Ciudad de México.- Legisladores  del Congreso de la Ciudad de México, han desatado un intenso debate al presentar una iniciativa que permitiría la interrupción del embarazo hasta los nueve meses de gestación. Esta iniciativa ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, especialmente entre los defensores de los derechos humanos y la salud materna.

La abogada especializada en derechos reproductivos, Ana Correa advierte que esta medida no solo pone en riesgo la vida de las mujeres, sino que también plantea serias implicaciones éticas y legales.

En entrevista con Siete24 noticias, la abogada y activista Ana Correa expuso su perspectiva sobre la controvertida iniciativa presentada por algunos legisladores de la Ciudad de México, que buscan permitir la práctica del aborto hasta los 9 meses de gestación.

Ante esto Correa planteó la siguiente interrogante: ¿Qué implica realmente esta propuesta para las mujeres, los no nacidos y la sociedad en general?

Correa recordó que de aprobarse esta iniciativa el aborto ya no sería considerado un delito en ninguna etapa de gestación en la Ciudad de México.

Este cambio representa un punto de inflexión en la legislación local, donde anteriormente existía un límite de hasta 12 semanas para la realización del aborto de manera legal y voluntaria.

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“La palabra ‘aborto’ ha desaparecido del código penal de la Ciudad de México. Esto no solo implica un cambio normativo; representa una alteración fundamental en la manera en que valoramos la vida humana”, subrayó.

Desde un enfoque constitucional, Correa argumentó que la Ciudad de México se está extralimitando en sus facultades.

“La constitución protege a todos los seres humanos, y esta iniciativa da un paso atrás en la protección de los derechos humanos al permitir que el no nacido no reciba protección ni hasta 15 minutos antes de nacer”, enfatizó.

Además, afirmó que esta medida no solo viola la Constitución, sino también los tratados internacionales que México ha ratificado, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos.

La abogada también advirtió sobre las posibles consecuencias penales de esta iniciativa.

“Si el argumento central es que se busca evitar la muerte de mujeres, esta propuesta podría tener el efecto contrario. Al despenalizar el aborto, se abre la puerta a prácticas clandestinas que ponen en riesgo la vida de las mujeres”, aseveró.

De acuerdo con su análisis, esta legislación podría empujar a las mujeres a buscar abortos en condiciones inseguras y peligrosas, dejando a quienes las asisten impunes ante la ley.

Correa subrayó la necesidad de abordar las causas que llevan a las mujeres a optar por el aborto.

“No se trata solo de la opción de abortar. Hay factores sociales, económicos y laborales que influyen en esta decisión. No podemos seguir ignorando que muchas mujeres enfrentan condiciones que las obligan a elegir entre ser madres y su desarrollo profesional”, destacó.

Identificándose como feminista, Correa argumentó que es posible defender la vida mientras se lucha por los derechos de las mujeres.

“El verdadero feminismo no debería reproducir el discurso opresor que hemos enfrentado durante siglos. El valor de un ser humano debe ser intrínseco, no condicionado a la voluntad de su madre”, concluyó.

Finalmente, la abogada hizo un llamado a la sociedad para reflexionar sobre la dignidad de cada vida y la responsabilidad colectiva de proteger tanto a las mujeres como a los no nacidos, subrayando la necesidad urgente de abordar las causas que llevan a decisiones tan difíciles para las madres.

ARH

Ciudad de México.— En días pasados el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para reformar el Código Penal local y despenalizar el aborto hasta los nueve meses de gestación.

Ante la iniciativa, una ola de rechazo se desató entre los capitalinos, quienes no tardaron en expresar sus posturas en un sondeo que realizó la organización Red Familia que reveló el descontento social.

La indignación en las calles

El debate sobre la iniciativa ya había salido de las cámaras legislativas y resonaba entre los ciudadanos. “¡Qué pendejada!”, exclamó un joven, visiblemente enojado, al escuchar la noticia. Su comentario encapsulaba el sentir de muchos que, como él, ven en la propuesta una amenaza a la vida.

“No es aborto, es asesinato”, añadió con firmeza una mujer de mediana edad que había detenido su camino para compartir su opinión. “Hasta los nueve meses… eso no es interrumpir un embarazo, eso es matar a un bebé que ya podría nacer”, concluyó mientras sacudía la cabeza.

Ilegal

Cerca del Congreso capitalino, un matrimonio también se mostró firme en su postura. “Es ilegal”, afirmó el esposo, mientras su pareja asentía con la cabeza. Para ellos, la ley debe proteger tanto a la madre como al hijo, y la posibilidad de despenalizar un aborto en etapas tan avanzadas parecía inconcebible. A su alrededor, otros transeúntes asentían en apoyo, mientras algunos murmuraban sobre la necesidad de leyes más justas, que no ignoren los derechos de los bebés por nacer.

Este punto fue subrayado por un grupo de jóvenes, quienes expresaron de manera clara y directa: “Los bebés tienen derecho a vivir”.

Las voces de los jóvenes, enérgicas y resueltas, reflejaban el sentir de una generación que, lejos de ser indiferente, se siente responsable de defender la vida desde el momento de la concepción.

Preocupación por la madre y el hijo

“Un aborto pone en riesgo la vida de la madre y de su hijo”, señaló una persona adulta que se encontraba en la fila de una tienda. En su opinión, la propuesta legislativa atenta contra la vida del bebé y de la madre. Sin importar las semanas de gestación, siempre existe un riesgo inherente en estos procedimientos que no debe ser minimizado, dijo.

“¿Por qué se acabaría con la vida de una persona?”, preguntó una señora mayor, quien, desde su experiencia, no podía entender cómo una propuesta de este tipo podía siquiera ser considerada. Para ella, el simple hecho de que un bebé llegue a las últimas etapas del embarazo ya es razón suficiente para que se le garantice el derecho a nacer, y veía la iniciativa como un ataque directo a los principios más básicos de la humanidad.

Responsabilidad legislativa

El sondeo también reveló un reclamo hacia los legisladores. “Que se preparen mejor”, fue la exigencia de varios ciudadanos que se sentían defraudados por la clase política. Pedían que las leyes no fueran redactadas de manera precipitada, y que, en lugar de fomentar divisiones, se trabajara en favor de la familia. “Que piensen en sus hijos, que dejen de pelear y piensen en los mexicanos”.

Riesgos

La doctora Rosario Laris, experta en Bioética y Salud Pública, dijo que la ley de aborto permitiría “descuartizar, desmembrar y decapitar a un bebé”.

Esta situación, indicó, tendría graves repercusiones en la salud física y mental de las mujeres. Entre las principales está el incremento de la mortalidad materna a medida que avanza la gestación.

La doctora Laris expuso las repercusiones a mediano y largo plazo en la salud de las mujeres que se someten a un aborto. “Un 80% de las mujeres experimentan un mayor riesgo de depresión y ansiedad. Además, se incrementa en un 60% la necesidad de tratamiento psiquiátrico y en un 140% el consumo de alcohol, tabaco y drogas”, indicó.

Otro punto que la directora de la Fundación Sexo Seguro resaltó es el dolor que experimentan los bebés a partir de las 20 semanas de gestación. “Está científicamente comprobado que desde ese momento el bebé siente dolor, sin embargo, las legisladoras quieren legalizar la posibilidad de descuartizarlos y decapitarlos sin anestesia”, subrayó Laris, comparando esta situación con la legislación vigente que protege a los animales del maltrato.

ebv

CDMX.- La Ciudad de México se enfrenta a un debate crucial sobre la vida y la salud de sus habitantes, tras la presentación de una iniciativa de ley por parte de la diputada Yuriri Ayala, que busca despenalizar el aborto hasta los 9 meses de gestación.

Esta propuesta ha sido recibida con un fuerte rechazo por parte del Colectivo de Mujeres, quienes la consideran un atentado directo contra la vida de los bebés y un riesgo para la salud de las madres.

Expresaron su preocupación por las implicaciones que tendría esta iniciativa.

La Dra. Rosario Laris, experta en Bioética y Salud Pública, enfatizó que estudios recientes demuestran que despenalizar el aborto en estas condiciones incrementa en un 2,233% el riesgo de muerte para las madres.

 “Las principales causas de muerte durante abortos tardíos son complicaciones de anestesia, infecciones y hemorragias”, alertó Laris.

El colectivo también destacó que los abortos tardíos conllevan un mayor riesgo de complicaciones graves, como perforaciones uterinas y hemorragias severas, lo que pone en grave peligro la salud de las mujeres.

“Permitir el aborto hasta el nacimiento no solo expone a las mujeres a riesgos médicos graves, sino que contradice los principios de salud pública que buscan proteger la vida y el bienestar de las personas”, afirmó la Dra. Laris.

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Por su parte Paulina Mendieta, otra vocera del colectivo, condenó la iniciativa como un “infanticidio” y presentó un video que refleja la inconformidad de la sociedad ante esta propuesta.

“Con ello, las activistas consideran que se muestra la oposición pública hacia la legalización del aborto tardío”.

“La iniciativa dejaría a las mujeres más pobres de la Ciudad en una situación de mayor riesgo y desprotección, especialmente en términos de salud pública”, advirtió Mendieta.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) indican que el 37.4% de las mujeres en situación de pobreza en la Ciudad de México enfrentan carencias en el acceso a servicios básicos de salud.

Lo que trae como consecuencia la limitación de su capacidad para recibir atención médica adecuada en situaciones críticas.

Para Alison González, también quien es vocera del colectivo y madre embarazada, subrayó que permitir el aborto hasta el nacimiento podría aumentar la demanda de servicios médicos, afectando aún más los recursos ya limitados del sistema de salud pública.

“La Ciudad de México ocupa el lugar 26 en salud materna en los últimos 10 años, con una tasa alarmante de 48.7 muertes por cada 100 mil habitantes”, enfatizó.

Por su parte, Pilar Rebollo, otra portavoz del colectivo, afirmó que esta despenalización violaría principios constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos.

“Colocaría a México en una posición contraria a los derechos fundamentales, afectando nuestra reputación en el ámbito internacional”, afirmó Rebollo.

En un llamado a la acción, las voces del Colectivo “Mujeres de México” instaron a los diputados del Congreso de la Ciudad de México a rechazar esta iniciativa.

Mismas que advirtiendo que “está en sus manos proteger la vida de muchos bebés y reducir los riesgos para sus madres”.

Con un mensaje claro, enfatizaron que “hoy más que nunca, deben evitar manchar sus manos y nuestra ciudad con la sangre de niñas y niños inocentes e indefensos”.

ARH

Ciudad de México.— En un momento clave para la legislación en materia de aborto en la Ciudad de México, la Arquidiócesis Primada advirtió que la ideología no atiende las necesidades de la mujer.

Señala que las decisiones legislativas están siendo tomadas sobre cimientos frágiles: estadísticas falsas, ideologías inflexibles y, lo más alarmante, sin escuchar a la ciencia.

En un reciente pronunciamiento, la Iglesia católica cuestionó la despenalización total del aborto y abogó por un enfoque más profundo y humano para atender las necesidades de las mujeres, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad.

La Arquidiócesis criticó que las soluciones propuestas, como la legalización del aborto, no resuelven la verdadera problemática de las mujeres embarazadas en situaciones precarias.

Para la Iglesia, el aborto no es una opción que responda a las vulnerabilidades de estas mujeres, que enfrentan, entre otros factores, discriminación laboral y falta de acceso adecuado a los servicios de salud.

Refirió que de acuerdo con estudios del Coneval, las mujeres pobres o marginadas son las más afectadas, enfrentando múltiples barreras para acceder a una atención integral.

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En su posicionamiento, la Iglesia preguntó qué clase de sociedad permite que una mujer embarazada pierda su empleo, y luego la impulsa a ver el aborto como una forma de liberación. “¿Es eso liberarse?”, cuestionó. Al mismo tiempo, criticó que las leyes actuales prácticamente empujan a las mujeres en estado vulnerable hacia la opción del aborto, privándolas de una verdadera libertad de decisión.

Según la Arquidiócesis, la información utilizada para promover la despenalización no refleja adecuadamente las motivaciones reales detrás de los abortos. Citaron un estudio del Diario de Psicólogos y Cirujanos Americanos, que revela que un 58% de las mujeres que abortan lo hacen para complacer a otras personas, mientras que el 28% lo hacen para no perder a su pareja. Estos datos, asegura la Iglesia, muestran que el aborto no es un acto de autonomía, sino una forma de sometimiento social.

Además, la Arquidiócesis expuso el riesgo que corren las mujeres al someterse a un aborto en etapas avanzadas del embarazo, señalando que el riesgo de mortalidad materna aumenta en un 38% por cada semana que pasa después de la octava. También citaron estudios internacionales que demuestran que las mujeres que abortan tienen cuatro veces más probabilidades de morir en el año siguiente al aborto en comparación con las que llevan su embarazo a término.

Finalmente, la Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a las autoridades a no ignorar las verdaderas necesidades de las mujeres embarazadas, y a no ceder ante la presión ideológica que, según la Iglesia, oculta las demandas reales bajo la fachada de los derechos reproductivos. Subrayó la importancia de brindar un apoyo integral y una atención digna, en lugar de promover soluciones que, lejos de liberar a las mujeres, las someten a nuevas formas de presión social.

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