Ciudad de México.— En México, el lenguaje jurídico complejo se ha convertido en un obstáculo para el acceso a la justicia, generando barreras que profundizan las desigualdades en la sociedad.

La falta de claridad en los términos legales lleva a muchas personas a firmar contratos sin comprender su contenido, dejándolas en una posición de vulnerabilidad.

Diego Valadés Ríos, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua e investigador emérito de la UNAM, planteó un principio contundente: el lenguaje claro debería ser un derecho humano fundamental.

La posibilidad de comprender las normas y leyes que rigen una sociedad es indispensable para que las personas puedan ejercer sus derechos plenamente.

“El lenguaje claro es el mejor instrumento que podemos tener para ejercer nuestros derechos y nunca los podremos ejercer si previamente no los conocemos”, afirmó Valadés, y enfatizó la urgencia de convertir el lenguaje claro en un derecho universal.

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Valadés advirtió que la complejidad del lenguaje jurídico en México no solo dificulta el acceso a la justicia, sino que también profundiza las desigualdades. Al ser excesivamente técnico y detallado, este lenguaje impide a muchos ciudadanos comprender sus derechos y deberes.

“Tanto en lo individual como en lo colectivo, sólo se puede ser titular de un derecho cuando se conoce y comprende el conjunto de normas y potestades”, explicó, destacando la relación entre el entendimiento de las leyes y la equidad en la sociedad.

Además, Valadés recordó que las sentencias judiciales en México están entre las más extensas y complicadas del mundo. Este fenómeno, señaló, tiene raíces históricas, pues desde la época colonial existe una desconfianza hacia la pérdida de información en los archivos judiciales, lo que ha derivado en una redacción exhaustiva que sobrecarga de detalles cada fallo judicial. Esta práctica, además de dificultar el entendimiento, genera un sistema legal que no resulta accesible para la mayoría de la población.

La problemática no solo afecta al ámbito público. Valadés advirtió que en el sector privado también se necesita un lenguaje claro, por ejemplo, los contratos de adhesión ya que estos documentos suelen ser firmados sin una lectura detallada, lo cual expone a las personas a compromisos que no siempre comprenden.

Finalmente, Valadés llamó a combatir lo que denominó la “babelización de las sociedades”: un fenómeno donde el uso de lenguajes técnicos y específicos crea barreras de comprensión que provocan exclusión y confusión.

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Ciudad de México.— ¿Qué implicaciones tiene un aborto para los derechos del nonato, el personal médico y los límites de una sociedad que se considera humana? cuestionó el Dr. Víctor Pinto Brito, gineco-obstetra. A través de un video, publicado por el diputado de Chihuahua Carlos Olson, el médico advirtió sobre las consecuencias médicas y los procedimientos inhumanos para realizar abortos, calificando la acción como “violencia extrema” contra la vida incipiente.

El doctor Víctor Pinto Brito, especialista en ginecología y obstetricia, refirió que el aumento de la violencia en México y su relación con una propuesta de ley en la Ciudad de México que permitiría el aborto en cualquier etapa del embarazo es “más violencia extrema contra seres humanos inocentes”.

Ley sin tregua

Pinto Brito dijo que la legislación propuesta por Morena en el Congreso de la Ciudad de México excede los términos médicos convencionales, ya que utiliza el término “aborto” para describir la interrupción del embarazo más allá de las 20 semanas. “No hay tregua para el derramamiento de sangre”, afirmó.

Para el doctor, los términos legales distan de las definiciones médicas y prácticas, lo que considera un enfoque arbitrario. La decisión de aprobar esta ley demuestra un desconocimiento por parte de los legisladores sobre el proceso médico y las implicaciones del aborto.

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Etapas del desarrollo del bebé

Pinto Brito describe las diferencias que existen en el aborto según el tiempo de gestación. Explica que en el primer trimestre, los procedimientos abortivos dejan restos de tejido que no permiten identificar partes fetales específicas. Sin embargo, con el avance del embarazo, los bebés adquieren rasgos más visibles, lo que intensifica la percepción de estar terminando con una vida.

El médico detalló cómo la inducción del parto y otros métodos en embarazos avanzados dejan a bebés prematuros “prácticamente vivos” en el momento de la expulsión, pero con pocas probabilidades de sobrevivir debido a la inmadurez pulmonar, lo que podría traducirse en una “prolongada agonía”.

Personal de salud

Dirigiéndose a los legisladores, el doctor cuestionó: “Diputada o diputado que está aprobando esta ley, ¿tendría usted el valor civil de estar en la sala de partos para ver morir a este recién nacido?” Con esta pregunta, expuso la carga emocional que enfrentaría el personal de salud encargado de realizar estos procedimientos.

Crueldad

Pinto Brito destacó la “crueldad” en casos donde los bebés, de hasta 30 semanas o más, tienen altas posibilidades de supervivencia ya que los avances en el desarrollo pulmonar en esta etapa indican que muchos de estos bebés podrían sobrevivir con atención médica adecuada, convirtiendo el acto de terminar su vida en una “medida brutal”.

“Con cuidados, la mayoría de estos bebés en unos días ya están respirando por sí solos”.

Finalmente, explicó que a las 36 semanas de gestación, esto ya rebasa los límites de la cordura, “ya se ha alcanzado la madurez pulmonar. Eso ya rebasa los límites de una sociedad civilizada y humana”.

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Ciudad de México.— El Congreso de la Ciudad de México pospuso, sin fecha próxima, la discusión en el pleno sobre la despenalización total del aborto.

La decisión ocurrió después de que las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género emitieran un dictamen que plantea eliminar el delito de aborto al derogar los artículos 144, 145, 147 y 148 del Código Penal Local.

Al respecto, la diputada del Partido Acción Nacional, América Rangel Lorenzana, declaró que detener la legalización del aborto hasta el noveno mes representa “un triunfo de la vida y de la sociedad civil”.

La diputada blanquiazul aseguró que el aplazamiento responde al esfuerzo de diversas asociaciones provida y a la participación de la sociedad civil mexicana, quienes defienden el derecho a la vida como un derecho humano fundamental.

Rangel Lorenzana también señaló que, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, la despenalización total podría generar un cambio en el enfoque de la sociedad mexicana.

Alertó que esta medida tiene como objetivo replicarse en otros estados.

Nueva vida

Pilar Vázquez Calva, vocera del colectivo Mujeres Libres y Soberanas advirtió que aceptar y promover la completa despenalización del aborto hasta los nueve meses de gestación atenta contra las vidas tanto de las mujeres como de los concebidos no nacidos.

Vázquez Calva, afirmó que, basándose en la ciencia genética más avanzada, se confirma que al momento de la fertilización de un óvulo por un espermatozoide inicia la vida de un nuevo ser con un código genético único e irrepetible, diferente al de la madre y el padre.

“El desarrollo de esta nueva vida dentro del cuerpo de la mujer es autónomo, por lo tanto, goza de los mismos derechos reconocidos y garantizados en los tratados internacionales de los que México es parte”.

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Legalizar el infanticidio

Mientras, Paulina Mendoza Castillo, también vocera de Libres y Soberanas, denunció que la despenalización del aborto sin límite gestacional es legalizar el infanticidio, lo que traerá consecuencias a corto, mediano y largo plazo, tanto a nivel personal, jurídico y social, provocando gran fragilidad a futuro.

Añadió que “el abominable negocio del aborto pretenda, con total cinismo y perversión, seguir abusando y utilizando la vulnerabilidad de las mujeres con un embarazo inesperado, para imponer una agenda que lo único que pretende es afectar a las mujeres y los niños por nacer”.

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Ciudad de México.— En un momento en que México enfrenta altos niveles de violencia, la Secretaría de Gobernación y el Diálogo Nacional por la Paz (DNP), una iniciativa de la Iglesia Católica, celebraron una reunión clave para impulsar estrategias de paz.

Este primer encuentro entre el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, y el DNP, liderado por Monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, marca el inicio de una colaboración más profunda y estructurada.

De acuerdo con los participantes, este encuentro representa un avance importante en la colaboración entre el gobierno y la Iglesia para reducir la violencia y restaurar la paz en México.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación y tuvo como objetivo principal acordar vías efectivas para la construcción de paz en las zonas más afectadas por la violencia.

Los representantes de la Iglesia Católica expusieron la misión de esta iniciativa y plantearon inquietudes sobre la creciente exposición de adolescentes y jóvenes a contextos violentos.

Durante la sesión, se entregó una propuesta detallada al Gobierno Federal para intervenir en municipios con altos índices de violencia. Este plan incluye medidas de apoyo a víctimas, fortalecimiento de instituciones locales y la consolidación de un tejido social resiliente, que fue recibida por las autoridades para su revisión y seguimiento.

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Uno de los acuerdos más relevantes fue el establecimiento de un canal de diálogo permanente entre el DNP y la Secretaría de Gobernación, que permitirá una respuesta ágil ante situaciones urgentes y fomentará el intercambio de buenas prácticas en seguridad y justicia.

Este compromiso busca reconstruir el tejido social en todo el país y sentar las bases para una paz duradera.

En representación del Gobierno Federal, asistieron la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la Subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina; y la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social, Clara Luz Flores.

Mientras que en representación del DNP, estuvieron presentes Monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado mexicano, P. Jorge Atilano González Candia, SJ, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz; el P. Eduardo Aguilar, secretario ejecutivo de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM); el Hno. Luis Felipe González, en representación de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM) y Ana Paula Hernández, coordinadora del Diálogo Nacional por la Paz.

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