Mientras el equipo del presidente electo López Obrador proyecta el país ideal y plantea decisiones que aún carecen de legalidad por no ser estar en el período constitucional del ejercicio del cargo, los posibles diálogos de pacificación y ofrecer amnistía, la violencia asciende a niveles inauditos. Lugares turísticos y de negocios se han convertido en zonas de guerra y terror donde los habitantes toman las armas para repeler a grupos criminales.
La última edición de “Encuestas sobre Conflictos Armados 2017” del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres (IISS) puso a México en el segundo lugar mundial en la incidencia de homicidios violentos por debajo de Siria y sobre Irak, naciones en conflicto armado activo. En el año 2016 hubo 26 mil decesos ligados a circunstancias de hiperviolencia como si el país afrontara un estado de guerra. De 2015 a 2016, los homicidios dolosos se incrementaron en un 22.8 por ciento siendo 2017 el de una escalada preocupante: más de 29 mil homicidios dolosos. Octubre pasado, ya en los inicios del proceso electoral, fue el mes más violento según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El año electoral pareció exacerbar los ánimos y no hubo cese de la violencia que asciende desde el 2016 según los datos aportados anteriormente. 2018 se proyecta como el año más violento de la historia moderna del país. El SESNSP afirma que se cometieron 88 homicidios dolosos diarios durante el primer semestre. Destacan 402 mujeres asesinadas encendiendo las alarmas de organismos internacionales sobre feminicidios. Cerca de 16 mil personas han sido asesinadas en lo que va del año, los homicidios cometidos contra políticos y candidatos, más de cien, durante el tiempo de campañas, dieron la nota roja a los comicios.
Pero gobiernos van y gobiernos vienen y despliegues espectaculares de las fuerzas armadas y policiales se efectúan en entidades conflictivas. Aunque la presencia de marinos y soldados da confianza en algunas regiones, en otras se atribuye la interminable violencia por la colusión con los grupos delincuenciales como sucede en la tierra caliente de Guerrero donde la industria y negocios salen corriendo ante la falta de garantías. En Acapulco, la empresa Bimbo cerró temporalmente nueve rutas de distribución y la mejor respuesta de las autoridades es el ofrecimiento de pírricos estímulos fiscales a las empresas afectadas por la violencia. La nota ordinaria son los tiroteos que la población soporta diariamente, delincuentes y policías se enfrentan mientras las fiscalías y órganos de procuración de justicia están rebasados, lo más viable es el carpetazo de los asuntos.
Al sur de Ciudad de México, en el turístico Estado de Morelos, la situación es preocupante. En el sexenio de Graco Ramírez (2012-2018), salpicado de corrupción y sospecha, grupos criminales han hecho de la entidad un codiciado botín por ser el paso entre las regiones productoras de drogas del Estado de Guerrero y las principales zonas urbanas del país como consumidoras. Los habitantes de Cuautla cierran carreteras exigiendo elemental seguridad. La eficacia del Mando Único estatal deriva al fracaso y se prevé la instauración de una policía de proximidad o lo que es lo mismo, el regreso de las policías municipales; por lo pronto, el pueblo presiona para organizarse en autodefensas lo que podría generar eventuales choques y penetración de la delincuencia para hacer narcojusticia por propia mano.
Otras regiones viven lo mismo, los asesinatos son ordinarios. Michoacán y Tamaulipas, Quintana Roo o la misma Ciudad de México no ven tregua mientras las noticias se concentran en los arreglos, dimes y diretes, del nuevo gobierno que quiere abarcar mucho en pocas semanas.
La victoria de Morena y AMLO en las urnas tienen causas bien definidas. Entre ellas, la garantía de que la pacificación del país y el descenso de la violencia será de las primeras acciones desde el 1 de septiembre cuando la mayoría parlamentaria realice los cambios legislativos para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Seguridad Pública. En tanto, los foros de pacificación someterán al escrutinio público las eventuales soluciones para lograr uno de los cometidos principales de la izquierda sui generis que arrasó el 1 de julio en las urnas. Sin embargo, las evidencias no requieren demostración, ni mucho menos foros. La reforma estructural del sistema penal y de justicia es inaplazable; la revisión del sistema penitenciario no puede aguardar más, la profesionalización de las corporaciones policiales es urgente y es necesario imprimir una “mística” en las labores del ministerio público y de las policías de investigación. En esencia es revolver esas aguas en donde se asienta la corrupción del statuo quo que hace de esa podredumbre un lucrativo negocio del cual, los ciudadanos ordinarios, ni siquiera imaginamos en sus multimillonarias consecuencias.
Realizar consultas no es nuevo y parece que es siempre el tono cantante cuando hay alternancia. Durante los foros para la reforma del Estado en la presidencia de Fox se venía explorando este reclamo ciudadano de seguridad física y jurídica. Algunos de los artífices de ese entonces hoy colaboran con AMLO en la pretendida cuarta transformación. Desde esa época (2003-2005) se buscaban las mejores soluciones para que “prevaleciera el imperio de la ley y se dominara la problemática de inseguridad pública y el crecimiento del crimen organizado”. A más de una década, la situación ha empeorado.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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