México.— En medio del repudio en México, Centroamérica y en el mundo por la llamada “Política de Tolerancia Cero” que instrumentó desde abril de este año el presidente Donald Trump, la cual consiste en separar a las familias de migrantes y encerrar en cárceles federales a los padres y en jaulas de centros de detención a niños, el gobierno mexicano no ha modificado su política de detención de miles de niños centroamericanos que son encerrados en estaciones migratorias por varios meses antes de ser deportados.
Si bien Donald Trump, frente al repudio internacional, firmó esta semana un decreto para no separar a las familias que son detenidas, la migración de menores, que hizo crisis hace dos años luego de que se contabilizó que al menos 147,000 menores migrantes centroamericanos y mexicanos, que viajaban solos, fueron detenidos entre 2014 y 2016 por parte de autoridades estadunidense, se mantiene, afirman organizaciones de derechos humanos.
Niños centroamericanos en su mayoría y al menos una veintena de mexicanos saltaron a la palestra desde hace semanas cuando se difundieron videos y audios donde los menores lloran en las jaulas de los centros de detención de estados como Texas. Sin embargo, la llamada “Política de Tolerancia Cero” inició desde abril pasado.
Tres meses después, el canciller mexicano, Luis Videgaray reaccionó más por la presión mediática y las denuncias de organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos. Un día después, el presidente Enrique Peña, condenó el trato cruel hacia los migrantes en Estados Unidos y ofreció asistencia a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador en este tema.
· La paja en el ojo ajeno: Las cárceles para niños del INM
El Gobierno Mexicano mira “la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, dijo a TheExodo el vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano, Rubén Figueroa, quien dijo que cada año las autoridades mexicanas, tanto del Instituto Nacional de Migración, como fuerzas federales, detienen, encierran y deportan a alrededor de 40 mil niñas, niños y adolescentes centroamericanos.
“Son detenidos sin ninguna consideración, mediante un sistema de terror, sin considerar su edad, son perseguidos, muchos de ellos viajan con sus padres, otros realizan la travesía por México solos o por medio de algún traficante”, indicó.
Indicó que al ser detenidos son separados de sus padres y encerrados en instalaciones alternas del Instituto Nacional de Migración por periodos que van de una semana a los tres meses. “Son pocos los que son enviados al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), casi todos son encerrados como si fueran adultos, con todos los riesgos que ello implica”, apuntó.
Figueroa agregó que el gobierno de Enrique Peña Nieto al igual que de Donald Trump, ha contribuido con el “Plan Frontera Sur a una política de “terror” en contra de la niñez migrante, ya que no hay consideraciones en los operativos de detención de si son niñas, niños, si tienen alguna enfermedad, si viajan solos o con familia. Al final, como en Estados Unidos, son separados”.
De acuerdo a testimonios en la prensa estatal y a organizaciones no gubernamentales, los menores migrantes centroamericanos son tratados como delincuentes, así como se han detectado casos de abusos e incluso sexuales en contra de ellos, algunos suicidios e incluso casos en que son hacinados con personas mayores en penales de estados como Veracruz.
La inmensa mayoría de estos menores están huyendo de la violencia y la pobreza del llamado “Triangulo del Norte”, es decir Honduras, El Salvador y Guatemala. Decenas de miles de menores intentan cruzar por México para llegar a la frontera con Estados Unidos con fines de reunirse con sus padres o simplemente sobrevivir ante las amenazas ser reclutados o muertos por parte de pandilleros en sus países de origen.
En México, la mayoría de los más de 40 mil niños que cada año son detenidos podrían aspirar al asilo por la situación de peligro de la que huyen. Sin embargo, las autoridades mexicanas sólo otorgan ese derecho al 1 por ciento de los solicitantes, el resto son encerrados por meses y después deportados, muchos con una virtual sentencia de muerte, a sus países de origen.
De acuerdo a organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, el Gobierno de México tiene una red de estaciones migratorias que funcionan en los hechos como “cárceles” y son una especie de “embudo” para detener el flujo de migrantes.
Fray Tomas, director del Albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, señaló que existen diversas evidencias del maltrato a niños y adolescentes en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y que incluso hay evidencias de los nexos de algunos funcionarios del instituto con bandas del crimen organizado y de la forma que policías federales realizado allanamientos a albergues de migrantes para menores.
De acuerdo a un informe del Senado de la República, desde 2015 a la fecha se han detenido a 99 mil 319 niños migrantes en México, los cuales terminaron en las estaciones del INM que funcionan como verdaderas “cárceles migratorias”.
Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que las autoridades migratorias de México detuvieron al menos a 40.637 niñas, niños y adolescentes migrantes centroamericanos no acompañados entre 2014 y 2016.
Estos menores son víctimas de delitos y extorsión por parte de otros migrantes, sus propios guías o las autoridades mexicanas “otros más sufren secuestros, asaltos y agresiones por miembros del crimen organizado, por lo que se les van minando sus sueños y esperanzas”.
· Congreso Mexicano “repudia” política de Trump y “congela” reforma
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó y repudió las políticas del presidente Donald Trump en contra de los menores migrantes en ese país. Pero, la Cámara de Diputados, en abril de este año, envió a la “congeladora legislativa”, una reforma que prohíbe que los niños que son detenidos por el gobierno mexicano sean encerrados en estaciones migratorias que funcionan como virtuales cárceles.
Christian Skoog, representante de UNICEF, dijo que los principales beneficiados de los cambios legislativos serían los “miles de niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en México”.
Las reformas permitirían “la extensión de la visión de protección a toda la infancia migrante, no únicamente la no acompañada”, así como darles estatus de “visitantes por razones humanitarias” a todos los menores migrantes “a fin de evitar su retorno expedito y garantizar que puedan ver cumplidos sus derechos básicos”.
Human RightWatchen el informe “Puertas Cerradas” expone que en total, más de 35.000 niños estaban detenidos en centros de migración en 2015 en México. Más de la mitad de los cuales eran niños no acompañados.
“Incluso aquellos con la suerte de ser transferidos por los agentes del INM a centros del DIF experimentaron alguna forma de detención. En la mayoría de los centros del DIF los niños no asisten a las escuelas locales, no tienen visitas supervisadas a jardines infantiles, parques o iglesias, ni tienen ningún otro tipo de interacción con la comunidad”.
A menos que necesiten atención médica especializada, permanecen dentro de las cuatro paredes del refugio las 24 horas del día, siete días a la semana, durante el tiempo que dure su estancia.
La CNDH, el 15 de enero de este 2018, denunció que el Instituto Nacional de Migración (INM) de México violó los derechos humanos de 122 indocumentados centroamericanos, incluidos menores de edad, al alojarlos indebidamente en instalaciones en la “Estancia Migratoria Fortín”, antiguamente utilizada como cárcel.
Con información del sitio theexodo especializado en migración.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
Mundohace 2 días
