México.— En 2014, dos mil 137 personas solicitaron asilo a México, cifra que se elevó para 2017 a 14 mil 596 solicitantes; en cuanto a refugiados, en 2014, 39.7 por ciento de quienes solicitaban este recurso recibió el reconocimiento de la condición de refugiado, y actualmente la tasa de reconocimiento se elevó a 63.1 por ciento.
En 2013, la mayoría de las personas que solicitaban asilo provenían de Honduras, El Salvador y Cuba; para 2016, las solicitudes fueron realizadas también por ciudadanos de Honduras, Venezuela y El Salvador.
En este contexto es que el presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, manifestó su respaldo a una iniciativa para actualizar la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político con los tratados y convenios internacionales que ha ratificado nuestro país, y garantizar los derechos humanos de quienes se acojan a estas figuras.
La senadora Gabriela Cuevas presentó la iniciativa con el respaldo de su grupo parlamentario; el senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador de la bancada, quien señaló que el gobierno mexicano no debe dejarse llevar a sistemas represivos, a cárceles para extranjeros y violar los derechos de los niños; “esta iniciativa nos permite poner en orden este problema”.
En conferencia de prensa, los senadores Gabriela Cuevas Barron, Manuel Bartlett Díaz, y Ernesto Cordero Arroyo, destacaron que la iniciativa promueve la inclusión social, garantiza la igualdad de oportunidades y facilita la migración y la movilidad ordenada, que son metas de la Agenda.
La senadora Cuevas Barron explicó que el proyecto propone establecer el carácter excepcional de la detención migratoria. Es decir, si se carece del pasaporte, no se puede detener a menores de edad; y garantiza a los solicitantes de refugio el derecho a la libre circulación dentro del territorio nacional.
Pretende armonizar el reconocimiento de la condición de refugiado, porque actualmente la Ley no lo reconoce plenamente, y la legislación tampoco está acorde con los tratados internacionales, señalaron.
También plantea sistematizar las bases para la atención y asistencia de asilados políticos, refugiados y personas a las que se les ha otorgado la protección complementaria. Busca dar claridad a los términos: asilo, asilo político y asilado político, de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de la Condición de Refugiados y la Declaración de Cartagena.
La reforma, agregó la legisladora, busca incorporar la protección de datos personales en la legislación. Es decir, el principio pro-persona, la perspectiva de género, la transparencia y el acceso al debido proceso.
Establece que el Estado mexicano debe priorizar la reunificación familiar dentro del territorio nacional; en ningún caso las niñas, niños o adolescentes solicitantes, acompañados o no, serán sujetos a una medida privativa de la libertad.
El coordinador del PT-Morena en el Senado, Manuel Bartlett, dijo que la reforma permitirá avanzar en el cumplimiento de los objetivos 10 y 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a fin de reducir la desigualdad, promover sociedades pacíficas, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.
Consideró que existe una alta probabilidad de aprobar el proyecto en el Senado de la República, y enviarlo a la Cámara de Diputados en este periodo de sesiones, pues se trata de una armonización de convenios y acuerdos internacionales, que México está obligado a respetar; “es parte de nuestro Estado de Derecho”.
“Para nosotros es importante avanzar, dejar esta Legislatura con este objetivo cumplido, de que actualizamos nuestro marco legal de manera que podamos cumplir con las metas de la Agenda 2030”, apuntó.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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