Washington.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 en su informe sobre el seguimiento del caso.
“Es importante determinar el grado de participación de la policía federal en los hechos, así como del Ejército, las policías municipales (…) y estatales”, reza el trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de esa organización.
En este sentido, el documento, basado en el primer año del MESA, enfatiza la necesidad de que el país ejecute las órdenes de detención pendientes y reclama ampliar las solicitudes de asistencia jurídica a Estados Unidos.
El informe llega dos días después de que un tribunal mexicano tomara la decisión de crear una Comisión de la Verdad ante la presunción de que la investigación de la Fiscalía de México “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.
La comisión se forma por las “graves violaciones” de derechos humanos, como tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, ante, según la corte, la ausencia de una Fiscalía independiente en México.
La relatora para ese país de la CIDH, Esmeralda de Troitiño, abogó hoy por la implementación de la sentencia del pasado lunes y se refirió a la “falta de investigación adecuada en las líneas que apuntan a la participación” policial y militar, recogida en la misma.
La experta de la CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), calificó el fallo del tribunal de “trascendente” y resaltó que con esta sentencia “los actores principales, las víctimas, asumen una posición privilegiada”.
Asimismo reconoció que la decisión convierte en “insostenible” el relato de la descrita como “verdad histórica”, es decir, la versión oficial que sostiene que los jóvenes fueron entregados por los agentes a miembros del crimen organizado, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.
Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero, desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser arrestados por policías en el municipio de Iguala.
El informe lamenta que “más de tres años después, el paradero sigue siendo desconocido” y que “no hay nuevas detenciones de actores estatales que podrían haber participado en la noche de los hechos”.
También pide abordar las pesquisas de manera “integral y unificada” con objeto de “fortalecer una nueva hipótesis sustentada en pruebas objetivas y una nueva narrativa”, así como reconducir las investigaciones bajo el tipo penal de desaparición forzada.
Otro de los aspectos que abarca el documento es la necesidad de que el Estado emplee “mecanismos efectivos de colaboración (…) frente al alto número de personas detenidas”.
Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH acompañó la investigación de las autoridades mexicanas entre marzo de 2015 y abril de 2016, hasta que el Gobierno decidió que no siguiera con su tarea, tras haber contradicho el relato oficial; en septiembre de ese año la CIDH puso en marcha el MESA.
“Sigo pensando que los resultados no son para nada lo que los familiares de las víctimas quisieran”, aseguró durante la presentación del informe el comisionado de la CIDH Luis Ernesto Vargas, quien se refirió a la lentitud de la investigación como “paquidérmica”.
Por su parte, el secretario general de la CIDH, Paulo Abrao, consideró que cada uno de los candidatos a la Presidencia mexicana en las elecciones del 1 de julio debería hacer un pronunciamiento público de “compromiso” con la investigación.
Un informe de la oficina de Derechos Humanos de la ONU ya señaló que se han hallado fuertes indicios de tortura en 34 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes. (Con información de EFE)
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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