Ciudad de México.— El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, informó que esta mañana se presentó la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Cámara de Diputados, por el recorte de 950 millones de pesos al presupuesto de este organismo autónomo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre pasado, por considerar que la reducción de 950 millones de pesos, efectuada al presupuesto originalmente planteado, representa una clara vulneración a la autonomía e independencia del Instituto.
A través de un comunicado, el INE detalló que la drástica reducción presupuestal determinada por el Legislativo impide que el órgano electoral, de forma independiente y autónoma, participe en la organización de los procesos electorales que se realizarán este año en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, con lo cual se vulnera el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía en esas entidades; expida millones de credenciales para votar gratuitamente; fiscalice los recursos de los partidos políticos y las candidaturas; monitoree las transmisiones de radio y televisión, o bien, que cumpla con otras obligaciones constitucionales y legales.
En noviembre pasado, el Consejo General del INE aprobó el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2019 más bajo de su historia, manteniendo así su política de austeridad y sensibilidad social, pero cuidando que los recursos solicitados fueran los necesarios y suficientes para el cabal cumplimiento de todas sus atribuciones, a fin de lograr la función esencial que la Constitución le confiere.
Incluso, en dicho anteproyecto, en ejercicio de su autonomía, se previeron reducciones a las remuneraciones reales netas de las y los consejeros electorales, así como de funcionarios de mando de primer nivel, cuidando en todo momento que se cumpliera con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
No obstante, señaló el INE, desconociendo dicho ejercicio, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, en el que contempló una reducción de 950 millones de pesos con respecto a lo solicitado.
El @INEMexico presentó hoy una controversia ante la @SCJN por recorte presupuestal de la @Mx_Diputados. No es un desafío, sino seguir la ruta del Estado de derecho que prevé el artículo 105 constitucional: si hay diferendo entre un órgano autónomo y el Congreso, la Corte dirime.
En el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación no hay una sola explicación ni fundamentación al recorte impuesto al INE, sino que el monto se remite a un anexo. Cabe decir que la disminución adicional de recursos a la autoridad electoral por parte de la Cámara de Diputados ocurre en un contexto de aumento del gasto público: en términos nominales el Presupuesto de Egresos aumentó en 2019 en 10.6% respecto a 2018, y en términos reales, descontando la inflación, el incremento fue de 5.6%.
Ante ello, conscientes del riesgo institucional en el que se colocó al INE, las y los consejeros electorales se dieron a la tarea de analizar las consecuencias jurídicas y operativas a enfrentar.
En ese sentido, se tomó la decisión de seguir la ruta que traza el Estado de derecho y, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Carta Magna, promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del PEF, por la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto que se deriva del recorte presupuestal.
El INE considera que la Cámara de Diputados no puede válidamente realizar una reducción presupuestaria que, sin justificación, motivación ni fundamentación alguna, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone y sin estar en un contexto de reducción del presupuesto público general, impida al INE el ejercicio de sus funciones, pues ello claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de dejar de cumplir con sus obligaciones, o bien, gestionar ampliaciones presupuestales con el gobierno federal.
De igual forma, en la controversia constitucional se plantea la invasión a la esfera competencial del INE por parte de la Cámara de Diputados, al establecer aspectos inherentes a las condiciones de trabajo de las y los servidores públicos, las cuales se rigen por lo que establece la ley electoral y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa.
Al modificar en el PEF 2019 los tabuladores que el Instituto había aprobado en ejercicio de su autonomía y con pleno respeto al artículo 127 constitucional, así como a las demás normas que rigen sus remuneraciones, se obligaba al INE a vulnerar derechos humanos de sus trabajadores y trabajadoras.
La decisión del INE de promover de dicho medio de control constitucional, siempre respetuoso de las instituciones, busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como último intérprete de la Constitución, establezca y delimite el ámbito de aplicación de las normas y actos mencionados, en relación con la autonomía que la propia Norma Suprema reconoce y confiere, de manera expresa, al Instituto Nacional Electoral.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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