México.— En el Senado de la República se llevó a cabo el conversatorio “Hacia una agenda legislativa garante de los derechos a la libre determinación, al territorio y a los modelos propios de desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, donde se escucharon diversas denuncias durante más de tres horas.
Ante integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de esta Cámara y en presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos en México (ACNUDH), Jean Jarab, representantes de diversas etnias, denunciaron que el modelo depredador neoliberal persiste y se traduce en despojo y desalojo de las comunidades indígenas del país, donde se han dado concesiones mineras y se desarrollan megaproyectos que afectan a estas comunidades.
En el marco de la Semana de las Culturas Indígenas, organizado por la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, acudieron también académicos y defensores de los pueblos indígenas.
Ahí, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos en México (ACNUDH), Jean Jarab, explicó que la violencia se ha ensañado contra los indígenas y sus defensores.
Afirmó que durante 2017 fueron asesinados siete defensores de derechos indígenas; al año siguiente, 13, y en lo que va del presente 2019 suman ya siete.
Al hacer un breve diagnóstico sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas mexicanos y lo que dificulta su desarrollo, Jean Jarab mencionó que el actual régimen agrario dificulta la libre autodeterminación.
El modelo de desarrollo dominante no toma en cuenta las necesidades y aspiraciones de esta población, y privilegia solamente la extracción intensiva de sus recursos, sean mineros, forestales o petrolíferos, subrayó.
El representante de Naciones Unidas expuso que en México hay más de 300 concesiones para la explotación de los recursos mineros, que debían traducirse en beneficios para las comunidades indígenas. Sin embargo, la realidad muestra que hay daños al medioambiente y a la economía de los pueblos originarios, entre otras cosas.
De igual manera, mencionó que las llamadas consultas a las comunidades donde se ubican las minas, ha sido letra muerta o bien han causado perjuicios que han llevado a conflictos internos.
Expresó que la ausencia de una legislación en materia de derechos humanos para los indígenas del país no exime al Estado de brindarles un marco de libertades e igualdad, máxime si hay empresas involucradas.
En ese sentido, propuso que las consultas se efectúen bajo el marco internacional vigente, pues urge su reforzamiento en México.
Un tercer punto que consideró necesario destrabar para brindar autodeterminación y desarrollo de los pueblos indígenas, es el relativo a la actual legislación agraria, que no contempla la protección de la tenencia de la tierra y su uso para las diversas etnias. Al respecto, enfatizó que es menester salvaguardar sus derechos territoriales.
Bettina Cruz, en nombre de algunas comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, expuso que el actual modelo económico neoliberal trastoca los bienes naturales de diversos pueblos. Aseguró que si bien hay diversos proyectos industriales y megaproyectos de desarrollo, estos se han traducido en engaños, desalojo y despojo, ante los cuales es muy difícil la defensa de los derechos indígenas.
Consideró que los megaproyectos se convertirán, a la larga, en una frontera entre dos Méxicos. “Hemos solicitado información en distintas instancias y a la fecha nadie nos ha explicado”. Observamos que diversos proyectos grandes, como los mineros, sólo han dejado serias secuelas, como deforestación o la desaparición de quienes protestan.
A la fecha no hemos sido beneficiados por ningún megaproyecto en desarrollo en el Istmo. Al contrario, somos víctimas de la violencia, de la criminalización y el asesinato de los compañeros que llegan a alzar la voz. El crimen organizado también sentó sus raíces”
El conversatorio formó parte de la semana de las Culturas Indígenas, que incluyó talleres, foros y diversas manifestaciones de arte de los pueblos primarios.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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