. Las niñas también son reclutadas con fines sexuales o para someterlas a matrimonios forzados.

“Muchos menores han sido reclutados por la fuerza, aunque algunas como efecto de presiones económicas, sociales o de seguridad. Además, el desplazamiento y la pobreza hacen que niñas, niños y adolescentes sean aún más vulnerables al reclutamiento”.
Este tipo de actos cometidos por asociaciones o grupos delictivos organizados -subrayó-, implican violaciones a los derechos de una población que exige protección integral por parte de todos: familia, sociedad y Estado.
Además, la comisión de este tipo de ilícitos revela la incapacidad de estos actores para protegerles de ser víctimas de los conflictos, de la violencia, de las peores formas de trabajo infantil, así como de los delitos de reclutamiento ilícito y de utilización de personas menores de 18 años.
“Se trata de actos inhumanos que afectan su integridad física y mental”, expresó el legislador.
La niñez vinculada con grupos delictivos está expuesta a una violencia terrible, pues en general se les obliga a ser testigos y ejecutantes de actos de extrema barbarie, al tiempo que ellos mismos son víctimas de abusos y explotación, añadió.
ARH
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Monterrey.— La mañana de este lunes, se registró una balacera en un bar cercano a la zona Tec, al sur de Monterrey, que dejó dos muertos.
Los hechos se registraron en el bar Distrito F que se ubica por la avenida del Estado entre Filósofos y Agrónomos, en la colonia Tecnológico.
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La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) informó que en el sitio del ataque armado que perpetraron varios sujetos hasta el momento no detenidos ni identificados. Las víctimas son un hombre de entre 30 y 35 años de edad.
También resultaron lesionadas al menos tres personas, que fueron trasladados a un hospital.
Elementos de Fuerza Civil recibieron un reporte de detonaciones de arma de fuego por la zona; sin embargo, al trasladarse al sitio hallaron a una persona sin vida afuera del negocio.
Las primeras versiones indican que hombres fuertemente armados llegaron al sitio y abrieron fuego en contra de quienes salían del establecimiento, el cual estaba operando fuera de horario.
Los sucesos causaron una intensa movilización en el lugar que se ubica cerca del Instituto Tecnológico de Monterrey.
JAHA
México
Padres de familia pugnan por tener libros de texto con calidad y en tiempo
El objetivo es que los más de 25 millones de niños cuenten con textos gratuitos basados en programas de estudio conforme a la Constitución.

Ciudad de México. La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) obtuvo la suspensión definitiva para frenar, de manera temporal, la impresión de los libros de texto gratuito de la SEP.
Dicha suspensión fue dictada por la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa.

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Determinó que la resolución pide a las autoridades educativas que antes de imprimir y distribuir los libros, estos cumplan con las normas y planes de estudios aprobados.
Con esta suspensión, los libros de texto que sí cumplan con los requisitos podrán seguir en impresión y distribución.
Por lo que no todos podrán ser impresos.
“Los padres de familia pugnan por tener libros de texto con calidad a tiempo y se manifiestan en contra de la descalificación ideológica“ para distraer de violaciones a la ley y retrasos en los procesos de elaboración de los libros”, señaló.

Aclaró que por ningún motivo buscan que no haya libros en las escuelas.
El objetivo es que los más de 25 millones de niñas y niños cuenten con textos gratuitos basados en programas de estudio y ajustados conforme a la Constitución.
“Estas garantías se violaron en el actual proceso de elaboración de los libros, pues se han hecho al margen de la participación de la sociedad ”, explicó.
Sin cumplir el requisito previo de contar con el programa al que los libros deben ceñirse
Reiteró que su compromiso es mantenerse en un ánimo de tolerancia y de un diálogo constructivo en la pluralidad, a favor de una educación de calidad.
ARH