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Mueren 2 mil menores por lucha antinarco en México

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Ciudad de México.— Al menos 2 mil menores de edad han muerto en México desde 2006 en la lucha contra el narcotráfico, un baño de sangre que ha salpicado el país en trágicos sucesos que los familiares no olvidan, y que temen pueda agudizarse de aprobarse una ley sobre el papel de los militares en las calles.

“Las tasas de homicidio se han incrementado de manera impresionante, particularmente en niños, niñas y adolescentes. En el segmento de 15 a 17 años de edad se tienen 30 % más de posibilidades de ser asesinados que siendo adultos”, denuncia a Efe el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez.

En el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico del mandatario Felipe Calderón (2006-2012), marinos y soldados salieron a las calles, en una polémica decisión que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, no cambió y ha dejado espeluznantes cifras: unos 28 mil desaparecidos y más de 170 mil muertos hasta 2016.

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En este contexto, los menores de edad han visto cómo la estela de muerte los persigue, y cada vez de manera más cruel.

Y el número de menores víctimas puede ser mayor, pues el recuento de 2 mil muertes asociadas a la lucha contra el crimen organizado es fruto de una documentación en base a recortes de periódicos, averiguaciones previas o testimonios.

El trabajo ha permitido localizar geográficamente las zonas más mortíferas para los menores pero también revela la falta de información oficial existente, remarca Pérez.

Los jóvenes son atacados por tres principales razones. Por ser hijo de alguna persona vinculada a una confrontación -ya sea integrante de un cártel o de un agente de seguridad-, por su propia implicación en el crimen organizado o al ser secuestrados por narcotraficantes a fin de causar terror en una zona, explica.

Según el experto, en los primeros años los menores eran principalmente víctimas en “cruces de disparos” en enfrentamientos.

Fue hacia 2011 cuando se empezaron a registrar ataques directos a niños. “No solamente eran homicidios con arma de fuego, sino que muchos de estos cuerpos habían sido víctimas de tortura o algún otro tipo de mutilaciones”, apunta el titular de la Redim.

Solo algunos casos han trascendido a la ciudadanía y ponen de manifiesto lo injusto que resulta la pérdida de vidas tan jóvenes.

Es el caso de Martín y Brayan Almanza, de 9 y 5 años, fallecidos en un tiroteo del Ejército al vehículo en el que viajaban, un suceso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calificó como “un atentado al derecho a la vida” tras una investigación propia.

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Los militares maquillaron el suceso, alegando que se trató de un choque con criminales que, accidentalmente, terminó con la vida de los dos niños y con varios de sus familiares heridos.

“A nosotros nos tocó la tragedia”, dice a Efe la madre de los niños, Cintia Salazar, casi siete años después de ese fatídico 3 de abril de 2010, cuando iba de Nuevo Laredo a la playa de Matamoros, en el nororiental estado de Tamaulipas.

Como si fuera ayer, recuerda que pasaron un retén militar y Martín hizo adiós con la mano a los militares, quienes segundos después empezaron a dispararles.

El mayor falleció en el vehículo y Brayan en sus brazos, cuando huían del tiroteo. “Fue la misma bala que a mí me rozó el brazo”, rememora.

El suceso traumatizó a su familia y, aunque fue indemnizada, vive con impotencia la inoperancia de la Fiscalía general y que a día de hoy ningún militar haya sido condenado por el suceso.

“No ha habido justicia, todo sigue igual”, agrega la mujer, madre de cinco hijos, que teme que quienes le hicieron esto a su familia sigan matando.

Salazar es uno de los familiares que critica abiertamente a los militares y la Ley de Seguridad Interior, que se debate actualmente en el Legislativo con el respaldo de la mayoría de fuerzas políticas y busca regular el actuar de las Fuerzas Armadas en su combate al narcotráfico.

“El Ejército no tiene respeto ni verdad, porque en vez de hacer su trabajo bien, salen a hacer de las suyas”, dice al ser cuestionada por una ley que considera “innecesaria”.

Pérez recuerda que dicha ley es contraria “a recomendaciones internacionales” y no reconoce la crisis de derechos humanos que vive el país, detonada por “la fragilidad institucional” y creciente desde finales de 2006, año en el que salieron las tropas a la calle.

A pesar de los comentarios negativos de familiares y expertos, una reciente encuesta de Parametría reveló que el 60 % de los consultados prefería al Ejército en las calles, más de tres veces el porcentaje de quienes se inclinaron por la Policía (18 %).

EFE

ebv



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Hallan cuerpos donde desaparecieron turistas en BC

En Ensenada

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Foto: Especial

Mexicali.— Autoridades hallaron los cadáveres de tres personas en una zona cercana al lugar donde fueron reportados como desaparecidos dos turistas australianos y un estadunidense en Baja California.

Según reportes, los turistas campaban en el puerto de Ensenada, pero desde el sábado no se tiene contacto con ellos.

La búsqueda inició después de que una de las madres de los surfistas pidió ayuda a través de redes sociales dar con el paradero de sus hijos Jake y Callum Robinson.

De acuerdo con la información disponible, los tres viajeros llegaron al norte de México para practicar surf.

Los turistas tenían que presentarse a un Airbnb en Rosarito, el pasado 27 de abril, pero no llegaron a lugar.

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Medios australianos explican que la última vez que se les vio con vida fue en Santo Tomás. Esto es, a más de 100 kilómetros al sur de Rosarito.

La prensa oceánica también afirma que las autoridades mexicanas arrestaron a una mujer que tenía en su poder el celular de uno de los tres viajeros. A la ahora detenida también se le localizó anfetamina.

Este viernes en Australia, el primer ministro del país, Anthony Albanese, expresó su “preocupación” por la situación de sus connacionales desaparecidos en México.

Confía en que obtengan un resultado positivo en la búsqueda de los turistas.

JAHA

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Rescatan a familias de migrantes abandonadas en Veracruz

El proceso de rescate humanitario se realizó en estricto apego al respeto de los derechos humanos de las personas extranjeras.

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Migrantes

Veracruz.- El personal del Instituto Nacional de Migración (INM) que participó en el rescate humanitaria auxiliaron a una mujer originaria de Honduras en estado de gestación.

Misma que viajaba junto a su hija menor de edad, un hombre y otra persona de nacionalidad ecuatoriana.

Fueron trasladados al Hospital General de Cosoleacaque.

Las personas identificadas provienen de siete países del Caribe, Centro y Sudamérica.

91 viajaban en núcleos familiares (30 mujeres, 15 hombres y 46 menores de 18 años).

Así como 52 niñas, niños y adolescentes se encontraron sin la compañía de una persona adulta.

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264 personas adultas que viajaban solas.

12 son de Cuba; 4, República Dominicana; 27, Ecuador; 187, Guatemala; 7, Honduras; 21, El Salvador y 6, Nicaragua.

Dicho grupo fue trasladado a la estación migratoria de Acayucan.

En tanto, los núcleos familiares, así como las y los menores de 18 años no acompañados fueron trasladados al albergue del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal “Crecer, Confiar y Esperar”.

El proceso de rescate humanitario se realizó en estricto apego al respeto de los derechos humanos de las personas extranjeras.

ARH

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Suspenden clases en todos los planteles de Tepic por presencia de humo

Las autoridades educativas también están trabajando en coordinación con otras instancias gubernamentales para dar solución al tema.

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Tepic

Ciudad de México.- En respuesta a la preocupante presencia de humo en los municipios de Tepic y Xalisco, ubicados en el estado de Nayarit, las autoridades educativas han tomado la decisión de suspender las clases en todos los planteles escolares hasta nuevo aviso.

La medida se ha implementado con el objetivo de salvaguardar la salud y seguridad de los estudiantes, maestros y personal administrativo ante las condiciones adversas generadas por el humo, cuya fuente aún se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

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El humo, cuya densidad y origen aún están siendo evaluados, ha generado preocupación entre la población y ha motivado la pronta acción de las autoridades locales.

Se están tomando todas las medidas necesarias para determinar el origen del humo y garantizar la protección de la comunidad.

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación de las autoridades locales y a seguir las recomendaciones emitidas para proteger su salud y seguridad en medio de esta situación.

Esta suspensión de clases se mantendrá vigente hasta que las condiciones mejoren y se pueda garantizar un entorno seguro para el regreso a las actividades escolares.

Se ruega a la comunidad educativa mantener la calma y seguir atentos a las actualizaciones proporcionadas por las autoridades pertinentes.

Las autoridades educativas también están trabajando en coordinación con otras instancias gubernamentales y de protección civil para monitorear de cerca la situación y tomar las acciones necesarias para mitigar cualquier impacto negativo en la comunidad.

Se insta a la población a mantener la calma y a tomar las precauciones necesarias mientras las autoridades continúan investigando la causa de esta emergencia ambiental en los municipios de Tepic y Xalisco.

ARH

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Madre busca justicia tras serle arrebatadas sus hijas, se sospecha complicidad con autoridades

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Chihuahua.— Abril del Carmen Regalado, una madre de familia, se encuentra en una desgarradora batalla legal para recuperar a sus tres hijas, quienes le fueron arrebatadas hace más de un año por su exesposo, Omar Yassef Rascón Moriel, bajo diversas estrategias jurídicas e intervenciones del poder judicial estatal de Chihuahua.

El drama comenzó a finales de marzo del año pasado, cuando el padre de las niñas se presentó en el colegio de las menores (ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México) para recogerlas e iniciar las vacaciones de Semana Santa; desde entonces, Abril no ha podido ver o abrazar a sus hijas nuevamente. Cabe señalar, que es la tercera ocasión que el padre de las menores las sustrae sin avisar a la madre a pesar de que un juzgado le había instruido incluso notificarle cuando retirara a las niñas del colegio.

La madre declara que su exesposo -quien es proveedor de servicios al gobierno de Chihuahua desde hace más de veinte años- ha utilizado sus conexiones e influencia sobre funcionarios del poder judicial en ese estado para violar una sentencia de un juez federal, la cual originalmente le otorgó a ella la custodia total de las tres menores.

CUSTODIA EN FAVOR DE LA MADRE

El conflicto se remonta al año 2019, cuando la pareja se divorció y se asigna a la madre, Abril Regalado, la guardia y custodia de las menores. También se sentenció que el padre de las menores podía convivir con ellas a través de visitas periódicas, así como la mitad de las fechas vacacionales.

Sin embargo, las maniobras legales del padre le facilitaron tener visitas libres a sus hijas bajo la condición de que, cada vez que saliera con ellas, estaba obligado a dejar a su madre los números de emergencia, lugar en dónde estarían y entregar copia de boletos de avión o transporte de ida y de regreso. Abril asegura que, a pesar de que su expareja tenía esa obligación, jamás cumplió con la instrucción judicial ni tuvo ningún señalamiento por esa causa.

EN EL PASO TEXAS

El 31 de marzo de 2023, Omar Yassef Rascón Moriel se presentó en el colegio de las niñas para recogerlas y partir a unas vacaciones por Semana Santa; sin embargo, desde entonces, la madre ya no ha visto a sus hijas.

El 2 de abril del 2023, la madre logró comunicarse al teléfono celular del padre de las niñas, ella refiere que sostuvo un breve diálogo con su hija de 9 años la cual aseguró que se encontraban en El Paso, Texas, Estados Unidos.

Un día después, el 3 de abril de 2023, el juez civil, Ángel Gerardo Ontiveros Hinojosa, emitió una orden de protección de emergencia que otorgaba la custodia de las niñas a su exesposo, prohibiendo a Abril acercarse a ellas bajo amenaza de pena privativa de la libertad.

PIDEN PENSIÓN A LA MADRE

Además, se le exigió una pensión alimenticia a la joven madre. Las tres niñas en abril del 2023 contaban con 12, 9 y 5 años de edad. Desde entonces no ha podido celebrar fiestas, ni los cumpleaños de las niñas.

La madre explica que Omar Rascón no contesta las llamadas, ni los correos, no le permite ninguna comunicación con sus hijas; aunque, en noviembre pasado, indicó, que recibió una llamada de la más pequeña en la que la menor expresó su deseo de que el conflicto terminara.

OBSTÁCULOS

Abril ha luchado incansablemente contra esta decisión, buscando ayuda de las autoridades y presentando solicitudes de amparo. No obstante, el 29 de mayo, Juan Fernando Luévano Ovalle, juez 12 de Distrito de Chihuahua, resolvió negativamente la solicitud de Abril para suspender los actos que no sólo las separaban de sus hijas sino que le impedían acercarse a ellas.

INDIFERENCIA

A pesar de su desesperada búsqueda de justicia, Abril se enfrenta a la indiferencia de las autoridades, incluida la falta de respuesta de diversas autoridades estatales y la falta de respuesta por parte de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

Abril refiere que ha acudido a solicitar ayuda a mujeres que son autoridad en Chihuahua sin obtener respuesta; que ha realizado innumerables llamadas a la gobernadora; a su jefa de asesoras, Carla Ramos; al secretario de Gobierno, Santiago Peña, así como a diversas diputadas y senadoras.

VIOLENCIA

A un año de los acontecimientos, Abril ha recordado el historial de violencia que sufrió durante su matrimonio, incluidos comentarios agresivos y situaciones que la lastimaron profundamente.

En medio de su angustia y su lucha por recuperar a sus hijas, Abril hace un llamado público, responsabilizando al fiscal del estado, a la gobernadora y a su exesposo de cualquier cosa que pueda ocurrirle a ella o a sus hijas.

Su historia pone de relieve las fallas del sistema judicial y la necesidad urgente de abordar la violencia vicaria, que afecta no solo a las víctimas directas, sino también a sus hijos y a la sociedad en general.

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